Estrategia legal fujimorista busca obtener votos para Keiko Fujimori, a como dé lugar.

Los grandes estudios de abogados limeños se están haciendo partícipes de una cruzada que no persigue democráticamente que se imparta justicia. Solo buscan conseguirle votos a la heredera del fujimorismo, a como dé lugar.

Existe un principio jurídico que se suele invocar para establecer la igualdad ante la ley: a igual hecho, igual derecho. Vale decir, los presuntos casos de fraude que se han presentado con la pretensión de anular 200.000 votos no deben buscar proteger solo los derechos presuntamente vulnerados de la señora Fujimori. Tendrían que hacerse extensivos también a los casos similares que se han producido en la votación favorable al profesor Castillo.

Lugares del país donde la candidata, por ejemplo, ha recibido 0 votos están siendo incorporados a la larga lista de demandas planteadas por estos abogados. Igualmente, debería pedirse nulidad de todas las actas donde el profesor Castillo recibe 0. Las mesas de Miami donde hasta el cónsul formaba parte del equipo fujimorista son las más conocidas.

La anulación de actas para que la candidata obtenga los votos necesarios para ganar pone en peligro toda la voluntad ciudadana que se ha expresado en las urnas el pasado 6. Una estrategia que se basa en sacar votos de donde sea y que encima tiene problemas legales para probar la irregularidad que denuncian es doblemente peligrosa.

La ley electoral es específica y establece cada uno de los casos que son materia de nulidad. El único artículo que pueden invocar es el 363 B, que define entre las causales el fraude. Los expedientes correrán a cargo de los 60 JEE existentes, quienes deberán filtrar bajo la luz del derecho electoral en qué casos se puede establecer fehacientemente el fraude. Resulta inédito en la historia del país que la solicitud de anulación contemple actas que ya están contabilizadas, porque la ley protege fundamentalmente el voto emitido y al ciudadano que ejerció su derecho a elegir.

Hay algunos temas en esta operación legal que no son jurídicos sino políticos. Pedir la nulidad de 200.000 votos nos hace pensar en un fraude generalizado, que no ha existido. Hacer trampas masivas y geográficamente extendidas sin la complicidad de la autoridad electoral también es una denuncia ridícula. Poner de cabeza al país y amenazar el derecho ciudadano a elegir es un acto antidemocrático sin precedentes. Debemos permanecer vigilantes en esta hora en la que debe hablar solo la ley y decir fuerte y claro: con mi voto no te metas.