Periodista.
Mientras el embajador de Estados Unidos en Chile continúa evidenciando que es más bien el policía de antaño que embajador de Trump al entrometerse, una vez más, en la política interna del país; y las derechas reaccionan temerosas y agresivas a la sola posibilidad que la ex Presidenta Michelle Bachelet sea candidata presidencial -tal como ella dejó traslucir en una entrevista-; comenzó la gran batalla por el presupuesto del próximo año presentado por el ministro de Hacienda y que se augura, será fuerte e intensa entre oficialismo y oposición. Esta última, a pesar de no tener mayorías mínimas en el Parlamento, ha anunciado que hará todo por defender los beneficios sociales ganados en años de luchas para sectores más vulnerables del país.
A medida que parlamentarios, partidos y dirigentes sociales van descifrando las letras grandes y chicas de lo presentado por el ministro Quiroz, las sorpresas y los rechazos a los recortes a programas sociales se van acumulando. Allí están los 40 programas que, según decisión del gobierno, quedan con cero pesos para el próximo año.
Según el ministro Quiroz, se revisaron 632 programas en 23 ministerios. Y los resultados son programas que se quedan sin financiamiento, otros que reciben menos recursos y beneficios sociales que se mantienen o aumentan.
Basta mirar las propuestas del ministro para comprobar lo alejado que está de las necesidades reales de la población. Y donde queda patente, además, su carencia de sensibilidad social. Quedaron para la historia dos de sus frases célebres que son ejemplo de ello: una, sobre el alza brutal de la parafina (“nadie consume parafina” en esta época del año); o cuando el Gobierno debió aplazar en el Senado la votación del informe de la comisión mixta del Plan de Reconstrucción Nacional (“Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensa no más, se acabó”).
No más computadores para niños
En este sentido y respecto al nuevo presupuesto, lo que más les importa a las familias es lo relacionado con la educación y la salud de sus niños. Y ambos sectores -entre muchos otros- fueron tocados sin contemplaciones hasta ahora. Lo que más prendió las alarmas fue la falta de financiamiento explícito para las llamadas Becas TIC / Yo elijo mi PC. Así, se dejan sin recursos cercanos a $35.000 millones a un beneficio que alcanzó a más de 96.100 estudiantes durante 2026.
El Gobierno ha buscado explicaciones que no han convencido ni siquiera a sus propios socios. Argumenta que la entrega de computadores no ha demostrado el impacto esperado sobre el aprendizaje, que hay computadores que no se han entregado en estos años, que más que los niños, lo usan las familias. El Ejecutivo sostuvo que el programa “Yo elijo mi PC” estaba mal evaluado, tenía problemas de implementación y no mostraba un efecto relevante en el aprendizaje, por lo que sus recursos serán redestinados a otras prioridades educativas.
La oposición e incluso sectores del oficialismo, saltaron de inmediato señalando que, independientemente del indicador mencionado, el programa ha contribuido a reducir la brecha digital entre hogares de distintos ingresos. Particularmente en aquellos donde los niños ni siquiera soñaban con la posibilidad de comprar un aparato alguna vez.
La eliminación de este financiamiento todavía deberá ser discutida por el Congreso durante la tramitación del Presupuesto 2027, por lo que la continuidad o eventual reposición de recursos para las Becas TIC quedará sujeta al debate legislativo. Lo mismo que otras partidas en peligro. Ahí están, en la misma área, los Liceos Bicentenario; los Liceos Emblemáticos; el Fondo de Reactivación Educativa; Infraestructura de educación pública; el presupuesto institucional de Junaeb, así como sus Becas y asistencialidad; la Beca Vocación de Profesor; el Fondo Basal por Desempeño; el Fomento a la investigación universitaria; y lo más grave, la Gratuidad en educación superior.
Una investigación de CIPER publicada el 7 de octubre se dio el trabajo de comparar las partidas de 2026 y 2027 y encontró $34.451 millones de reducción en siete programas de infancia, entre ellos Cuidado Alternativo, que atiende a niños y adolescentes separados de sus familias por resolución judicial.; Diagnóstico Clínico, que financia evaluaciones de niños que ingresan al sistema de protección; Apoyo al recién nacido, que incluye la entrega del ajuar a las madres en hospitales públicos; Autoconsumo familiar, que poya la disponibilidad de alimentos en hogares vulnerables.
Son sólo algunos ejemplos de lo difícil que será para las derechas, defender programas sociales dedicados fundamentalmente a personas en situación de vulnerabilidad.
Lo mismo ocurre con Salud. Aunque esta área aumenta su presupuesto global, aparece al menos un programa entre los ajustes recortados, justo aquel más necesitado en un país: Salud Mental en la Atención Primaria.
En 2026, los datos confirman lo que muchos solo intuían hasta hoy: millones de chilenos conviven con condiciones de salud mental sin recibir atención oportuna. Las cifras -dicen los expertos- seguirán creciendo si no se actúa. Un estudio internacional publicado en mayo de 2026 por Zurich Insurance Group —The Value of Mental Health— pone números concretos a la crisis. Actualmente, más de 4,2 millones de personas en Chile viven con alguna condición de salud mental diagnosticada o no tratada. Esa cifra podría escalar a 4,7 millones al año 2030, representando cerca del 23% de la población.
Y siguen las tratativas
Mientras tanto, en paralelo la vida sigue en el país, con el gobierno tratando de cerrar a como de lugar algunos flancos de particular interés. Es el caso de la Seguridad, el tema símbolo de este gobierno, junto con la economía.
Y finalmente, al menos con un respaldo de votos justos, ingresó el miércoles por el Senado la nueva reforma constitucional de Seguridad que “combate el crimen organizado y modifica el estado de excepción constitucional de emergencia”. Aunque el relato del gobierno intenta dar como un gran triunfo de Kast este hecho, lo cierto es que esta batalla de alguna manera la ganó la oposición, aun cuando no todos estuvieron de acuerdo con el nuevo proyecto.
En primera instancia, el gobierno pretendía avanzar con una modificación propia a la Carta Fundamental. Sin embargo, esta reforma gubernamental no solo despertó críticas de la oposición, sino también del propio oficialismo y del mundo académico. El desparpajo de la letra chica era demasiado. Ante los innumerables reparos técnicos y políticos, finalmente el presidente José Antonio Kast se allanó a retirar su proyecto de tramitación, proyecto que hasta hace unos días era “irrenunciable”. Así lo había declarado el propio presidente, quien afirmó que la creación del nuevo estado de excepción no estaba disponible para ser eliminada. Sin embargo, tras semanas de debates y objeciones, el gobierno decidió retirar el proyecto original y respaldar la nueva iniciativa que incluye modificaciones propuestas por senadores de oposición y oficialismo.
La iniciativa surgió de gestiones emprendidas por los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (republicanos), quienes, mandatados por el gobierno y el oficialismo, elaboraron un texto junto a su par Pedro Araya (PPD), en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución. Las senadoras Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC), miembros de dicha comisión, no dieron su respaldo al texto como sí lo hicieron, finalmente, dos senadores opositores, Karim Bianchi (independiente) e Iván Flores (DC), quienes junto a Araya ya garantizan un piso de votos para que esta nueva propuesta sea aprobada. Falta aún tiempo para que ello ocurra.
La nueva propuesta de seguridad representa un cambio importante respecto del proyecto original del gobierno de José Antonio Kast. El Ejecutivo tuvo que abandonar una reforma que entregaba facultades extraordinarias al Presidente y aceptar una alternativa elaborada por senadores de distintos sectores políticos.
El nuevo proyecto mantiene el propósito de ampliar las herramientas del Estado contra el crimen organizado, pero busca hacerlo con mayores controles institucionales y menores restricciones a los derechos fundamentales. Su modificación más relevante consiste en permitir que el presidente decrete el estado de emergencia cuando exista un peligro grave e inminente para el orden público, sin esperar necesariamente a que se produzcan hechos de violencia. Su duración inicial máxima sería de 30 días; las prórrogas estarían sujetas al acuerdo del Congreso. Al menos cada 15 días se le debe entregar información al Congreso y existe la posibilidad de que el Congreso deje sin efecto la declaración o sus prórrogas, en las condiciones previstas.
Pero, uno de los puntos que merecen mayor atención es ¿quién determinará que existe una amenaza suficientemente grave e inminente? He ahí uno de los temas controversiales a dilucidar…
