Cumplidos los primeros seis meses del gobierno de José Antonio Kast, la discusión sobre su conducción ya no puede reducirse a errores comunicacionales o conflictos aislados. La pregunta es más profunda: ¿estamos frente a un presidente que todavía no logra completar la transición entre liderazgo electoral y conducción de Estado, o ante una estrategia deliberada de transformación económica cuyos costos de medianos y largo plazo fueron asumidos como parte del camino hacia un crecimiento futuro?
Para responder, conviene comparar el país que Kast recibió con el que hoy gobierna.
Chile no llegó a marzo sin problemas. El déficit estructural de 2025 terminó en torno a 3,7% del PIB y la deuda bruta del Gobierno Central bordeaba 41,7%, de modo que existía un problema real de la trayectoria fiscal. Pero tampoco recibió una economía en recesión. El PIB había crecido 2,5% en 2025, la inflación anual era de 2,4% en febrero y, aun incorporando el ajuste fiscal 2026-2030 anunciado y el shock externo de combustibles, el Banco Central proyectaba en marzo un crecimiento de entre 1,5% y 2,5% para 2026.
Seis meses después, el cuadro es sensiblemente más débil. El Banco Central redujo su proyección de crecimiento para 2026 a apenas 0,25%-0,75%. El PIB cayó en términos interanuales durante el primer y segundo trimestre, el Imacec de julio retrocedió 1,5% y la demanda interna perdió fuerza: el crecimiento anual del gasto interno pasó de 2,3% en el primer trimestre a sólo 0,1% en el segundo.
El mercado laboral muestra la misma tendencia. La desocupación subió de 8,9% en enero-marzo a 9,5% en mayo-julio. Los asalariados formales caen 2,4% y la informalidad vuelve a ganar peso. A ello se suma una inflación anual que pasó de 2,4% en febrero a 4,1% en agosto. Para los hogares, esta combinación significa menos empleo formal, mayor incertidumbre y un costo de vida nuevamente más exigente.
Nada de esto permite sostener que el Gobierno sea responsable exclusivo del deterioro. Existen factores externos, problemas mineros, automatización, condiciones climáticas y costos laborales que también inciden. Pero tampoco resulta suficiente explicar todo como simple herencia del Gobierno anterior. Existe una diferencia objetiva entre la economía que Kast recibió y la que hoy debe conducir.
Y aquí aparece un dato decisivo: ya en marzo el Banco Central incorporaba en sus proyecciones el efecto contractivo de un ajuste fiscal cercano a US$3.800 millones. Es decir, desde el comienzo existía información suficiente para saber que ordenar las cuentas tendría costos sobre la actividad.
Por eso la pregunta central no es si había razones para ajustar, sino cómo se pretendía administrar la transición entre el ajuste presente y los beneficios futuros esperados por mayor inversión privada.
Ahí surge la hipótesis por contraste.
La primera posibilidad es que el Gobierno haya subestimado los efectos del ajuste y no haya anticipado suficientemente el debilitamiento de la demanda, el empleo y el consumo. En ese caso, el problema sería de diseño, lectura y conducción.
La segunda es que esos costos hayan sido previstos y considerados transitorios y aceptables mientras se esperaba una recuperación posterior impulsada por la inversión privada. Si fuera así, la discusión ya no sería sólo técnica, sino también distributiva: quién absorbe el costo del tránsito mientras llega el crecimiento prometido.
Ese es el verdadero laberinto de La Moneda. Gobernar no consiste sólo en saber hacia dónde se quiere llevar la economía, sino también en demostrar que se sabe conducir el camino, corregir cuando cambian las condiciones y evitar que el costo de la transición recaiga desproporcionadamente sobre quienes tienen menos capacidad de esperar.
El verdadero drama político de estos seis meses es cómo esta dicotomía choca y se superpone en distintos escenarios de la administración del Estado.
El primer escenario de superposición es el organizacional y fiscal. Una campaña presidencial permite operar con una estructura simple, enfocada en unos pocos mensajes. Gobernar, en cambio, exige pensamiento sistémico. La decisión de instruir un recorte transversal del 3% a todos los ministerios es el mejor ejemplo de esta tensión. Aplicar la misma tijera a carteras con estructuras de gasto y urgencias tan diferentes como Seguridad, Salud o Vivienda plantea una duda razonable: ¿fue esta una medida de disciplina fiscal fríamente calculada, o el reflejo de un gobierno que aplicó una regla uniforme por carecer de un diseño de política pública más sofisticado y diferenciado?
El segundo escenario, y quizás el más doloroso para la ciudadanía, es el macroeconómico y el «vacío de transición». El Gobierno inició su mandato enfocado en remover las restricciones de oferta. Sin embargo, la economía mutó: la demanda interna perdió abruptamente dinamismo y el desempleo alcanzó el 9,5%. Aquí la hipótesis por contraste nos obliga a preguntar: ante la falta inicial de una arquitectura contracíclica integral, ¿hubo un error de cálculo por parte del Ejecutivo o sabían que el ajuste sería así de duro? Si el Gobierno sabía que la inversión privada tardaría en reaccionar, entonces la pregunta inevitable es por qué no diseñó una arquitectura contracíclica suficiente para impedir que buena parte de esos costos temporales recayeran sobre proveedores, mipymes, familias y empleo formal.
A esto se suma un tercer escenario que agrava la incertidumbre: la automatización y el mercado laboral. El oficialismo asocia mecánicamente la llegada de nueva inversión privada con la creación de puestos de trabajo. Pero en pleno 2026, la tecnología y la automatización han alterado esa regla. Hoy se puede aumentar la producción (en minería, inteligencia artificial o logística) sin generar un empleo masivo. Si el liderazgo presidencial no adapta su estrategia para preguntarse qué puestos se sustituyen y qué reconversión se necesita, el modelo podría arrojar cifras de crecimiento macroeconómico sin que la gente recupere sus empleos.
Finalmente, el escenario de la legitimidad ciudadana y el tiempo. El Gobierno le pide paciencia al país, comunicando los beneficios de sus reformas en tiempo futuro, mientras los ciudadanos sufren los costos del ajuste en tiempo presente. Un jefe de Estado con liderazgo adaptativo sabe que no basta con tener razón a largo plazo; se requieren victorias intermedias para sostener la confianza.
La evaluación del presidente Kast ya no pasa por inferir su psicología ni contabilizar sus reuniones de gabinete. La cuestión relevante es observar qué marco de interpretación utiliza su Gobierno para leer una economía que hoy muestra menor crecimiento, debilitamiento de la demanda interna, aumento del desempleo y retroceso del empleo formal.
Hasta ahora, la conducción económica mantiene una confianza persistente en que la consolidación fiscal, la desregulación, los incentivos a la inversión y una recuperación futura del crecimiento terminarán resolviendo los principales desequilibrios. Esa lectura descansa, sin embargo, sobre supuestos que la evolución reciente de la economía obliga a poner bajo observación: que la inversión privada reaccionará con suficiente rapidez, que el crecimiento volverá a traducirse en empleo en una economía crecientemente automatizada y que los hogares, las mipymes y el mercado laboral podrán absorber durante ese intervalo los costos de la transición.
Ahí permanece abierto el verdadero laberinto de La Moneda. No necesariamente en la ausencia de un programa, sino en una determinada forma de comprender los problemas económicos y sociales. Si el diagnóstico privilegia la oferta, la inversión y los beneficios futuros, mientras el presente muestra debilitamiento de la demanda, pérdida de empleo formal y mayor precariedad, la hipótesis por contraste adquiere toda su relevancia.
Puede tratarse de una transición cuyos costos fueron subestimados, o de una estrategia que los conocía y los consideró aceptables mientras esperaba resultados posteriores. En ambos casos, la discusión deja de ser exclusivamente económica: pasa a ser una discusión sobre liderazgo, distribución del riesgo y sobre qué dimensiones de la realidad quedan fuera cuando una conducción política observa el país desde un marco demasiado estrecho.
