Myriam Carmen Pinto, periodista.
A 50 años del golpe de Estado, las heridas y cicatrices siguen abiertas, el debate sigue vivo, también una profunda división. A 50 años, mientras una diputada sostuvo en el parlamento que la violencia sexual de la que fueron víctimas muchas presas políticas no es más que una leyenda urbana, el 22 de agosto 2023, los parlamentarios de la derecha acordaron con 50 votos a favor, 42 en contra y una abstención, dar lectura a la resolución adoptada el 22 de agosto de 1973 por mayoría parlamentaria en la que denuncian «un grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la república por parte del gobierno del presidente Salvador Allende» y llama a los ministros que eran parte de las Fuerzas Armadas y de Carabineros a «poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes». Fue la antesala al golpe de Estado.
A 50 años, los diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista abandonan la sala mientras gritaban «asesinos», «cobardes», otros levantan carteles con fotografías de detenidos desaparecidos y otros proclaman puño en alto por la justicia, la verdad y no a la impunidad, ante la provocación y grave ofensa a la democracia, a los chilenos y especialmente a quienes fueron perseguidos, torturados, secuestrados como también a los familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos. «A 50 años del golpe contra Allende, la sociedad chilena está congelada…» tituló un diario internacional que describe el clima político y según expresa el «gran abismo» entre quienes justifican el bombardeo al presidente Salvador Allende en el palacio de La Moneda y quienes buscan abrir un espacio para reflexionar y firmar un compromiso por un Nunca Más a un quiebre democrático como solución a los problemas y por el respeto irrestricto de los derechos humanos, según una iniciativa impulsada por el presidente Gabriel Boric que firman los ex presidentes vivos, Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006), Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) y Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022).
En este manifiesto llamado «Por la democracia, siempre», llaman a «cuidar y defender la democracia, respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho», se comprometen a «enfrentar los desafíos con más democracia, nunca con menos, condenar la violencia y fomentar el dialogo y la solución pacífica de las diferencias, con el bienestar ciudadano en el horizonte» y trabajar para «hacer de la defensa y promoción de los derechos humanos un valor compartido por toda nuestra comunidad política y social, sin anteponer ideología alguna a su respeto incondicional». El ex presidente Sebastián Piñera firmó este compromiso, pero los partidos de la derecha se negaron, argumentando que no están disponibles para un compromiso que busca imponer verdades únicas.
50 años después, esta conmemoración, paradojalmente liderada por un gobierno de izquierda, traza una agenda de derechos humanos que busca avanzar en verdad, justicia y reparación, contemplando: a) Plan de Búsqueda de detenidos desaparecidos; b) levantamiento parcial de moratoria de 50 años que rige sobre testimonios otorgados a la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, resguardando la voluntad de aquellas víctimas que solicitaron mantenerlo, c) Creación del Padrón -Persona ausente por desaparición forzada-, a cargo del Registro Civil para calificar jurídicamente a los detenidos desaparecidos, d) generación de una Política de Memoria y Patrimonio que comprenda la categoría de Sitios de Memoria y mejorar los mecanismos de financiamiento y mantención de dichos espacios y lugares con una perspectiva de preservación y educación en derechos humanos y e) sacar a la luz las leyes y otros textos legales dictados por la Junta Militar que hasta ahora se mantienen secretos o con acceso restringido. A 50 años, según cifras proporcionadas por el Ministro de Justicia, se cuentan 1.300 procesos criminales activos por violaciones de derechos humanos y 150 condenados que cumplen sentencia de por vida en el penal Punta Peuco, exclusivo para ellos. En materias de Sitios de Memorias se contabilizan 1.132, sumando la reciente recuperación del inmueble donde funcionó el centro de tortura llamado cuartel Tacora o «Venda Sexy» (Irán 3037), lugar que registra dolorosos testimonios de mujeres prisioneras víctimas de brutales acciones de violencia política sexual.
La verdad y memoria estatal de la represión está contenida en dos informes oficiales y sus respectivos anexos: Informe Verdad y Reconciliación (Rettig, 1990-1991) y el Informe sobre Prisión Política y Tortura (Valech, 2004); dos importantes documentos que junto con individualizar a las víctimas de desapariciones, detenciones arbitrarias, secuestros, homicidios, desaparición forzada e inhumación ilegal y tortura, reconstruyen la maquinaria de la represión, basada en denuncias proporcionadas de manera voluntaria por los propios afectados y o sus familiares. Estos dos informes en conjunto reconocen un total de 40.018 casos de prisión política y tortura, de las cuales 3.197 fueron detenidas desaparecidas y ejecutadas y de ellas 1.469 víctimas de desaparición forzada, de las cuales se han encontrado e identificado los restos de 307, lo que significa que a 50 años del golpe de Estado, aún no se conoce el paradero de 1.162 personas detenidas desaparecidas.
Así como esta memoria reconoce oficialmente este universo, también distingue que no representa la totalidad de personas afectadas en sus derechos a la integridad personal, a la libertad personal y a la seguridad personal. De hecho, estos informes excluyen casos de allanamientos sin detención, amedrentamientos y amenazas, detenciones por carabineros en manifestaciones de protesta sin privación de libertad, arrestos domiciliarios, personas detenidas fuera del ámbito político, fallecidos a causa de detonación de artefactos explosivos, suicidios al interior de recintos militares y policiales y personas que denunciaron privación de libertad o tortura durante el cumplimiento del servicio militar obligatorio. Y como se trataba de testimonios presentados de manera voluntaria, tampoco están aquellos que no respondieron a las respectivas convocatorias para evitar recuerdos dolorosos y revictimizantes, por miedo, porque no esperan nada del Estado, por rechazo a las políticas en la medida de lo posible, perdón y olvido, propuesta de reconciliación nacional y o no calificaron por falta de documentación y procedimientos de verificación de relatos.
Testimonios
Jacqueline Durán Castillo, 38 años (2023), psicóloga, participa en diversas organizaciones de derechos humanos e incluso ha llevado este tema a la academia. Su tesina para optar al grado académico de Licenciada en Psicología de la Universidad de Las Américas aborda una construcción del trauma en la segunda y tercera generación y en su entorno tanto consciente como inconscientemente presente en los familiares de ex-prisioneros del campo de concentración 3 y 4 Álamos y como Sitio de Memoria su aporte a la reparación simbólica, considerando significados de la espacialidad respecto a la salud mental y la relación de víctimas directas e indirectas. «Los abusos y violaciones a los derechos humanos de forma sistemática constituyen un quiebre en la estructura de cada ser, de cada comunidad, una ruptura del tejido social que hasta hoy no se logra articular»; «El sanar involucra el recordar para re-valorar», dice en esta investigación dedicada a los que buscan justicia, luchan contra el olvido, aquellos que ya no están, pero sus sueños y amor habita aún en sus familias, en lo innombrable y en lo impensable. Esta investigación fue premiada en 2022 por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Siguiendo esta misma línea, para optar a su titulo, trabaja su proyecto de Tesis destinado a identificar la “Ruta de la memoria” de la comuna de Providencia con participación de organizaciones y vecinos, entre ellos, la Coordinadora de Derechos Humanos de Providencia, Usuarios PRAIS Oriente, colectivo Cultural Nueva Providencia, y otras. Su historia de sufrimiento y doloroso silencioso al interior de su familia y entender los traumas que se transmiten de generación en generación movilizan dichos proyectos, su incansable activismo por el rescate de la memoria reciente y su participación en una organización que reúne a familiares víctimas de la represión que no calificaron en el informe sobre Prisión y Tortura. Iris Castillo, su madre, estuvo prisionera en Villa Grimaldi y en el campo de concentración 3 y 4 Álamos, según le dijeron quienes la vieron allí, pero ella no sabe con precisión porque dice que siempre tenía una venda oscura que le cubría los ojos. Domingo Castillo Díaz (Q.E.P.D.) padre, de Iris y abuelo de Jacqueline, antiguo militante del partido Comunista tampoco calificó en esta comisión. La mañana del 11 de septiembre de 1973 permaneció preso por varios días al interior de la fábrica metalúrgica Tisol, donde trabajaba. A su familia nunca contó lo que le sucedió, solo saben que no lo llevaron al Estadio Nacional porque uno de los militares a cargo del allanamiento lo conocía y que sus compañeros de trabajo se habían atrincherado a la espera de las armas para defender al gobierno popular del presidente Salvador Allende, vigilar y cuidar a las empresas de propiedad social, agrupadas en el Cordón Vicuña Mackenna, entre ellas, Cristalerías Toro, Textil Progreso, Elecmetal, Easton, Fabrilana, IRT, Standard Electric, Vinex, Alusa, Calzados Victoria, Transportes Progreso y otras. Jacqueline, también, se ha dedicado a investigar pormenores de la historia del cordón industrial Vicuña Mackenna. Tratando de reconstruir la memoria y traumas de su abuelo, piensa que quizás presenció la ejecución de Enrique Maza Carvajal, 22 años, estudiante venezolano de cuarto año de la Escuela de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Chile, a él lo mataron el 12 de septiembre de 1973, ante los ojos de 200 trabajadores y estudiantes que hacían sus prácticas y o compromiso militante. Después se los llevaron a todos desde Tisol, caminando hasta la empresa IRT, donde tomaron otro grupo de prisioneros y los sacaron a la calle antes de subirlos a las micros. Ahí querían que Enrique Maza corriera y como no lo hizo lo mataron frente a ellos; ya lo habían torturado en la casucha del guardia de Tisol con corriente de 220 vot. Eso puede haber visto Domingo Castillo, pero Flores lo vio caer…. José Flores, por entonces, estudiante de Ingeniería dice en un testimonio que a Enrique Maza le pegaron un balazo y lo dejaron recostado, semi sentado, a la entrada de IRT, creían era cubano por el color de su piel. Días despues, su polola chilena encontró sus restos en la morgue, le decían «el Pellizco».
Marisol Bravo, militante del Partido Socialista, por entonces estudiante de cuarto año de Economía (26 años) se incorporó al trabajo sindical en los cordones industriales, junto a cerca de 25 estudiantes de la escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y más adelante asumió el cargo de interventora de la cadena de supermercados Loncoleche por lo que conoció desde adentro el proceso de paso de las fábricas al área de propiedad social y su agrupamiento en los denominados Cordones Industriales; un nuevo actor político que al igual que los Comités de Administración, Comités de Vigilancia, Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP) surgen como una respuesta de la base trabajadora al boicot de los camioneros y el desabastecimiento de alimentos. Recuerda que la mañana del 11 de septiembre de 1973, allanaron la casa central del supermercado, ubicada calle Víctor Manuel N° 1560, donde había cerca de 150 trabajadores como a la una de la tarde. Allí estuvieron hasta un poco antes del toque de queda. En su condición de interventora logró mediar ante los carabineros para que los trabajadores del supermercado se retiraran a sus hogares. A ella- sin embargo-, la llevaron detenida a la Sexta Comisaría, donde obtiene su libertad un poco después del inicio del toque de queda. «Sinceramente estamos vivos por esa actitud valiente de ella», dice Marcel Roo, periodista venezolano, en un testimonio publicado en uno de sus libros, por entonces era estudiante. Testimonios relatan que días después, cuando los antiguos patrones abrieron nuevamente las puertas de sus empresas, los trabajadores encontraban a su paso cuerpos sin vida en las calles aledañas. Muchos dirigentes sindicales de las empresas y de los Cordones Industriales ingenuamente regresaron, todos fueron detenidos, duramente reprimidos y una gran mayoría asesinados. Vicente Clement Hechenleitner, empleado, 27 años, presidente del sindicato de Loncoleche, detenido por efectivos de la Fuerza Aérea el 14 de septiembre al llegar a la empresa, fue ejecutado dos días después a orillas del zanjón de la Aguada, sector Vicuña Mackenna con San Joaquín. Tito Kunze Durán, presidente del sindicato de la industria Confecciones Burger, 42 años, casado, cuatro hijos, militante del partido Socialista, fue ejecutado el 12 de septiembre en medio de un allanamiento a la industria por parte de efectivos de la Cuarta Comisaría de Carabineros, según dijeron porque efectuaba disparos con armas de fuego hacia la calle y que para repeler emplearon disuasivos químicos y armamento automático. Según consta en el expediente judicial, las armas de los trabajadores nunca fueron ubicadas. En Santiago se organizaron 13 cordones industriales, cuyos trabajadores mayoritariamente fueron detenidos y trasladados en los camiones de las propias fábricas al estadio Nacional. 50 años después, en el encuentro -Pasado, Presente y Futuro del Movimiento Sindical- organizado por la Central Única de Trabajadores (CUT) recordaron a 87 dirigentes sindicales asesinados.
En 1975, Marisol Bravo, también sobrevivió a la detención y desaparición de la dirección clandestina del Partido Socialista y su red de apoyo en manos de los agentes de la policía de inteligencia. Michelle Peña Herreros, su amiga y compañera de partido fue detenida con ocho y medio de embarazo y desde entonces está desaparecida. La dirección clandestina estaba conformada por los dirigentes Carlos Lorca Tobar, ex diputado, Exequiel Ponce, Ricardo Lagos Salinas, Ariel Mancilla, Octavio Boettiger, Víctor Zerega, Carolina Wiff, Sara Donoso, Mireya Rodríguez y Rosa Solís. Dos años después, en 1977, ella salió del país con apoyo de la Vicaria de la Solidaridad y a su regreso, a mediados de 1983, se inserta activamente a los esfuerzos por recuperar la democracia y más adelante se dedica al rescate de la memoria, participando en la Corporación Memorial de Economía U. de Chile, organización integrada por ex alumnas y ex alumnos y familiares para honrar y conmemorar a los 23 estudiantes, funcionarios y académicos detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de dicha facultad. En 2003, dicha organización instaló una escultura con una placa recordatoria en los patios de la actual Facultad de Economía y Negocios y cooperó con la Universidad de Chile en su iniciativa de entregar Diplomas póstumos. Otra importante acción de dicha organización es la colocación de una placa recordatoria en 2013 y en 2019 un Memorial en la sede de la Universidad de Los Lagos ( Ex Escuela de Economía), ubicada la calle República N° 517. En ese lugar como asimismo en República 550 y 580, donde se encontraba hasta septiembre de 1973, el Hogar Universitario Rafael Correa Fuenzalida ( HURCOF) que acogía a las estudiantes de la facultad funcionó hasta 1990 la Central Nacional de Inteligencia (CNI ). De acuerdo al Informe Valech, el inmueble ubicado en República 517 figura como sitio de tortura. El golpe de Estado significó el término de un proceso revolucionario y que nunca el pueblo ha vuelto a tener un papel tan protagónico, dijo Marisol Bravo en un acto de colocación de una placa memorial dedicada a las víctimas de los cordones industriales que se instaló a un costado del Estadio Nacional. En esa ocasión reconoció además que fue el período más hermoso e importante de su vida y que a pesar del resultado se siente orgullosa de haber estado activamente presente en ese momento histórico.
En 1973, Guillermo Zavala, 25 años, militaba en el Partido Socialista, era encargado del Frente de Masas de la sexta comuna (Recoleta) y presidente del Cordón Industrial Mapocho- Cordillera, que abarcaba los canales de televisión (7 y 9), la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y la empresa Editorial Quimantú, principalmente. También dirigía el Taller Cerro que se había transformado en un Centro Cultural que recibía a diversos artistas exiliados procedentes de Argentina, Uruguay y Brasil, acogidos por el gobierno de la Unidad Popular, pero sin apoyo material. Carmen, su compañera era una de las secretarias de Augusto Olivares, director de Canal 7 de Televisión, periodista que se suicidó en el palacio de gobierno durante el brutal bombardeo. A nivel territorial, en el barrio Bellavista, donde residía, realizaba una intensa labor comunitaria como coordinador de la JAP. Julio Stuardo, entonces Intendente, su vecino, la noche anterior al golpe, le contó que venía de una reunión con el presidente Allende en su residencia de Tomas Moro, en la que le había dicho que a pesar del inminente alzamiento de la Armada en Valparaíso, todo estaba controlado y que al día siguiente llamaría a plebiscito. El 11 de septiembre de 1973, a las 7.00 horas, un vecino que posteriormente fue secuestrado por militares, le comunicó con angustia y desesperación que el golpe estaba en marcha. Su esposa, por expresa instrucción de Augusto Olivares cambió el turno de trabajo con otra persona y por tanto se quedó en casa con Felipe, su hijo de tres años. Dada la información radial, esa mañana, Zavala intentó contactarse personalmente con compañeros de su colectividad política, dirigentes de la Junta de Vecinos y de la JAP. Recuerda que todo era un caos y un cúmulo de desesperación de no saber qué hacer, pues no existía ningún plan de defensa, ni de ataque ante una situación como la que se vivía. Casi al mediodía, después de desesperados intentos de tranquilizar a mucha gente, otorgar y recibir instrucciones, casi de perogrullo, por ejemplo: no mantener a la vista afiches, fotografías o elementos que los evidenciaran e identificaran y al ver que los militares destruían todo lo que se identificara con la Unidad Popular, decide salir de su casa, junto a su esposa, su hijo, algunas pertenencias, entre ellas, ropa del niño y un televisor Antu, dirigiéndose en su renoleta al barrio alto, donde un amigo que podía acogerlos momentáneamente. Internándose por la vía del cerro San Cristóbal, una patrulla de carabineros los detiene y les informan que el cerro esta militarizado. El capitán a cargo de este control, al reconocerlo por sus actividades comunitarias lo llama a un costado, preguntándole ¿Compañero que debemos hacer?. a lo que instintivamente responde: «No dispares a nadie»…. Con posterioridad se supo que en la Sexta Comisaria de Carabineros de Recoleta fusilaron a varios carabineros por rebelarse ante la orden de matar a los marxistas. Su casa colindante con la casa de Pablo Neruda y el Taller Cerro fue saqueada, su biblioteca de más de quinientos volúmenes, principalmente de arte e historia, fue quemada en la vía pública. Nunca más volvió a su casa. En marzo de 1984 regreso del exilio, junto a su esposa y sus dos hijos de tres y ocho años, uniéndose de inmediato a la lucha contra la dictadura, concretamente, se integró a la directiva nacional del Movimiento Democrático Popular (MDP) y al trabajo en la Comisión Chilena de Derechos Humanos(CCHDH). Una vez recuperada la democracia, no pudo acceder al beneficio de abono de tiempo por gracia destinado a compensar sus lagunas previsionales por no contar con un certificado que acreditara su condición laboral.
Los exonerados de sus trabajos por motivos políticos conforman otro grupo importante de afectados en sus derechos. Se trata de aquellos despedidos injustamente de sus trabajos ya sea en el ámbito público, privado y o de las fuerzas armadas. Según estadísticas referidas a la cantidad de pensiones de reparación, los exonerados ascienden a un poco más de 73 mil personas; cifra que no representa la magnitud de este universo. En abril de 1990, el gobierno de la transición impartió instructivos a las instituciones gubernamentales y empresas del Estado para favorecer su recontratación. Esta recomendación fue implementada en varias reparticiones públicas y universidades, incluyendo a los estudiantes, sin embargo, mucha gente se quedó en el borde por no contar con la documentación exigida.
Historias y capítulos abiertos
«Lo que determina nuestras vidas no es lo que nos sucede, sino más bien lo que elegimos hacer con lo que nos sucede», dice en uno de sus libros, Pedro (Beno) Navarro Cruz, dibujante, escritor, poeta, comunicador; sobreviviente del centro de detención y tortura que funcionó en las cabañas de la colonia de verano en la playa Marbella del balneario Rocas Santo Domingo como anexo del Regimiento N° 2 de Ingenieros Tejas Verdes, ambos recintos cuna de la Dirección Nacional de Inteligencia DINA, el primer centro de capacitación y entrenamiento en materias de inteligencia y de experimentación y tortura. Pedro Navarro, estuvo preso en dichas dependencias entre 1973 y 1974, allí perdió la visión en uno de sus ojos, le vertieron un ácido durante una sesión de tortura. Públicamente dice que fue a causa de un accidente automovilístico, prefiere no recordar, no traer al presente su pasado, pese a que se ha dedicado a rescatar y escribir la historia de los suburbios del puerto de San Antonio y de los seis dirigentes portuarios ejecutados el 22 de septiembre de 1973, según se dijo por intento de fuga.
El derecho a vivir en el propio país también fue conculcado durante el período del régimen militar. El gobierno del presidente Patricio Aylwin (1990-1994) impulsó políticas y programas destinados a acoger a las familias que regresaban al país, período en el cual funciona la Oficina Nacional de Retorno (ONR), cuya ley N° 18.994, identifica como exiliados a las personas condenadas a penas privativas de libertad que obtuvieron la conmutación de esas sanciones por la de extrañamiento, aquellas que fueron expulsadas u obligadas a abandonar el territorio nacional por resolución administrativa; las que, luego de viajar normalmente al extranjero, fueron objeto de prohibición de reingresar a Chile; aquellas que buscaron refugio en alguna sede diplomática y que salieron del país; quienes en el extranjero se acogieron a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas u obtuvieron, en los países de acogida refugio de carácter humanitario; las personas que se vieron forzadas a abandonar el país debido a la pérdida de su trabajo por motivos políticos y luego sufrieron la prohibición de ingresar al país y todos los integrantes del grupo familiar que tengan o hayan tenido residencia en el extranjero por tres años o más. Cifras estimativas referidas al retorno contabilizan alrededor de 40 mil personas entre los años 1991 y 1993 y según informes de la Vicaría de la Solidaridad, el exilio asciende a 260 mil personas, aunque otras estimaciones dan cuenta de 400 mil, incluyendo la migración económica.
«Soy un feto sobreviviente», dice Manuel Alberto Llorca Jaña, 48 años, Doctor en Historia Económica (Leicester University, UK) en un vídeo de la serie Infancia en el Exilio 50 años con Memoria que circuló por las redes; él es hijo de María Soledad Jaña Labarca, detenida y sometida a torturas en Villa Grimaldi y 4 Álamos en 1974, pese a su embarazo de meses. Ella falleció en 2014, era socióloga de la Universidad de Chile. Posterior a su prisión salió al exilio y luego regresó al país.
Carmen Sarue, quien llegó a París en 1974 con una de sus hermanas que salió con urgencia de Chile, tras la detención de su pololo, estuvo vinculada con uno de los comités de Solidaridad con Chile que agrupaba a voluntarios chilenos y franceses con el propósito de acompañar a chilenos, uruguayos y argentinos perseguidos por las dictaduras de sus respectivos países. Recuerda que una buena parte de sus amigos y amigas vivían con las maletas listas detrás de la puerta, tenían la ilusión de regresar cuanto antes. En estos grupos se discutía si debían o no retornar al país, pero afirma que muchos finalmente decidieron quedarse en los países de acogida con sus nuevas familias. Su hermana no regresó, reside aislada en un pequeño pueblo y ella se dedicó a viajar en su propio barco por el mundo. Nunca hicieron ningún trámite para reconocer sus casos.
A la verdad histórica se suma la verdad estatal y la verdad judicial, pero hay muchas otras verdades que en conjunto construyen y reconstruyen una memoria colectiva histórica y de la resistencia. Poco se sabe de las orgánicas generadas al interior de las Fuerzas Armadas que celebraron el triunfo de la Unidad Popular, los casos de quienes se opusieron a disparar y de quienes fueron obligados a torturar. Y si se trata de seguir cuantificando esta memoria, no se puede dejar a un lado a todos quienes vieron interrumpidos sus sueños por un Chile más justo, partiendo por la caída del propio presidente Salvador Allende que muere en el palacio de gobierno defendiendo la democracia. El golpe de Estado destruyó el sueño y la esperanza de millones y millones de personas por un Chile más justo y digno. También puso fin a la esperanza de todos los sectores de la izquierda internacional que vieron en este modelo de tránsito al Socialismo una vía democrática e institucional, un Socialismo en libertad que podía aplicarse en sus respectivos países. La elite política empresarial chilena y de Estados Unidos castigaron a los dirigentes y al pueblo chileno por esta hazaña e hicieron todo lo que estuvo a su alcance para frustrar la experiencia en su propia cuna. «Septiembre es Memoria, Octubre es Nuestro»; «Septiembre es luto, Octubre es Victoria», decían algunas pancartas presentes en la revuelta social de octubre de 2019, la expresión masiva del descontento y las demandas por un Chile distinto en las calles. «Las anchas alamedas empiezan su apertura», decía un titular de un diario internacional, aludiendo al último discurso del presidente Allende en La Moneda. «Democracia es memoria y futuro» es la frase oficial que encabeza innumerables actividades que incluyen homenajes póstumos, conversatorios, seminarios, lanzamientos de libros, cambios de nombres de calles, canciones, exposiciones de arte y fotografías, plantación de árboles, instalación de placas recordatorias, talleres de derechos humanos, romerías y marchas por la verdad, justicia, reparación y no más impunidad. A todo ello se agrega la firma del manifiesto de no repetición y un acto solemne en la explanada del palacio de La Moneda con asistencia de los presidentes de México, Colombia, y Uruguay, entre los mil invitados oficiales, considerando representantes de agrupaciones de familiares de víctimas de la represión y del movimiento de defensa y promoción de derechos humanos. Destacan entre las actividades la instalación de una vitrina memorial en el palacio de La Moneda bajo el titulo “El caminar de un demócrata» que muestra los zapatos que usaba el presidente Allende al momento del golpe de Estado, marchas de mujeres vestidas de negro y con velas en las manos bajo un grito «Nunca + la Democracia bombardeada», una velatón y un acto cultural artístico en el Estadio Nacional repleto y un afiche anónimo blanco y negro que dice «Los años son Cincuenta. Los daños son Sin Cuenta». Los partidos políticos de la derecha se desmarcaron del acto oficial en La Moneda, pero firmaron una declaración propia en la que reconocen «una profunda fractura social y política que afectó nuestra convivencia, con efectos cuya huella pesa hasta hoy en nuestras relaciones y confianzas» y en la que se comprometen a «usar siempre los mecanismos institucionales como medio para resolver nuestras diferencias», entre otros puntos referidos a vigencia y respeto a los derechos humanos. 50 años después, no ha dejado a nadie indiferente.
*Calendario arte visual de Alfredo Jaar.
Fotografías de Armando Cardoso, colección Biblioteca Nacional y foto color Nunca Más de la Presidencia de Chile.
