Economista, Instituto Igualdad
La salud de la población no puede depender de si la entidad privada que entrega un servicio está en un aceptable estado financiero para cumplir con su función. No porque tenga pérdidas o esté quebrada se debe congelar la atención en salud de la población que accedió a atenderse en un sistema privado al que ha pagado durante largos períodos, incluso mucho más del valor de las prestaciones entregadas. La incerteza y desconfianza que genera un sistema como las Isapre, está robustecido en la constitución de la elite que se plebiscitará.
Un inescrupuloso manejo financiero que suba las tarifas sin consulta al beneficiario y que le permita a una Isapre lucrar ocasionando un mayor costo al cliente, sin ofrecer un mejor servicio es un delito y de eso la Corte Suprema del país se pronunció exigiendo la devolución de los aumentos de las tarifas que fueron cobradas en exceso por las Isapre por más de 1.400 millones de dólares. Con todo, la judicialización del pago de esta deuda ha llevado a la reducción del monto a devolver a los beneficiarios a sólo 1.000 millones de dólares, cifra menor a lo establecido por el más alto tribunal. Un sistema de Salud no puede depender de si opera la justicia para asegurar la atención en salud.
Pareciera que la élite quiere el negocio de la salud para lucrar con los que más dinero tienen y dejarle al Estado aquella población que no dispone de los ingresos y se haga cargo de garantizar las prestaciones y la demanda de todos los servicios de salud con la más amplia cobertura y de buena calidad. Aquí se muestra con claridad la trampa que esconde la constitución de la élite. Por sobre todos los derechos está la libertad de elegir. La pregunta es, quiénes pueden elegir tener un mejor sistema de salud. La respuesta es simple y clara, solo quienes pueden pagarlo. El mercado está por sobre los derechos de la gente, es la inequívoca conclusión.
Las AFP han sido el mejor aporte al mercado de capitales en Chile y el peor sistema de pensiones que ha tenido el país. Es decir, por sobre pensiones dignas y seguras, se privilegió la entrega de miles de millones de pesos mensuales al mercado de capitales desde el mundo laboral cautivo y con ello la amarga realidad de no saber si la pensión que se recibirá podrá ser suficiente para cubrir los gastos de la tercera y cuarta edad. De hecho, los fondos de las AFP representan un 56,7% del PIB, y suman unos 171.000 millones de dólares.
Para salvar en parte el fracaso de las AFP, gobiernos de centroizquierda crearon y reforzaron el Pilar Solidario, con fondos estatales, para suplir las menguadas pensiones otorgadas por el sistema de AFP. De ahí, la premura de la élite en el gobierno de Piñera para ponerle el nombre de PGU a este subsidio del Estado, financiado con los impuestos de todos. Otra manera de usar al Estado cuando no es negocio para la élite económica el hacerse cargo de un servicio tan sensible y riesgoso.
Las pérdidas y las utilidades
Según el informe de la Superintendencia de AFP, del mes de septiembre de 2023, se lee, que los fondos D y E, durante este año han acumulado pérdidas hasta el mes de septiembre, de -6,44% y de -7,95% respectivamente, es decir, pérdidas en los fondos que se consideran los más seguros y con menos riesgo puesto que son los fondos que financiarán las pensiones de los que están por jubilar y de los que ya están pensionados. Al mismo tiempo, en igual período, las AFP han tenido utilidades de un 11,4% lo que suma unos 389 millones de dólares, mientras, los afiliados de las AFP más necesitados de conservar el valor de sus fondos para lograr una mejor pensión sufren pérdidas irrecuperables y los que están pensionados muchos tendrán que depender de la PGU por la pérdida de valor de sus fondos en la AFP que pueden llegar a valer cero.
Al igual que las Isapre, las AFP quedan eternizadas como sistema en la constitución a plebiscitar. En efecto, para los que ganan menos, los que sufren las consecuencias de largas cesantías sin poder incrementar sus ahorros previsionales, deberán recurrir al sistema estatal de pensiones para sobrevivir en un país al que la élite quiere imponerle la libertad de elegir por sobre un estado social democrático y social de derecho que garantiza igual acceso a salud, educación, pensiones, sin la obligación de disponer de los recursos suficientes para lograr una mejor calidad de vida.
Pero, la élite anti estado y promercado, en la constitución que quiere vender a los ciudadanos de este país, limita severamente al Estado en la obtención de los recursos al exigir sólo Responsabilidad Fiscal en las finanzas públicas sin proponer un sistema tributario, progresivo y justo, que asegure los recursos que necesita el Estado sin endeudarse para atender con eficacia y oportunamente las demandas que no serán cubiertas por el mercado. En respuesta, dice Kast, vocero que dictó textos claves a sus consejeros y a la derecha la constitución a plebiscitar, que “más allá de que las personas estén cansadas con todos los procesos constitucionales, las discusiones políticas, los acuerdos, están preocupadas de la delincuencia y del trabajo, de la pega”. Luego, afirmó: “Esta es la Constitución de la seguridad, yo la denominaría así, y también la Constitución que va a dar pega”. Es la conclusión simplista y populista de quién representa a la élite económica y política.
La élite, quiere volver a la versión original de la Constitución del 80 escrita por Jaime Guzmán y hacerla aún más rígida, mercantilista y excluyente. Hoy está en juego no la versión original de esa Constitución, sino la actual que contiene decenas de mejoras que lograron introducirle los gobiernos de centroizquierda. Ciertamente, una simple comparación permite decir que la propuesta republicana de la constitución de Kast no sólo es peor que la original de Guzmán, lo más grave es que sepulta todo lo logrado por los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura en materias de derechos sociales, medio ambiente, pueblos originarios, gobernanza y sistema político.
La filosofía aplicada por la ultraderecha en esta nueva Carta Magna ha sido, como siempre, llevar su contenido a satisfacer preferentemente los intereses de la élite y dejarlos eternizados con altísimos quorum para evitar modificar los textos que privilegian sus intereses. Por décadas tuvo que luchar el pueblo para intentar democratizar la actual Constitución, mucho más costará hacerlo con la constitución de los republicanos y la derecha pinochetista.
