Periodista.
El panorama político actual es desolador. El gobierno del presidente José Antonio Kast atraviesa una crisis que ya no se limita al escándalo por las rebajas de condenas a delincuentes sexuales. Se suma un paro del transporte cuyo resultado dejó maltrecho al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Aunque el gobierno logró -por ahora- desactivar una crisis mayúscula en las carreteras del país con su solución al poderoso gremio de sus socios, los camioneros, abrió una puerta a la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué el Gobierno encuentra recursos para responder a los camioneros, mientras otros sectores deben aceptar recortes y restricciones presupuestarias?
Las diversas crisis desatadas en el país y que complican al gobierno de Kast han puesto de manifiesto problemas de coordinación política, cuestionamientos al gabinete y una disputa sobre quién debe conducir políticamente al oficialismo. Más bien, no se ve con claridad quién lleva el timón de esta administración. Complicaciones que se dan justo cuando el Mandatario se apresta a viajar a Asia.
¿Cuál es el escenario que deja el presidente Kast? Sumando y restando se puede mencionar, entre otras situaciones, a ministros desatados en sus opiniones contradictorias entre ellos. Baste ver el “chat de ministros” que comparte el gabinete del presidente y que filtró canal 13 tv, donde quedan en evidencia las claras diferencias que existen sobre cómo enfrentar situaciones políticas complejas. Un caso: el ministro de Seguridad, ante la cercanía del aniversario del estallido social, les recomendó prudencia y silencio a sus colegas. Le respondió entre otros, el ministro de Defensa, Fernando Barros, destacado abogado tributarista, que defendió al dictador Pinochet: “Perdón, pero no cabe el silencio, sí el recordar un día negro que trajo consigo sufrimiento y pobreza a todo Chile y en especial a los que usan el Metro”.
Se agrega a parlamentarios abriendo la puerta a la estrategia de la crueldad, sumando un punto más al desprestigio del Parlamento. Lo evidencia el discurso odioso de una diputada republicana, Javiera Rodríguez, cuya única “iniciativa” que se le conoce, ha sido disfrazarse de carabinera al ingresar como diputada al Parlamento. No solo se burló de las víctimas de violaciones a los derechos humanos: catalogó a la oposición como empresa “del dolor” ajeno.
Canibalismo en las derechas
El desorden desató el canibalismo en los partidos oficialistas. Ya no esconden sus desavenencias. Solo un ejemplo: la senadora libertaria Vanessa Kaiser atacó duramente a los que se supone son sus socios políticos. Les dijo a Chile Vamos que tenían una actitud de “genuflexión”, que “están mandando el mensaje” de que el problema del gobierno es la arquitectura del poder. “¿Qué es lo que significa eso? ‘Dennos más espacio a nosotros porque nosotros vamos a gobernar mejor”.
Y apunto a Evópoli, el partido más pequeño de Chile Vamos. ”Evópoli no representa a nadie, debiera estar extinto. Cuando los medios citan a mi estimado colega Luciano Cruz-Coke (el presidente de esa colectividad), están citando una persona que representa a un partido que no representa a nadie, que legalmente debiera estar disuelto”. Y envalentonada siguió con sus ataques. Esta vez contra Evelyn Matthei; “La señora Matthei sale quinta (…). Tienes que estar realmente mal para salir detrás de alguien que lleva cuatro años en la arena política y que todo el mundo le pega. ¡Son unos fracasados! Y esta era la oportunidad que tenía Chile Vamos de apoyar a republicanos y mostrar un solo éxito en su vida».
El paro de camioneros
La situación caótica en que está el gobierno se refleja, además, en que gremios tradicionalmente ligados a la derecha -como los camioneros- le realizan un paro que ha afectado las principales arterias en todo el país. Se trata fundamentalmente de Pymes que no están adheridas a las grandes confederaciones de dueños de camiones que desde el “bencinazo” trabajan con el gobierno. Se trata de las dos organizaciones tradicionales del transporte, encabezadas por Sergio Pérez y Juan Araya, vinculados a la derecha y que privilegian las negociaciones con La Moneda y, por tanto, según los movilizados Pymes, no los representan.
Esta vez surgieron nuevos liderazgos en ese sector. Son las pymes Fuerza del Norte y Confederación Centro-Sur las que lideran las movilizaciones que comenzaron la madrugada del martes. Día a día se han sumado nuevas organizaciones regionales al movimiento que puso nervioso al gobierno. Luego que la reunión del martes en el Ministerio de Transportes terminara sin acuerdo, porque los dirigentes rechazaron levantar las medidas de presión, el Gobierno no descartó recurrir a la Ley de Seguridad del Estado ante bloqueos de carreteras. Una amenaza que no hizo mella en este sector, acostumbrado a ganar, dada su posición estratégica en el país. Y con experiencia desde hace más de 50 años en arrinconar gobiernos.
Los transportistas movilizados esta vez exigían medidas para reducir el precio del diésel, cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), la eliminación del impuesto específico y una revisión de los cobros de TAG y peajes. Consideraron insuficiente y calificaron de “burla” el proyecto anunciado por el presidente Kast para limitar las alzas a $20 por litro durante 90 días, porque ellos han sufrido el alza de 700 pesos por litro desde marzo.
Se trata de una situación explosiva que el Mandatario debía dejar desactivada antes de viajar al continente asiático. Las redes sociales se han repletado de opiniones de estos pequeños empresarios cuyos negocios están ahogados por una mala decisión económica respecto al precio del Diesel provocado por el llamado “bencinazo”. Quedó claro que el gobierno tenía tranquilos solo a los grandes empresarios camioneros detrás de Pérez y Araya. De hecho, el primero de ellos se acercó a uno de los puntos donde estaban camioneros movilizados y fue expulsado por los dirigentes del movimiento.
El presidente de la Confederación de Transportistas Fuerza Norte, Cristián Sandoval, uno de los que fue recibido en la Moneda, fue duro en sus cuestionamientos iniciales. “El gobierno no ha hecho todo lo posible. Nosotros acabamos de mostrar el documento que vinimos a dejar a la Oficina de Partes y dice claramente que el gobierno no ha hecho el esfuerzo que corresponde, porque aquí estamos hablando de todos los ciudadanos, de todos los transportistas. Entonces queremos que el ministro Quiroz deje de jugar con el sentimiento y con el bolsillo de todos los chilenos”, emplazando a la autoridad de Hacienda para que se incorpore a las negociaciones. Lo lograron. Y, según ellos, también lograron lo que pedían.
Consiguieron una rebaja de $142 por litro de diésel, la reversión de las últimas alzas y la extensión del congelamiento de precios hasta el 31 de marzo de 2027. Además, obtuvieron compromisos tributarios y nuevas instancias de negociación, demostrando así que una movilización de tres días puede conseguir modificaciones importantes en la política económica del Gobierno.
El rostro adusto que probablemente ocultaba el enojo profundo de un ministro de Hacienda cuyo discurso se ha centrado en mantener la disciplina fiscal como fórmula inapelable para resolver todos los problemas económicos del país, contrastaba con el del ministro del Interior, Claudio Alvarado, el principal ganador individual en esta crisis. Consiguió destrabar una negociación que estuvo a punto de fracasar y recibió reconocimiento público de los dirigentes camioneros. Ello fortalece su posición dentro del gabinete y lo presenta como una figura capaz de resolver conflictos políticos y sociales, cosa que estaba en cuestión en los últimos días. Lo más importante para él, es que consiguió despejarle el camino al presidente Kast para que viajara al continente asiático sin mayores problemas.
El acuerdo compromete aproximadamente US$500 millones entre 2026 y 2027 y el gobierno terminó ofreciendo nuevas concesiones después de que los camioneros rechazaran las propuestas iniciales. ¿Lo peor para Quiroz? tuvo que incorporarse a las negociaciones por instrucción presidencial, después de que los dirigentes exigieran su presencia. Y la pregunta que ronda en sectores políticos y sociales es si el Gobierno encuentra US$500 millones para responder a los camioneros, ¿cómo justificará ante otros sectores las restricciones presupuestarias que atribuye a la falta de recursos?
