Guillermo Williamson Castro, Doctor en Educación y Académico Universidad de La Frontera.
Frente a cada problema de la educación no se pueden ir estableciendo soluciones reactivas, conocidas como soluciones “parche”. Hoy el gobierno y sus políticas educativas deben ir construyendo nuevas estructuras educacionales, sistémicas, que se fundamenten en el cambio de paradigma que ha propuesto el Ministro de Educación del Presidente Boric.
En el Gobierno de Sebastián Piñera, el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, propuso un proyecto de Ley sobre la creación de una Modalidad de Reingreso para estudiantes que abandonaban o desertaban del sistema escolar (para otros, como nosotros, no desertan: tienen trayectorias escolares interrumpidas porque son expulsados, enfrentan situaciones complejas de vida, abandonan pues no se ajustan al sistema). Era una solución “parche” pues consideraba una alta subvención por estudiante a una proporción minúscula de niños, niñas y jóvenes del país, en general de Santiago (con un par de excepciones) que podían ser atendidos por instituciones privadas o algunos centros de educación de personas jóvenes y adultas. La comunidad de universidades, profesores/as, redes pedagógicas de educación de personas jóvenes y adultas se opusieron radicalmente a ese proyecto de ley y lo enfrentaron en el Parlamento y su Comisión de Educación y lograron detenerlo. ¿La razón? No se quieren soluciones “parche” sino que se financie adecuadamente la modalidad institucional que se ha dado el estado para resolver los problemas de quienes, teniendo sobre 15 años, son expulsados, no tienen acceso o abandonan el sistema escolar: la modalidad de educación de personas jóvenes y adultas (EPJA). Una modalidad que en un siglo de desarrollo ha respondido con paciencia, inclusión, diversidad, afecto, calidad de aprendizajes significativos y contextualizado a los pobres del campo y la ciudad, a los niños, niñas y jóvenes excluidos del derecho a la educación o con trayectorias formativas interrumpidas, a los marginados sociales de cada época, a la diversidad sexual, los jóvenes en conflicto con la justicia, las mujeres cuidadoras, jefas de hogar o guerreras en la lucha por sus hijos e hijas y por sí mismas. Hoy reconocer eso, para nosotros y debe ser para nuestro gobierno, significa:
1. Visibilizar y valorar la EPJA de manera efectiva, pública y evidente.
2. Aumentar sustancialmente la subvención de modo universal para la modalidad.
3. Generar para esos nuevos recursos programas de apoyo, cooperación y desarrollo que los centros educativos puedan contratar con el estado, universidades públicas o sector privado sin fines de lucro.
4. Asegurar oferta educacional en todos los municipios del país con flexibilidad de organización territorial, especialmente en municipios rurales y sectores urbanos de especial cuidado y protección.
5. Generar procesos permanentes y flexibles de desarrollo profesional docente adecuados a las condiciones, tiempos y espacios de trabajo de los/as profesores y asistentes de la educación.
6. Reconstruir las nociones de centros educativos: de escolarizados a comunitarios y culturales de los territorios.
El Sr. Ministro recientemente exponía en la televisión que había tenido una reunión con más de 50 organizaciones privadas, sin fines de lucro, de la sociedad civil, para enfrentar la cuestión del abandono y deserción escolar. Señaló que de los 50.000 estudiantes que habrían abandonado el sistema en el último año, el 25 % se trasladó a modalidades de “home school” o formas de autoaprendizaje, realizando exámenes libres (que nunca fueron pensados ni para niños/as ni para jóvenes, sino excepcionalmente -como atletas de alto rendimiento, por ejemplo- sino para trabajadores imposibilitados de asistir en forma regular a aulas). Eso fue efecto de la pandemia. Otro 16% eran migrantes que se trasladan dentro del territorio nacional y finalmente hay un grupo de educación técnico-profesional. Hay un problema, sin duda alguna, pero estos casos y los no señalados no requieren de soluciones de pequeño alcance, de gastar enormes recursos en estrategias educativas de reingreso para pocos estudiantes, de concentrar recursos en la zona central del país, por mucho que viva mucha gente ahí. Hay que actuar en la institucionalidad y apoyar las modalidades históricas en que los trabajadores, los excluidos, los marginados, los que no quieren escolarizarse de modo clásico, sean incluidos, sean acogidos por sus maestros/as, aprendan con calidad adecuada a sus memorias, contextos y textos y aporten desde sus intereses al desarrollo económico, social, político y cultural de Chile, sus barrios, comunidades, familias.
Creemos que hay que desarrollar la EPJA con fuerza decisiva, voluntad política del gobierno y MINEDUC y con un sustancial aumento de subvención en el presupuesto del 2023. Con esos recursos cada CEIA, en cada comuna donde exista, podrá contratar la cooperación que necesite cuando tenga su sede y base en la región en que trabaja. Nos parece que el mundo universitario público regional debe estar a la vanguardia de ese proceso, pero puede haber otras instancias que respondan a los intereses de los centros que contratan servicios junto al estado.
Hoy la EPJA atiende 51.000 jóvenes de 15-18 años (36% de la matrícula total de EPJA) y de 19 a 22 años hay otros 35.194 (61,8% de la matrícula total de EPJA) (MINEDUC, 2018 Red EPJA). La Subvención EPJA total por estudiante es de $ 66.696 (Subvención base) + Incremento por zona + otras subvenciones. La propuesta de la modalidad de Reingreso propuesta por el exministro Figueroa y que algunos/as hoy quieren revivir contra los intereses mayoritarios de sostenedores, directores, profesores, académicos, refiere a una Subvención total por estudiante de $ 132.862 (Subvención base) + $ 27.853 (Vulnerabilidad) + Incremento por zona + otras subvenciones (Red EPJA, Instragram, 2022). Es una discriminación absurda e injusta con la modalidad de educación que hoy y hace un siglo defiende y permite el derecho a la educación de miles de habitantes a lo largo y ancho del territorio nacional, donde el estado ha decidido que esté hasta hoy.
Por lo tanto, continuamos oponiéndonos a la propuesta de ley que quedó congelada el año 2021, a indicaciones parlamentarias que la repongan en el debate, a que se considere una modalidad educacional discriminadora, excluyente y que menoscaba a miles de directivos, docentes y asistentes que esperan hace décadas que mejore la subvención, que se flexibilice en términos de sus criterios de asignación y se les entregue todos los subsidios, subvenciones, programas a que tienen derecho por ser una de las tres modalidades que determina la Ley General de Educación.
Los/as educadores/as, directivos/as, jóvenes, adultos/as no quieren más soluciones “parche”: hoy quieren buen financiamiento, justo, equitativo, suficiente, para que el gran servicio educativo y social que prestan en condiciones de precariedad financiera, pueda expandirse y potenciarse mucho más, hasta asegurar el que los/as excluidos/as puedan retomar trayectorias formativas interrumpidas, en diversas estrategias, en cualquier momento de sus vidas, con apoyos técnicos diferentes, con flexibilidad pedagógica, con educadores formados de modo pertinente, libertad curricular y una gestión participativa en las decisiones pedagógicas, financieras y curriculares.
