Sorpresivamente, sin que nadie lo esperara, un tsunami empezó a arrasar todo el territorio de este país que hasta hace pocos días era calificado por el Presidente Piñera, como “un oasis en la región”. Aún no termina. Pero ya ha hecho lo impensable. Consiguió en pocos días lo que la clase política y empresarial han negado durante años. Terminó como un suspiro la arrogancia de la elite dando paso a un tono de humildad nunca antes visto.  De pronto, todos pidiendo perdón: presidente, empresarios, ministros, políticos, rostros de la televisión. En fin. Pero en realidad, lo que se evidencia hasta el día de hoy, es desconcierto. No se sabe qué hacer, ni qué decir.

Las intervenciones del Mandatario, equívocas primero, insuficientes después, dan cuenta de que en el Ejecutivo e incluso en sectores de la derecha, no han logrado visualizar la magnitud de este tsunami.

La crisis escaló rápidamente, con manifestaciones, protestas y también disturbios por doquier. La sensación de que el cuadro se le iba de las manos al gobierno se propagaba. Pese a las peticiones de sus propios partidarios, se mantuvo el discurso presidencial centrado en los hechos de violencia y vandalismo y no en lo principal: el hastío de chilenos y chilenas frente a los abusos. Hasta ahí ganaban los “halcones” los más incondicionales adherentes de la línea de criticar el “vandalismo”, de insistir en la seguridad y de mantener a las fuerzas militares en las calles,  comandados por el ministro del Interior, que ha sido incapaz de controlar la situación, con denuncias innumerables de violaciones a los derechos humanos por parte de policías y militares que resguardan las calles del país.

Chadwick fijó su posición ante los diputados sosteniendo que “yo asumo mis responsabilidades, pero no tengo ninguna responsabilidad política en esta situación”. Durante su intervención, el titular de Interior explicó el número de fallecidos a nivel nacional durante los últimos días de manifestaciones, así como los hechos de violencia por los cuales han sido acusados funcionarios militares y de Carabineros. “Son momentos difíciles y creo que el respeto que nos debemos debe ser desarrollado entre todos. El Estado de Emergencia se desarrolla dentro del estado de derecho”, afirmó el ministro durante la sesión. Tras esto, la autoridad expresó que “hemos enfrentado una situación de violencia y acción vandálica como yo no tengo recuerdo de haber vivido en estos últimos años. Realmente vandálica, donde no ha habido límite alguno para efecto de causar gravísimo daño a las personas, a su seguridad”, añadió.

Además, Chadwick hizo un llamado a la unidad de los parlamentarios y a aprobar el paquete de medidas sociales anunciado ayer martes por el Presidente Sebastián Piñera.

Es justamente por esto que el secretario de Estado está en la mira de la oposición para una acusación constitucional. El camino ya está pavimentado para ello. Más aún cuando el presidente Piñera -ante el cúmulo de denuncias en un tema tan sensible para la ciudadanía- llamó a la ex Presidenta Bachelet para solicitar su ayuda.

No de otra manera, entonces, se explican las iniciales intervenciones de Piñera que, en su primera etapa, nunca entregaron certidumbres. Intervenciones que culminan con esa frase dominical que seguramente le pesará en la historia que quiere dejar en el país: “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”. Craso error. Nunca se identificó a ese enemigo, salvo ridiculeces provenientes de algunos sectores ligados a la derecha venezolana que ni siquiera vale la pena mencionar. Para muestra sólo un botón:  Juan Guaidó, autodenominado presidente encargado de Venezuela denunció que Nicolás Maduro está detrás de las protestas en Chile y Ecuador, asegurando que “financia” a diferentes grupos para “infiltrar” las manifestaciones en la región.

“Es evidente que Maduro es un incapaz y no puede controlar la producción petrolera de Venezuela, pero sí tiene capacidad de financiar, a través del oro que extraen de las minas y el arco minero, a diferentes grupos e infiltrar protestas para generar violencia y desestabilizar a la región, pero no lo va a lograr”, señaló en declaraciones recogidas por el diario Clarín de Argentina. Por ahí podría venir el enemigo imaginario del gobierno.

Las redes sociales reaccionaron de inmediato ese domingo. Incluso en la propia derecha fueron mal evaluadas dichas frases. Porque, más se incendió la pradera y de ahí en adelante el “No estamos en Guerra” se multiplicó en lienzos y pancartas en las increíbles manifestaciones que se siguen sucediendo en el país.

Y no faltó la suspicacia cuando el mismo general Javier Iturriaga , jefe militar en Santiago del Estado de Emergencia, debió desdecirse de su vocería de la mañana, cuando había dicho que “no estoy en guerra con nadie” leyendo algo que le habían escrito. De ahí en adelante, nunca más salió el general a conversar con la prensa. En círculos políticos más de uno ha opinado que las FF.AA no querían el papel en que el gobierno los puso. Y se dice que hay tensión en la relación con el Ejército.

Crisis de gobernabilidad

Por lo pronto, lo que está tratando de hacer el gobierno es recuperar su capacidad de gobernar, porque eso es lo que se vive en La Moneda: una crisis de gobernabilidad. Todos los intentos por contener las olas de este tsunami han fracasado. Los anuncios presidenciales, además de ser puestos en duda, dada la desconfianza existente desde hace mucho en el país, son insuficientes, tal como lo han señalado la oposición y las organizaciones sociales que están en la calle. El objetivo del gobierno con las medidas anunciadas de subsidios y bonos son la apuesta para bajar de las movilizaciones a sectores de la población.

Las medidas sobre pensiones, salud y medicamentos, ingreso mínimo garantizado, disminución de tarifas eléctricas y reconstrucción que anunció el presidente Piñera tendrán un costo estimado de US$ 1.200 millones que implicarán un mayor déficit fiscal, según admitió el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. En una entrevista con T13, Larraín explicó que la mitad del financiamiento provendrá de mayor gasto bruto y el resto de las reasignaciones y, la menor parte, del aumento en el impuesto a los más ricos.

De los US$ 1.200 millones, US$ 600 millones vendrán “probablemente en mayor gasto bruto. O sea, probablemente sea mayor déficit y eso significa que tenemos que buscar una fórmula de financiar ese déficit, que ya lo vamos a anunciar”, dijo Larraín. “Los otros US$ 600 millones vienen de reasignaciones que vamos a buscar, junto con los ministerios, dónde podremos ahorrar, dónde podemos cortar algunos gastos (…) Y hay una parte también que son US$ 160 millones que vienen también con esta contribución adicional que se está pidiendo a los sectores de mayores ingresos”, agregó.

Piñera anunció anoche la creación de un nuevo tramo en el Impuesto Global Complementario de 40% para las rentas superiores a $8 millones mensuales.

Poco y nada dijeron en la calle. Y allí quedó en evidencia lo que por fin la derecha o una parte de ella, se está allanando a aceptar: se necesitan reformas estructurales, no aspirinas. Felipe Kast de Evopoli lo dijo: «Para poder tener más justicia, se requiere una reforma al Estado estructural, lo que en el fondo es muy difícil. Nosotros, los políticos, hemos tomado el Estado como una agencia de empleos en vez de un músculo para generar justicia». Y lo que ha hecho hasta ahora el presidente,  quien debe entregar las soluciones, es tomar algunas medidas que no se sabe cómo se van a financiar, que no tocan a los más ricos del país y que más bien apuntan a sectores medios bajos, sin mencionar cambios estructurales,  ni tampoco entregar una señal política potente, como el cambio de gabinete para descomprimir el ambiente.

El desbordamiento del orden público y lo difícil que le ha sido al gobierno construir una imagen de “normalidad” luego de siete días de manifestaciones, deja en evidencia, de nuevo, la magnitud del problema. Las marchas masivas que han continuado una y otra vez en todo el territorio luego de los anuncios presidenciales dan muestra que no ha bastado el intento del presidente Piñera de construir un acuerdo con la clase política, oficialista y de oposición.

Por algo el ex ministro de Piñera Harald Beyer dijo sobre el inicio del tsunami: “todo el episodio demostró la falta de habilidad y destrezas que ha exhibido el Gobierno para enfrentar situaciones como éstas. Nunca hubo explicaciones claras para esta alza, aún hay poca información, y también existió falta de empatía.

Los parlamentarios

El mundo parlamentario también reaccionó, y aunque ha dado algunos espectáculos, como la performance de algunas diputadas cuando el ministro del Interior daba su cuenta sobre la situación del orden público, están poniendo el acelerador a proyectos que se supone, benefician a la gente. Incluso la reunión de jefes de algunos partidos de la ex Nueva Mayoría – la DC, el PS y el PPD- con el Mandatario para transmitirles sus soluciones y así responder el clamor ciudadano, se inscribe en los intentos por controlar la situación.

El Partido Socialista criticado por algunos por no acudir a dicha reunión, explicó que no lo haría mientras no exista un diálogo amplió sin exclusiones y con el mundo social. Ni el partido Comunista, ni sectores del Frente Amplio fueron invitados. Así lo señaló el senador y presidente del PS, Álvaro Elizalde, quien aseguró que su ausencia en la reunión de partidos con el presidente Piñera se debió a que no estaban todos los sectores invitados. «Nosotros siempre vamos a tener voluntad de diálogo, pero planteamos que esta conversación debía tener un grado de amplitud mayor», sentenció. El Gobierno tenía los anuncios acordados antes de la reunión con los partidos , aseguró.

El Jefe de Bancada PS, Manuel Monsalve, acusó al gobierno de «hacer una invitación más que para unir, hace un dialogo para dividir. Solo se logra la unidad y dialogo con las organizaciones sociales y todos los partidos». Y añadió:  “Tampoco podemos aceptar dialogar cuando hay 1500 detenidos y no sabemos donde están detenidos. No podemos sentarnos cuando hay 15 muertos y hasta al Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos no puede ingresar a los hospitales para ver los lesionados». Los muertos hasta hoy suman 17.

Quienes sí asistieron señalaron: “Le hemos pedido también (al Presidente) que el proyecto de pensiones realmente responda a lo que quieren los chilenos. Que mueva la aguja, no solo en la pensión básica solidaria, sino que también a esa clase media que trabajó toda una vida, que ahorró y que hoy tienen pensiones que no permiten llegar a fin de mes”, sostuvo Fuad Chahín, timonel de la DC. Pero   agregó que ““nuestra disposición no es un cheque en blanco, nuestra disposición es para que realmente tengamos una agenda de cambio profundo porque la paz social se construye en base de la justicia social”.

Heraldo Muñoz, presidente del PPD indicó que “le he pedido que retire los proyectos de (reformas) tributaria y previsional, y se mostró receptivo a aquello y le manifesté que había que incrementar el impuesto al 1% más rico de este país”. El excanciller sostuvo, además, que si el Presidente “está interesado en los cambios sustanciales hay que poner fin a esos proyectos (tributaria y previsional) y así utilizar esos dineros para cambios. Creo que se mostró receptivo a aquello, y que tiene que incrementar el impuesto a los más ricos”.

Mientras, que el timonel del Partido Radical, Carlos Maldonado, indicó que “le hemos planteado el retiro inmediato de la reintegración, no puede seguir siendo parte de la agenda pública. Le hemos planteado, también, un impuesto a los de mayores ingresos, para llevar a quienes tienen menos, esto es algo que existe en todos los países del mundo. La gente no puede seguir esperando, no se puede esperar el mejoramiento solo de la economía a largo plazo. Mejorar las pensiones más bajas”.

Por otro lado, un cancerbero para el gobierno ha sido el senador Manuel José Ossandón, invitado permanente en los medios de comunicación. El parlamentario sostuvo que “nadie se imaginaba lo que venía, tengo un diagnóstico,  hay que separar el orden público de la paz social, yo tengo como sentimientos encontrados, llevo cinco años denunciado que iba a haber una explosión social”.

“Quien tiene que solucionar este problema es el Presidente de la República y el gobierno, llevamos varios días y se planteó el congelamiento de los pasajes, él tiene la obligación de tomar medidas, está bien que llame a los partidos políticos, pero hay que tomar medidas claras”, precisó.

Añadió que recorrió muchas comunas de la capital y “no había rincón que no tuviera gente protestando. Dicen que es algo planificado del Frente Amplio, del Partido Comunista, eso no es así (…) esto es un golpe social”. Respecto de los ministros, Ossandón aseguró que “ayer hubo una conferencia de prensa, el ‘cagazo’ en el que estamos metidos y empezar a hablar de la estabilidad financiera, la desubicación no tiene nombre, si mandó a comprar flores (ministro Felipe Larraín) el de economía manda a levantarnos más temprano; la ministra Hutt es el icono de la subida de pasajes; y el ministro del Interior tiene que asumir su responsabilidad, si el Presidente no hace un cambio profundo va a terminar él mal, él está poniendo el pecho a las balas sin ningún blindaje y no trabaja solo”.

Los empresarios

La crisis también golpeó a los grandes empresarios agrupados en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Su presidente, Alfonso Swett, fue el encargado de realizar la correspondiente autocrítica por la situación actual del país y llamó al gran empresariado a «a escuchar con los oídos bien grandes».

«Vamos a tener diálogos sociales, vamos a recoger las inquietudes, vamos a escuchar con orejas grandes. Nuestro pecado fue escuchar con las orejas chicas. Con mucha humildad, pedimos perdón por las orejas chicas, pero nos comprometemos a tener orejas grandes», aseguró.

«Estamos asumiendo una responsabilidad, entendiendo que lo que hoy día necesitamos es un pacto social y entendemos que nunca habrá pacto social si no hay diálogo social», agregó, tras salir de una reunión con el resto de los empresarios.

Sorpresivamente, sin que nadie lo esperara, un tsunami empezó a arrasar todo el territorio de este país que hasta hace pocos días era calificado por el Presidente Piñera, como “un oasis en la región”. Aún no termina. Pero ya ha hecho lo impensable. Consiguió en pocos días lo que la clase política y empresarial han negado durante años. Terminó como un suspiro la arrogancia de la elite dando paso a un tono de humildad nunca antes visto.  De pronto, todos pidiendo perdón: presidente, empresarios, ministros, políticos, rostros de la televisión. En fin. Pero en realidad, lo que se evidencia hasta el día de hoy, es desconcierto. No se sabe qué hacer, ni qué decir.

Las intervenciones del Mandatario, equívocas primero, insuficientes después, dan cuenta de que en el Ejecutivo e incluso en sectores de la derecha, no han logrado visualizar la magnitud de este tsunami.

La crisis escaló rápidamente, con manifestaciones, protestas y también disturbios por doquier. La sensación de que el cuadro se le iba de las manos al gobierno se propagaba. Pese a las peticiones de sus propios partidarios, se mantuvo el discurso presidencial centrado en los hechos de violencia y vandalismo y no en lo principal: el hastío de chilenos y chilenas frente a los abusos. Hasta ahí ganaban los “halcones” los más incondicionales adherentes de la línea de criticar el “vandalismo”, de insistir en la seguridad y de mantener a las fuerzas militares en las calles,  comandados por el ministro del Interior, que ha sido incapaz de controlar la situación, con denuncias innumerables de violaciones a los derechos humanos por parte de policías y militares que resguardan las calles del país.

Chadwick fijó su posición ante los diputados sosteniendo que “yo asumo mis responsabilidades, pero no tengo ninguna responsabilidad política en esta situación”. Durante su intervención, el titular de Interior explicó el número de fallecidos a nivel nacional durante los últimos días de manifestaciones, así como los hechos de violencia por los cuales han sido acusados funcionarios militares y de Carabineros. “Son momentos difíciles y creo que el respeto que nos debemos debe ser desarrollado entre todos. El Estado de Emergencia se desarrolla dentro del estado de derecho”, afirmó el ministro durante la sesión. Tras esto, la autoridad expresó que “hemos enfrentado una situación de violencia y acción vandálica como yo no tengo recuerdo de haber vivido en estos últimos años. Realmente vandálica, donde no ha habido límite alguno para efecto de causar gravísimo daño a las personas, a su seguridad”, añadió.

Además, Chadwick hizo un llamado a la unidad de los parlamentarios y a aprobar el paquete de medidas sociales anunciado ayer martes por el Presidente Sebastián Piñera.

Es justamente por esto que el secretario de Estado está en la mira de la oposición para una acusación constitucional. El camino ya está pavimentado para ello. Más aún cuando el presidente Piñera -ante el cúmulo de denuncias en un tema tan sensible para la ciudadanía- llamó a la ex Presidenta Bachelet para solicitar su ayuda.

No de otra manera, entonces, se explican las iniciales intervenciones de Piñera que, en su primera etapa, nunca entregaron certidumbres. Intervenciones que culminan con esa frase dominical que seguramente le pesará en la historia que quiere dejar en el país: “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”. Craso error. Nunca se identificó a ese enemigo, salvo ridiculeces provenientes de algunos sectores ligados a la derecha venezolana que ni siquiera vale la pena mencionar. Para muestra sólo un botón:  Juan Guaidó, autodenominado presidente encargado de Venezuela denunció que Nicolás Maduro está detrás de las protestas en Chile y Ecuador, asegurando que “financia” a diferentes grupos para “infiltrar” las manifestaciones en la región.

“Es evidente que Maduro es un incapaz y no puede controlar la producción petrolera de Venezuela, pero sí tiene capacidad de financiar, a través del oro que extraen de las minas y el arco minero, a diferentes grupos e infiltrar protestas para generar violencia y desestabilizar a la región, pero no lo va a lograr”, señaló en declaraciones recogidas por el diario Clarín de Argentina. Por ahí podría venir el enemigo imaginario del gobierno.

Las redes sociales reaccionaron de inmediato ese domingo. Incluso en la propia derecha fueron mal evaluadas dichas frases. Porque, más se incendió la pradera y de ahí en adelante el “No estamos en Guerra” se multiplicó en lienzos y pancartas en las increíbles manifestaciones que se siguen sucediendo en el país.

Y no faltó la suspicacia cuando el mismo general Javier Iturriaga , jefe militar en Santiago del Estado de Emergencia, debió desdecirse de su vocería de la mañana, cuando había dicho que “no estoy en guerra con nadie” leyendo algo que le habían escrito. De ahí en adelante, nunca más salió el general a conversar con la prensa. En círculos políticos más de uno ha opinado que las FF.AA no querían el papel en que el gobierno los puso. Y se dice que hay tensión en la relación con el Ejército.

Crisis de gobernabilidad

Por lo pronto, lo que está tratando de hacer el gobierno es recuperar su capacidad de gobernar, porque eso es lo que se vive en La Moneda: una crisis de gobernabilidad. Todos los intentos por contener las olas de este tsunami han fracasado. Los anuncios presidenciales, además de ser puestos en duda, dada la desconfianza existente desde hace mucho en el país, son insuficientes, tal como lo han señalado la oposición y las organizaciones sociales que están en la calle. El objetivo del gobierno con las medidas anunciadas de subsidios y bonos son la apuesta para bajar de las movilizaciones a sectores de la población.

Las medidas sobre pensiones, salud y medicamentos, ingreso mínimo garantizado, disminución de tarifas eléctricas y reconstrucción que anunció el presidente Piñera tendrán un costo estimado de US$ 1.200 millones que implicarán un mayor déficit fiscal, según admitió el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. En una entrevista con T13, Larraín explicó que la mitad del financiamiento provendrá de mayor gasto bruto y el resto de las reasignaciones y, la menor parte, del aumento en el impuesto a los más ricos.

De los US$ 1.200 millones, US$ 600 millones vendrán “probablemente en mayor gasto bruto. O sea, probablemente sea mayor déficit y eso significa que tenemos que buscar una fórmula de financiar ese déficit, que ya lo vamos a anunciar”, dijo Larraín. “Los otros US$ 600 millones vienen de reasignaciones que vamos a buscar, junto con los ministerios, dónde podremos ahorrar, dónde podemos cortar algunos gastos (…) Y hay una parte también que son US$ 160 millones que vienen también con esta contribución adicional que se está pidiendo a los sectores de mayores ingresos”, agregó.

Piñera anunció anoche la creación de un nuevo tramo en el Impuesto Global Complementario de 40% para las rentas superiores a $8 millones mensuales.

Poco y nada dijeron en la calle. Y allí quedó en evidencia lo que por fin la derecha o una parte de ella, se está allanando a aceptar: se necesitan reformas estructurales, no aspirinas. Felipe Kast de Evopoli lo dijo: «Para poder tener más justicia, se requiere una reforma al Estado estructural, lo que en el fondo es muy difícil. Nosotros, los políticos, hemos tomado el Estado como una agencia de empleos en vez de un músculo para generar justicia». Y lo que ha hecho hasta ahora el presidente,  quien debe entregar las soluciones, es tomar algunas medidas que no se sabe cómo se van a financiar, que no tocan a los más ricos del país y que más bien apuntan a sectores medios bajos, sin mencionar cambios estructurales,  ni tampoco entregar una señal política potente, como el cambio de gabinete para descomprimir el ambiente.

El desbordamiento del orden público y lo difícil que le ha sido al gobierno construir una imagen de “normalidad” luego de siete días de manifestaciones, deja en evidencia, de nuevo, la magnitud del problema. Las marchas masivas que han continuado una y otra vez en todo el territorio luego de los anuncios presidenciales dan muestra que no ha bastado el intento del presidente Piñera de construir un acuerdo con la clase política, oficialista y de oposición.

Por algo el ex ministro de Piñera Harald Beyer dijo sobre el inicio del tsunami: “todo el episodio demostró la falta de habilidad y destrezas que ha exhibido el Gobierno para enfrentar situaciones como éstas. Nunca hubo explicaciones claras para esta alza, aún hay poca información, y también existió falta de empatía.

Los parlamentarios

El mundo parlamentario también reaccionó, y aunque ha dado algunos espectáculos, como la performance de algunas diputadas cuando el ministro del Interior daba su cuenta sobre la situación del orden público, están poniendo el acelerador a proyectos que se supone, benefician a la gente. Incluso la reunión de jefes de algunos partidos de la ex Nueva Mayoría – la DC, el PS y el PPD- con el Mandatario para transmitirles sus soluciones y así responder el clamor ciudadano, se inscribe en los intentos por controlar la situación.

El Partido Socialista criticado por algunos por no acudir a dicha reunión, explicó que no lo haría mientras no exista un diálogo amplió sin exclusiones y con el mundo social. Ni el partido Comunista, ni sectores del Frente Amplio fueron invitados. Así lo señaló el senador y presidente del PS, Álvaro Elizalde, quien aseguró que su ausencia en la reunión de partidos con el presidente Piñera se debió a que no estaban todos los sectores invitados. «Nosotros siempre vamos a tener voluntad de diálogo, pero planteamos que esta conversación debía tener un grado de amplitud mayor», sentenció. El Gobierno tenía los anuncios acordados antes de la reunión con los partidos , aseguró.

El Jefe de Bancada PS, Manuel Monsalve, acusó al gobierno de «hacer una invitación más que para unir, hace un dialogo para dividir. Solo se logra la unidad y dialogo con las organizaciones sociales y todos los partidos». Y añadió:  “Tampoco podemos aceptar dialogar cuando hay 1500 detenidos y no sabemos donde están detenidos. No podemos sentarnos cuando hay 15 muertos y hasta al Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos no puede ingresar a los hospitales para ver los lesionados». Los muertos hasta hoy suman 17.

Quienes sí asistieron señalaron: “Le hemos pedido también (al Presidente) que el proyecto de pensiones realmente responda a lo que quieren los chilenos. Que mueva la aguja, no solo en la pensión básica solidaria, sino que también a esa clase media que trabajó toda una vida, que ahorró y que hoy tienen pensiones que no permiten llegar a fin de mes”, sostuvo Fuad Chahín, timonel de la DC. Pero   agregó que ““nuestra disposición no es un cheque en blanco, nuestra disposición es para que realmente tengamos una agenda de cambio profundo porque la paz social se construye en base de la justicia social”.

Heraldo Muñoz, presidente del PPD indicó que “le he pedido que retire los proyectos de (reformas) tributaria y previsional, y se mostró receptivo a aquello y le manifesté que había que incrementar el impuesto al 1% más rico de este país”. El excanciller sostuvo, además, que si el Presidente “está interesado en los cambios sustanciales hay que poner fin a esos proyectos (tributaria y previsional) y así utilizar esos dineros para cambios. Creo que se mostró receptivo a aquello, y que tiene que incrementar el impuesto a los más ricos”.

Mientras, que el timonel del Partido Radical, Carlos Maldonado, indicó que “le hemos planteado el retiro inmediato de la reintegración, no puede seguir siendo parte de la agenda pública. Le hemos planteado, también, un impuesto a los de mayores ingresos, para llevar a quienes tienen menos, esto es algo que existe en todos los países del mundo. La gente no puede seguir esperando, no se puede esperar el mejoramiento solo de la economía a largo plazo. Mejorar las pensiones más bajas”.

Por otro lado, un cancerbero para el gobierno ha sido el senador Manuel José Ossandón, invitado permanente en los medios de comunicación. El parlamentario sostuvo que “nadie se imaginaba lo que venía, tengo un diagnóstico,  hay que separar el orden público de la paz social, yo tengo como sentimientos encontrados, llevo cinco años denunciado que iba a haber una explosión social”.

“Quien tiene que solucionar este problema es el Presidente de la República y el gobierno, llevamos varios días y se planteó el congelamiento de los pasajes, él tiene la obligación de tomar medidas, está bien que llame a los partidos políticos, pero hay que tomar medidas claras”, precisó.

Añadió que recorrió muchas comunas de la capital y “no había rincón que no tuviera gente protestando. Dicen que es algo planificado del Frente Amplio, del Partido Comunista, eso no es así (…) esto es un golpe social”. Respecto de los ministros, Ossandón aseguró que “ayer hubo una conferencia de prensa, el ‘cagazo’ en el que estamos metidos y empezar a hablar de la estabilidad financiera, la desubicación no tiene nombre, si mandó a comprar flores (ministro Felipe Larraín) el de economía manda a levantarnos más temprano; la ministra Hutt es el icono de la subida de pasajes; y el ministro del Interior tiene que asumir su responsabilidad, si el Presidente no hace un cambio profundo va a terminar él mal, él está poniendo el pecho a las balas sin ningún blindaje y no trabaja solo”.

Los empresarios

La crisis también golpeó a los grandes empresarios agrupados en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Su presidente, Alfonso Swett, fue el encargado de realizar la correspondiente autocrítica por la situación actual del país y llamó al gran empresariado a «a escuchar con los oídos bien grandes».

«Vamos a tener diálogos sociales, vamos a recoger las inquietudes, vamos a escuchar con orejas grandes. Nuestro pecado fue escuchar con las orejas chicas. Con mucha humildad, pedimos perdón por las orejas chicas, pero nos comprometemos a tener orejas grandes», aseguró.

«Estamos asumiendo una responsabilidad, entendiendo que lo que hoy día necesitamos es un pacto social y entendemos que nunca habrá pacto social si no hay diálogo social», agregó, tras salir de una reunión con el resto de los empresarios.