periodista.
Mujer Aymara, ariqueña, feminista y activista por los Derechos Humanos desde hace más de 20 años, Hortencia Hidalgo Cáceres se aventura al gran desafío de representar a su pueblo en el proceso constituyente que dará vida a la primera Carta Magna elaborada en democracia.
Además de ser docente de profesión, conoce muy de cerca la diversidad de las y los habitantes del sector urbano de Arica, sus poblaciones y los pueblos del interior, por lo que considera que podría representarlos con la justicia que merecen.
Respaldada por el Partido Socialista de Chile y, por consiguiente, la Lista del Apruebo, Hortencia busca encarnar las demandas e inquietudes del Distrito 1, que incluye a las comunas nortinas de la región de Arica y Parinacota: Arica, Camarones, General Lagos y Putre.
Su labor ha estado presente en los movimientos feministas, de los pueblos originarios y por el medio ambiente, siendo, además, una de las impulsoras en el proceso para conseguir la paridad y los escaños reservados en la Convención Constitucional. Es por esto por lo que insiste en la importancia de la participación ciudadana y en la restitución del poder constituyente en Chile.
“La democracia no se agota con el derecho a voto. Es imprescindible que en el reglamento de la Convención queden establecidos mecanismos de participación efectiva, como delegadas y delegados por unidad vecinal; sesiones constituyentes distritales y jornadas nacionales de diálogo constitucional”
– ¿Cuáles son las principales inquietudes que ha recogido desde su trabajo territorial?
– Arica y Parinacota es un territorio diverso, en nuestra región se expresa muy bien la plurinacionalidad de Chile porque aquí habitamos personas aymara, quechua, afrodescendientes, migrantes, chilenos y chilenas y que con nuestras diferentes culturas requerimos de soluciones diversas para enfrentar las problemáticas de manera eficiente y pertinente.
Además, somos un territorio que ha sido afectado por el centralismo, donde también hay marcadas diferencias en el acceso a servicios en los valles y las zonas rurales, con respecto a las zonas urbanas, por lo tanto las mayores demandas son entorno al acceso a transporte, salud, educación, es decir, a un sistema de protección social con garantías sin distinción, lo que implica dotar y capacitar a los servicios para que se incorporen mecanismos inclusivos, con pertenencia cultural y accesibilidad universal.
Finalmente, de manera muy transversal, las personas han expresado la necesidad de consagrar el derecho al agua como un derecho fundamental, para que quede establecido que el agua es un derecho humano y un bien de uso público sin matices, eliminando la privatización y categorizando que el consumo del ser humano es lo principal.
– Sobre los escaños reservados para pueblos originarios, ¿es suficiente para tener una representación real de los pueblos en la nueva Constitución?
– Hay que recordar que durante un año estuvimos luchando en el Congreso para consagrar la participación de los pueblos indígenas mediante escaños reservados. De hecho, formamos una Red de ciudadanas y ciudadanos de los diez pueblos indígenas reconocidos por el Estado para empujar el debate y si bien no se consiguió completamente lo que demandábamos, para Chile este es un hecho histórico de la mayor relevancia porque por primera vez representantes de los pueblos participarán de la deliberación política del país. Pero también, hay quienes somos personas indígenas, con partidos políticos y que competimos por un escaño en nuestros distritos, lo que nos ha permitido abrir los espacios para la participación y representación indígena más allá de los escaños reservados.
Junto con ello esperamos además poder conformar bancadas de constituyentes diversos que apoyan el reconocimiento de la plurinacionalidad y el respeto por los derechos ancestrales de los pueblos indígenas para que podamos plasmar en la nueva constitución las bases de un nuevo pacto social que termine con la discriminación y la exclusión que hemos vivido durante siglos.
– ¿Qué principios debiesen estar plasmados en la nueva Constitución para cubrir las necesidades y derechos de los pueblos originarios?
Debemos reconocer que existen naciones preexistentes al Estado y que Chile es un Estado Plurinacional, eso implica el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y sus derechos, por ejemplo, el derecho a la libre determinación, lo que significa que en virtud de ese derecho los pueblos indígenas determinan libremente su condición política y persiguen su desarrollo económico, social y cultural.
Pero, además establecen sus autonomía, se debe consagrar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales que ya han sido reconocidos en instrumentos jurídicamente vinculantes y que Chile ha ratificado, como son el derecho a la tierra, territorio y los recursos naturales, considerando los conocimientos y sabiduría ancestral que ha pasado de generación en generación, además de dar garantías sobre los derechos sociales, políticos, culturales y lingüísticos de todos los pueblos indígenas y tribales.
– Lamentablemente pareciera ser que el extremo norte del país está, de cierta manera, «olvidado» ¿cómo se podría arreglar esto en la nueva Carta Magna?
– Efectivamente la desigualdad también es territorial y eso es porque la Constitución del ochenta es centralista en términos geográficos, económicos y políticos, y concentra el poder de las decisiones en la capital sin considerar la diversidad social, cultural, geográfica y productiva del país, donde existen diferencias sustantivas.
Por ello es imperativo reconocer en la nueva Carta Magna a las regiones como el motor del desarrollo y con un centro de decisiones administrativas que se funde en el principio democrático, es decir, no sólo que promueva la elección directa de cargos públicos, sino que también garantice participación plena, efectiva y resolutiva de la ciudadanía en la toma de decisiones de interés público. Junto con eso, es vital que se otorgue un modelo de financiación que asegure la autonomía presupuestaria de las regiones según las necesidades locales, bajo un principio de solidaridad y el reconocimiento de territorios especiales debido a su distancia, situación económica o por la composición cultural de los territorios.
– A propósito del 8M ¿cuál es la convergencia entre las demandas feministas y de los pueblos originarios?
Por cierto, tanto las mujeres como los pueblos indígenas hemos sido sistemáticamente excluidos de las decisiones de este país y hemos tenido que unirnos y luchar por abrirnos espacios en este sistema patriarcal, elitista y racista que nos ha invisibilizado y violentado durante muchos años, solo de esa forma logramos la paridad y los escaños reservados en la Convención Constitucional. La lucha feminista y la lucha de los pueblos indígenas persigue los mismos fines que se traducen en el término de la violencia, la discriminación y los abusos, buscando establecer justicia, equidad y respeto por la diversidad. Por eso: nunca más sin nosotras, nunca más sin los pueblos.
– ¿Qué espera de este proceso? ¿le tiene confianza?
Este es un proceso muy esperado por la ciudadanía, desde hace varios años que en Arica y Parinacota venimos realizado asambleas y cabildos en los barrios en torno a la Constitución y hemos constatado que la ciudadanía quiere participar y exige mecanismos deliberativos y resolutivos para avanzar a una democracia participativa que entregue respuestas pertinentes a sus necesidades. Por eso tengo confianza y esperanza en que las y los ciudadanos no se restarán de este proceso y que lograremos terminar con este sistema neoliberal que fracasó completamente y que mercantilizó nuestros derechos fundamentales.
