El Presidente Piñera, en un acto bastante inédito, hay que reconocerlo, como inédita es la situación que lo provoca, anunció una serie de medidas socio-económicas tendientes a responder, en una fracción que cada vez se ha ido desdibujando más, las consideradas demandas más sentidas de la protesta ciudadana.
En un mix que, se dice, ya estaba debidamente pensado antes de cualquier reunión con sectores opositores, abarcó medidas en lo tributario, previsional, servicios básicos, impuesto territorial, fondos municipales, salud, entre otros.
Qué duda cabe que siendo tan grave la situación de sectores marginales y medios empobrecidos, aquella mitad de trabajadores chilenos que gana con mucha suerte $350.000 líquidos (Casen 2017), cualquier anuncio en este sentido viene bien. El tema es que se “venda” esto como “la” respuesta a la crisis social y política más relevante de los últimos 45 años.
Ya los análisis de diversos observadores han dado cuenta que lo que se vendía como un gran cambio en materia previsional, el aumento de un 20% en la Pensiones Básicas Solidarias, en realidad sólo era un adelanto del 10% que ya estaba considerado en esa pseudo reforma previsional que impulsa el Ejecutivo en el Congreso y que el aumento real es de sólo un 10%, unos $11.000. Una cifra equivalente a menos de 14 boletos de Metro o unos 10 kilos de tomates. Con todo, llegaría a $132.000, menos del 44% del salario mínimo actual. Algo similar ocurre con el aumento del Aporte Previsional Solidario, que valga precisar sólo llega al 60% más pobre, se va acortando a medida que la pensión va subiendo y nunca llega al tope de $325.000, como lo explicó en detalle el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, recientemente en el Congreso.
En materia tributaria, ya lo dicen los analistas: Subirle en forma marginal el impuesto a las personas más ricas (con ingresos superiores a 8 millones mensuales), a través del Impuesto Global Complementario, aparte de implicar una mayor recaudación insignificante de sólo US$160 millones, puede terminar en un efecto adverso en la medida en que esos dineros pueden convertirse en elusión y evasión tributaria con mecanismos ya bien conocidos en el mercado. Se requiere hacer tributar mucho más al capital y no a los ingresos, no a los ejecutivos de las empresas, sino a sus propietarios. El tema es que eso choca, como sabemos, con este mantra de la actual administración de que ello afectaría la inversión. Alguna vez lo dijo sin mucha sutileza Pinochet: “Hay que cuidar a los ricos para que den más”.
Otro tanto ocurre con el salario mínimo “garantizado” de $350.000. Un análisis del Instituto Igualdad indicó que “no consideramos correcto que el Estado subsidie a las grandes empresas” en esta materia, sino solo a las micro y pequeñas empresas y por otro lado, lo central, esta cifra no llega a cubrir la línea de pobreza (de $429.710 para un hogar de 4 personas) y apenas lo cubre para un hogar de 3 personas ($351.333). Ello sin considerar que se habla de “trabajadores a jornada completa”, en un cuadro de creciente precarización del trabajo, donde la informalidad campea en la economía. Recordemos también que en medio de las últimas protestas la Universidad de Chile nos dio la noticia de que el desempleo volvió a crecer, superando el 8% (8,3%) en el Gran Santiago.
Más hace, en ese sentido, esta singular campaña de uno de los empresarios más ricos del país- junto con el propio Piñera, cuyo patrimonio se ha calculado en US$2.800 millones por Forbes, la quinta más alta de Chile- Andrónico Luksic, quien ha estado llamando a sus colegas empresarios a no pagar menos $500.000, dando el ejemplo con su holding y sus “empresas directas”. Se dice que hasta unas 170 empresas estarían siguiendo el ejemplo. Pero esto de las “empresas directas” no es menor porque como se sabe, el mecanismo de la tercerización de actividades, o subcontratación- a pesar que se intentó regular de mejor modo en su momento- sigue siendo una forma muy eficiente de bajar condiciones laborales y disminuir salarios. Y lo saben perfectamente.
La mantención, porque no es rebaja, la mantención del valor de la cuentas de la luz, es nada más que eso: su mantención. Ello dentro de un valor del servicio que ya es bastante caro y que con las últimas subidas del dólar, entre otras variables, lo más probable es que no baje tanto como se esperaba en las próximas fijaciones. Hasta hace bien poco se estimaba que los procesos tarifarios de los servicios públicos eran tan sagrados como la biblia. Hoy vemos que no es tan así. Tal como en el tema previsional, solo se trata del adelanto de un efecto que ya se esperaba para el 2021 y se venía conversando hace rato al respecto y de hecho existe un proyecto en esta línea en el Congreso (ley corta).
Quizá una de las medidas interesantes es la que tiene que ver con la revisión del Fondo Común Municipal, por su impacto a nivel local, pero para desarrollarla hay que partir por nombrar al Subsecretaría de Desarrollo Regional lo que aún está pendiente. Finalmente, la rebaja de las contribuciones a los adultos mayores era algo ya contemplado hace rato, y ojo que ello pasó antes por un aumento importante para el resto de los pagos por ese concepto.
Las verdaderas medidas
Pero así como hemos visto esta inédita reacción gubernamental, podemos decir que esta no son las verdaderas medidas de Piñera.
Las verdaderas medidas ya se están tramitando en el Congreso hace rato. Una se llama contrareforma tributaria que devolverá nada menos que US$1.000 millones a los sectores de mayores ingresos, con la reintegración tributaria, no para este gobierno sino para los siguientes, como lo advirtiera a Pagina 19, el economista Hernán Frigolett. Eso, por si solo, equivale a lo que se está proponiendo como total de medidas sociales en esta pasada, que el Ministro Larraín situó en US$1.200 millones. Y allí otro punto a dilucidar es saber si hablamos de recursos frescos o reasignaciones, porque esto último equivaldría a seguir estrujando un gasto público, que ya es el más bajo en 10 años.
Otra verdadera medida se llama la contrareforma previsional, que bajo una alambicada figura no reniega a que las AFP- grosera campaña mediática mediante- sigan administrando los fondos previsionales de los trabajadores (el 4% adicional). No entraremos acá en el detalle de lo que los expertos ya han calificado como una transformación que solo tiende a consolidar el actual sistema y no introduce elementos de solidaridad y de competencia importantes.
Agreguémosle la reversión de los tímidos avances que alcanzó a lograr la Reforma Laboral, luego que el TC echara abajo los pocos avances que tenía, y tenemos un mix mucho, tremendamente, más regresivo en términos sociales que cualquier medida que pretendiera paliar levemente aquello.
Podríamos agregarle otros condimentos a la sopa, como la complejísima situación que se está generando con los deudores del crédito universitario y en general, el nivel de endeudamiento que muestra un segmento muy importante de la población, pero sería casi ocioso. Verdaderas listas se han generado estos días en medio de la mayor protesta social en décadas, y que sin duda marcará para la historia a la presente administración, así como los cinco muertos, hasta ahora, por parte de agentes del Estado.
Podríamos agregar que, a pesar de los esfuerzos del Banco Central, y sus persistentes bajas de tasas de interés, sin duda estos largos días de protesta social tendrán un impacto en materia económica, como ya lo advirtió el propio BC y para qué hablar del daño a la imagen externa del país. Es de esperar que esto no se traduzca en un impacto en el riesgo país.
Recordémoslo. Muchos se reían y ninguneaban cuando los asesores que habían trabajado en el PNUD y después lo hacían para el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, advertían que el país requería transformaciones sociales profundas. Habría que ver que dicen hoy esos comentaristas que llamaban efusivamente a no seguir los llamados de “la calle” en materia social.
