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VIU y la OEA lanzan 200 becas para chilenos y chilenas que deseen cursar maestrías online con calidad europea

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Imagen: Manuel Camacho-Navarro (Pexels)

 

La Universidad Internacional de Valencia – VIU, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, y la Organización de los Estados Americanos (OEA) anunciaron una nueva convocatoria internacional de 200 becas para cursar maestrías oficiales online durante el periodo académico 2026-2027.

La educación online sigue consolidándose como una de las principales alternativas para profesionales chilenos que buscan especializarse sin abandonar su trabajo o migrar de país. Por eso, la Universidad Internacional de Valencia – VIU, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, y la Organización de los Estados Americanos (OEA) abrieron una nueva convocatoria de becas para maestrías oficiales que beneficiará a 200 estudiantes de América Latina y el Caribe.

La convocatoria hace parte de los programas de cooperación educativa impulsados por la Secretaría General de la OEA y permitirá acceder a estudios de posgrado en áreas como Empresa, Comunicación, Salud, Educación, Artes y Humanidades, Jurídico, Ciencia y Tecnología. Todos los programas se desarrollarán bajo modalidad online y tendrán una duración de 12 meses que comprende el periodo de 2026 al 2027.

Las becas cubrirán el 60% del valor de la matrícula y estarán dirigidas exclusivamente a estudiantes de nuevo ingreso. Para aplicar, los interesados deberán haber completado previamente el proceso de admisión y contar con aceptación oficial en alguno de los programas participantes.

La selección de los beneficiarios se realizará considerando el mérito académico, la trayectoria profesional y la adecuación del perfil del candidato al programa seleccionado.

El período de postulación estará abierto desde el 11 de mayo hasta el 30 de junio de 2026. La matrícula para los chilenos seleccionados se realizará en octubre del mismo año. Los interesados en conocer los requisitos completos, programas disponibles y detalles del proceso de aplicación pueden consultar el único sitio oficial para esta convocatoria:  https://becas.universidadviu.com/becas-OEA/

La alianza entre VIU y la OEA busca contribuir a ampliar el acceso a formación especializada e internacional para profesionales chilenos, en aras de prepararlos para impactar positivamente en escenarios laborales atravesados por la digitalización, la transformación tecnológica y la necesidad de actualización constante.

Actualmente, VIU cuenta con más de 26.500 estudiantes de 87 nacionalidades y presencia en 88 países, consolidándose como una de las principales universidades online del mundo hispanohablante. Su modelo educativo permite acceder a clases en directo que quedan grabadas y disponibles permanentemente, facilitando la formación flexible y compatible con la vida laboral.

¿Cómo reconocer la desinformación en tiempos de la inteligencia artificial?

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Foto: Cottonbro studio (Pexels)

 

Red de Periodistas Migrantes y Refugio Latinoamericano convocan a taller virtual sobre migración, narrativas digitales, inteligencia artificial y verificación de información.

Identificar y responder a la desinformación sobre migración, proporcionando herramientas de comunicación, es el objetivo del taller que organizan la Red de Periodistas Migrantes y el medio Refugio Latinoamericano, el próximo miércoles 20 de mayo, a las 18:30 hrs de Chile y 19:30 hrs de Argentina.

La actividad virtual titulada, “¿Cómo reconocer la desinformación en tiempos de inteligencia artificial? Herramientas críticas y narrativas sobre migración desde el contexto digital”, busca fortalecer capacidades para disputar la narrativa informativa, en un ecosistema mediático marcado por discursos de odio, polarización digital e inteligencia artificial. 

Las inscripciones están abiertas, y el taller está dirigido especialmente a comunidades migrantes, periodistas, comunicadores/as, influenciadores/as, divulgadores/as, defensores/as de derechos humanos, trabajadores/as, estudiantes, investigadores/as, docentes y personas interesadas en las narrativas sobre migración. 

Durante la sesión, orientada por Nairbis Sibrian (Red de Periodistas Migrantes), Verónica Georges y Maximiliano Mendoza (Refugio Latinoamericano), se abordará cómo identificar la desinformación, comprender el impacto de la inteligencia artificial en su circulación y conocer herramientas de verificación y estrategias comunicacionales desde una perspectiva comunitaria e intercultural.

Las personas interesadas pueden inscribirse completando el formulario mediante el código QR de la convocatoria o directamente en el siguiente enlace: https://forms.gle/sXWWCZPYYxL9Kunf6 

Otros husos horarios de acuerdo a diferentes zonas de la región, son: 16:30 hrs en México y Costa Rica; 17:30 hrs en Colombia, Ecuador y Perú; 18:30 hrs Chile, Bolivia y Venezuela; y 19:30 hrs Argentina y Uruguay.

Para más información, escribir a: [email protected] 

El Programa de 1947 y los fantasmas del presente

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Francisco J. Flores R.
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Foto: Gentileza Werken Rojo (https://werkenrojo.cl/un-texto-senero-del-pensamiento-marxista-en-chile-por-eugenio-gonzalez-rojas/)

 

La ciudad no lo sabía todavía, pero el mundo había empezado a partirse en dos. La guerra había terminado lejos, en mapas que Chile miraba desde la distancia, en nombres europeos que llegaban a los diarios como restos de una catástrofe. Pero las guerras verdaderas tienen esa costumbre: terminan en un lugar y continúan, deformadas, en otro. A veces en los tratados. A veces en los gobiernos. A veces en los partidos. A veces, simplemente, en las palabras.

En el Partido Socialista chileno esa fisura ya hacía sentir sus réplicas

Era más bien una inquietud sorda, persistente, de esas que no se anuncian pero corroen. Algo no calzaba. Las clásicas certezas seguían ahí, pero ya no ordenaban del mismo modo. Las palabras continuaban disponibles —revolución, democracia, clase, pueblo, imperialismo, socialismo—, pero empezaban a sonar como monedas gastadas por demasiadas manos.

Había, por cierto, razones externas. El mundo entraba en la helada disciplina de la Guerra Fría. Las grandes potencias exigían obediencias, no matices. Había que elegir campo, aceptar vocabularios ajenos, tomar partido como quien firma una confesión de fe. El pensamiento comenzaba a ser tratado como sospecha. La duda, como debilidad. La autonomía, como traición.

Pero había también algo más íntimo, menos visible. Un partido no solo tiene documentos, congresos y dirigentes. Tiene también recuerdos, heridas, orgullos, rivalidades, fantasmas. Tiene  fundadores a los que se invoca, derrotas que no terminan de elaborarse, victorias que se exageran para no mirar el vacío, pequeñas querellas que se disfrazan de principios. Una organización política, como un sujeto, puede repetir sus fórmulas mucho tiempo después de haber dejado de comprender la propia realidad.

Y en 1947 el socialismo chileno tuvo que enfrentarse a eso: a la posibilidad de seguir hablando en nombre de una tradición sin saber ya exactamente qué quería decir esa tradición en el nuevo tiempo.

Se puede imaginar aquellas reuniones sin demasiada épica. Una mesa larga. Papeles marcados con lápiz. Ceniceros llenos. Tazas de café enfriándose al costado de los borradores. Afuera, la ciudad con su rutina: tranvías, funcionarios, obreros, estudiantes, vendedores, mujeres cruzando las calles con bolsas y prisa. Adentro, en cambio, se discutía algo que no siempre se deja escribir con facilidad: cómo seguir siendo socialista cuando la historia empieza a exigir sumisión.

Eugenio González entendió, o al menos intuyó, que el problema no era solo redactar un programa. Eso habría sido demasiado poco. Un programa puede ordenar medidas, fijar prioridades, declarar intenciones. Pero lo que allí se requería era más esencial: una fundamentación. Es decir, una razón para seguir hablando. Una interpretación del tiempo. Un punto desde el cual se pudiera decir: esto vemos, esto rechazamos, esto esperamos, esto queremos construir.

Por eso la Fundamentación Teórica del Programa del Partido Socialista no fue un texto cualquiera. Fue un intento de elaboración.

Y la palabra importa.

Elaborar no es simplemente recordar. Tampoco es repetir. Elaborar supone volver sobre aquello que insiste, pero sin quedar capturado por la repetición. Supone transformar una herida en pensamiento, una angustia en palabra, una confusión en orientación. Algo de eso hizo el socialismo chileno en 1947. No resolvió todas sus tensiones, desde luego. Ningún texto lo hace. Pero produjo una forma de pensar la crisis sin ceder de inmediato al instinto más  inmediato.

Porque la comodidad de los tiempos difíciles suele ser esa: entregar la propia voz a una voz mayor. Dejar que otro nombre, otro centro, otro poder, otro dogma, piense por uno. Para algunos, la salvación estaba en alinearse con el mundo anglosajón. Para otros, en plegarse al prestigio soviético. Para muchos, bastaba elegir entre esas dos sombras y llamar a eso claridad.

El texto de 1947 buscó otra cosa.

No estar ni con el “imperialismo anglosajón” ni con el “expansionismo ruso” no era una frase diplomática. Era una operación política y subjetiva a la vez. Era decir: no aceptamos que nuestra identidad se organice desde el deseo del otro. No queremos ser el reflejo latinoamericano de una disputa ajena. No queremos que el socialismo chileno viva como un hijo menor, obligado a escoger entre padres poderosos.

Allí está quizá su mayor audacia.

No en haber encontrado una fórmula perfecta, sino en haber resistido la demanda de simplificación. En haber comprendido que una tradición política se degrada cuando confunde fidelidad con nostalgia. Y que el socialismo, si quería ser original, latinoamericano, democrático y emancipador, debía atravesar su propia angustia de orientación sin apresurarse a resolverla con consignas asumidas.

Cada palabra de ese texto cargaba una tensión. “Democracia” no significaba lo mismo para todos. “Revolución” tampoco. “Clase trabajadora” podía ser una categoría histórica, pero también una imagen idealizada, casi una figura de redención. “Nación” podía abrir una perspectiva latinoamericana o deslizarse hacia una retórica vacía. “Imperialismo” podía nombrar una estructura real de dominación o convertirse en una explicación demasiado cómoda para todo fracaso propio.

El documento tenía, por eso, una tarea difícil: ordenar sin clausurar, afirmar sin dogmatizar, recordar sin quedar preso de la nostalgia.

Visto desde hoy, ese momento no interesa por arqueología. No se trata de visitar 1947 como quien abre una vitrina partidaria y contempla una pieza noble del pasado. La nostalgia, en política, suele ser una forma elegante de no pensar. Idealiza lo perdido para no asumir lo que falta. Convierte la tradición en refugio y el recuerdo en coartada. Es pasar de la admiración del museo de la revolución a la revolución como museo.

Lo que vuelve actual a 1947 no es que sus respuestas puedan repetirse. No pueden. El mundo cambió demasiado. La Guerra Fría terminó, aunque algunas de sus ruinas sigan hablando. La clase trabajadora se transformó. La vida cotidiana fue colonizada por nuevas formas de precariedad, consumo, deuda, ansiedad y exposición. La política ya no circula solo por periódicos, sindicatos, sedes partidarias o asambleas. Circula también por pantallas, fragmentos, impulsos, indignaciones breves, imágenes que duran segundos y juicios que envejecen antes de ser pensados.

Y, sin embargo, algo persiste.

También hoy hay crisis de orientación.

Pero la forma es distinta. En 1947 el peligro era quedar atrapado en la obediencia doctrinaria. Hoy el peligro es la dispersión. Antes el pensamiento podía ser disciplinado por bloques. Hoy puede evaporarse en ocurrencias. Antes se exigía alineamiento. Hoy se exige reacción. Antes la consigna bajaba desde una gran maquinaria ideológica. Hoy puede nacer en cualquier pantalla y morir al día siguiente, no sin antes haber ordenado por unas horas el ánimo de miles.

La política contemporánea tiene algo de escena nerviosa. Todo debe decirse rápido. Todo debe producir efecto. Todo debe convertirse en postura. Y cuando falta interpretación histórica, aparece el juicio moral como sustituto. Ya no se pregunta tanto qué sociedad queremos construir, sino quién tiene la biografía correcta, quién habla desde el lugar más puro, quién puede exhibir mejor su herida, su credencial o su indignación.

La moral reemplaza al programa. 

La identidad reemplaza al proyecto. 

El gesto reemplaza a la estrategia. 

El reels reemplaza a la doctrina.

No porque los gestos, las identidades o las emociones carezcan de importancia. La tienen. Pero cuando ocupan todo el espacio, la política pierde espesor. Se vuelve una administración de sensibilidades heridas. Un tribunal permanente. Una competencia por demostrar quién está más cerca del bien y más lejos de la culpa.

Ese desplazamiento no es menor. Cuando una colectividad no logra elaborar sus derrotas, sus frustraciones o sus pérdidas de horizonte, tiende a actuar. Actuar, en este sentido, no es hacer política; es descargar sin pensar. Es repetir una escena no comprendida. Es buscar culpables donde falta interpretación. Es moralizar el conflicto cuando no se dispone de una teoría suficientemente viva para comprenderlo.

Algo de eso le ocurre hoy a buena parte de la izquierda. No solo en Chile. Pero también en Chile.

Después de las grandes promesas del siglo XX, después de las derrotas, los autoritarismos, las transiciones, las modernizaciones incompletas, las desigualdades persistentes y las nuevas formas de malestar, el socialismo democrático enfrenta una pregunta incómoda: qué significa transformar la sociedad cuando ya no hay un modelo final disponible, cuando la palabra “futuro” dejó de sonar naturalmente emancipadora y cuando incluso la utopía parece haber sido reemplazada por la tecnología, el mercado o la inteligencia artificial.

Para eso no  basta citar la herencia. Ni denunciar al adversario. Ni acomodarse al clima. Hay que hacer algo más arduo: producir una inteligencia propia del tiempo.

Un partido empieza a vaciarse mucho antes de perder votos. Se vacía cuando deja de pensar. Cuando sus palabras se vuelven contraseña interna. Cuando sus militantes repiten fórmulas que ya no iluminan la experiencia social. Cuando la doctrina se transforma en museo o, al revés, cuando toda doctrina parece un estorbo frente a la urgencia comunicacional del momento.

Se vacía cuando confunde presencia con orientación. Cuando cree que estar en todas las coyunturas equivale a tener proyecto. Cuando reemplaza la elaboración por el posicionamiento. Cuando ya no puede decir, con palabras propias, qué ve en la sociedad, qué teme, qué desea, qué propone y qué futuro quiere disputar.

Por eso la Conferencia Nacional Ideológica y Programática no debiera ser entendida como un trámite orgánico ni como una ceremonia de autoconfirmación. Si quiere estar a la altura de su nombre, debe ser algo más incómodo: un espacio donde el socialismo chileno se atreva a escuchar sus propias repeticiones, sus duelos no elaborados, sus palabras gastadas, sus zonas de silencio.

No para renunciar a su historia. Sino para impedir que la historia se convierta en defensa contra el pensamiento.

Hoy la prueba es otra, pero no menos severa.

Ya no se trata de resistir únicamente al catecismo. Se trata también de resistir a la liviandad e irrelevancia. A la política como ansiedad. A la frase que reemplaza al pensamiento. Al narcisismo de la pureza. A la comodidad de creer que indignarse equivale a comprender.

Quizá por eso 1947 todavía  nos hable.

No porque debamos volver allí. Sino porque allí hubo un gesto que sigue siendo necesario: detenerse cuando todo empuja a repetir; pensar cuando todo exige reaccionar; elaborar cuando la época ofrece solo consignas; formular una orientación propia cuando el ruido del mundo vuelve casi imposible escuchar la propia voz.

Eso fue 1947.

Fue el momento en que el socialismo chileno entendió que una tradición política no sobrevive por tener pasado, sino por atreverse, cada cierto tiempo, a interrogarlo.

Y acaso esa siga siendo la prueba decisiva: saber si aún puede mirar su historia no como quien busca refugio, sino como quien acepta una herencia difícil, una deuda no saldada, una promesa que solo permanece viva si vuelve a ser pensada.

Estrecho de Ormuz y la masculinidad petrolera

Por
Andrés Kogan Valderrama
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Doug Mills/The New York Times

 

Mientras los analistas en geopolítica, mayoritariamente hombres, continúan observando el conflicto y la disputa por el petróleo entre Estados Unidos e Irán desde lógicas económicas, militares y religiosas, pareciera que muchos de ellos aún no logran ver aspectos fundamentales que permanecen invisibilizados por análisis que no van más allá de lecturas que simplemente reproducen las relaciones de poder imperantes.

Una de esas lecturas invisibilizadas consiste en comprender la disputa por los bienes comunes de la naturaleza como parte de un patrón de poder global, donde el petróleo es mucho más que un bien convertido en recurso, mercancía o un commodity. Se trata también de un elemento inserto en lógicas civilizatorias y patriarcales, donde la masculinidad hegemónica juega un rol estructurante que no puede desconocerse.

Lo menciono porque, como plantea la politóloga Cara Daggett a través de su concepto de petromasculinidad, el petróleo no solo se transformó en el motor de la economía mundial y en un recurso que ha generado guerras y tiranías en distintas partes del mundo; también ayudó a consolidar una identidad masculina moderna asociada a la fuerza, la autonomía, el control, la velocidad y la capacidad de imponer la propia voluntad por sobre los límites del planeta.

Es decir, la energía fósil permitió una sensación inédita de potencia dentro del patriarcado: automóviles, máquinas, ejércitos y combustibles ampliaron la capacidad humana de intervenir sobre el mundo, construyendo el imaginario de un hombre sin límites, que avanza, conquista y domina a quienes intentan plantear alguna alternativa a la civilización petrolera. 

Es desde ese lugar que Estados Unidos aparece históricamente como una potencia que convirtió al petróleo en parte de su identidad masculina imperial, impulsando una narrativa que con Donald Trump llega al extremo al intentar proyectarse como protector armado del orden mundial, apoyándose en alianzas con países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos o Qatar.

Por su parte, Irán —al igual que antes Irak, Libia, Siria o Venezuela— también ha construido un discurso de resistencia masculina que gira en torno a la soberanía y a una forma de virilidad política, donde el honor, la dignidad, la fortaleza y la capacidad de desafiar a un adversario superior terminaron reproduciendo las mismas estructuras patriarcales y antropocéntricas frente a la naturaleza.

Sin embargo, el estrecho de Ormuz introduce una grieta en esa fantasía civilizatoria masculina que se cree invencible y capaz de seguir conduciéndonos hacia una catástrofe nuclear. Nos muestra que ni Estados Unidos ni Irán son capaces de imponer un dominio absoluto, evidenciando una vulnerabilidad y una interdependencia que, aunque intenten negarlas, resultan cada vez más visibles.

En otras palabras, lo que está ocurriendo en el estrecho de Ormuz muestra que la civilización petrolera parece haber llegado a sus límites, revelando la urgente necesidad de dejar atrás una masculinidad de la muerte, convencida de que puede desafiar al planeta, para avanzar hacia una transición energética respetuosa con la vida misma.

Dicho esto, quizás la transición energética no sea solamente un cambio tecnológico, como muchos analistas creen, sino también una oportunidad para promover ecomasculinidades que sitúen la sustentabilidad y los buenos vivires como horizonte fundamental, porque nuestro paso por el planeta se agota si seguimos habitándolo de esta manera.

Por último, el problema nunca fue únicamente el petróleo bajo la tierra ni la sobreexplotación histórica que se ha hecho de él, junto con toda la degradación ambiental y las guerras que ha provocado.  El problema también fue que un determinado tipo de hombre aprendió a imaginarse a sí mismo a través de él.

El tecnopoder desembarca en Chile

Por
Cyntia Otey
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Peter Thiel no viaja por placer. Es uno de los inversionistas más influyentes del mundo, un hombre que supo detectar a tiempo el potencial de Facebook, que construyó su fortuna en PayPal y que hoy, a través de Palantir, es el principal proveedor de software de inteligencia artificial para el Pentágono, la CIA, el FBI y el aparato militar de Israel. Su gira por Sudamérica -que incluyó escalas en Ecuador y Argentina antes de llegar a Chile- no fue turística. En Buenos Aires se reunió con Javier Milei; en Santiago, con el presidente José Antonio Kast, con Johannes Kaiser y José Piñera.

¿El denominador común? Todos son figuras de la nueva derecha dura, antiglobalista en el discurso pero profundamente integradas en redes transnacionales de poder. Es otro tipo de globalización. Comparten su admiración por el liberalismo extremo de Orban, el desprecio por la política tradicional, por las democracias latinoamericanas y lo que llaman despectivamente “avances del wokismo”. Milei y Kaiser representan la vertiente más radical del libertarismo, con influencias directas del anarcocapitalismo estadounidense. Y José Piñera, el arquitecto del sistema de AFP y del Código Minero chileno, es el eslabón que conecta el liberalismo de los ochenta con esta nueva ola: un hombre que cree que el «milagro chileno» puede replicarse con tecnocracia y privatización total.

Pero Thiel no vino sólo a inspirar a sus pares ideológicos. Vino a negociar. Según Kaiser, el magnate busca invertir en minería de metales en el Cono Sur. Esto no es menor: la transición energética y la expansión de la inteligencia artificial requieren cantidades masivas de cobre, litio y tierras raras. Chile y Argentina son actores centrales en esa geopolítica de los minerales críticos. Pero, pecaríamos de ingenuos si creyésemos que sólo vino a eso. Porque quizás, y más importante, Thiel vino a vender los servicios de Palantir.

Hermetismo total

No hubo comunicado de prensa, ni foto oficial, ni declaración conjunta. La reunión entre el presidente de Chile, José Antonio Kast, y el magnate Peter Thiel ocurrió en el más estricto secreto. Sólo se supo por filtraciones y entusiastas mensajes en redes sociales de los equipos de Piñera y Kaiser. En cada una de esas reuniones de cerca de dos horas, lo que se conversó fue una mezcla de negocios, filosofía política y diagnósticos apocalípticos sobre Occidente y cómo Palantir puede “acortar el camino” con ciencia, tecnología e innovación. 

Así es la llegada a la región de una fracción del capitalismo global que no cree en la democracia, que considera a los Estados nacionales como obstáculos obsoletos y que aspira a reorganizar la vida social, política y militar a partir de la inteligencia artificial y el control absoluto de los datos. A la fuerza. Para Palantir, su soberanía está por encima de cualquier persona, incluso de cualquier país que no sea EEUU o Israel.

La alianza entre sectores de la extrema derecha latinoamericana y la élite tecnológica estadounidense representa una amenaza concreta para los intereses de Chile y para los movimientos democráticos. Su dimensión más profunda e implicancias para la vida cotidiana requieren mirar más allá del titular y analizar en el ideario, los intereses de sus fundadores y las prácticas de la empresa que Thiel cofundó junto a Alex Karp.

El invisible imperio de la vigilancia algorítmica

Así, el capitalismo va tejiendo una tupida arquitectura donde la capacidad de control y de manipulación y violencia, sobre comunidades enteras depende de estas infraestructuras privadas transnacionales. Su existencia no es viable sin la colaboración de otros gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft o IBM, sobre las que se despliega, integra y escala a nivel global.  Pero, ojo, esto debe desarrollarse de manera paralela al control social, disminución del poder adquisitivo de la clase media, drástica merma en la calidad de la educación pública y en fuerte represión “preventiva” de los movimientos sociales para mantener a raya a los trabajadores, “sus” trabajadores.

¿Qué es exactamente Palantir? Para el público general, es un nombre extraído de la película de Peter Jackson, El Señor de los Anillos, que deriva de palan- (amplio y lejano) y -tir (vigilancia o guardián), en referencia a una piedra esférica que sirve para ver acontecimientos, lugares distantes, o para comunicarse con el usuario de otra de ellas. Para los servicios de inteligencia, es la herramienta más poderosa jamás construida.

Fundada en 2003 con financiamiento inicial de In-Q-Tel –el brazo de capital riesgo de la CIA–, Palantir desarrolló su tecnología mano a mano con los analistas de la agencia. Su propósito original era conectar los puntos que el 11-S había dejado sueltos: integrar bases de datos dispersas del FBI, la CIA y la NSA para prevenir ataques terroristas. El éxito fue rotundo. 

Su funcionamiento se basa en lo que denominan «modo de cambio», la empresa se incrusta en las arterias vitales de gobiernos y corporaciones tan profundamente que extraer su software es técnicamente imposible (o tanto como reemplazar el motor de un avión en pleno vuelo). 

Las plataformas que operan son Gotham que se utilizó para localizar el búnker de Osama Bin Laden en 2011. Luego llegó Foundry, para usos civiles y comerciales. Y más recientemente, AIP que integra modelos de lenguaje y análisis predictivo en tiempo real. Hoy, Palantir es el cerebro algorítmico de la maquinaria militar que identifica objetivos en Ucrania, planifica ataques en Gaza, optimiza las deportaciones masivas del ICE y que está desarrollando el «Golden Dome”, el sistema antimisiles de próxima generación impulsado por Trump.

Su poder es tal que el CEO, Alex Karp declaró sin pudor ni vergüenza alguna: «Me enorgullece poder ayudar a Israel en todo lo que podamos», mientras su empresa participaba activamente en la planificación de los bombardeos sobre Gaza y comparó su trabajo para el Pentágono con el Proyecto Manhattan. ¿Es una metáfora, también? No, están construyendo armas de inteligencia artificial a una escala que la opinión pública recién comienza a notar. Palantir es la fusión sin precedentes entre tecnología de punta, análisis de datos, inteligencia artificial y el aparato militar occidental. Su eficiencia es innegable, pero su poder sin supervisión democrática y su ideología explícitamente militarista plantean uno de los mayores debates contemporáneos sobre la privacidad, los derechos civiles y el futuro de las guerras automatizadas. 

La ideología tras el tecnopoder

La amenaza más apremiante para la soberanía nacional y para Chile en su conjunto (más allá de cualquier sesgo político-ideológico) es que estas empresas no creen que la libertad y la democracia sean compatibles. En su lugar, apuestan por modelos tecnocráticos administrados por corporaciones y CEOs que no están obligadas a rendir cuentas ni a la ciudadanía ni mecanismos de control estatal.

Tal fue el caso de Próspera, en la isla de Roatán, frente a las costas de Honduras, una ciudad-empresa libertaria creada durante la primera administración de Donald Trump para atraer inversiones extranjeras y ensayar un modelo ultraliberal con impuestos mínimos y normas propias al margen del Estado, cuando quien dirigía el gobierno era Juan Orlando Hernández (JOH) un abogado, y político hondureño, condenado por narcotráfico en junio de 2024 en Nueva York, pero recientemente indultado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cercano al polémicamente electo Nasri Asfura, y protagonista de los audios filtrados en el  Honduragate. La élite mundial ya decidió que la democracia es un estorbo.

Es más, ayer medios norteamericanos informaron que el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compró acciones de Palantir, semanas antes de elogiar públicamente la acción (con nombre y símbolo de cotización) en Truth Social.

Según los documentos presentados, Trump compró entre US$247mil y US$630mil en acciones de Palantir durante el primer trimestre del año. Sólo en marzo, se informa que realizó al menos siete compras separadas de Palantir, con un valor combinado de hasta US$530mil. Los registros también muestran miles de transacciones a lo largo del primer trimestre, totalizando cientos de millones de dólares, con cada operación divulgada sólo como un amplio rango de valor en dólares por la Oficina de Ética Gubernamental de EE.UU.

Chile: ¿socios estratégicos o tecnocolonia?

Más allá de si el Presidente de Chile (o sus ministros a cargo de temas estratégicos como seguridad, defensa, ciencias y cancillería) se reunió o no en secreto con Thiel –per se gravísimo e irregular-, ¿qué significa que un mandatario en ejercicio y sus colaboradores se codeen con quienes propugnan activamente el fin de la democracia liberal? Es legítimo preguntarse también: ¿qué se discutió? ¿se ofreció a Palantir contratos con instituciones chilenas? ¿Se comprometió el gobierno chileno a utilizar sus plataformas de vigilancia masiva en el marco de la «guerra contra el crimen organizado»? ¿Se discutió la posibilidad de que Palantir acceda a bases de datos de ciudadanos chilenos, incluyendo registros civiles, migratorios, tributarios y de salud? 

Ninguna de estas preguntas ha sido respondida. Los contratos reservados dejan abierta la  puerta hacia la opacidad. Y, el silencio del Ejecutivo, sólo alimenta aún más aquella sospecha. La traición a la Patria puede estar a la vuelta de la esquina.

El problema es ético y legal; pero también es estratégico. Incorporar plataformas como Palantir a la infraestructura estatal chilena significa atar la soberanía del país a los intereses de una empresa que ha jurado lealtad a terceros. En su manifiesto, Palantir es explícita: su deber es con EEUU y con Israel. ¿Qué pasará cuando los intereses de Chile y los eje Washington-Tel Aviv entren en conflicto? ¿Quién controlará los datos de los chilenos? ¿Qué garantías hay de que no serán utilizados para fines migratorios, policiales o militares contrarios a la propia ley chilena o, incluso, a la Constitución Política de la República de Chile?

La experiencia internacional sobre el uso de empresas Palantir para seguridad y defensa es que, por ejemplo, el ICE la utiliza para localizar y deportar inmigrantes, cruzando datos de salud, crédito y redes sociales. El ejército israelí lo usa para seleccionar objetivos civiles en Gaza, con un saldo de decenas de miles de muertos. Y sólo por nombrar un par. ¿Quiere Chile que sus fuerzas de seguridad adopten esas mismas lógicas? ¿Tiene algo que ver con la reciente decisión del gobierno de solicitar información sobre inmigrantes a establecimientos de educación y centros de salud?

El doble discurso de la derecha latinoamericana

Hay una ironía profunda en todo esto. La derecha en Chile, Argentina y otros países de la región se construyó sobre un discurso que defiende a rajatabla la soberanía nacional a las Fuerzas Armadas, nuestras fronteras, el rechazo a la injerencia extranjera y la crítica a lo que llaman «globalismo». Sin embargo, no hay problema en abrir las puertas al “imperialismo” tecnológico, a pesar de que hoy es la amenaza más importante a nuestra soberanía nacional. Más aún cuando el liberalismo conservador es tan selectivo: cuando se trata de rechazar acuerdos ambientales o de derechos humanos,  la soberanía es lo primero, pero la olvida rápido cuando se trata de abrir las puertas al capital financiero o, ahora, al capital digital. El «Chile, país de propietarios»  o “Chile, país de microempresarios”, se transforma fácilmente en «Chile, país de clientes de Palantir».

Sumemos a ello, la conexión ideológica entre el pensamiento de los socios de Palantir y el de estos “líderes” de derecha. No es casualidad que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance -ex empleado de Thiel- sea un referente para esta nueva derecha. Se está tejiendo una internacional reaccionaria que une a nacionalistas, libertarios y tecnófilos en un mismo frente.

Esta «Internacional Reaccionaria» busca reemplazar la deliberación democrática -siempre lenta y «estorbosa» como afirma el CEO de Palantir- por la eficiencia corporativa de una empresa que ha jurado lealtad exclusiva a los intereses de los jerarcas anarcocapitalistas. En el segundo trimestre de 2025, Palantir reportó ingresos netos de 327 millones de dólares (un aumento del 144%), consolidando su poder financiero mientras erosiona la soberanía de los datos nacionales.

En fin, ante este panorama es fácil para un ciudadano cualquiera, como usted o como yo, caer en el alarmismo, el miedo y la parálisis. La tecnología parece tan avasallante, el poder de Thiel tan inmenso, que cualquier intento de resistencia parece inútil. Pero ese es justamente el efecto que buscan instalar, la idea de que no hay alternativa, que la democracia está obsoleta, que la única opción es subordinarse a una gran «República tecnológica» mundial. 

Chile no puede permitirse ese derrotismo. Las tecnologías digitales no son inherentemente malvadas; son campos de disputa.  Pueden usarse para controlar, pero también para liberar. Pueden concentrar poder, pero también democratizarlo. La tarea política es precisamente esa: disputar el sentido de la tecnología, construir capacidades públicas, auditar algoritmos, garantizar la transparencia. Abandonar esos espacios es entregarles el trofeo.

En el caso concreto de Palantir, la respuesta debe incluir el plano legislativo, se requiere una ley que impida la cesión de datos sensibles a empresas extranjeras sin control democrático; el plano judicial, la Contraloría y el Consejo para la Transparencia deben investigar cualquier posible contrato reservado; y el plano social, organizaciones civiles, sindicatos y universidades deben organizarse para exigir cuentas y, si es necesario, movilizarse contra la instalación de estas plataformas. 

La campaña Purge Palantir en Estados Unidos es un ejemplo a seguir: presionar a hospitales, universidades y gobiernos locales para que rompan vínculos con la empresa. En Chile, esa presión debe comenzar ahora, antes de que los contratos estén firmados y la dependencia sea irreversible.

La democracia es siempre un proyecto en construcción 

La visita de Peter Thiel a Chile es la confirmación de que la era de la vigilancia ya está aquí. Palantir ya opera en decenas de países, sus algoritmos ya procesan millones de vidas, su ideología ya permea las élites globales. Lo que ocurrió en Santiago es apenas un eslabón de una cadena muchísimo más larga.

Pero la historia no está escrita en piedra. La democracia liberal, con todas sus limitaciones y contradicciones, sigue siendo el único sistema que reconoce la dignidad de las personas, la necesidad del debate público y la posibilidad de cambiar el rumbo colectivamente. Contra el fatalismo tecnológico, hay que afirmar que otro mundo digital es posible: uno donde los datos no sean un arma, sino un bien común; donde la inteligencia artificial no decida quién vive y quién muere; donde las élites no puedan reunirse en secreto para trazar el destino de naciones enteras.

No basta con pedir información y transparencia. La ciudadanía debe exigir respuestas, los medios deben seguir investigando, las universidades deben formar pensamiento crítico. Y, sobre todo, hay que recordar que el poder de Thiel y Palantir no es absoluto: depende de gobiernos que les compren sus servicios, de legisladores que les otorguen legalidad, de medios de comunicación que ocultan información, de periodistas y políticos cómplices, y de ciudadanos que consientan esto pasivamente. 

Si la democracia es un obstáculo para la eficiencia de la IA en un mundo en guerra permanente, la pregunta final nos interpela a todos: ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad por la fría promesa de una seguridad algorítmica gestionada desde Silicon Valley? La lucha por la democracia en el siglo XXI será también una lucha por la tecnología, por nuestros datos e información personal. Y esa lucha comienza con algo tan simple como preguntar: Presidente Kast, ¿de qué habló realmente con Peter Thiel y qué se negoció a puertas cerradas? Todo Chile tiene derecho a saberlo.

El síndrome del Espejo roto: ¿mitómano, inversionista o estratega?

Por
Yoel Blanco Martínez
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Imagen: Canva

 

La historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa. En el caso de Donald Trump y su relación con Cuba, el villano cambia de máscara cada semana. Mientras el Secretario de Estado, Marco Rubio, intensifica la retórica al “régimen ruin” con nuevas sanciones, el magnate de la Casa Blanca lanza globos sonda sobre inversiones millonarias. ¿Es el fin del bloqueo o una nueva forma de conquista?

El péndulo trumpista: del “palazo” al “zanahoriazo”

En las últimas 72 horas, la administración Trump ha vuelto a escenificar su dualidad característica. El miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio endureció su discurso al anunciar nuevas sanciones contra entidades cubanas vinculadas al comercio de petróleo, acusándolas de sostener lo que él llama una “dictadura militar”. En una entrevista con Fox News, Rubio llegó a afirmar que el pueblo cubano “literalmente come basura de las calles” mientras los militares acumulan miles de millones.

Sin embargo, casi simultáneamente —y según confirmaron fuentes a Axios y CBS News, el presidente Trump habría manifestado en privado su interés por “invertir en Cuba una vez que cambie el régimen” cosa que data de 2009 y que estuvo vigente hasta el 2018 dos años después de su primer mandato presidencial. El mismo viernes, en un encuentro con empresarios latinos en Miami, Trump declaró: “Cuba tiene un potencial increíble. Sus playas, su minerales, su gente. Nosotros podemos reconstruirla mejor que nadie. Lo voy a hacer”. No habló de levantar el bloqueo, sino de “tomar el control” de los negocios.

Este péndulo no es nuevo. Durante su primer mandato, Trump activó la Ley Helms-Burton, recrudeció el bloqueo y eliminó el acercamiento de Barack Obama. Ahora, en su segundo mandato (2025-2029), combina un bloqueo energético asfixiante con la promesa de reconstrucción. ¿El objetivo? Debilitar al gobierno para imponer un cambio de régimen que facilite una recolonización económica.

La variable china: el gigante asiático entra en escena

Pero el escenario internacional ya no es el mismo que en 2017. La reciente visita de Estado de Trump al gigante asiático mostró una escena geopolítica distinta: Xi Jinping recibió al mandatario estadounidense reconociendo a China no como una potencia emergente, sino como un actor consolidado y decisivo en la arquitectura mundial. Lo significativo no fue solamente el protocolo diplomático, sino el tono.

Trump, acostumbrado a la retórica agresiva y al lenguaje de imposición, se mostró inusualmente contenido frente a Beijing. La razón es evidente: Washington comprende que el margen de presión unilateral ya no es absoluto en un mundo crecientemente multipolar. China no solo disputa la hegemonía económica y tecnológica de Estados Unidos, sino que también comienza a marcar posiciones políticas abiertas sobre conflictos estratégicos.

En ese contexto, portavoces chinos reiteraron la exigencia de levantar “de manera incondicional” las sanciones y el bloqueo contra Cuba, calificándolos como medidas obsoletas, unilaterales y contrarias al derecho internacional. La declaración no es menor. Beijing entiende que la estabilidad de Cuba forma parte de su proyección geopolítica en América Latina y del fortalecimiento de alianzas frente al cerco estadounidense.

La lectura es clara: mientras Trump y Rubio endurecen el asedio económico, China aprovecha el vacío para consolidar influencia financiera, tecnológica y diplomática en la isla. La disputa por Cuba deja entonces de ser únicamente ideológica; pasa a insertarse en la competencia estratégica entre Washington y Beijing por la influencia global.

Paradójicamente, la propia presión estadounidense acelera ese desplazamiento geopolítico. Cada nueva sanción empuja a Cuba hacia alianzas alternativas con China, Rusia y otros actores emergentes. Trump parece entenderlo, pero su lógica empresarial lo lleva a pensar que todavía puede negociar desde la coerción: quebrar primero para comprar después.

Rubio: ¿el perro de caza o el titiritero útil?

La pregunta que flota en el ambiente geopolítico es si Rubio está manipulando a Trump o viceversa. Fuentes cercanas a la administración citadas por NBC News han señalado que Rubio “ha llevado a Trump a posiciones más duras de las que él quería inicialmente” con respecto a Cuba y Venezuela. Desde los medios Razones de Cuba y Cubadebate se ha esgrimido que Rubio, influenciado por el ala más radical del exilio cubanoamericano, “estaría manipulando y engañando” al presidente para mantener una política de máxima presión que impida cualquier apertura real.

Pero esa tesis es débil si se analiza el perfil psicológico del mandatario. Psiquiatras citados por The Mirror y analistas de comportamiento político han calificado a Trump como un mentiroso patológico con rasgos de narcisismo maligno. Hannah Arendt, en su ensayo Verdad y Política, advertía sobre el poder de la mentira organizada: el mentiroso tiene la ventaja política de moldear los hechos a su interés.

Trump no es un títere de Rubio; es el titiritero que utiliza la agresividad de Rubio —útil para movilizar al voto cubanoamericano de Florida— como ariete, mientras él se reserva el rol de “gran inversor” y “salvador”. La diferencia hoy es que ese discurso debe convivir con un tablero internacional donde China y otras potencias desafían cada vez más la capacidad estadounidense de imponer unilateralmente sus condiciones.

La verdadera intención: una nueva “Cuba Libre” para los negocios

El análisis de fuentes como el exdiplomático británico Paul Hare (recogido por CBS) indica que en el seno de la administración existen facciones: una ideológica (liderada por Rubio) que busca la desaparición del sistema socialista, y otra pragmática (liderada por Trump) que busca el cambio en la gestión para abrir la isla a las inversiones estadounidenses en condiciones ventajosas.

La oferta recurrente de “ayuda humanitaria condicionada” de 100 millones con ma “mediación de la iglesia católica”, irrisoria para EE.UU, no es altruista. Es un anzuelo. Como publica Al Jazeera citando documentos filtrados, la condicionalidad implica que Estados Unidos dictaría cómo se distribuye, excluyendo al gobierno cubano. Es la misma estrategia aplicada en Venezuela: ahogar la economía, ofrecer migajas bajo tutela y preparar el terreno para la privatización de las empresas estatales.

Para Cuba, el mensaje debe ser claro: Trump no es un inversionista común, es un depredador que quiere comprar la finca a precio de remate después de haber incendiado la cosecha. Su “deseo de invertir” no contradice el bloqueo; lo complementa.

Y, sin embargo, la irrupción de China modifica parcialmente el equilibrio. A diferencia de Washington, Beijing no condiciona públicamente su cooperación a un cambio de régimen. Ahí reside uno de los elementos más sensibles de la actual disputa geopolítica: Estados Unidos pretende abrir Cuba mediante presión política; China intenta penetrar mediante infraestructura, créditos, tecnología y comercio.

El mitómano y el espejo

Donald Trump vive en una realidad distorsionada, pero su mitomanía tiene un método. Le permite decir en la misma semana que “liberará” a Cuba y que “la tomará”. Eso no es una contradicción: es el lenguaje del poder en estado puro, donde las palabras no describen la realidad, sino que la crean a su antojo.

Mientras la prensa internacional documenta el desastre humanitario provocado por el bloqueo energético —NBC mostró recientemente imágenes de apagones prolongados en La Habana, la Casa Blanca juega al buen policía y al malo. Cuba por su parte toma la iniciativa comunicacional y da a conocer la visita del director de la CIA Ritclife, a la Habana luego de 67 años. Pero la historia demuestra que, cuando Estados Unidos habla de “inversión” en Cuba sin levantar el bloqueo, está hablando de subordinación económica sin embargo queda evidenciado que esta sentado de iguales en la mesa de negociación 

La estrategia hoy, además, enfrenta un límite histórico: el surgimiento de un orden internacional menos unipolar, donde China ya no acepta pasivamente el cerco contra sus aliados estratégicos. La visita de Trump a Beijing dejó una imagen simbólica poderosa: el hombre que amenazaba al mundo desde la arrogancia debió moderar el tono frente a una potencia capaz de disputarle liderazgo económico, diplomático y tecnológico.

Si la ciudadanía cubana y el mundo no lo entienden así, caerán en la trampa del espejo roto: verán la imagen de un salvador cuando en realidad enfrentan a un saqueador con corbata. Mientras tanto Cuba esta firme.

En ese contexto, recientes reportes de France24 sobre la adquisición de drones militares por parte de Cuba y las posteriores declaraciones del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en la red X, anticipan una nueva escalada en la confrontación geopolítica y comunicacional entre Washington y La Habana. Mientras medios estadounidenses alimentan narrativas sobre supuestas amenazas militares, Cuba denuncia la construcción de un “expediente fraudulento” para justificar mayores presiones contra la isla, reivindicando su derecho soberano a la defensa. Todo indica que el conflicto ya no se libra únicamente en el terreno económico o diplomático, sino también en el plano tecnológico, mediático y simbólico, dimensión que merecerá una próxima ampliación analítica.

Menos digital, más humano: la nueva dinámica escolar tras limitar el uso de celulares

Por
Página 19
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Imagen: Kaboompic (www.kaboompics.com)/Pexels

 

Los establecimientos reportan más interacción presencial y recreos activos, en línea con estudios internacionales que vinculan la reducción del uso de celulares con mejoras en aprendizaje y convivencia. 

A meses de la implementación de la Ley 21.801, que regula el uso de celulares en establecimientos educacionales, comienzan a observarse cambios en la vida escolar. Más allá de ordenar el uso de dispositivos, la medida estaría impulsando una transformación en la forma en que los estudiantes se relacionan y habitan el espacio educativo. 

A nivel global, organismos como la UNESCO advierten que el uso excesivo de dispositivos en el aula puede afectar negativamente el aprendizaje. De hecho, cerca del 40% de los sistemas educativos en el mundo ya ha implementado restricciones, una cifra que ha crecido sostenidamente en los últimos años. Estas medidas buscan reducir distracciones, mejorar la concentración y fortalecer el bienestar de niños y adolescentes.

En esa línea, estudios internacionales indican que limitar el uso de celulares en contextos escolares no solo favorece el rendimiento académico, sino que también mejora la convivencia, al reducir interrupciones en clase y conflictos asociados al ciberbullying. Investigaciones como las de la London School of Economics evidencian mejoras de hasta un 6,4% en el rendimiento, con efectos aún mayores en estudiantes con más dificultades.

En Chile, uno de los efectos más visibles se observa en los recreos del colegio Manquecura Ciudad del Este de Puente Alto, donde se aprecia un retorno progresivo a dinámicas colectivas. El uso individual del celular ha dado paso a juegos grupales, actividad física y prácticas como cartas, juegos de mesa o lectura en papel.

“Uno de los cambios más evidentes está en la convivencia. Al reducirse la interacción mediada por pantallas durante la jornada, los estudiantes vuelven a relacionarse cara a cara, lo que disminuye tensiones y fortalece habilidades como la empatía y la resolución de conflictos”, señala Bárbara Paniagua, directora de enseñanza básica de Manquecura Ciudad del Este.

Sin el celular como principal forma de entretenimiento, los estudiantes han comenzado a reorganizar su tiempo en torno a la interacción presencial, lo que también se refleja en la sala de clases, donde las comunidades educativas reportan mayor concentración y una disposición más activa al aprendizaje tras los recreos. Esta tendencia se alinea con experiencias internacionales, donde establecimientos que han restringido su uso evidencian mayor foco en clases, menos interrupciones y un clima escolar más estable. 

“Más allá de la convivencia, también se observa un impacto en el aprendizaje. Al disminuir las distracciones digitales, se favorece la atención sostenida, el pensamiento crítico y la autonomía en la resolución de problemas”, agrega Yanina Galaz, coordinadora de Convivencia Educativa de la red de colegios Cognita. 

A esto se suma un efecto preventivo: la menor exposición a redes sociales durante la jornada contribuye a reducir conflictos asociados al ciberbullying y fortalece el bienestar emocional. En este contexto, el recreo físico se posiciona como un espacio clave para la regulación del estrés y el desarrollo de habilidades sociales.

Así, lo que comenzó como una regulación normativa comienza a consolidarse como un cambio de paradigma: una transformación donde lo analógico no aparece como nostalgia, sino como una herramienta concreta para mejorar la convivencia, el aprendizaje y el bienestar en las comunidades educativas.

Salud Pública en la encrucijada: La falacia de ‘hacer más con menos’

Por
Ricardo Ruiz Escalona
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El Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha sostenido una tesis que desafía cualquier lógica racional al afirmar que “a veces uno, con menos recursos hace más”. Para el sector sanitario y quienes vivimos el ajuste permanente de estos recursos en un sector fuertemente demandado como los hospitales públicos esta afirmación no es solo un error técnico, sino una muestra de indolencia ante una realidad desafiada. La salud pública y su operatividad no pueden reducirse a una planilla o inventario a recortar sin que se desintegre el tejido social del 80% de la población nacional que se atiende en ella.

El recorrido de esta geografía del recorte ingresado a Contraloría como el decreto 333, revela un impacto devastador en puntos críticos de la red asistencial que contempla un recorte de $413.193 millones al presupuesto del Ministerio de Salud. La mayor reducción impacta a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, con una disminución de $147.715 millones, afectando directamente el financiamiento de la red pública hospitalaria del país.

Lo que se presenta como ajustes marginales son golpes estructurales a recintos que sostienen la salud de las zonas más pobladas y vulnerables del país: en Santiago, el Hospital Sótero del Río encabeza esta lista con una disminución de $3.182 millones, seguido por el Hospital Salvador con $2.757 millones. La situación se replica con la misma gravedad en regiones, afectando al Hospital de Los Ángeles con $2.706 millones, al Guillermo Grant Benavente de Concepción con $2.696 millones y a recintos clave en La Serena, Chillán, Rancagua, Talcahuano, Valdivia, Antofagasta y Puerto Montt, entre muchos otros. 

La eficiencia que el Ejecutivo propone se traduce en un inminente y brutal colapso de los servicios de urgencia que ya se encuentran trabajando al límite con listas de espera que se prolongan indefinidamente y pone en el horizonte inmediato una disminución drástica en la calidad de la atención. Es materialmente imposible que un hospital mantenga su productividad y cobertura si se le quitan los recursos esenciales para operar. Es imposible que con menos recursos se pueda hacer más. Cuando el presupuesto se encoge, la gestión se asfixia y quien termina pagando la cuenta es el usuario que no tiene otra opción que atenderse en el sistema público.

Este tijeretazo presupuestario señalado como un 2.5% no es inocuo y desde ya evidencia cómo directores de hospitales, amparados en una supuesta autonomía administrativa, han comenzado a tomar medidas arbitrarias que incluyen la reducción de horas y la ralentización forzada de las atenciones.

En el ya complejo tablero de la política pública chilena pocas veces hemos asistido a una desconexión tan profunda entre la retórica de la buena voluntad y la cruda realidad que plantea el proyecto del Ejecutivo. Mientras la Ministra de Salud, Dra. May Chomali, citó a los principales gremios de la salud pública para asegurarles en una reunión institucional que los ajustes presupuestarios no golpearían la atención de los usuarios, la oferta de hacer más con muchos menos recursos que emana desde el Ministerio de Hacienda y las acciones de precarización directa detectadas en los hospitales, cuentan una historia diferente y peligrosa.

Cuando se instala esta falacia de mejora reduciendo los recursos no solo se intenta justificar un ajuste presupuestario, sino también se reitera subliminalmente la noción de que el problema son los funcionarios supuestamente “sobrantes”, “flojos” o “parásitos”; dichos calificativos refuerzan una lógica cuyo verdadero objetivo parece ser el de achicar el Estado. Una caricatura que desconoce la realidad de miles de trabajadores y trabajadoras de la salud pública que sostienen servicios colapsados, con jornadas extenuantes y recursos insuficientes, precisamente para evitar que el sistema termine abandonando a quienes más lo necesitan.

Este gobierno fue elegido por una mayoría con la principal promesa de fortalecer la seguridad, pero no podemos ignorar la importancia de la seguridad sanitaria como pilar de la paz social. Como FENATS Unitaria hemos instruido a nuestras federaciones en todo el país para establecer una vigilancia activa y elaborar la métrica objetiva que exija a cada director de hospital que responda con honestidad sobre su capacidad real de mantener las prestaciones sin afectar a los pacientes. En otras oportunidades hemos preguntado de manera retórica “¿Cuál es el valor de una vida?”. Hoy esa duda se vuelve urgente y concreta ante este plan de recortes inhumano y tecnocrático. 

Frente a este escenario, se vuelve indispensable abrir una mesa de trabajo amplia y vinculante entre el Gobierno, el Ministerio de Salud, el Poder Legislativo y los gremios de la salud pública, con el objetivo de evaluar de manera transparente el impacto real de estos recortes y construir soluciones responsables que resguarden la continuidad y calidad de la atención. Las decisiones presupuestarias en salud no pueden seguir adoptándose de manera unilateral ni desconectadas de quienes sostienen diariamente el funcionamiento de hospitales y consultorios; requieren diálogo político, participación técnica y un compromiso efectivo con la dignidad de los pacientes y trabajadores del sistema público.

Como organizaciones participantes, quedamos a la espera de una respuesta inspirada desde la perspectiva de la dignidad humana y la justicia social que la ciudadanía necesita para garantizar la seguridad que le fue prometida.

Paradigmas de la Contrarreforma: El I-liberalismo de Kast, la Paradoja de la Certeza y la Socialización del Riesgo Privado

Por
Noam Santander
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Imagen generada por IA

 

El presente ensayo analiza el «Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social» (Boletín N°18.216-05) impulsado por el gobierno de José Antonio Kast. A través de un cruce técnico entre el informe de la Corte Suprema, las proyecciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), la minuta del Centro de Estudios Públicos (CEP) y los datos de las «Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2026», se postula que la iniciativa configura una «paradoja de la certeza». Esta paradoja no se expresa solo en el plano jurídico, sino también en el plano fiscal y distributivo: mientras el proyecto promete seguridad para la inversión privada, desplaza hacia el Estado y la ciudadanía parte relevante de los riesgos financieros, ambientales e institucionales asociados a esa inversión. Bajo un lenguaje de urgencia y reconstrucción, se promueve una contrarreforma i-liberal que busca el desmantelamiento de las capacidades fiscalizadoras del Estado, la socialización de los riesgos privados y la institucionalización de una anemia fiscal que amenaza la sostenibilidad democrática, tecnológica y ambiental de las próximas generaciones. 

El ascenso del i-liberalismo fiscal

En la actual gramática política chilena, las propuestas económicas suelen presentarse bajo el manto de una racionalidad técnica incuestionable. La reforma fiscal de José Antonio Kast se ofrece como una llave maestra de «crecimiento» y «eficiencia». Sin embargo, al confrontar sus pilares con la evidencia empírica regional —específicamente el informe «Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026»—, lo que emerge es una arquitectura de desmantelamiento estatal denominada i-liberalismo fiscal. 

A diferencia del liberalismo clásico, que reconoce en el Estado un garante de las condiciones mínimas para la competencia, el i-liberalismo utiliza la institucionalidad para vaciar al Estado de sus capacidades protectoras, manteniendo un Estado selectivamente robusto para garantizar la rentabilidad privada y selectivamente débil para sostener derechos sociales y justicia ambiental. En este ensayo, se entiende por i-liberalismo fiscal no solo una política de reducción tributaria, sino una forma de reorganización institucional mediante la cual el Estado conserva su fachada legal-democrática, pero pierde capacidades efectivas de regulación, redistribución, fiscalización y protección social. Su rasgo central no es la ausencia de Estado, sino un Estado selectivamente fuerte para garantizar acumulación privada y selectivamente débil para proteger derechos sociales, ambientales y territoriales.  El proyecto de «Reconstrucción Nacional» actúa, así como un «Caballo de Troya»: utiliza una emergencia moralmente inobjetable para introducir una megarreforma estructural que altera equilibrios institucionales sensibles. 

El mito de la asfixia en un país de recursos limitados

El relato oficial sostiene que Chile padece de un Estado «obeso» e impuestos «asfixiantes». No obstante, los datos de la OCDE, CEPAL, CIAT y BID (2026) debilitan seriamente esta noción: en 2024, la recaudación promedio en América Latina y el Caribe (ALC) fue de apenas un 21,7% del PIB, frente al 34,1% del PIB en la OCDE. 

Esta brecha de 12,3 puntos del PIB revela que Chile no parte de una situación de abundancia fiscal, sino de una base ya limitada. Este dato no prueba por sí solo todos los componentes de la situación fiscal chilena, pero sí sitúa el debate en una región estructuralmente marcada por una menor capacidad tributaria en comparación con las economías desarrolladas. Por eso, la discusión no puede partir del supuesto de una abundancia estatal incuestionable, sino de una pregunta más exigente: qué funciones públicas se debilitan cuando se reducen ingresos permanentes en un país que ya enfrenta restricciones sociales, territoriales y ambientales significativas. El CEP advierte que un punto adicional de crecimiento tiene efectos significativos, pero este no se obtiene automáticamente solo por rebajar impuestos. Proponer una reducción agresiva de ingresos permanentes —como la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%— en una región donde los ingresos reducidos ya restringen la capacidad estatal constituye una apuesta fiscal de alto riesgo, especialmente si sus beneficios dependen de un crecimiento futuro que no puede garantizarse por decreto. Aquí comienza a operar la dimensión distributiva de la contrarreforma. La pregunta ya no es solo si el Estado recauda más o menos, sino quién asume el costo de la apuesta cuando los beneficios proyectados no se materializan. Si la rebaja tributaria es inmediata y la compensación por crecimiento es futura e incierta, el riesgo se desplaza desde quienes reciben el alivio fiscal hacia el conjunto del presupuesto público.

«Robin Hood a la inversa»: La socialización de la precariedad

La arquitectura fiscal de Kast configura un mecanismo de «Robin Hood a la inversa». No se trata de un traspaso manual de dinero, sino de una transferencia fiscal indirecta: se reduce la caja pública que financia bienes colectivos para entregar alivios tributarios y condiciones preferentes al capital. “La metáfora”, por tanto, no debe entenderse como una acusación moral simplificada, sino como una descripción de arquitectura fiscal: cuando el Estado reduce ingresos permanentes sin asegurar una compensación equivalente y verificable, no desaparece el costo de financiar derechos, infraestructura y capacidades públicas; simplemente se desplaza hacia servicios más débiles, inversiones postergadas o mayores restricciones presupuestarias futuras.

La inviabilidad del proyecto reside en su profunda asimetría temporal. La rebaja de ingresos fiscales es inmediata y cierta; la mayor recaudación por crecimiento es gradual, futura y sujeta a una incertidumbre total. El CFA ha sido tajante: el proyecto generaría un déficit que podría alcanzar el 0,71% del PIB hacia 2030. El carácter disruptivo de la propuesta de Kast no solo reside en su regresividad distributiva, sino en la erosión de la Regla de Balance Estructural (RBE), un pilar de prudencia fiscal que ha definido la estabilidad macroeconómica de Chile desde el año 2001. Al financiar una rebaja inmediata de ingresos permanentes (como el IDPC) con la mera expectativa de un crecimiento futuro incierto, el proyecto tensiona la lógica de sostenibilidad de la RBE, la cual exige que los gastos se ajusten a los ingresos estructurales de largo plazo y no a proyecciones optimistas de dinamismo cíclico. Como advierte el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), este descalce institucionalizaría déficits persistentes de hasta un 0,71% del PIB hacia 2030, quebrando una tradición de décadas en la que la política fiscal actuó como un ancla de certidumbre. En este sentido, la reforma no solo hipoteca recursos, sino que desmantela el ‘seguro’ institucional que ha permitido a Chile navegar crisis internacionales sin comprometer su solvencia soberana. Si, además, el crecimiento proyectado por Hacienda —0,8 puntos adicionales— no se materializa, el costo podría terminar expresándose en el presupuesto público mediante listas de espera más largas en hospitales, menor mantenimiento de establecimientos educacionales y cobertura de alimentación escolar, reducción de capacidades fiscalizadoras o debilitamiento de programas de protección social. Esta transferencia indirecta no se agota en la rebaja tributaria. Su dimensión más profunda aparece cuando el proyecto extiende la lógica de protección al capital hacia el campo jurídico-regulatorio, convirtiendo la certeza jurídica en un posible mecanismo de traslado del riesgo privado hacia el Estado.

La paradoja de la certeza y el informe de la Corte Suprema

El proyecto promete «certeza jurídica» para atraer inversiones. El problema no es la certeza jurídica en sí misma. Todo Estado moderno requiere reglas claras, procedimientos previsibles, plazos razonables y menor arbitrariedad administrativa. La dificultad aparece cuando la certeza se define unilateralmente como protección del inversionista, sin equilibrarla con la certeza de las comunidades, del Fisco, de los tribunales, del medioambiente y de las generaciones futuras. Sin embargo, el informe técnico de la Corte Suprema sobre el Boletín N°18.216-05 revela una paradoja: al intentar blindar al inversor restringiendo la fiscalización, el proyecto termina incubando una incertidumbre jurídica sistémica. 

La Corte advirtió que la regulación requiere «ajustes relevantes» porque no armoniza con el marco existente, especialmente respecto a la legitimación activa. De este modo, la certeza jurídica puede adoptar tres formas distintas. Una certeza democrática, basada en reglas claras y acceso equilibrado a la justicia; una certeza proinversionista, orientada a reducir riesgos para el titular privado; y una certeza regresiva, que aparece cuando la reducción del riesgo privado se obtiene mediante el debilitamiento de contrapesos institucionales o el traslado de costos hacia el Estado. Esto puede generar más litigiosidad y dudas sobre quién puede acudir a tribunales ambientales. 

El punto más grave es el mecanismo de restitución de gastos directos y efectivos. El proyecto propone que, si una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es anulada judicialmente, el inversor pueda recuperar sus gastos. La Corte observa que el diseño se centra en cuánto devolver, pero no en si corresponde sustantivamente trasladar ese costo al Fisco. Esto transforma al Estado en un asegurador del riesgo regulatorio privado: las ganancias se privatizan, pero las pérdidas por autorizaciones ilegales se socializan mediante el erario público. La paradoja jurídica se convierte entonces en una paradoja distributiva. Si el Estado reduce ingresos permanentes, debilita controles y además puede asumir parte del riesgo regulatorio privado, la pregunta central pasa a ser quién sostiene fiscalmente ese nuevo equilibrio. En sistemas tributarios altamente dependientes del consumo, la respuesta tiende a recaer proporcionalmente sobre los hogares que tienen menor capacidad de ahorro y mayor dependencia de servicios públicos.

Justicia distributiva y el peso del IVA

El análisis de viabilidad política debe considerar quién sostiene hoy el funcionamiento de Chile. El informe OCDE 2026 señala que los impuestos sobre el consumo (como el IVA) generaron el 49,2% de los ingresos en ALC, frente al 31,2% en la OCDE. El IVA representa el 28,9% del total regional.  En un sistema tributario donde el consumo cotidiano sostiene una parte relevante de la recaudación, la discusión no puede limitarse a cuánto pagan las empresas, sino a cómo se distribuye socialmente el esfuerzo fiscal. Cuando la rebaja al capital no va acompañada de una corrección del peso relativo del IVA, el pacto tributario se vuelve más regresivo no necesariamente por una transferencia visible, sino por una omisión estructural: se aliviana la carga de quienes tienen mayor capacidad de acumulación sin modificar la carga proporcional que enfrentan quienes consumen para sobrevivir.

Aliviar al capital sin modificar esta estructura regresiva profundiza la desigualdad: los sectores populares financian cotidianamente al Estado mediante el consumo, mientras los sectores de mayor capacidad reciben una reducción de carga en nombre de una inversión futura que el Estado termina asegurando. Pero la injusticia distributiva no se expresa únicamente en quién paga hoy más proporcionalmente. También se expresa en qué capacidades colectivas se dejan de construir para mañana. Un Estado con menor base fiscal no solo reduce prestaciones presentes; también limita su capacidad de anticipar transformaciones climáticas, tecnológicas, educativas y productivas que definirán la posición de Chile en el siglo XXI.

Educación, Clima e IA: Hipotecando el futuro tecnológico

La política fiscal no solo financia prestaciones sociales presentes; también determina la capacidad del Estado para producir futuro. Sin ingresos permanentes suficientes, no hay inversión sostenida en ciencia, infraestructura digital, formación avanzada, transición energética ni adaptación climática. Por eso, una contrarreforma tributaria no debe evaluarse solo por su impacto contable inmediato, sino por las capacidades estratégicas que puede impedir construir.

El impacto de esta anemia fiscal es crítico para las próximas generaciones, especialmente en la construcción de capacidades estratégicas para el siglo XXI:

Sostenibilidad Ambiental: En un mundo donde la sostenibilidad es factor de competitividad, debilitar la institucionalidad ambiental para acelerar permisos no es modernización, sino un atraso estratégico. 

La Brecha del Conocimiento e IA: El BID (2026) advierte sobre la fuga de talento y la falta de infraestructura avanzada en la región. Mientras los líderes mundiales forman entre 8 y 15 doctores en IA por millón de habitantes, en ALC la cifra no supera los 2 doctorados. Un Estado anémico, privado de ingresos permanentes, será incapaz de financiar los centros de datos soberanos y la supercomputación necesarios para que Chile no sea un mero consumidor pasivo de tecnología extranjera. 

Esta discusión se vuelve aún más delicada en un contexto de rigideces presupuestarias y obligaciones sociales crecientes. Si una parte significativa del gasto público está comprometida en salud, pensiones, educación, emergencias, inversión territorial y programas permanentes, cualquier reducción de ingresos estructurales exige una justificación especialmente robusta. En ese escenario, la pregunta no es solo dónde se recorta, sino qué capacidades estatales se vuelven inviables cuando se estrecha deliberadamente la base fiscal. La reconstrucción, en sentido estricto, debería fortalecer la capacidad pública frente a emergencias; no convertirse en el vehículo de una reorganización fiscal y regulatoria que reduzca protecciones ciudadanas bajo el lenguaje de la eficiencia.

El costo de un pacto social fracturado

La reforma de José Antonio Kast es una contrarreforma regresiva anclada en dogmas que ignoran la realidad estadística y ambiental de 2026. Al apostar el financiamiento de derechos sociales a promesas de crecimiento incierto y transformar al Estado en un asegurador subsidiario del capital, el proyecto arriesga institucionalizar una precariedad permanente. El problema no es que el país busque inversión, crecimiento o eficiencia administrativa. El problema es que esos objetivos se persigan mediante una arquitectura que reduce ingresos permanentes, debilita capacidades regulatorias y desplaza riesgos privados hacia el conjunto de la sociedad. Cuando la modernización se construye sobre esa base, deja de ser una promesa de desarrollo compartido y se convierte en una forma de regresión institucional.

Chile necesita reconstruirse, pero no sobre las ruinas de su justicia ambiental ni sobre la fragilidad de su presupuesto público. La verdadera modernización requiere un Estado inteligente y fuerte allí donde se juegan la cohesión social y el desarrollo tecnológico. El futuro de Chile y de sus próximas generaciones no puede ser el precio de una ilusión de crecimiento que privatiza los beneficios y socializa las pérdidas en una cornisa de alto riesgo. 

 

Bibliografía de Referencia

  • OECD et al. (2026). Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026. OECD Publishing, Paris. 
  • Corte Suprema de Chile (2026). Informe sobre el Proyecto de Ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social (Boletín N°18.216-05). 
  • Centro de Estudios Públicos (2026). «Crecimiento futuro versus déficit presente: la gran apuesta de Hacienda». Voces del CEP N°27. 
  • Consejo Fiscal Autónomo (2026). Análisis sobre la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas ante el Proyecto de Reconstrucción Nacional. 
  • Banco Interamericano de Desarrollo (2026). Modelo de referencia para políticas de IA en el sector público de América Latina y el Caribe. 

 

Siguiendo en la Conferencia Socialista: institución, ideas y territorio

Por
Hernan García Moresco y José Orellana Yañez
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Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista 2026

 

La discusión programática e ideológica que se proyecta hacia la Conferencia Socialista 2026 del Partido Socialista de Chile no puede limitarse a la formulación de grandes tesis doctrinarias o definiciones abstractas sobre el futuro del progresismo. El principal desafío del PS no radica solo en actualizar su programa político, sino también en definir, de manera estratégica, cómo reconstruir su vínculo material, social y territorial con las mayorías.

En este sentido, la dimensión territorial emerge como un eje estratégico para comprender tanto la crisis de representación de la izquierda como las posibilidades de su reconstrucción política futura.

Desde la teoría clásica y moderna de los partidos políticos, el PS de Chile no se explica únicamente por su ideología, su número de militantes o su representación institucional, sino también por su capacidad de inserción en los territorios y en las organizaciones sociales, comunitarias, estudiantiles, sindicales y vecinales. En esa perspectiva, el territorio deja de ser un simple soporte geográfico para transformarse en un espacio de construcción política, social y cultural, donde las personas experimentan de manera concreta las condiciones de la vida cotidiana, la precarización, la inseguridad, el debilitamiento del Estado y el aumento del costo de la vida.

Diversos diagnósticos muestran que el progresismo ha perdido capacidad para interpretar el malestar social, en parte porque se ha distanciado de las condiciones materiales cotidianas de las personas. Mientras unos pocos concentran los beneficios del trabajo de otros, amplios sectores sociales experimentan incertidumbre, desprotección y un deterioro sostenido de sus expectativas. En ese contexto, la política aparece muchas veces atrapada en debates contingentes, mediáticos o excesivamente institucionales. En ese vacío, las derechas han logrado conectar con demandas simultáneas de autonomía, orden y protección, construyendo un lenguaje simbólico más eficaz frente a las inseguridades contemporáneas.

Por ello, la cuestión territorial debería adquirir un carácter central para el socialismo. No se trata del territorio entendido como una mera distribución administrativa o como un simple “continente”, sino como “contenido”: una realidad concreta en la que se expresan las alegrías, frustraciones y contradicciones sociales, económicas y culturales del país. La territorialidad implica comprender cómo viven las comunidades, cuáles son sus formas de organización, cómo perciben al Estado y qué expectativas tienen. Allí radica la importancia de fortalecer la vida comunal, provincial y regional, tanto militante como ciudadana, revitalizando las estructuras organizacionales, los núcleos de base y los vínculos con las organizaciones sociales. La vida partidaria no puede ser reducida a los representantes y su quehacer, la vida militante es infinitamente más amplia.

A su vez, el análisis territorial debe complementarse con una mirada renovadora de  la institucional. Las normas formales e informales que estructuran la vida partidaria, así como la legislación sobre partidos políticos, no son elementos neutros: moldean prácticas, culturas organizacionales y formas de participación. En particular, las estructuras partidarias con mayor despliegue territorial deben participar activamente en este debate, mostrando su funcionamiento interno, su capacidad deliberativa, la forma en que sistematizan propuestas y el modo en que se articulan con las dinámicas sociales locales. Lograr valorar de mejor forma el rol de un(a) dirigente(a) local con el mismo cariño, que un parlamentario(a) o alcalde(sa) solo así el socialismo tendrá aires de popular y mayorías.

La relevancia estratégica del territorio se vuelve aún más evidente en un escenario político marcado por el avance de derechas con un fuerte carácter misional e ideológico neoliberal, al que se suman fantasías y metáforas movilizadoras, así como por el desgaste de las promesas transformadoras del progresismo.

En este contexto, la reconstrucción de un proyecto socialista requiere recuperar legitimidad desde abajo: desde las experiencias concretas de las comunidades y desde una práctica política conectada con la vida cotidiana. Cada militante debiera participar activamente en espacios sociales para construir una relación directa entre la base militante y la base social. Cuando, en cambio, se privilegia una crítica mediática de baja densidad, alejada de las condiciones materiales reales, la política termina produciendo diagnósticos parciales, centrados en polémicas contingentes, en paneles de matinales y lejos de un proyecto alternativo frente a las fantasías, metáforas o hipérbole promovidas por las derechas.

En definitiva, una de las tensiones centrales que debiera abordar la conferencia es que la política solo podrá reconstruir un horizonte transformador si vuelve a “respirar territorio”. Esto implica comprender que la política no se sostiene exclusivamente en discursos programáticos o liderazgos nacionales, sino también en la capacidad de interpretar, organizar y representar las realidades locales en las que se configuran las demandas sociales y las posibilidades efectivas de cambio político. Más que redefinir su horizonte, el socialismo chileno debe reconstruir las condiciones territoriales que hacen posible su realización.

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