Ex concejal y ex director laboral Banco del Estado de Chile
Defender hoy los avances sociales, políticos e institucionales conseguidos en el ciclo político pasado es comenzar a sentar las bases para ensancharlos mañana. También es una manera de devolverle sentido a la política, una de las principales deudas de nuestra democracia y una de las trabas que han impedido impulsar transformaciones más profundas y duraderas.
La defensa de la soberanía nacional y programas como Yo elijo mi PC, junto a una cincuentena de otras iniciativas de naturaleza similar, pueden parecer asuntos distantes entre sí. Sin embargo, su desmantelamiento o debilitamiento forma parte de un mismo entramado ideológico que el gobierno de Kast ha venido configurando durante estos meses. La cuestión de la soberanía nacional, por ejemplo, adquiere una nueva dimensión en la medida en que progresa el alineamiento del Gobierno con los intereses de Estados Unidos.
En el contexto regional, siguiendo la misma línea de continuidad, esa orientación quedó simbólicamente representada en la fotografía de Kast y Milei sosteniendo juntos una motosierra tras el contundente triunfo electoral del primero. No estamos, por tanto, ante un mero problema comunicacional ni ante simples descoordinaciones entre altas autoridades del Gobierno. Estamos ante una visión precisa que se expresa en decisiones concretas.
Las descoordinaciones pueden corregirse, el relato puede mejorarse y la gestión puede encontrar un rumbo más eficaz que el mostrado hasta ahora. Pero nada de eso resuelve el fondo del problema: el ideologismo extremo que orienta la acción gubernamental. Su huella está detrás de cada iniciativa y de cada proyecto de ley, con consecuencias que recaen sobre los sectores populares, las capas medias, los microempresarios y las mujeres trabajadoras. El resultado es una mayor presión sobre los ingresos familiares, pérdida de poder adquisitivo y mayor sobreendeudamiento al ya existente. Punto aparte es para quienes pronto serán pensionados, en medio de una debacle del sistema de las AFP que, una vez más, son las únicas que nada pierden.
A este costo social se suma la amenaza velada al debilitamiento de la institucionalidad democrática. Sin tanques en las calles ni metrallas en las esquinas de las grandes ciudades, se reducen espacios y capacidades institucionales en ámbitos tan sensibles como los derechos humanos, la protección ambiental y la participación ciudadana. También se ponen en tensión los contrapesos entre los poderes del Estado, mientras se estrechan las alianzas con gobiernos de ultraderecha que comparten el propósito de desacreditar a los organismos multilaterales y cuestionar los espacios de cooperación internacional.
El debilitamiento institucional no consiste solamente en quebrantar la ley. También puede producirse, de manera gradual, cuando se restringen las garantías de derechos, se debilita la autonomía de los organismos públicos, se reducen los contrapesos al poder o se estrechan los espacios de participación social. La institucionalidad democrática puede conservar sus formas y, al mismo tiempo, perder parte de su capacidad para limitar el poder, proteger derechos y representar a la ciudadanía.
Ahora bien, supongamos incluso que, durante los próximos meses, el Gobierno de Kast y su equipo logren superar las principales incapacidades que han contribuido a su creciente rechazo ciudadano; que mejoren su gestión, ordenen su comunicación, disimulen mejor sus propósitos y consigan que, como esperan, “las expectativas del mercado finalmente se alineen con la realidad”. ¿Sería todo ello suficiente para resolver las trabas estructurales que están detrás de los grandes problemas del país? ¿Bastaría para enfrentar las desigualdades económicas y sociales, las dificultades en materia de seguridad y las limitaciones del modelo de desarrollo vigente? ¿Qué capacidad tendría ese eventual éxito para responder, además, a los desafíos que nos plantea la negada crisis climática, a lo que ahora se agrega la variante geopolítica que irrumpe en la política interna?
Es difícil que eso pueda llegar a ocurrir desde el reduccionismo a la gestión con que el Gobierno aborda cada uno de los asuntos que están arraigados en la estructura económica, social e institucional del país. En economía, por ejemplo, si para cualquier gobierno ha venido resultando cada vez más difícil hacerla crecer, para el actual gobierno lo es más de momento que persiste en recetas añejas y es enérgico opositor a la necesidad de industrializar nuestra economía, invertir en investigación y desarrollo, modernizar y desarrollar nuevas capacidades estatales.
Por el contrario, cada vez que tiene la oportunidad muestra aversión hacia las ciencias, la inversión en investigación y desarrollo sigue y seguirá así ausente, es hostil al desarrollo de la cultura, en especial la solidaria y presente algún leve viso de universalismo. En definitiva, la apuesta de Kast se reduce a un eventual chorreo de la economía y a desequilibrios en los contrapesos de poderes del Estado en favor del Ejecutivo y/o limitado a la figura presidencial como se intentó en la fracasada iniciativa de seguridad.
De la mano de gobiernos de ultraderecha, es una historia que se ha venido haciendo conocida. Desregulación extrema, austeridad fiscal severa y achicamiento del Estado, retroceso en programas sociales, pulverización del poder adquisitivo, destrucción de empleos y Pymes, sobreendeudamiento y precariedad. Pero la culpa es de administraciones anteriores, no de un modelo de sociedad, de un modo de conseguir desarrollo que muestra cada vez más signos de agotamiento y augura más convulsión social.
¿Qué camino seguir, entonces?
La respuesta, depende desde el punto de vista con que se mire. Depende también, en gran medida, de las conclusiones políticas a las que cada sector de oposición haya llegado luego de la revuelta social de octubre de 2019 y las sucesivas derrotas electorales que le sucedieron. Depende también, como factor incidente, de la evolución de la política internacional, por un lado, la revuelta francesa que los medios limitan a la violencia y el vandalismo, y el efecto en las subjetividades del categórico, contundente y esperanzador triunfo electoral de Lula, en Brasil.
La historia puede cambiar, por lo que partir de cero no es un camino predeterminado. Luego de décadas de reveses y aprendizajes, sabemos que un proyecto transformador y de futuro requiere reconstruirse no solo en las ideas, sino también en capacidad orgánica y política, en inserción social y cultural.
De acuerdo con lo anterior, se puede colegir que un proyecto transformador incluye ganar elecciones, ganar el gobierno y espacios de poder en los sistemas de representación, generar cambios, desarrollar la economía, fortalecer una cultura cívica participativa y conductas éticas acorde a los objetivos que se proclaman. Pero es también ganar hegemonía política y fuerza social que de sostén a los cambios y proporcione los soporte s para los reveses, que son parte de la política y de la vida misma.
Hoy en Chile no existe prácticamente ninguna fuerza política, que se reconozca en el progresismo y la izquierda, que no tenga capacidad de conducir el Estado. Pero lo otro que sabemos, es que ya no basta con esa capacidad, si la misma no va acompañada de capacidad para construir dirección intelectual, cultural y social organizada. Se podrá hacer un buen gobierno, expresar incluso un sentido país y conseguir resultados positivos y tangibles, pero al elevado precio de perder la capacidad de reconocerse en los dolores y las esperanzas, expectativas y aspiraciones de las grandes mayorías.
En consecuencia, para la izquierda, y en especial para las corrientes socialistas dentro de ella, la cuestión de la inserción social se ha convertido en un elemento clave, mucho más relevante que “estar con el pueblo” y recuperar lo que hemos perdido. La línea conductora de la reinserción, entre parte importante de sus objetivos políticos, tendría que orientarse a contribuir a la repolitización de la sociedad en el sentido de recuperar capacidad colectiva para tomar en nuestras manos los asuntos que nos afectan e imaginar un futuro compartido.
Repolitizar significa superar la idea de que los problemas son asuntos privados. Significa devolver los problemas colectivos al espacio de la deliberación y la decisión democrática, porque solo en la medida que cada vez más amplios sectores de la ciudadanía conquisten y ejerzan una progresiva participación en todos los aspectos de la interacción social, es que se podrán consolidar cambios de fondo que sirvan de base para nuevos avances.
