Periodista.
Faltó poco para que a menos de un mes desde el plebiscito –donde ganó holgadamente la opción de la centroizquierda- se desatara una tormenta perfecta que golpeara una vez más al gobierno. Entre “errores no forzados” y las campañas virulentas de una derecha que fragmentada y todo, se pone de acuerdo y muy de acuerdo, cuando de pegarle al gobierno se trata, surgieron flancos que son de difícil solución. Pero no imposibles.
Por nombrar solo algunos: la cantidad de hombres, mujeres y hasta niños, muertos en balaceras de delincuentes, en su mayoría por ajustes de cuentas.En su mayoría extranjeros cuyas motivaciones pueden ser o por narcotráfico, o por dominio de territorios. Da la impresión que las bandas se matan entre sí.
Se suma el encono hacia el Ministro de la Vivienda, acusado constitucionalmente y de manera desprolija –por decir lo menos-, por un grupo parlamentario cuya inexperiencia e ignorancia quedó al desnudo cuando el pasado jueves se votó la llamada “cuestión previa” desechando la acusación. En el caso de las acusaciones constitucionales, si la corporación acoge la cuestión previa, “la acusación se tendrá por no interpuesta”, dice la norma. Sin embargo, “si la desechare, no podrá renovarse la discusión sobre la improcedencia de la acusación y nadie podrá insistir en ella”.
Tal vez esa sea la razón principal de la ira del parlamentario de la UDI, Cristian Labbé Martínez, conocido por habituales insultos a quien sea parte del gobierno de Gabriel Boric. Esta vez y a propósito de la fracasada acusación constitucional contra el ministro Montes, se pasó varios pueblos y se permitió calificarlo de “abuelo chocho”. Demuestra así que una vez más se cumple aquella máxima que dice que la fruta siempre cae muy cerca del árbol. Y ya se sabe de qué árbol proviene este parlamentario: un coronel acusado de violaciones a derechos humanos amén de negocios oscuros durante su gestión como alcalde de Providencia.
En realidad la ira de Labbé tiene como sustrato la debilidad en que quedaron las derechas no sólo luego del plebiscito del 17 de diciembre, sino además con el resultado de la acusación contra Montes, calificada como amateur y llena de errores por el abogado defensor, el catedrático de la Universidad de Chile, Pablo Ruíz-Tagle.
Fue la quinta derrota para ellos en el Parlamento. Y ello desató las iras en las derechas. En Chile Vamos culparon a los Republicanos, que, en una suerte de “atarantamiento” y “egos” hicieron pagar los costos políticos a los “partidos grandes” de la oposición. “Es evidente la falta de coordinación para enfrentar estas coyunturas políticas, donde hace falta más estrategia de acuerdo al objetivo que se quiere lograr. Muchas veces grupos minoritarios quieren conseguir una ganancia a corto plazo, pero sin pensar en las consecuencias que genera para el sector terminar en un desenlace como este. Finalmente esos costos los terminan pagando los partidos grandes de la oposición. Evidentemente hay una fragmentación que nos lleva a que las minorías terminan empujando el timón”, opinó el diputado de RN Arturo Longton.
Francisco Undurraga, de Evopoli por su parte opina que “hay una inoperancia de algunos sectores que, por tratar de sacar pequeñas ventajas, hace que hoy se anote un triunfo el Gobierno, a mi juicio innecesario y promovido por Republicanos”.
Suma y sigue
Otro de los flancos que enfrenta el gobierno es la complicada situación en que quedó luego de la solicitud del Ministerio Público de formalizar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su gestión como encargado de Orden y Seguridad durante el estallido social. El jefe de Carabineros de Chile será formalizado por delitos de apremios ilegítimos durante la represión al estallido social. Según algunos medios, el Mandatario lo habría llamado para darle su apoyo.
Por supuesto, las derechas salieron de inmediato a exigirle al Presidente que apoyara sin dudarlo al jefe policial. Eso, mientras en el oficialismo una parte se inclina por dejar que las instituciones funcionen –en este caso los tribunales-y otra que expresa su molestia por el supuesto apoyo que el Mandatario le estaba entregando a Yáñez. Lo que queda meridianamente claro es que al gobierno no tiene margen de acción y no le queda más que cumplir con las resoluciones de otro poder del Estado, digan lo que digan unos y otros.
Para el analista y académico Marcos Moreno, las presiones de las derechas, se tratan de “un aprovechamiento político, porque el poder Ejecutivo no puede desconocer las resoluciones de los tribunales. O sea, no es el gobierno el que está juzgando, ni procesando, ni formalizando al general director. Es un poder distinto del Estado, y en nuestro ordenamiento está clara la separación de esos poderes”.
Hay varios meses entonces en que el tema seguirá en agenda. Recién el 7 de mayo, a las 09:00 horas y en la Sala 101 del Centro de Justicia, el general director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, deberá comparecer para ser formalizado por su eventual responsabilidad como máximo mando de la policía uniformada, por el posible delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio cometidos durante la represión al estallido social.
Otros flancos
Hay más flancos abiertos. Porque igual de complicado quedó el gobierno al conocerse una seguidilla de reuniones de varios de sus ministros con empresarios salmoneros. No sería ni pecado venial, porque son diálogos con empresarios que pidió el propio Mandatario para sacar adelante leyes y reformas en beneficio de la ciudadanía, como la reforma de pensiones o el pacto fiscal para poder solventar los gastos de salud y educación, torpeados una y otra vez por las derechas. El punto es que habiendo una ley de lobby, justamente para evitar las llamadas “cocinas” y transparentar todo acercamiento con poderes fácticos donde manda el dinero, no se avisó de estos encuentros. Ni menos que se hacían en la residencia de un lobista conocido, como el ex alcalde de derecha Pablo Zalaquett.
Y aunque el gobierno salió en defensa de la actuación de sus Ministros señalando la vocera que dicha Ley “obliga a registrar por lobby las reuniones que tienen por finalidad obtener una decisión. De parte de una autoridad. Esto no tiene que ver ni con el horario, ni con el lugar, ni nada de eso”. “Una cosa son las reuniones para tomar decisiones a espaldas del Congreso, a espaldas de la gente, lo que hemos llamado usualmente ‘La cocina’. Y otras cosas son la instancia de encuentro y de diálogo”. En ese sentido, aseguró que “no todo diálogo es lobby. No toda conversación es lobby”, afirmando que “ninguna de estas reuniones tuvo por objeto incidir en una decisión de la autoridad”.
Como sea, se ve feo y es un error que algunos se explican en personeros de poca experiencia política. Pero a esas reuniones también asistieron personajes de suficiente experiencia, como Carolina Tohá o el Canciller van Klaveren.
A los errores no forzados que complican al gobierno se pueden sumar entre otros la suma urgencia que se puso a la reforma de pensiones, que hace más de diez años se encuentra sin solución en el parlamento por el rechazo permanente de las derechas. Esta vez parece que seguirán en el mismo predicamento, al retirarse de la comisión donde se iba a discutir una nueva propuesta gubernamental buscando una nueva solución al problema que aqueja a tantos adultos mayores actuales.
Y se suma lo ocurrido con la PAES, donde se dio la orden de no entregar los datos sin mayores explicaciones, provocando el reclamo de universidades e instituciones dedicadas a la educación. Para qué hablar de la revelación de la Contralora subrogante –en busca al parecer de su titularidad- que aseguró en la Cámara que la corporación a cargo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023 tiene rendiciones pendientes por $194 mil millones.
Sin embargo, en un comunicado del Instituto Nacional de Deportes (IND), se aseguró que según el convenio que tienen con la Corporación Santiago 2023, todavía no termina el plazo para las rendiciones de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del año pasado. Agregaron que las rendiciones de los años 2019 y 2020 ya estaban totalmente rendidas y aceptadas, mientras que las de los años 2021 y 2022 también estaban rendidas, pero se mantenían en un proceso de revisión.
Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023 mencionó que ellos funcionan en base a un convenio que firmaron con el IND, el cual se «ingresa a la Contraloría para que haya una toma de razón», también explicitando que «el año de cierre de la operación es el día 30 de junio de 2023». “Seamos precisos, -añadió- no se tienen que pagar, se tienen que rendir. La imprecisión nos hace mucho daño a todos”.
Sumando y restando, un nuevo fracaso de la derecha en su incesante campaña contra el gobierno que no se detiene ante nada. Hay quienes ahora se preguntanquién será el próximo objeto fóbico donde las derechas pondrán su fuerza para seguir en su intento de acorralar al gobierno del Presidente Boric.
