Médico-cirujano. Miembro del Departamento de Medio Ambiente, Colegio Médico de Chile. Estudios en Neurobiología y Ciencias de la Conducta, Magister (c) en Salud Pública, Máster en Medicina y Fisiología del Sueño.
Hay un ejercicio revelador en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 del Ministerio del Medio Ambiente: buscar cuánto destinará el gobierno de Kast a los compromisos climáticos. La cifra es de $293 millones para la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), instrumento de la promesa chilena de reducir emisiones en un 45% hacia el año 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Un año antes, ese programa contaba con $685 millones. El recorte es del 57,2%, y no existe en la glosa explicación sobre cómo se mantendrán esos compromisos con la mitad del presupuesto anterior.
No se trata de un ajuste menor ni de una corrección de eficiencia. Es una señal de prioridades. Lo que ese número revela es que el primer presupuesto propio de la administración Kast ha decidido, en materia ambiental, que la acción climática puede esperar.
El presupuesto total del ministerio crece un marginal 0,3% nominal, hasta $98.631 millones, una variación que no alcanza a cubrir la inflación. Pero dentro de esa cifra aparentemente estable, las redistribuciones internas cuentan una historia muy distinta. El área de Cambio Climático cae un 21,1%, perdiendo $371 millones. La Calidad Ambiental se desploma un 40,7%, con $3.133 millones menos. La Educación Ambiental retrocede un 41,0%. Las transferencias corrientes colapsan un 63,7%, con $1.175 millones que simplemente desaparecen del presupuesto.
¿Adónde van los recursos ahorrados? Al SBAP, el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuyo presupuesto sube un 20,7% hasta $22.304 millones, con 373 cargos financiados y $530 millones para inversión en infraestructura. El gobierno lo presenta como su gran apuesta ambiental: fortalecer la institucionalidad que protegerá la naturaleza chilena. El argumento tiene lógica parcial. El problema está en lo que ocurre en paralelo.
Al mismo tiempo que se capitalizan las oficinas del nuevo servicio, se eliminan las asignaciones para las áreas de acción que ese servicio debería ejecutar en el territorio. Las transferencias para Áreas Marinas Protegidas desaparecen: cero pesos, frente a $312 millones en 2026. Los fondos para Conservación de Humedales: eliminados ($109 millones perdidos). El presupuesto para Conservación de Especies: suprimido ($237 millones). Es como contratar a los bomberos y construirles una estación nueva, para luego quitarles el agua.
La contradicción no es accidental. Refleja una concepción de la gestión ambiental que privilegia la institucionalidad centralizada sobre la acción territorial concreta. Es más fácil inaugurar un servicio y anunciar dotaciones que defender $312 millones para proteger mares que nadie fotografía en la discusión presupuestaria, o $109 millones para humedales que muchos prefieren ver convertidos en proyectos inmobiliarios. La diferencia entre ambas decisiones no es técnica: es política.
El daño a la acción climática merece atención aparte. Chile es signatario del Acuerdo de París, participante en el Marco de Kunming-Montreal sobre biodiversidad 2030 y firmante del Acuerdo de Escazú. Todos esos compromisos suponen financiamiento sostenido. El programa de NDC —que financia inventarios de emisiones y finanzas climáticas— cae de $685 millones a $293 millones en un solo año. Eso no es eficiencia; es la interrupción de capacidades que costó años construir.
A nivel doméstico, el impacto más inmediato lo sufrirán las familias que viven en zonas de saturación atmosférica. El programa de Calefacción Sustentable, que subsidia el reemplazo de estufas contaminantes en ciudades como Temuco, Osorno y Coyhaique, pierde un 47,3% de sus recursos. Menos subsidios significa más leña quemada, más material particulado en el aire, más enfermedades crónicas y mayores hospitalizaciones por enfermedades respiratorias y cardiovasculares en invierno. La política climática y la salud pública son, aquí, exactamente la misma política.
Tampoco es menor la supresión del programa Estudios para Normativa Ambiental ($778 millones) y del programa Desarrollo Sostenible ($1.619 millones), ambos eliminados sin reemplazo en el Mensaje Presidencial. El primero financiaba la base científica para actualizar normas de calidad ambiental; el segundo, instrumentos de reconversión productiva sustentable. La Superintendencia del Medio Ambiente pierde un 14,9% en fiscalización, reduciendo la capacidad del Estado de exigir el cumplimiento de resoluciones ambientales vigentes.
El gobierno invoca el déficit estructural heredado —que alcanzó 7,7% del PIB en 2021— y la meta de 1,8% del PIB para 2027 como justificación para la disciplina fiscal. El argumento tiene sustento en abstracto. Pero los recortes no son neutrales: recaen de manera desproporcionada sobre áreas que generan bienes públicos globales —clima, biodiversidad, educación ambiental— cuyos beneficios son invisibles en el corto plazo y cuyos costos de abandono significarán décadas de retraso, sobre las comunidades más vulnerables.
Chile ha vivido en los últimos años una sucesión de mega sequías, incendios forestales sin precedentes en la zona central y sur, y veranos de contaminación en sus ciudades del sur. El presupuesto 2027 enfrenta esa realidad con $293 millones para los compromisos climáticos, cero pesos para las áreas marinas protegidas, y una institución nueva bien dotada de personal, pero desprovista de los programas territoriales que justifican su existencia. No hay política ambiental sin acción concreta. Esa distinción —entre instituir y actuar— es la que el presupuesto 2027 del Ministerio del Medio Ambiente ha decidido ignorar.
Quilpué, 26 de octubre de 2026.
