Periodista.
“Tenemos que agrandar nuestros corazones con generosidad, agrandar nuestras manos y meterlas al bolsillo y que duela”. Nada más ni nada menos. ¡“Y que duela”! Eso lo dijo Alfonso Swett, tras una reunión extraordinaria de los representantes de las principales ramas empresariales en la sede de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), donde era su presidente hasta antes que Ricardo Mewes asumiera en el 2022.
Eran otros tiempos. Aquellos en que el miedo se había apoderado de empresarios y políticos de las derechas, pero también del centro e incluso de alguna izquierda. Es que el estallido social de octubre del 2019 fue de tal magnitud, fue tan inesperado para todos, tan increíblemente violento en una parte y masivo en otra, con más de un millón y medio de almas en la calle, que durante varios días nadie podía prever en qué terminaría. De ahí el miedo que se respiraba en el ambiente empresarial, en La Moneda, el Parlamento y en las sedes partidarias.
Hasta que llegó la política para -dicen- encausar el descontento, prometiendo el oro y el moro. Ni lo uno ni lo otro se ha cumplido. Y lo que es peor, claramente hay un retroceso cultural, social y económico amparado en los resultados que el pueblo soberano entregó a las derechas en las últimas elecciones de convencionales.
Un NO rotundo a la reforma tributaria
Eso de meter las manos al bolsillo “y que duela” de los empresarios, ya se olvidó por completo. Por lo que se sabe, el gremio empresarial cerró todas sus puertas si es que el gobierno sigue con el aumento de impuestos a los más ricos del país. Y lo que dicen los grandes empresarios es ley para las derechas.
Lo señalaron los economistas Luis Eduardo Escobar y Eugenio Rivera: “la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se retracta en temas que había aceptado en el curso del debate anterior al rechazo. Los órganos de la derecha, partidos y asociaciones empresariales no parecen estar disponibles para la deliberación pública y para enfrentar los graves problemas que dejó en evidencia el 18-O. La actual estructura tributaria les acomoda porque es regresiva, facilita le elusión y la evasión, y es insuficiente para que el sector público pueda resolver los problemas sociales, manteniendo la cruel división en que el sector privado atiende a los que pueden pagar, muchos con grandes esfuerzos, y el sector público no cuenta con los recursos para proteger a las grandes mayorías”.
Solo a fines de febrero de este año, el titular de la multigremial, Ricardo Mewes, planteó que existía la posibilidad de aumentar el impuesto a las empresas, a cambio de no avanzar en la discusión del tributo a la riqueza en el marco de la reforma tributaria. Todavía quedaba algo de lo que había dicho su antecesor Alfonso Swett quien no sólo había proclamado que los empresarios debían meterse las manos al bolsillo sino que había insistido en el compromiso que debe haber desde el gran empresariado para contribuir a reducir la inequidad y el descontento social.
Pasaron algunos meses y las buenas intenciones productos de miedos ya olvidados, se abandonaron completamente. En junio, el supuesto compromiso empresarial para reducir la desigualdad desapareció de las conversaciones. Después que la reforma tributaria fue rechazada en la Cámara de Diputados, en marzo de este año, iniciativa que presentaba modificaciones al Código Tributario, Impuesto a la Renta y creaba un nuevo impuesto a la riqueza, entre otras normas, contrariamente a lo que mostraba el gobierno, el gran empresariado se sintió fortalecido por los resultados electorales que le dieron un triunfo inédito a la ultraderecha y decidió cerrar la puerta a cualquier negociación que significara perder sus privilegios.
Ni incrementos tributarios ni nuevos impuestos
La reforma presentada por el Ejecutivo consideraba enmiendas al Código Tributario y reestructuraba el impuesto a la renta, además de avanzar en limitar exenciones y combatir la elusión y evasión fiscal. También incorporaba un nuevo impuesto a la riqueza y entregaba recursos fiscales para dar nuevos beneficios a la clase media.
A eso la derecha dice ¡NO!, con todas sus letras. Y es evidente –hasta ahora- que van a votar en contra de la nueva propuesta de reforma que presentará el Ejecutivo. Incomprensiblemente una mayoría silenciosa, que es la beneficiada con los programas que deben financiarse –salud, pensiones, educación-, sigue creyendo los argumentos tendenciosos de las derechas, incluidos Demócratas y Amarillos. Parecieran no saber que están apoyando AL ¡1 POR CIENTO! aproximadamente, de quienes deberían pagar mayores impuestos. Solo el 1 por ciento es el que supuestamente se vería afectado por pagar esos impuestos que, o ha evadido o ha practicado la elusión entre otras maniobritas para evitar pagos. Y otros que debieran pagar una parte de ese impuesto son quienes ganan más de 4 millones y medio de pesos. Pocos en el Chile actual. Y sería. Todo lo que se dice alrededor de esto para evitar el pago de impuestos, es música,
Son los mismos que se niegan a realizar una reforma tributaria que iría en beneficio no del gobierno sino de los ancianos que tienen una pensión miserable; de los niños que merecen una mejor educación; de hombres y mujeres que hace años esperan una intervención quirúrgica y de tantas otras situaciones que sólo se arreglan con mayores recursos.
Y eso es lo que para su desgracia, el gobierno no ha sido capaz de comunicar, una y otra vez. En un lenguaje simple, que entienda todo el mundo. Pero que finalmente se haga carne en cada uno para exigir sus derechos y sus representantes voten por lo que es beneficioso para ellos y no para el 1 por ciento, los ricos de este país.
Derrota para Chile
Cuando en marzo fue rechazado el proyecto de reforma presentado por el gobierno, faltó poco menos que las derechas y uno que otro espécimen que se declara progresista brindaran con champagne. Era una derrota para el gobierno. Así lo sentían y sonreían victoriosos por los pasillos del Congreso porteño. Poco les importaba que el objetivo del gobierno era que aumentara la recaudación de impuestos a las mayores fortunas del país, financiar las reformas como la salud, las pensiones, la educación. Lo importante fue derrotar al gobierno. Ese es su leit motiv hasta hoy.
El ministro Marcel, quien estuvo a cargo de las negociaciones en el Congreso, aseguró que el rechazo a la reforma tributaria era una “derrota para los chilenos” y que los únicos que celebraban con esto eran “quienes evaden impuestos y quienes asesoran a los contribuyentes para evadir impuestos, porque van a tener al menos un año más para poder seguir usando los mismos mecanismos de elusión tributaria”.
Se mostró flexible, al igual que el Presidente Boric, para que el proyecto que pretende modificar el Código Tributario y realizar cambios estructurales al impuesto a la renta “debe tener cambios importantes, pero esos deben venir de un diálogo en el cual cada uno plantee sus prioridades de gastos, qué le gusta y qué no. Pero, para eso, hay que sentarse a conversar y tener esa disposición
Recordó que lo que el Presidente planteó en su Cuenta Pública fue “preguntémonos primero ¿qué es lo que es necesario financiar, qué costos tiene, y cuánto de eso podemos financiar con la reforma tributaria?’. Y eso creo que es un camino más equilibrado, más inclusivo, y que se conecta más con las necesidades de la gente”.
El Secretario de Estado a estas alturas conversó con todos los que tenía que conversar. Pero el NO sigue en la mesa. Allí está el diputado y jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez quien saltó de inmediato en defensa de los empresarios. Planteó que «es requisito sine qua non para que haya un acuerdo, que no se aumente el impuesto a las empresas, subirlos sería radicalizar la propuesta aún más. Entonces, si el primer proyecto no fue viable, un nuevo proyecto con un aumento al impuesto a las empresas es menos viable aún».
Todo en línea con La Confederación de la Producción y el Comercio que se mostró contraria a la posibilidad de aumentar los impuestos como se busca en el pacto fiscal que impulsa el Gobierno, ya que de esa forma afirman que se afecta a la inversión y la recuperación de la economía.
“Recaudar por la vía de alzas tributarias o nuevos impuestos no es el camino adecuado, pues ello impide que Chile recupere su capacidad de crecer, de crear mejores condiciones para la inversión y de generar empleos formales y de calidad, elementos esenciales para satisfacer de manera sostenible las demandas de la sociedad”, sostuvo la entidad empresarial.
Es el mismo discurso que repiten todos en las derechas económicas y políticas. Reconocen que “si bien es evidente que no nos corresponde negociar ni aprobar proyectos de ley -tareas que radican exclusivamente en los poderes Ejecutivo y Legislativo-, sí es nuestro deber, como representantes de miles de empresas de diferentes rubros, tamaños y regiones, dar nuestra opinión y promover políticas eficaces para el desarrollo de Chile”. Y para eso tienen a su gente en el Parlamento.
¿Las Pymes también?
En opinión del Presidente de CONUPIA, Roberto Rojas, opinión que comparte Roberto Fantuzzi de ASEXMA, una de las formas para poder recaudar más recursos “es a través de los impuestos, no hay otra”. “Nos parece insólito que el gran empresariado partió con la idea de ser propositivos y poder llegar a acuerdos y desde hace unos días a la fecha, se da la vuelta de carnero y definitivamente desecha la posibilidad de seguir conversando y dice que no hay ninguna posibilidad cuando se plantea la necesidad, de recabar más a través de impuestos”.
El presidente de la CONUPIA señaló que el pacto fiscal que propone el Gobierno es necesario para hacer los esfuerzos y “avanzar en medidas que permitan solventar alguna necesidad que tiene el país y que tienen carácter social, poder avanzar en proyectos que van en función de la educación, de la salud y particularmente en algunos temas de carácter previsional y en el tema de las pensiones y jubilaciones”.
Agregó que “nosotros como gremios de pequeñas industrias y que representamos más del 98,5 por ciento de las empresas de este país, estamos dispuestos a hacer un esfuerzo que nos permita ir en función de resolver estos problemas, en medio de la crisis mundial y la pandemia”. Dijo que tiene que ser justo en el sentido de progresividad. Es decir, precisó, “los que se comen la pechuga tienen que pagar más que los que se comen las alitas del pollo. O sea, en términos concretos, los que más ganan deben pagar más y los que ganan menos, pagar menos, que es la esencia de un sistema progresivo. Esa es nuestra opinión en general y creemos que hay que hacer todo el esfuerzo para seguir impulsando porque esta es una necesidad país y no hay ningún sector que se pueda restar a eso”.
En este debate, no todas las pequeñas empresas tienen la misma posición. De hecho, algunas apoyaron la decisión de la CPC y la SOFOFA de restarse al pacto fiscal. En esta línea está, por ejemplo, la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), es decir, los dueños de camiones, que a través de su presidente, Sergio Pérez, expresó su negativa a avanzar en un acuerdo amplio de distintos sectores sociales y políticos. “Como CNTC creemos que es el momento de resguardar a las empresas y particularmente a las pymes, concentrándose en recuperar los empleos y fomentar la inversión para volver a hacer crecer la economía”, dijo Pérez. Lo mismo opinó el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (ACHIGA), Máximo Picallo, quien hizo hincapié en que es necesario que “la economía vuelva a crecer y se generen empleo formales”.
Pero, a lo que está dispuesta la derecha y su empresariado es lo que dijo el senador e integrante de la comisión de Hacienda, José García (RN), «Entiendo que hay voluntad de concurrir a un acuerdo por pacto fiscal, sin que ello signifique aumento de impuestos». Y aunque reconoció que «es más difícil», opinó que «se puede hacer con mejor gasto público, ahorros, aprovechar mejor la capacidad de las empresas públicas, determinar con mayor rigor ingresos permanentes por litio.
“Es decir, hay alternativas, no necesariamente aumentar tasas impositivas”. Eso es cuidar el bolsillo del 1 por ciento de los chilenos.
