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Gremios de la Salud valoran unánime rechazo de Comisión del Senado a recortes del sector y exhortación a Ministro de Hacienda

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La Comisión de Salud del Senado acordó de manera unánime rechazar el recorte presupuestario del 2,5% instruido por el Ministerio de Hacienda a la cartera de Salud. La determinación, adoptada tras una sesión que contó con las exposiciones de diversas organizaciones gremiales y sindicales del sector, suspende temporalmente la aplicación de la medida y abre un espacio de discusión técnica entre el Poder Legislativo y el equipo económico del Gobierno.

La solicitud de rechazo fue presentada formalmente por el presidente de la instancia legislativa, el senador Juan Luis Castro (PS), tras recibir los informes técnicos de los trabajadores de la salud, el Colegio Médico y otras órdenes profesionales. Dichas organizaciones expusieron sus proyecciones respecto al impacto que una rebaja presupuestaria de aproximadamente 413.193 millones de pesos chilenos podría generar en el sistema público. Según los antecedentes presentados por los gremios, el ajuste financiero arriesga un incremento en las listas de espera y eventuales dificultades en el abastecimiento de insumos clínicos y programas de apoyo sanitario.

Durante la sesión, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, afirmó ante la comisión que las adecuaciones presupuestarias se concentrarán en áreas específicas y no afectarán las atenciones directas a los usuarios de la salud pública. No obstante, ante la inasistencia de los representantes de la Dirección de Presupuestos (Dipres), la comisión resolvió citar formalmente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para que exponga los fundamentos financieros de la medida a inicios del próximo mes.

Por su parte, los representantes de los trabajadores mantuvieron sus reservas frente a las proyecciones del Ejecutivo. El presidente de la Confederación FENATS Unitaria, Ricardo Ruiz Escalona, señaló que, si bien valoran las gestiones de la ministra de Salud para reducir el descuento inicial de un 3% a un 2,5%, persiste la preocupación en las bases por los efectos operativos en los reemplazos de personal y el flujo de medicamentos para la población beneficiaria de la red pública.

En la misma línea, la presidenta de la CONFUSAM, Gabriela Flores, sostuvo que la decisión de la Comisión “significa seguir en la lucha para defender el presupuesto de la atención primaria y la salud pública”, llamando a mantener “la unidad y la perseverancia” frente a los recortes.

Con este escenario, la discusión legislativa se reanudará el próximo 4 de junio, fecha en la que la Comisión de Salud del Senado citó de forma conjunta al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a la ministra de Salud, May Chomali, y a las autoridades de la Dirección de Presupuestos, con el objetivo de evaluar la viabilidad del ajuste económico y garantizar la continuidad operativa de los servicios de urgencia y la red hospitalaria del país.

Presidente de Bolivia enfrenta ante la prensa a quienes exigen su renuncia por crisis

Por
Cyntia Otey
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Imagen: Captura de transmisión en YouTube en Bolivia TV Oficial.

 

En medio de una crisis social y protestas que se extienden ya por tres semanas con un saldo de cientos de detenidos, varios heridos y 3 muertos por bloqueos de carreteras, desabastecimiento de combustible y alimentos en ciudades clave como El Alto y La Paz, el presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, ofreció este jueves una extensa rueda de prensa en el que defendió sus primeros seis meses de gestión, anunció una reestructuración de su gabinete y lanzó la convocatoria a un “Consejo Económico y Social” como mecanismo para canalizar el diálogo y evitar más paralizaciones.

La declaración, que se extendió por casi dos horas, muestra a un mandatario consciente de la fragilidad del momento pero firme en su diagnóstico: Bolivia está en un “punto de inflexión”, pasando de un “modelo vinculado a un solo partido” durante las últimas 2 décadas a una nueva etapa de “diversidad política”. Sin embargo, según su autocrítica, la transición no está siendo lo pacífica que esperaba.

Rodrigo Paz: “El bloqueo es sinónimo de muerte”

El presidente no escatimó en críticas hacia las movilizaciones que mantienen bloqueadas rutas estratégicas. Con un tono que mezcló la indignación y apelando a la responsabilidad humanitaria, señaló culpando a los bloqueadores por el fallecimiento de al menos dos personas -una mujer en Guanay y una joven en El Alto- por la falta de acceso a ambulancias.

“El bloqueo es sinónimo de muerte. Si somos un país con cultura por la vida, no puede generar daños irreversibles en familias”, sentenció, al tiempo que pidió un “corredor humanitario” para garantizar oxígeno, alimentos y combustible. El mandatario insistió en que su gobierno no aplicará una “ley de antibloqueos” ni reprimirá, sino que privilegiará la mesa de diálogo, aunque advirtió: “No voy a dialogar con vándalos”.

Para canalizar las demandas de los sectores movilizados -que incluyen desde indígenas afectados por la ley 17/20 hasta gremiales y cívicos- el presidente anunció la convocatoria inmediata (para este fin de semana) a un Consejo Económico y Social, amparado en el artículo 312 de la Constitución. La idea es que sea un espacio mensual, sin exclusiones ideológicas, donde se debatan leyes y proyectos “artículo por artículo”.

“No vamos a privatizar, no hay tarifazos, no hay impuesto del 5% a la papa”, aclaró, desmintiendo lo que llamó “campañas de desinformación”. El objetivo, dijo, es construir un “modelo de crecimiento inclusivo” basado en la reconciliación, la solidaridad, el diálogo y la cooperación.

Este discurso refleja la complejidad del momento que vive el pueblo boliviano. Por un lado, el gobierno busca consolidar un nuevo orden tras dos décadas de hegemonía del movimiento oficialista anterior; por otro, enfrenta una oposición fragmentada pero activa, que combina reclamos legítimos con acusaciones de intento de “quiebre democrático”.

La convocatoria al Consejo Económico y Social será una prueba de fuego. Si los sectores movilizados aceptan sentarse a dialogar, podría abrirse una vía de desescalada. Si persisten los bloqueos, el gobierno ya dejó entrever que no descarta medidas constitucionales más duras. Mientras tanto, El Alto y La Paz esperan que el oxígeno, el pollo y el diésel lleguen pronto, y que el diálogo no llegue demasiado tarde.

Un gobierno de 6 meses frente a “245 meses de régimen”

Uno de los puntos más fuertes de la alocución presidencial fue su comparación con los gobiernos anteriores. El presidente aseguró que su administración recibió un país sin reservas hidrocarburíferas, con una economía distorsionada y una “caja chica” en el Banco Central: “Nos dijeron que nos iban a dejar un mejor país, pero ocurrió todo lo contrario”, afirmó, subrayando que en medio año han logrado estabilizar el dólar, combatir la corrupción (eliminando las compras directas) y frenar el contrabando de combustibles, lo que habría afectado a “grupos de poder” que obtenían ganancias “ilícitas”.

Frente a las críticas que le exigen elecciones anticipadas o su renuncia, el presidente fue tajante: “Llevamos sólo 6 meses, no 20 años. La democracia no se doblega con bloqueos, sino con votos”.

Ahora bien, en el plano internacional, el mandatario agradeció el respaldo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de países como Argentina, Chile y Estados Unidos, cuyo secretario de Estado mencionó que “está en marcha un golpe de Estado” en Bolivia, vinculando a las protestas con el crimen organizado y el narcotráfico.

El momento de mayor tensión fue el duro anuncio sobre la salida de la embajadora de Colombia. El presidente calificó a su homólogo Gustavo Petro de tener una conducta “irreprochable” y “antidemocrática” por sus críticas. “Petro se confunde. La embajadora se va porque representa la voluntad antidemocrática”, dijo, aunque aclaró que su relación es con el pueblo colombiano, que le brindó exilio durante las dictaduras. El gobierno chileno y el brasileño, en cambio, fueron destacados como socios estratégicos.

¿Ciencia al servicio de qué y de quién?

Por
Guillermo Williamson Castro
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Los hechos objetivos

¿Recuerdan esa entrevista en que el actual Presidente Kast señala que las aguas de los ríos se pierden al llegar al mar?… o esta otra en que señala que el fundo de su padre puede ser declarado humedal pues es húmedo… o la frase de que científicos producen bonitos libros que terminan en anaqueles sin generar empleos… o la propuesta legal de que las empresas tecnológicas no paguen derechos por el uso de la propiedad intelectual … o el nombramiento de una empresaria para ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación… o la solicitud de desvincular a 30 funcionarios del Ministerio: estamos en tiempos reales de oscurantismo para la ciencia y el conocimiento libre y creativo, o, al menos, arriesgamos caer en él.

Debates sobre ciencia básica o experimental, innovación o creación, ciencia o tecnología, ¿artes, ingenierías o pedagogías?… todos ellos y tantos otros de importancia para el mundo académico empiezan a no tener sentido… al clarificar su opinión sobre la producción y difusión científica el presidente señala que fue un error formal del discurso, pero no hay rectificación del fondo. La universidad y la ciencia no pueden esperar mucho de esta posición ideológica, política y de conocimiento que expresa la de una parte significativa de su sector político. ¿Luego vendrán los cierres de archivos y bibliotecas de libros bonitos? El gobierno debe rectificar su enfoque y política.

El valor de la ciencia, el conocimiento, el saber.

La ciencia crea miles de empleos: investigadores, ayudantes, tesistas, postdoctores, secretarias, administrativos, diseñadores gráficos, encuestadores, imprentas, librerías, empresas de servicios y de una enorme variedad de equipamientos… en fin. Es un sector altamente demandante de fuerza de trabajo con diversos grados de calificación. Por otro lado, produce riqueza material e inmaterial: saberes de base para los constructores, ingenieros, agrónomos, psicólogos, profesores; genera información y tecnologías para las empresas… pero también productos que, por vía de patentes, propiedad intelectual, modelos, sistemas, diseños, aportan al desarrollo productivo del país y de las regiones. Nada más burdo que pensar que la ciencia y la producción de conocimiento, por el método que sea, es una carga financiera para el estado y la sociedad: la relación desarrollo+crecimiento+justicia social+democracia está totalmente correlacionada con la investigación, experimentación, desarrollo, innovación, democratización de la producción, distribución, aplicación y difusión de conocimiento. Los países de más alto desarrollo y libertades colectivas e individuales destinan mayor parte de su PIB a la ciencia y tecnología, los más pobres dependen del saber que producen otros.

Quieren aumentar los controles: esa manía de justificar represión, control, disminución de recursos al proyectar situaciones minoritarias al conjunto de la población: es no saber que no se puede extrapolar simplemente de un caso minoritario a una población mayoritaria. Hay aquí, no sólo demostración de desprecio por la sabiduría resultante de la indagación y creatividad humana, sino una afirmación del utilitarismo como expresión de la ignorancia de los fundamentos complejos de la realidad, además de no poder comprender que los productos tecnológicos son resultantes de la producción científica o de la sistematización de experiencias. Hay un trasfondo de ataque a la universidad estatal y pública que produce para la sociedad y las políticas públicas, pero también para empresas y organizaciones de la sociedad civil, en Santiago y regiones.

Ignorancia e idiotismo.

La ignorancia o estupidez parece acercarse rauda a la vida social y política del país, de la educación, de las universidades. Paulo Freire señala que nadie es ignorante, es cierto, todos sabemos de algo e ignoramos también algo, pero no se puede negar que alguien pueda sufrir de “idiotismo”. Según la RAE (entre varias acepciones) idiota es aquel engreído sin fundamento para ello, que es corto de entendimiento o que carece de toda instrucción, en el sentido de cultura amplia. Pero, no hay que engañarse, este discurso oculta el quehacer de esos fantasmas vivos de las oscuridades que manipulan y avanzan en la construcción de un proyecto político que desarma lo público, el estado, la comunidad, los derechos, la democracia. La estupidez ignota explícita esconde la sabiduría del inteligente que se ocupa en silencio de lo central: instalar un nuevo modelo de sociedad, estado, economía y democracia que no pueda ser desmontado en las próximas décadas. Ya lo aprendimos en la dictadura, es un modelo aprendido, ejecutado y validado.

Los sentidos profundos de los tiempos.

Por tanto, aprovechando esta coyuntura, hay una cuestión central a responder por las universidades, sus comunidades y aquellos políticos del amplio arco ideológico que creen en la ciencia, el saber, la investigación, el desarrollo libre y es preguntarse ¿Ciencia para qué y al servicio de quién?

La respuesta actual está clara: para la elite dominante, los empresarios poderosos (los pequeños y medianos verán más limitado aún sus escasos beneficios de la ciencia y tecnología actual), los grupos sociales que no entienden bien esta dimensión de la vida social, los enemigos acérrimos, ideológicos, de lo público y estatal.

A lo mejor hay que volver a plantearse los principios de la Reforma Universitaria de 1918, en Argentina, cuando un movimiento estudiantil iniciado el 21 de junio en la Universidad Nacional de Córdoba, exigía la democratización de la enseñanza, el cogobierno estudiantil, la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, asociado a la idea de una universidad al servicio del pueblo, del desarrollo, de la sociedad.

También hay que hacerse una autocrítica, respondiendo con honestidad, las preguntas que hacíamos unos párrafos anteriores, en el marco positivista, mercantilista, autocentrado del modelo universitario actual; ¿cómo respondemos hoy a la cuestión de ciencia para qué y al servicio de quién? A lo mejor, en esas honestas respuestas podemos encontrar alguna causa a esta situación peligrosa que vivimos y podemos descubrir aquellas energías y fuerzas visibles y subversivas del saber que nos permitan defender la libre producción y difusión del conocimiento en beneficio de la sociedad, las políticas públicas, el desarrollo y el pueblo trabajador.

La Sinfónica Nacional de Chile ofrecerá un viaje musical por hitos patrimoniales de Santiago junto al actor Jorge Arecheta

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Página 19
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Crédito foto: Comunicaciones CEAC

Un viaje por diversos puntos emblemáticos de Santiago, guiado por la música de reconocidos clásicos del repertorio sinfónico universal, es lo que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentará en su primer concierto familiar de la temporada 2026. El programa titulado “Grandes clásicos de la tradición escrita” reunirá extractos de obras de compositores como Verdi, Dvořák y Tchaikovsky, entre otros, el viernes 22 a las 19:30 y el sábado 23 de mayo a las 17:00 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

El concierto contará con la batuta invitada de la destacada directora polaca Barbara Dragan, consejera artística del elenco, además de la dramaturgia y dirección escénica de Mariana Muñoz, quien elaboró una propuesta que contempla un relato inspirado en el patrimonio cultural de Santiago. La historia sigue las travesías de “Pedro”, un niño que emprende un recorrido por distintos espacios emblemáticos de la capital.

“Lo que hicimos fue aunar todo en el criterio del patrimonio. Pensamos en un cuento de hadas que ocurre en Santiago, a propósito del Mes del Patrimonio, y en un recorrido por la ciudad a través de la música”, explica Mariana Muñoz. “Cada pieza musical gatilló imágenes y lugares distintos: desde el Club Hípico hasta palacios y museos. Es un viaje donde lo cotidiano y lo fantástico se mezclan constantemente”, comenta la dramaturga.

La narración estará a cargo del reconocido actor chileno Jorge Arecheta, quien expresa que para él “esta experiencia con la Sinfónica Nacional de Chile es completamente nueva y me tiene muy motivado”. Su relato establece el hilo conductor entre las distintas piezas musicales y las escenas del relato. “Lo que hace este texto es volver esta música mucho más cercana, porque se narran elementos de la vida cotidiana de Santiago, edificios e historias reconocibles, entonces se produce un cruce muy atractivo”, señala el actor.

El programa incluirá fragmentos de reconocidas obras como la obertura de Caballería Ligera de Franz von Suppé; el ballet de la ópera Aída de Verdi; la Bacanal de Sansón y Dalila de Camille Saint-Saëns; el final de la Sinfonía n.º 9, “Desde el Nuevo Mundo”, de Antonín Dvořák; preludio y vals de El lago de los cisnes de Piotr Ilyich Tchaikovsky; cerrando con Pompa y Circunstancia de Edward Elgar.

Tras este primer concierto familiar, la Sinfónica Nacional de Chile retomará su temporada sinfónico-coral con el programa n.° 7 de su temporada, “Luz, melodía y sinfonía”, que contará con el debut en Chile del director invitado Ian Niederhoffer, oriundo de Estados Unidos. El programa contempla las obras Pájaro burlón de Acario Cotapos, Concierto para oboe de Manuel Bustamante, con José Luis Urquieta como solista invitado, y la Sinfonía n.° 9 en do mayor, D. 994 «La grande», de Franz Schubert.

Las entradas para “Grandes clásicos de la tradición escrita” se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus (ceacuchile.ticketplus.cl), además de las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile. Los valores van desde los $10.000, con diversos descuentos disponibles para estudiantes y adultos mayores, entre otros.

Perú: Negación autoritaria involuntaria

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Juan De La Puente
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(*) Este análisis fue publicado originalmente con fecha 17 de mayo, 2026, en el diario La República (Perú).

 

La segunda vuelta del 7 de junio confirmará que las elecciones peruanas producen mayorías fugaces que retornan velozmente a su condición de minorías. Dos candidaturas que juntas obtuvieron el 12 de abril apenas el 26% de los votos emitidos se disputan una presidencia convertida en débil y movible, subordinada al Congreso, el núcleo de un régimen híbrido con un pie en la legalidad y el otro en la ilegalidad.

El Perú votará en el peor escenario luego de soportar los primeros 10 años de una profunda crisis. El relato principal de la campaña para la segunda vuelta pretende que las dos opciones son antagónicas e iguales y dibuja una disputa convencional: una opción de derecha y la otra de izquierda, una que representa al sistema y la otra al antisistema, y una que garantiza la estabilidad y la otra inestabilidad.

Demasiado fácil, demasiado simple. El Perú de 2026 no es el de 2006, 2011 o 2016. Ni siquiera el de 2021. La que experimenta el Perú es una polarización desigual, entre un régimen autoritario que pretende consolidarse si gana la elección, y su oposición, aun considerando que quien lo lidera presenta credenciales con varios agujeros.

La negación del autoritarismo actual es explicable en la derecha radical y las familias políticas y empresariales cómodas con lo conseguido hasta ahora de un régimen que sustrajo las reglas democráticas básicas y depreda los bienes públicos. No es explicable, sin embargo, en quienes individual y colectivamente se han enfrentado a las arbitrariedades de este régimen y alertan sobre el riesgo de su prolongación.

¿Qué se juega en la segunda vuelta? Precisamente la temida continuidad del poder instalado luego del fallido golpe de Castillo —su necio legado— y que solo pudo consolidarse a costa de una feroz represión de los territorios del sur del país. Si se hace a un lado la cuestión democrática, no hay voto democrático.

¿Deberíamos esperar otro momento, un momento ideal, para respaldar a un candidato que merezca nuestro voto? No sé si ese momento aparecerá en el mediano plazo. Tomando en cuenta que el trasfondo de esta crisis es el histórico veto de las demandas de igualdad, justicia y desarrollo para todos, quizás deberíamos esperar un plazo más largo. Y bueno, Keynes nos recordó que a largo plazo todos estaremos muertos.

Tres grandes resultados del 12 de abril desdicen la negación autoritaria involuntaria; son decisivos para el futuro más allá de las elecciones, inclusive. El primero es la resistencia del Perú antielectoral que —como en Guatemala de 2023— bloqueó la política de hechos consumados del poder que creía que podía llevarse fácil las elecciones. El país resistente se negó a respaldar alguna candidatura con antelación en un alto porcentaje (43%, según IEP) y decidió su voto pocos días antes del 12 de abril. En este cuadro, sin adherir al discurso que sobredimensiona la demora en la instalación de mesas de sufragio, que uno de cada cuatro ciudadanos se abstuviese de votar optimiza la importancia del país antielectoral.

Este comportamiento, lo más cercano a un voto estratégico, que llevó a buena parte de ciudadanos a “probar” candidatos, consumó la remodelación y simplificación del arco político. Si el corte se realiza desde la democracia, se tienen dos identidades: dos partidos a favor del régimen híbrido y cuatro contra este. Si el corte se realiza desde lo ideológico, se tienen dos partidos de derecha radical, dos de un centro “nuevo” y todavía difuso, y dos de izquierda, una más populista que la otra.

El segundo resultado grande es la derrota del pacto parlamentario que, a pesar de manejar los hilos del poder y dotarse de leyes para aprovecharlas electoralmente, obtuvo bajas votaciones. Dos de sus partidos —Fuerza Popular y Renovación Popular— superaron la valla electoral, pero los otros cinco fueron pulverizados. La estrategia que pretendió que la primera vuelta gire sobre los ejes caviar/anticaviar y sistema/antisistema fracasó. El eje decisivo fue pacto/antipacto.

El efecto agregado de ambos resultados proyecta de modo ineludible el castigo ciudadano a los grupos que capturaron el Estado y acallaron la demanda de adelanto electoral entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. En conjunto, las siete candidaturas del pacto obtuvieron 29% de votos emitidos, en tanto las trece candidaturas antipacto el 48%.

Un tercer resultado significativo es la reiteración de la doble fragmentación territorial del voto que indica que en los territorios no hay nada definitivo en la pugna por la vigencia de la democracia y los derechos. La incomprensión de estos fenómenos conduce a la imagen equívoca de un mapa político repartido en tres o cuatro colores y a la percepción igualmente errada de la idea que las urnas transmiten sobre el poder.

En la primera fragmentación territorial, de corte nacional, se tiene que la costa entre Tumbes e Ica es un corredor relativamente inclinado a la opción radical de derecha y tolerante con la capital. Sucede lo mismo con una parte de la Amazonía —Loreto, Ucayali y San Martín— aunque esta adhesión es al mismo tiempo crítica del centralismo. En cambio, la sierra peruana, del norte, centro y sur, incluido el Altiplano, en varios tonos y matices es adversaria de la opción radical de derecha y, al mismo tiempo, fuertemente anticentralista, con una presencia populista matizada por las votaciones significativas para el nuevo centro que emergió en la primera vuelta.

En la segunda fragmentación territorial, la de corte regional, se tiene un voto contramayoritario que no pretende concentrar el poder sino diluirlo en varias opciones, aunque el sistema electoral diseñado por el pacto parlamentario permitió que la derecha extrema se encuentre en mejores posibilidades de controlar el Senado a pesar de las bajas votaciones.

La revisión de los porcentajes obtenidos por los seis partidos que superaron la valla electoral en 10 plazas con mayor volumen electoral —considerando los votos válidos que habilitan la asignación de escaños— proyecta un cuadro de adhesión limitada que relativiza el concepto de mayoría. Solo en La Libertad, Piura y Loreto, los dos grupos de la derecha radical —Fuerza Popular y Renovación Popular— superan juntos el tercio de votos. Suman menos votos en Áncash (24%), Ica (30%) y Junín (25%), y bajos registros en Cusco (10%), Ayacucho (11%), Cajamarca (17%) y Puno (5%).

Por su parte, la izquierda —JPP y Ahora Nación— supera el tercio de votos en Cusco (34%), Ayacucho (46%), Cajamarca (46%) y Puno (35%). Se acerca a la derecha en Áncash (23%) y Junín (23%), y registra bajas votaciones en Lambayeque (15%), Piura (16%), Ica (14%) y Loreto (14%).

El nuevo centro alcanza votaciones significativas en Lambayeque (18%), Piura (16%), Áncash (17%), Junín (19%) y Cajamarca (15%), y registros inesperados en Ica (20%), Cusco (22%), Ayacucho (20%) y Puno (22%), una performance pareja a excepción de Loreto (8%).

Lima Metropolitana sigue siendo especial en varios sentidos. Los dos grupos de la derecha que superan la valla electoral alcanzan 38.2%, las dos izquierdas 9.5% y los dos grupos de centro 24.5%. En esta plaza son significativos los porcentajes obtenidos por Álvarez (8.8%), Pérez Tello (4.3%) y Espá (3.9%). En la capital, la fragmentación es menor, pero debe ser registrada. Los voluminosos resultados de la derecha en los distritos mesocráticos disminuyen notablemente en la periferia limeña.

El 7 de junio, mirados los resultados del 12 de abril, nada está perdido para el voto democrático.

(*) Este análisis fue publicado originalmente con fecha 17 de mayo, 2026, en el diario La República (Perú).

 

Cambio de gabinete: Asumiendo el fracaso y la caída en las encuestas del gobierno de Kast

Por
Marcia Pineda Soto
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19 de mayo de 2026/SANTIAGO El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabeza la ceremonia del Cambio de Gabinete Ministerial, en la que las ministras de Seguridad, Trinidad Steinert, y de la Segegob, Mara Sedini, dejan su cargo. FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

 

La improvisación sigue presente en los movimientos que realiza el gobierno cuando recién se cumplían 69 días de gestión. Cierto es que los rumores abundaban en el palacio de La Moneda y en las oficinas de las derechas respecto a la necesidad de un cambio para detener la caída libre de la desaprobación del Mandatario en todas las encuestas. 

Es que los errores abundaban no sólo en la vocería de la ministra Mara Sedini, cuyos traspiés ya eran memes recurrentes en las redes sociales. Burlas que también predominaban en la gestión de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien nunca pudo superar la imagen que se instaló desde el día uno de su mandato, cuando se conoció su intervención en la salida precipitada de la Jefa de Contrainteligencia de Investigaciones, una funcionaria evaluada con honores en su servicio.

Más restaba que sumaba al gobierno cada intervención de la ministra Steinert en los tres meses de su gestión. Los partidos del oficialismo estaban nerviosos con ella. Y se decía en los pasillos del Congreso que cada vez más les costaba salir en su defensa. Sobre todo, porque José Antonio Kast instaló la seguridad como el eje central de su discurso. Repetía que Chile vivía una crisis de “caos, desorden e inseguridad” y prometía un “gobierno de emergencia” para recuperar el orden. El hecho que la Ministra proviniera de la Fiscalía, le pareció garantía de experiencia en enfrentar el crimen organizado. No fue así.

Se supo que el cambio de ambas ministras se habría precipitado no sólo porque en estos días saldría a la luz un informe de Contraloría, solicitado por el diputado socialista Raúl Leiva respecto a atribuciones de la ministra de Seguridad y este sería negativo para la ahora ex ministra, sino también una interpelación en su contra de la oposición junto al PDG, que querían con ello obligarla a explicar ante el Congreso cuál era el plan concreto del gobierno de José Antonio Kast para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y la crisis de seguridad.

Esa es la tarea que tendrá finalmente el ministro Martín Arrau quien salió del Ministerio de Obras Públicas (MOP), para asumir la cartera de Seguridad Pública.

El Ministro del Interior, Claudio Alvarado suma a su cartera original, la vocería, en tanto que el ministro de Transportes, Louis de Grange, se convirtió en biministro al jurar como titular del Ministerio de Obras Públicas.

Luego de la curiosa presencia de la esposa del Presidente, Pia Adriazola, en el cambio de gabinete, -curiosidad que se suma a su presencia en reuniones políticas de su marido- el Mandatario se despidió con palabras de buena crianza para ambas ex autoridades. 

Mismas palabras con las que recibió a los nuevos biministros que tienen la dura tarea de marcar diferencias con sus antecesoras. No les será fácil. Sobre todo, porque las reacciones en el mundo político fueron drásticas. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic señaló: “Acá hay un gobierno que ha experimentado con perfiles no aptos para el cargo, particularmente en la vocera, que era una vocera muda, que arrancaba, que no comunicaba cuando era su principal obligación”, sostuvo.

Respecto al nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, un ingeniero civil industrial, se ha criticado su inexperiencia en el tema, aunque el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, defendió ese nuevo cargo, destacando “su energía, su entusiasmo y su dedicación”, ´para asumir la tarea encomendada.

El senador socialista Juan Luis Castro afirmó que “estamos frente a un rotundo fracaso”, señalando que “en 68 días asumieron dos ministras que claramente han tropezado con la realidad”. “Acá no había capacidad, no había mensaje, faltó expertise y las encuestas demuestran que el gobierno ha trastabillado”.

El senador DC Iván Flores aseguró que “después de todos los desatinos, las faltas, las ilegalidades cometidas por la ministra Steinert, y lo que viene, la interpelación, el informe de Contraloría, que se sabe que viene malo, y que va a generar un nuevo problema político para el gobierno, era evidente».

“Lo que quieren hacer es evitar el bochorno de tener una ministra interpelada, cuestionada por la propia Contraloría antes de la cuenta pública y se la sacaron de encima”, agregó.

“¿Por qué no lo hicieron antes? Perdimos tres meses, con un equipo que no da el ancho, ni el largo. No solamente el problema era el jefe de gabinete. Era la ministra con la subsecretaria. El equipo del Ministerio de Seguridad es malo”, por lo que Flores planteó realizar un cambio completo al interior de la cartera “por el bien de Chile”.

Xavier Altamirano, director ejecutivo del Instituto Igualdad: “Detrás de la mega reforma hay una visión ideológica que busca reducir el Estado y favorecer a los sectores más ricos”

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Benjamín Poza Solís
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A pocos meses de iniciado el gobierno de José Antonio Kast, el escenario político, social y económico se ha tensionado tras el anuncio de una serie de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la denominada “mega reforma”, proyecto que desde distintos sectores de oposición ha sido calificado como una “reforma tributaria encubierta” debido a sus efectos sobre la recaudación fiscal y el rol del Estado. A ello se suma la controversia generada por la decisión del Gobierno de no aplicar mecanismos de estabilización como el Mepco, medida que, según sus detractores, termina trasladando directamente a las familias el impacto de las alzas en el precio de los combustibles.

En ese contexto, uno de los actores políticos que ha seguido de cerca el debate desde el mundo progresista es Xavier Altamirano, doctor en Ciencia Política, ex subsecretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Gabriel Boric y ex director ejecutivo de Fundación Horizonte Ciudadano entre 2020 y 2023. Actualmente encabeza el Instituto Igualdad, centro de estudios ligado al Partido Socialista, por lo que representa para el socialismo uno de los principales espacios de elaboración técnica y programática.

Desde esa posición, Altamirano ha participado en coordinaciones junto a otros centros de estudios del progresismo, con el propósito de analizar el contenido de las reformas impulsadas por el Ejecutivo y construir conjuntamente propuestas para afrontar el debate legislativo. En conversación con nuestro medio, aborda los alcances económicos y sociales de la agenda gubernamental, cuestiona la reducción de impuestos a grandes empresas, advierte sobre los riesgos de debilitar la capacidad recaudatoria del Estado y reflexiona sobre el avance de discursos negacionistas, el clima político actual y los desafíos que enfrenta la oposición para volver a conectar con la ciudadanía.

-Desde el Instituto Igualdad ¿cómo evalúan la mega reforma impulsada por el gobierno?

Creemos que es una reforma muy negativa para Chile. Desde el Instituto Igualdad hemos estado trabajando coordinadamente con otros centros de estudios del progresismo, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, elaborando análisis técnicos sobre el impacto de esta propuesta. Incluso hace pocos días un grupo de economistas vinculados a distintos sectores de oposición entregó un informe donde se advertía sobre los riesgos económicos y fiscales que implica esta iniciativa.

Nuestra principal preocupación es que la reforma apunta a reducir la carga tributaria de los sectores de mayores ingresos y de las grandes empresas, afectando la capacidad recaudatoria del Estado. Además, se presenta como una medida pro crecimiento, pero la evidencia internacional no demuestra que este tipo de rebajas tributarias generen automáticamente más empleo o mayor inversión. Entonces, lo que tenemos es un daño fiscal bastante concreto y beneficios futuros totalmente inciertos.

-¿Qué impacto concreto podría tener esta disminución de la recaudación fiscal en la vida cotidiana de las personas?

Hay dos dimensiones importantes. La primera tiene relación con el deterioro de servicios y beneficios sociales. Cuando se reduce el tamaño del Estado, inevitablemente se empiezan a recortar programas y políticas públicas. El Gobierno ha intentado instalar la idea de que esos recortes no afectarán a las familias más vulnerables, pero en la práctica ya estamos viendo señales preocupantes, particularmente en salud.

Hoy existen comunas donde las personas esperan muchas horas para recibir atención médica, y si se siguen reduciendo recursos para la atención primaria, esa situación solo empeorará. Entonces, el impacto no es abstracto: afecta directamente la calidad de vida cotidiana de las personas.

La segunda dimensión es más técnica, pero igual de importante. Cuando se deteriora el equilibrio fiscal de un país, aumentan los costos financieros y se encarece el acceso al crédito internacional. Eso termina generando un círculo vicioso que afecta la estabilidad económica y, finalmente, repercute en el costo de la vida de las familias chilenas.

-Desde una mirada socialdemócrata, ¿cómo se puede compatibilizar crecimiento económico y derechos sociales?

La experiencia socialdemócrata, particularmente la europea y escandinava, demuestra que crecimiento y derechos sociales no son incompatibles. Lo importante es mantener responsabilidad fiscal y construir acuerdos amplios y sostenibles en el tiempo. En nuestro sector existe plena conciencia de que el manejo de los recursos públicos debe ser serio y cuidadoso.

Ahora bien, lo que nosotros cuestionamos es la idea de que favorecer tributariamente a los sectores más ricos sea la única fórmula posible para crecer. La evidencia muestra que eso no necesariamente genera desarrollo ni empleo de calidad. Por el contrario, creemos que el crecimiento debe ir acompañado de inversión pública, estabilidad institucional y fortalecimiento de derechos sociales, porque finalmente una sociedad más cohesionada también genera mejores condiciones económicas.

-¿Usted considera que si el gobierno llega a utilizar decretos para que avance la mega reforma sería algo dañino para la democracia en el país? 

Gobernar mediante decretos reduce los espacios de deliberación democrática y debilita la construcción de acuerdos políticos amplios. Cuando un gobierno intenta imponer reformas desde una posición de fuerza, sin diálogo suficiente, lo que termina generando es mayor polarización e inestabilidad.

Además, en Chile existe una memoria histórica respecto a períodos donde se gobernó de esa manera, particularmente durante la dictadura. Por eso creemos que es importante cuidar las formas democráticas y entender que las grandes transformaciones requieren discusión, acuerdos y legitimidad social.

-¿Qué elementos ideológicos identifica detrás de esta reforma?

Hay una visión ideológica muy marcada respecto al rol del Estado. Existe una obsesión por reducir su tamaño y una confianza casi absoluta en que el mercado resolverá por sí solo los problemas sociales y económicos. Sin embargo, cuando uno revisa la experiencia internacional, eso simplemente no se sostiene.

Muchos de los países con mejores indicadores de desarrollo y calidad de vida tienen una fuerte presencia estatal y altos niveles de inversión pública. Incluso en momentos de crisis económicas importantes, como ocurrió en Asia a fines de los noventa, el rol del Estado fue clave para sostener la economía y generar recuperación.

Por eso creemos que esta mirada es bastante añeja y responde más a una lógica ideológica que a la evidencia empírica disponible.

-¿Cree que existe una idealización excesiva del mundo empresarial dentro de esta propuesta?

Sí, claramente. Se instala la idea de que solo el sector privado tiene capacidad de gestión eficiente o de generar crecimiento económico, y eso no es real. El desarrollo de los países modernos normalmente ha sido producto de una combinación entre inversión privada, planificación pública y políticas estatales activas.

Además, muchas veces se intenta instalar que quienes vienen del mundo empresarial necesariamente gestionan mejor el Estado, y la experiencia reciente demuestra que eso tampoco es automático. La gestión pública requiere planificación, capacidad de coordinación y una visión estratégica de largo plazo.

-¿Cómo debería actuar la oposición frente a este debate parlamentario?

La oposición tiene un rol muy claro en democracia: fiscalizar y defender las mejores políticas públicas para el país. Eso implica apoyar las buenas ideas cuando existan, pero también bloquear iniciativas que consideramos dañinas.

Ahora bien, también es cierto que dentro de la oposición existen distintos estilos políticos y generacionales respecto a cómo enfrentar un gobierno que muchas veces actúa de manera bastante confrontacional. Por eso el desafío es combinar firmeza política con capacidad de construir propuestas alternativas y mantener un debate serio ante la ciudadanía.

-¿Qué tan relevante será el rol del Senado en esta discusión?

Va a ser muy importante. Hoy el oficialismo tiene una posición de fuerza en varios espacios del Congreso, pero en el Senado existe un escenario más equilibrado, donde probablemente será posible desarrollar una discusión más profunda respecto a los alcances de esta reforma.

Muchas personas esperan justamente que esa instancia permita corregir aspectos que hoy generan preocupación tanto desde el punto de vista económico como democrático.

-Usted fue subsecretario de Derechos Humanos. ¿Qué tan peligroso es el avance de discursos negacionistas en Chile?

Es muy peligroso porque relativizar violaciones a los derechos humanos termina debilitando la base ética de la democracia. Además, estamos hablando de hechos que no afectan solamente a determinadas familias, sino a toda la sociedad, porque los crímenes de lesa humanidad dañan la dignidad humana en su conjunto.

También vemos que ciertos sectores utilizan la provocación como método político, buscando tensionar el debate público y generar división. Frente a eso, creemos que hay que actuar con responsabilidad democrática y con la convicción de que la memoria histórica sigue siendo fundamental para el país.

-¿Por qué cree que estos discursos han vuelto a aparecer con fuerza?

Porque existe una crisis más amplia respecto a la valoración de la democracia en distintas partes del mundo. Muchas personas, particularmente jóvenes, sienten frustración frente a problemas económicos, inseguridad o falta de oportunidades, y algunos terminan viendo soluciones autoritarias como respuestas válidas.

Eso se ha visto en distintos estudios y encuestas: hay sectores que hoy privilegian orden o seguridad por sobre ciertas libertades democráticas. Por eso creemos que el desafío de las fuerzas democráticas no es solo defender principios, sino también demostrar con resultados concretos que la democracia sigue siendo el mejor sistema para mejorar la vida de las personas.

-¿Qué desafíos tiene hoy la oposición para reconectarse con la ciudadanía?

La primera tarea es hacer una reflexión interna seria y clarificar los proyectos políticos que queremos ofrecerle al país. La ciudadanía necesita saber con claridad qué propone cada sector y cuáles son sus prioridades.

La segunda tarea es transformar esas ideas en propuestas concretas y realizables. Las personas tienen urgencias cotidianas y esperan soluciones reales, no solamente discursos o promesas abstractas.

Y la tercera tarea es construir mayorías amplias, tanto políticas como culturales y sociales. Chile necesita acuerdos estables para avanzar y proteger derechos sociales en el largo plazo.

-¿Cuál cree que es hoy la principal preocupación social que la política no está abordando adecuadamente?

La incertidumbre respecto al futuro. Muchas personas sienten que trabajan constantemente, pero aun así no logran proyectar una vida tranquila, acceder a vivienda, formar una familia o pensar con optimismo en el futuro.

Incluso vemos fenómenos muy preocupantes, como parejas que deciden no tener hijos porque sienten que las condiciones materiales no les permiten proyectar una crianza segura y estable. Esa sensación de inseguridad vital es un tema profundo que la política debe abordar con mucha más seriedad y empatía.

Contra el negacionismo y la banalización del dolor: Reflexión sobre Derechos Humanos y PRAIS

Por
Teresa Velastín
-
Imagen: Picture-alliance/Zuma/L. Vargas (DW)

 

En el último tiempo hemos presenciado una alarmante banalización de los derechos humanos y la memoria histórica. Bajo la excusa de que ciertos símbolos serían «solo una vestimenta», se llega incluso a la apología del dolor, ignorando que el trauma en Chile sigue abierto, sin ser procesado ni superado como corresponde. Han pasado más de cincuenta años y el camino hacia la justicia y la reparación sigue inconcluso: de las más de 3.200 personas asesinadas o desaparecidas por agentes del Estado, aún ignoramos el paradero exacto de más de 1.100 compatriotas. Persisten silencios frente a fosas comunes y sigue ausente un perdón genuino, anclado a un compromiso real de no repetición. 

Naciones fragmentadas por la guerra, como Alemania y Japón, comprendieron que la reconstrucción no se limita a levantar ciudades o reactivar economías; exige también sanar el tejido social. Por ello, asumieron sus responsabilidades, pidieron perdón y establecieron políticas de Estado permanentes en torno a la memoria y la reparación. Entendieron que, cuando un Estado ejerce violencia sistemática contra su propia población, las secuelas atraviesan a generaciones enteras. 

En Chile, por el contrario, persisten sectores que relativizan el dolor y reducen los crímenes de lesa humanidad a meras trincheras ideológicas, olvidando que defender los derechos humanos es, ante todo, defender la dignidad intrínseca de las personas. Es precisamente en este escenario de negacionismo donde cobra vital relevancia el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS). 

El PRAIS no es un privilegio ni una concesión política: es una medida mínima de reparación frente al daño infligido por el propio Estado. Surge porque hubo más de 40.000 víctimas calificadas oficialmente por las comisiones de verdad en nuestro país. Surge porque tuvimos compatriotas torturados, prisioneros políticos, exiliados y ejecutados; porque hubo familias emocionalmente devastadas. Y, sobre todo, surge porque el trauma no se extinguió con el retorno a la democracia, sino que mutó en silencios, enfermedades de salud mental, duelos suspendidos y generaciones marcadas por el miedo. 

Cuestionar la existencia de este programa refleja una profunda ignorancia sobre la naturaleza permanente de las heridas que deja la violencia institucional. Hoy, miles de víctimas sobreviven con estrés postraumático, depresión, ansiedad y daños físicos crónicos derivados de la tortura. Hablar de reparación no es «vivir en el pasado»; es constatar que el daño sigue latente y que el Estado tiene la obligación ética e ineludible de acompañar a las cerca de un millón y medio de personas —entre sobrevivientes directos y familiares afectados en las generaciones siguientes— que componen hoy el programa a nivel nacional. 

Ninguna reparación borra el horror, pero al menos institucionaliza la responsabilidad. Intentar instalar en el debate público que el PRAIS o iniciativas similares son un gasto innecesario o un «privilegio», constituye una nueva forma de violencia: invalida y revictimiza el sufrimiento de miles de personas que aún claman por verdad, justicia y un mínimo de empatía. 

Encasillar los derechos humanos como el patrimonio de un solo sector político es un error histórico; su defensa debe ser un piso democrático transversal. El día en que una sociedad permite la relativización de la tortura, tolera la desaparición forzada o se burla del dolor de las víctimas, esa sociedad comienza a perder su propia humanidad. 

Podrán pasar cien años más, pero mientras no exista un compromiso sincero y efectivo con la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, seguiremos siendo un país de heridas supurantes. Ejercer la memoria no es un acto de odio ni de revancha. Es, sencillamente, la búsqueda de la dignidad, la exigencia de la verdad y la única garantía de que nunca más el Estado chileno vuelva a convertirse en el verdugo de su propio pueblo.

El desorden y los recortes del gobierno llegan a la salud de los chilenos y chilenas

Por
Marcia Pineda Soto
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Mientras el desorden sigue en el gobierno y en los partidos de las derechas, donde ya se está hablando de la necesidad de un cambio de gabinete -como lo dejó entrever la jefa de gabinete de senadores de RN, María José Gatica: “yo siento que hay carteras en donde ya no puede haber errores, no puede haber equivocaciones”- sigue tramitándose en el Parlamento con mucha prisa y sin pausa lo que para el Ejecutivo es “el corazón” del gobierno: el megaproyecto de  ley Quiroz que beneficia a los más ricos del país.

En tiempo récord y prácticamente sin escuchar a la oposición, se aprobó la idea de legislar este proyecto en las distintas comisiones de la Cámara de Diputados, donde operó la supremacía de las derechas, incluyendo al Partido de la Gente y el conocido francotirador René Alinco, diputado independiente por Aysén. El miércoles pasó al pleno de la Cámara con igual suerte.

Ahora, todo va al Senado donde dirigentes de la derecha, como el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, han transmitido públicamente que el oficialismo ya tenía bastante asegurados los votos para avanzar con el megaproyecto de Jorge Quiroz. En el oficialismo se hablaba de que “en el Senado, en teoría ya tienen una mayoría”, según recogen distintos medios de prensa.

Es lo que necesitan imperiosamente para que el Presidente Kast pueda informar en su cuenta pública del 1 de junio, la aprobación de su proyecto como su gran triunfo, además del apoyo que brindará a sus ministros más débiles como las ministras de Seguridad, Ciencia y por cierto, la vocera Mara Sedini, anunciando proyecto relacionados con la seguridad, el narcotráfico y el crimen organizado.

Para la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, la cuenta pública “va a ser un punto de inflexión como oposición, porque hemos sido bastante tolerantes a la inoperancia, a la falta de planes, a la falta de claridad, a desdecirse de muchas cosas”.

“Creo que el primero de junio tenemos que entrar en una fase muy distinta, porque la verdad es que la realidad y las necesidades de la gente así lo exigen. Se dijo que no se iban a bajar recursos para los derechos sociales, se han bajado los ingresos para todos los hospitales, o para gran parte de los hospitales de Chile”, criticó la senadora. Los recortes no solo en Salud, así lo ameritan.

El problema está en que el gobierno está haciendo lo indecible por conseguir votos más allá del PDG de Parisi. Porque necesita garantizar a los grandes empresarios que su reforma será casi ad eternum. Y esa tranquilidad solo se la puede dar un apoyo robusto, transversal, de una buena mayoría en el Parlamento, cosa que hoy no puede mostrar.

Es cuestión de revisar declaraciones del ex ministro Francisco Vidal que ha sostenido públicamente que, si hay una aprobación solo por un par de votos más, este megaproyecto tiene corta vida y obviamente será cambiado en el próximo gobierno. Lo mismo adelantó el alcalde Tomas Vodanovic, quien en una entrevista señaló: “si esta es una reforma que quiere generar estabilidad, incentivo a la inversión, crecimiento económico, tiene que contar con amplio respaldo, si no, va a ser desechada en el próximo gobierno”.

Y cómo van las cosas, con una baja sostenida del Presidente y su gobierno; con problemas económicos serios para el común de la gente; y con malas noticias, como la decisión del Ministerio del Deporte de Chile de cancelar los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026 como parte del ajuste presupuestario exigido por el presidente José Antonio Kast, dejando en la estacada los sueños de cientos de familias, hacen que la desaprobación de Kast aumente semana a semana. La cartera encabezada por la ex atleta Natalia Duco, redujo en un 3% su presupuesto anual, equivalente a $5,7 mil millones. El recorte quedó establecido en un decreto de Hacienda que ya fue tomado de razón por Contraloría. El documento contempla la eliminación total de los recursos destinados a los juegos mencionados La reducción alcanza los $3.586 millones, monto que financiaba íntegramente el evento organizado por el Instituto Nacional del Deporte.

Y suman y siguen las malas nuevas para el país. Por ejemplo, el nombramiento a cargo de Codelco de un conocido empresario sin experiencia en el rubro y por cierto, muy ligado a la derecha, que ha levantado polvareda, dejando un tufillo a privatización en el aire; o la posibilidad más que real que la cárcel de Punta Peuco vuelva a ser muy especial para los mayores asesinos y violadores de derechos humanos del país. Entonces el sueño de las derechas de seguir gobernando después de estos cuatro años, se pone cuesta arriba.

Y más aún, cuando los municipios -de todos los colores políticos- son a estas alturas, las primeras víctimas de la dupla Kast-Quiroz.

Sangra la Salud

Hace algunos días, un grupo de alcaldes llegó hasta La Moneda con un ataúd. Simbolizaba -dijeron- el “desmantelamiento” de la salud pública producto de los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno de José Antonio Kast. En pocas palabras, ese féretro encarnaba “la muerte de la salud pública del país”. Es lo que decía la carta que entregaron en la puerta del palacio para el Presidente Kast.

Las consecuencias de esta protesta pacífica no se hicieron esperar. Los medios de comunicación afines al gobierno (prácticamente todos en manos de la derecha económica, que es la que manda) reaccionaron no sólo burlándose de ellos, sino, además, amplificando la reacción de personeros de gobierno y de sus partidos políticos. Los acusaron de hacer un “uso político” de la salud y exagerar el impacto real de los recortes. Salieron en coro a defender el ajuste presupuestario del Ministro de Hacienda, asegurando que no implicaría el colapso de la Atención Primaria. De hecho, la ministra de Salud, May Chomalí, afirmó que el recorte era menor y que “no afectará las prestaciones esenciales”. A los pocos días, reconoció el error. Parlamentarios y dirigentes de las derechas dijeron que los alcaldes estaban “politizando el dolor” y generando alarma innecesaria en la población.

Pocos días después, muchos de los que rieron con la protesta de los alcaldes, entraron en un silencio mortal. Es que salió a la luz el decreto 333, ingresado a la Contraloría General de la República con la firma del Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, especificando los recortes al ministerio de Salud por 413 mil 193 millones de pesos (casi 470 millones de dólares).

 Allí estaban las reducciones de fondos a los hospitales públicos. Allí estaban también, los ajustes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) por 259.513 millones de pesos (288,2 millones de dólares), equivalente al 1,7% del presupuesto considerado para esta institución, lo que incluye a los servicios de salud regionales y metropolitanos. En otras palabras, la salud de todo el país, será afectada.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue consultado sobre el recorte de 2,5% que se instruyó al Ministerio de Salud, afectando la atención que los hospitales y recintos asistenciales proveen a la población. Respondió que “se han construido numerosos hospitales en Chile, pero cuando tú ves las tasas de ocupación y cómo se ocupan los quirófanos, cómo se ocupan los equipos, hay subocupación comparada con el sector privado”.

“Así que hay espacio para ir ocupando mejor esta infraestructura, haciendo ahorro y también proveyendo más servicio. Queremos proveer más servicio, mejores servicios y estos ahorros son precisamente para eso”.

Se le preguntó cómo busca mejorar los servicios si es que tiene la intención de quitarle financiamiento, y ante esto respondió: “A veces uno con menos recursos hace más”.  Es la lógica fiscal del Ministro de Hacienda.

Entre los 10 hospitales más perjudicados con la decisión del gobierno -no son los únicos- están el Hospital Sótero del Río de la comuna de Puente Alto de la Región Metropolitana con un recorte de $3.182 millones; el Hospital Salvador de Providencia (RM) con $2.757 millones; el Hospital de Los Ángeles (Región del Bío Bío) con $2.706 millones. Con un recorte de $2.696 millones está el Hospital Clínico Guillermo Grant Benavente de Concepción (Región del Bío Bío); el Hospital Higueras de Talcahuano (Región del Bío Bío) con $2.272 millones; seguido por el Hospital de Valdivia (Región de Los Ríos) con $2.232 millones; el Hospital de Chillán (Región de Ñuble) con $2.099 millones; el Hospital de Antofagasta (Región de Antofagasta) con $2.049 millones; Hospital La Serena (Región de Coquimbo) con $1.972 millones; Hospital Puerto Montt (Región de Los Lagos) con $1.970 millones.

No por nada, el senador socialista Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud, subrayó que “el ministro de Hacienda que firmó este decreto, está desangrando al sistema de salud chileno a partir de un recorte impropio en el área más sensible de la vida de las personas”.

Y suma y sigue. Porque poco a poco se irán conociendo los decretos de 17 ministerios sobre los cuales Contraloría ya tomó razón, señalando los recortes correspondientes.  La cifra total del ajuste realizado por Quiroz asciende ni más ni menos que a 1, 28 Billones de pesos (US$1.434 millones de dólares).

Y sólo se han cumplido casi 3 meses  de gobierno.

FENADAJ rechaza proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional en el sector público

Por
Rafael Martínez Lozano
-
Foto: Presidencia (www.gob.cl)

 

La organización que reúne a las y los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial del país advirtió que la iniciativa podría traducirse en recortes presupuestarios, desvinculaciones y debilitamiento de programas esenciales del Estado, afectando directamente a millones de personas y a los sectores más vulnerables del país.

La Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ) manifestó su rechazo al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa impulsada por el Ejecutivo y que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados ante los posibles efectos que este podría ocasionar a la función pública.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales , la organización  que aglutina a las y los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial del país, señaló que, si bien comprende la importancia de promover el crecimiento y el desarrollo económico del país, observa con inquietud la posibilidad de que la iniciativa “contemple recortes presupuestarios en distintos servicios y organismos del Estado”.

Según advirtió la presidenta de la Federación, Victoria Escalante, estas medidas podrían afectar de manera directa a millones de personas que diariamente dependen del apoyo y la protección que brindan las instituciones públicas, especialmente en áreas sensibles como el acceso a la justicia, la asistencia social y la protección de derechos.

“Las y los trabajadores del sector público cumplimos un rol fundamental en la garantía de derechos y en el acompañamiento de las personas más vulnerables. Por ello, cualquier proceso de modernización del Estado debe resguardar la estabilidad laboral, la continuidad de los programas esenciales y la calidad de los servicios”, señaló la dirigenta.

Desde FENADAJ también cuestionaron la forma en que se ha desarrollado la tramitación del proyecto, destacando que diversos gremios y actores sociales “han denunciado la falta de diálogo y participación efectiva de quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del Estado”.

En ese sentido recalcaron que la institucionalidad pública no puede ser abordada únicamente desde una lógica de eficiencia administrativa o reducción de costos, ya que ello podría debilitar programas fundamentales y perjudicar a los sectores que más requieren apoyo del Estado.

Recordar que la polémica  propuesta de del Ejecutivo en materia económica ya fue revisado por las comisiones técnicas, incluyendo la Comisión de Hacienda, que aprobó la mayor parte de su articulado, por lo que durante los próximos días debe ser votado en la Sala de la Cámara y si es aprobado en general y en particular, pasará a su segundo trámite constitucional en el Senado.

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