Periodista.
Estamos a poco tiempo de que sean publicadas las bases de licitación para proveer del servicio de televigilancia a través de dispositivos electrónicos, o tobilleras electrónicas, para aquellas personas que han sido condenadas y sometidas a cumplir penas sustitutivas en libertad.
Hoy, es la empresa Track Group la que tiene a su cargo el monitoreo de más de 4.000 personas a través de una tobillera electrónica que rastrea a través de un GPS la ubicación en tiempo real del condenado. Esto es especialmente importante en casos de violencia intrafamiliar para vigilar los movimientos y alertar de un acercamiento del agresor a la potencial víctima, como también ha demostrado su utilidad en el monitoreo del fiel cumplimiento del arresto domiciliario.
Desde el año 2014 que se instaló la primera tobillera electrónica en el país y hoy, a casi 10 años de ese hito, Gendarmería de Chile se encuentra ad portas de publicar la nueva licitación para que siga en funcionamiento y mejora continua este sistema de televigilancia.
Las empresas que pueden participar no son muchas, ya que el mercado mundial dedicado a la televigilancia es bastante acotado. Se estima que pueden entrar en la competencia la empresa Buddi, una reconocida empresa del Reino Unido, otro competidor importante sería la empresa Attenti. Cualquiera de ellas u otras empresas podrán asociarse con empresas presentes en Chile para hacer frente de manera más robusta a las demandas propias que este tipo de licitaciones conllevan, en ese sentido puede ser socio la empresa Sonda o la gigante de seguridad privada que también está en el país, la empresa G4S.
Pero cualquiera sea la empresa que intente ingresar al mercado nacional, deberá competir no sólo contra la propia empresa Track Group quien cuenta con una vasta experiencia local, sino que además deberá hacer frente a un proceso que puede ser judicializado como ocurrió en la licitación anterior. Sin ir más lejos, hoy la empresa Track Group se encuentra sometida a un conjunto de multas millonarias que le cursó Gendarmería de Chile, lo que motivó que la empresa interpuso una demanda en el 11º Juzgado Civil de Santiago para revertir el pago de estas multas que dicen relación con el atraso en la puesta en marcha de un centro en la ex cárcel de Chin Chin, ubicada en la ciudad de Puerto Montt. Retraso cuyos motivos cada parte interesada le infunde a la otra.
Hoy, la tarea principal la tiene Gendarmería de Chile, toda vez que el contrato actual vence en el mes de enero del año 2024, las bases de licitación deben ser publicadas a la brevedad posible, porque al menos se debe considerar seis meses de evaluación de las propuestas. La complejidad es tal, que por ejemplo hoy, el contrato vinculado al monitoreo de medidas cautelares que corresponde al de violencia intrafamiliar, se encuentra ejecutado vía trato directo con Track Group.
Por último, tras esta próxima licitación, existe la posibilidad de que sea unificada, es decir, que unificaría las penas sustitutivas y medidas cautelares, lo que generaría al menos un escenario nuevo que cambiaría la configuración del juego y podría generar nuevas exigencias en las prestaciones de las empresas que entrarán finalmente en competencia.
