Periodista.
En el contexto de la emergencia sanitaria y cuando ya se conoce que un interno de la cárcel de Puente Alto dio positivo a Covid-19, las ex ministras de Estado Helia Molina y Laura Albornoz, la ex diputada Fanny Pollarolo y la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Emilia Schneider, pidieron al INDH gestionar ante el Ministerio Público, el Poder Judicial y los ministros de Salud, de Justicia y de Interior, la flexibilización del cumplimiento de medidas cautelares para personas que están procesadas y en prisión preventiva, con el objetivo de no arriesgarlos al contagio de coronavirus en los penales.
En una reunión sostenida en la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, las personeras expusieron al director de la entidad, Sergio Micco, la necesidad de que el sistema revise la situación de los detenidos en prisión preventiva, con especial énfasis en las más de 2 mil personas, cientos de ellos jóvenes y estudiantes, que están procesados a raíz de incidentes relacionados con las protestas sociales desarrolladas a partir del 18 de octubre de 2019.
Argumentaron que se debe considerar que la mayoría de personas detenidas por estas razones han quedado en libertad por falta de pruebas, y “en la situación actual la prisión preventiva en cárceles pasa a ser una medida extrema que debería aplicarse sólo en casos de delitos gravísimos”. Para el resto de detenidos, por razones de trasfondo político, plantearon el cumplimiento de la prisión preventiva en los respectivos domicilios. “Dada la vigencia de Estado de Catástrofe se añade la imposibilidad de esgrimir hoy que estos detenidos constituyan un peligro para la sociedad”, indicaron.
Discriminación sanitaria y política
Por estas razones, las mujeres solicitaron al Sergio Micco que intervenga para que se modifique la cautelar de privación de libertad, de modo que el proceso continúe en condiciones de cuidado a su salud, en el hogar, y sin vivir discriminación ni sanitaria ni política, y además, “que se homologuen las medidas de prevención y se implementen los equipos y protocolos de salud necesarios para atender el derecho a la vida que igualmente tienen todas las personas privadas de libertad”.
Recordaron que ya existe como antecedente previo la decisión de la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carla Capello, quien determinó esta semana sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario total para dos imputados de la llamada “Primera línea” en las protestas recientes.
En referencia a las solicitudes realizadas en la reunión con el INDH, la abogada y vicepresidenta de la Corporación Miles Chile, Laura Albornoz, manifestó en su cuenta de Twitter, que “Hay tragedias sanitarias que se pueden prevenir, como el Covid-19 dentro de las cárceles”.
Por su parte, en la misma red social, la médico, ex ministra de Salud y Decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, Helia Molina, compartió un video donde pide a Micco que haga las gestiones necesarias con el Ministerio Público “para poder liberar de la cárcel a miles de estudiantes de nuestras universidades que están presos sin condena, sin antecedentes penales previos, y que están hoy día sometidos a un tremendo riesgo sanitario de adquirir el coronavirus y otros problemas infecciosos, siendo que no merecen, no se justifica que estén pasando el periodo previo a su proceso en una cárcel. Solicito a usted como médico, como ciudadana, y como académica de una de las grandes universidades de Chile que liberen a nuestros estudiantes cuyo único gran pecado ha sido la lucha por un mejor país, más solidario, más justo y más equitativo”, expresa.
Un tema de Derechos Humanos
Molina, Albornoz, Pollarolo y Schneider señalaron que la privación de libertad como medida cautelar, en el contexto de la crisis sanitaria y la pandemia declarada por Covid-19, constituye un tema de derechos humanos y de igualdad con el resto de ciudadanas y ciudadanos –no condenados– para poder acogerse a medidas de prevención como la cuarentena o el distanciamiento social y las medidas ordenadas por el Gobierno para evitar aglomeraciones de personas en comercios, eventos, colegios y universidades, “la obligada convivencia de las personas privadas de libertad, y en la mayoría de los casos, hacinamiento, se presenta como un problema inminente”.
Subrayaron además, que muchos y muchas de los hombres y mujeres en esta situación de prisión preventiva, que ahora se enfrentan a un virus que pone en riesgo sus vidas, podrían eventualmente no ser condenados o, de serlo, es posible que no tengan que pasar un día en la cárcel, ya sea por absolución o porque se sentencie una pena con beneficio.
INDH pide revisar medidas cautelares
En tanto, tras una visita inspectiva del INDH a la Cárcel de Puente Alto para constatar en terreno las medidas preventivas que se deberían estar implementando para evitar nuevos contagios tanto de reclusos como de gendarmes, Sergio Micco realizó un llamado al Poder Judicial a revisar las medidas cautelares de las personas que se encuentren privadas de libertad, y a los ministerios de Justicia y Obras Públicas a potenciar las medidas de higiene y fiscalización al interior de las cárceles para evitar una crisis sanitaria en dichos recintos.
Micco indicó que “vinimos a ver las condiciones en las cuales están los internos. Vimos que hay habitaciones en que residen 60 personas, donde es imposible mantener la distancia social de un metro. Muchos de los internos no tienen mascarillas, que por lo demás sirven por un par de horas, falta cloro además de otros implementos de higiene. Es muy compleja la forma en que están trabajando los gendarmes”.
El director del INDH extendió su llamado “con mucha humidad al Congreso para que tome todas las medidas legislativas ahora ya”, y que permitan reducir el hacinamiento en la cárceles, especialmente en esta crisis que afectará principalmente a los mayores de edad y grupos de riesgo como mujeres embarazadas e internos con enfermedades de gravedad.
Asimismo, pidió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que apure la distribución de todos los elementos de seguridad e higiene, y de Obras Públicas a que fiscalice de mejor manera las condiciones carcelarias en las prisiones concesionadas.
El llamado del director del INDH al Poder Judicial fue “evitar que los procesos judiciales se detengan, se ralenticen, sino que al contario se aceleren las libertades condicionales y que las prisiones preventivas no se transformen en pena”.
Dentro de las situaciones generales constatadas por el INDH en el cárcel de Puente Alto se apreció una falta generalizada de productos de higiene, como jabón, cloro, guantes, alcohol gel, mascarillas, y pecheras médicas para los gendarmes, con la imposibilidad de llevar a la práctica un distanciamiento físico, que ha sido recomendado como principal medida preventiva ante el Coronavirus. Lo anterior se agrava aún más en un ambiente de altos niveles de hacinamiento carcelario.
En el recorrido al recinto penitenciario se conocieron algunas de las medidas adoptadas por Gendarmería para controlar la pandemia, entre ellas la suspensión de las visitas, y la adquisición de computadores para que los internos puedan comunicarse con sus familias a través de video llamadas. Sin embargo, el número es muy reducido y no da abasto a los requerimientos de los internos. También se observó la puesta en marcha de un plan de vacunación al interior del recinto tanto para gendarmes como reclusos.
Desde los internos se conocieron denuncias por falta de atención médica, y acumulación de basuras en diversos espacios, como habitaciones, pasillos y baños.
