Periodista.
Finalmente llegó marzo y comenzó la segunda y última parte del gobierno de Gabriel Boric. Una segunda parte que promete ser mejor que la primera, dadas las esperanzadoras cifras económicas que dio a conocer el Banco Central y que hizo respirar al Ministro de Hacienda que busca que este año sea en el que crezca la economía nacional. Si así ocurriera, habrá varias buenas nuevas para el país, independiente de las barreras que una y otra vez levantan las oposiciones. El principal instituto emisor del país, en quien de una u otra manera confían tirios y troyanos, comunicó el informe del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec): creció un 2,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, superando así las expectativas, puesto que los economistas preveían esta cifra positiva, pero no lo expuesta por el ente emisor. Era mucho menor.
Pero, la primera parte de este gobierno termina sumida en situaciones tenebrosas. No es cualquier cosa que se haya secuestrado y asesinado a un ex oficial venezolano, -Ronald Ojeda- opositor al gobierno de Maduro, refugiado político en el país, de quien no se sabe hasta ahora en qué pasos andaba y qué hacía hasta el momento de su secuestro.
Su caso ha permitido que surjan todo tipo de hipótesis, particularmente por parte de parlamentarios que nada saben de estos –por su naturaleza- sigilosos avatares. A Ojeda Moreno y su familia, la administración Boric le otorgó refugio político a fines del año pasado. Hace menos de un mes, el Ministerio de Defensa venezolano emitió un comunicado en que aludía a él en un acto de degradación de ex funcionarios militares acusados de conspirar para matar a Maduro.
Algo cambió en Chile
Cuando el 21 de febrero pasado se supo del secuestro del militar venezolano y diez días después se conoció el hallazgo de su cuerpo en una maleta, a casi metro y medio bajo tierra y tapiado por una losa de cemento, algo cambió en Chile. Definitivamente el país se asomaba al horror acostumbrado en países donde los crímenes son frecuentes, sea por narcotráfico, razones políticas, por negocios del crimen organizado o por la mezcla de ellas.
Desde el primer día de conocido el infausto acontecimiento, comenzaron elucubraciones de todo tipo, especialmente por parte de la derecha que exigía al gobierno, una y otra vez, saber el curso de las investigaciones. Hicieron caso omiso de la decisión del Ministerio Público que declaró la investigación comosecreta, dada la gravedad del asunto. Cualquier filtración, por pequeña que fuera, haría peligrar las diligencias de la PDI y de Carabineros para encontrar con vida a Ojeda. Y es sabido que fácilmente algunos parlamentarios se derriten por aparecer en las primeras páginas de los medios.
Varios de ellos creyeron a pie juntillas lo que dijo el mismo día del secuestro, casi a la hora de haber ocurrido y sin que la policía chilena informara oficialmente aun sobre el hecho, Iván Simonovis, ex Comisionado Especial de Seguridad de Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó. Denunció en sus redes sociales que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana se infiltraron en territorio chileno y secuestraron al teniente Ojeda.Llegó a decir que los infiltrados ya estaban en tierras venezolanas.
A la incredulidad de muchos, la prudencia de otros, y los deseos de aprovechar el hecho político de varios, saltaron aquellos que de inmediato creyeron lo que Simonovis y otros decían, como el diputado Andrés Jouannet, del partido Amarillos por Chile. Comunicó su repudio a la posibilidad de que agentes vinculados al régimen venezolano estuvieran operando libremente en territorio chileno, calificando la situación de “extremadamente grave”. “Si es que se confirma esto, el gobierno de Chile tiene que tomar una iniciativa drástica, porque no se puede permitir que una dictadura venga y actúe con su policía secreta”, declaró Jouannet en un video divulgado por redes sociales.
En la misma línea se pronunció el diario de la extrema derecha “El Libero”, que llenó sus páginas con las aseveraciones del director del medio opositor venezolano “La Razón” abogado Pablo López Ulacio,quien afirmó en su portada que Chile “dio luz verde” a la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana (DGCIM) para efectuar el plagio. Se basaba en el acuerdo de colaboración mutua que firmaron Venezuela y Chile -representado por el subsecretario Manuel Monsalve- el 18 de enero pasado.
Un acuerdo que fue, no una sino mil veces, solicitado por la derecha chilena durante la crisis de inmigración del año 2022 y que continúa hasta el día de hoy, para expulsar a sus países de origen a inmigrantes ilegales.De hecho, el año pasado el gobierno trató de expulsar a 60 venezolanos que entraron de forma ilegal o que han cometido un delito en Chile. Como indica la ley, laPolicía de Investigaciones (PDI), a cargo del operativo, entregó los nombres al consulado venezolano en Santiago. Cuando estaban ultimando los detalles del viaje, el Gobierno chileno informó que el vuelo “no fue autorizado”, por lo que se harían gestiones diplomáticas al más alto nivel para destrabar la operación.
Gran escándalo en la oposición. De inmediato pusieron en tela de juicio el trabajo de dos de las principales figuras del Gobierno en materia de seguridad y que tienen en sus manos la política migratoria: la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve,
¡Que se vayan!
El diputado UDI Henry Leal había dicho que «en los últimos meses, el Gobierno solo ha expulsado cuatro personas por el método administrativo y todos los demás extranjeros condenados por delitos han sido expulsados por los tribunales de justicia. Lo que buscamos es obligar al presidente a que decrete todas las medidas posibles y que use todas sus facultades. Queremos obligarlo a través de la ley». Es más. La UDI trabajó tres proyectos de ley para presentarlos al Congreso como una especie de paquete de medidas destinadas a agilizar las expulsiones de migrantes que tengan antecedentes penales, o que hayan sido condenados en Chile por algún delito. «Para el Estado, mantener un reo significa un gasto de recursos. Se calcula que cada preso le cuesta unos 800.000 pesos mensuales al país (unos 854 dólares). ¡Queremos que los delincuentes se vayan! Hay que mandarlos de vuelta a sus países», afirmó el parlamentario.
De ahí que el viaje que en enero finalmente pudo realizar a Caracas el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para firmar un acuerdo policial con el gobierno venezolano que tiene como objetivo “la mutua colaboración con el fin de facilitar información, dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones nacionales, competencias específicas y en el cumplimiento de sus funciones, necesaria para la investigación de delitos contra las personas, delitos violentos, cibernéticos y delitos financieros, entre otras expresiones de la criminalidad organizada”. Sumado a ello, se busca promover “el intercambio de conocimiento especializado, resultados de análisis estratégicos y participación en actividades de capacitación”. Con respecto a las normas aplicables, ambos países “reconocen su subordinación al ordenamiento jurídico de cada país y que la interpretación del presente instrumento debe estar sometida a las normas que los integran”.
Pero no. Para personas como el director del semanario venezolano “La Razón”, punto menos que el gobierno le abrió las puertas de par en par a quienes habrían secuestrado y asesinado a Ojeda, amén de perseguir a otros refugiados políticos. Por supuesto que Monsalve desmintió tajantemente al medio. “Quisiera hacer una afirmación muy clara, muy nítida y muy tajante: Es una total mentira. Si usted me pregunta cómo califico esa publicación, la califico de una total mentira”. Agregó que el convenio de colaboración con Venezuela “es público, el viaje fue público, fue conocido por todo Chile, por todos los medios de comunicación, mantuve dos reuniones en Caracas, en las dos reuniones estuvo presente el embajador, el secretario general de la Cancillería, el subdirector nacional de la PDI, reuniones que además también fueron públicas (…). Entonces permítame decirle lo absurdo de la teoría”.
Tren de Aragua
Cuando estaba en pleno proceso la investigación del secuestro, la ministra Tohá y el subsecretario recibieron a una agitada derecha, incluyendo a Demócratas de Ximena Rincón, justamente para explicarles en detalle lo del convenio y señalarles, de nuevo, que no podían entregar información sobre el secuestro por orden de la Fiscalía.
Al final de ese encuentro, el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, respecto del convenio que firmó el subsecretario Monsalve en Venezuela expresó: “Lamentablemente no fue bien explicado desde el primer momento por el Gobierno”. “Creemos que hoy a este momento ya se han tenido las claridades suficientes, pero todas estas pocas claridades iniciales no han ayudado, a nuestro juicio, al buen esclarecimiento de todo este proceso”. Y para despejar las dudas y las acusaciones planteadas por la oposición venezolana, añadió: “le sugerimos que se debió haber dicho de forma mucho más expresa que este convenio, por supuesto, no ampara a entregar ningún dato de personas que están bajo refugio político, cualquier otro tipo de figura”.
La información sigue pendiente. Luego de identificado el cuerpo del ex militar secuestrado, solo se conoció que un muchacho de 17 años, que habría ayudado al transporte de Ojeda y sus captores estaba detenido, que hay dos órdenes de detención en curso, que el cuerpo no mostraba huellas de torturas ni de disparos.
Para el fiscal especial encargado del caso, Héctor Barros, “esta es una investigación compleja, vinculada al crimen organizado”. La tarde del lunes 4 de marzo, Barros afirmó que la banda criminal venezolana “Tren de Aragua” estuvo involucrada en el secuestro y homicidio del ex militar.
Por algo un poco antes, el Fiscal Nacional indicó que los antecedentes más evidentes que tienen ligan el crimen al crimen organizado. “Eso lo pudimos concluir porque tenemos antecedentes de otras causas similares (…) hay antecedentes y rasgos de que hay intervención de sujetos que tenemos asociados al Tren de Aragua”.
