Aunque al menos dos exministros del gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes, -de Hacienda y Economía respectivamente-hicieron un llamado a la cautela en el debate sobre la reducción de la jornada laboral, lo cierto es que en La Moneda esperan el momento de la votación del proyecto no sólo con los dientes apretados. El momento de la verdad será a la vuelta de las fiestas patrias.

Y lo de los dientes apretados no es sólo retórica. En realidad, el gobierno no logra  paz para ordenarse, y analizar su situación, sus prioridades, su relato. Están rodeados de piedras en el camino que los hacen ponerse nerviosos.

Por ejemplo, viven momentos de zozobra con la acusación constitucional contra la ministra de Educación donde necesitan 6 votos opositores para evitarla (desde el gobierno han deslizado que cuentan con 9); allí está el ministro de Hacienda y el propio presidente anunciando un crecimiento para el país que ninguno de los expertos en el área ve;  allí está el nerviosismo de los grandes empresarios por las medidas que puede anunciar el gobierno durante el encuentro mundial sobre medio ambiente y que puedan afectar sus intereses; y están también los problemas internos de la coalición oficialista, graficado por la pedida del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, solicitando revisar el programa de gobierno, preocupado a estas alturas porque no se ve ningún legado que pueda dejar esta administración y más que eso, inquieto porque de seguir con tal nivel de rechazo, difícilmente podrán cumplir la meta de los 8 años de gobierno de derecha.

Las 40 horas siguen penando

Ocurre que sumando y restando, ha trascendido que hay al menos 10 parlamentarios de Chile Vamos que estarían por la abstención, pese a los esfuerzos rayanos en la desesperación del ministro del Trabajo quien insiste en que “ningún parlamentario de Chile Vamos va a estar dispuesto a avalar un proyecto que es ilegal y que termina afectando el sueldo de los trabajadores”.

Pero, al parecer no es tan así y dispuestos hay. Incluso La Segunda informó que los dubitativos son todos de RN. Por ejemplo, Karin Luck, declaró que “uno no se puede negar a la idea de legislar”. Ximena Ossandónpor su parte, adelantó que “me abstendría” y su colega Gonzalo Fuenzalida planteó que “como está, lo lógico, será una abstención”. La diputada Francesca Muñoz sostuvo que “estoy a favor de la reducción y no puedo afirmar ni descartar mi apoyo a la iniciativa de las 40 horas”.

Por eso es que Monckeberg insiste en sus críticas contra el proyecto, llamando a su bloque a alinearse, señalando que “es una obligación de cada parlamentario respetar y hacer respetar la Constitución. Si un Gobierno, cualquiera sea este, sencillamente decidiera respetar la Constitución o no hacerlo dependiendo de lo popular o impopular de un proyecto, sentaríamos un pésimo precedente”.

En la misma línea se pronunció Mario Desbordes, de RN. Al ser consultado acerca de los parlamentarios de su partido que han respaldado dichas iniciativas, el diputado respondió que “se equivocan los parlamentarios de Chile Vamos que votan a favor de esos proyectos, son iniciativas que suenan muy bonitas, pero al ser inconstitucionales no deben seguir avanzando (…). Y luego aclaró que “aún no está definitivo quien iría al TC, si el Ejecutivo o los partidos de Chile Vamos, es un tema que tendrá que definirse en su minuto”.

Lo grave es el papel que el gobierno y sus partidos harán jugar al Tribunal Constitucional, cuyo prestigio a estas alturas casi es inexistente. Probablemente conscientes de esa realidad, que también salpicará a la administración de Piñera, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, aseguró que el Ejecutivo se encuentra estudiando la alternativa de llevar al Tribunal Constitucional los 17 proyectos que a juicio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia han avanzado con indicaciones que son “inadmisibles”.

Para sectores mayoritarios de la oposición, esta jugada gubernamental obedece justamente a evitar que tanto el TC como el gobierno sean más rechazados aún, tomando en cuenta la aceptación mayoritaria que tiene el proyecto de reducción de la jornada laboral de las 40 horas. Si se presentan al tribunal 17 proyectos con indicaciones “inadmisibles“a juicio del Ejecutivo, varios podrían ser aceptados como “admisibles” y otros no. Así, un probable rechazo al proyecto opositor pasaría de largo en medio de tantos aprobados. La prueba de blancura del TC.

Frente a la andanada de críticas y amenazas con el Tribunal Constitucional, elPresidente de la Cámara Iván Flores salió en defensa de sus pares: “Ha habido iniciativas parlamentarias que son buenas para Chile, ¿cómo no va a querer el gobierno mejorar la calidad del trabajo de los gendarmes o que se modifique el código sanitario para regular la verticalidad de las farmacias y que signifique que los medicamentos de uso común estén con más acceso a las personas? ¿por qué no le pone el patrocinio en vez de mandarlo al TC, está convirtiéndolo en una tercera Cámara Legislativa? justamente por la misma razón, dado que la Constitución no se modifica porque no hay voluntad, en este escenario, todo lo que no le gusta al gobierno lo manda al TC“, aseguró.Frente a esto, Flores precisó que se está discutiendo en la comisión de Constitución de la Cámara una modificación, “porque queremos que el TC revise cosas muy especiales, este es el momento de ponernos de acuerdo, de buscar puntos de convergencia y que el gobierno entienda que todos estos buenos proyectos de iniciativa parlamentaria los reconozca así y les ponga patrocinio”.

Lo mismo hizo el PS, Álvaro Elizalde. Dijo que “se habla de 17 iniciativas que el gobierno quiere llevar al TC porque son las que cuentan con mayoría parlamentaria y los chilenos apoyan. Entonces el gobierno, evadiendo su responsabilidad, pretende que el TC le resuelva el problema y de esa forma el TC se transforma en una tercera cámara, un órgano no elegido que a través de sus resoluciones termina afectando a la mayoría de los chilenos”.Por ejemplo, agregó Elizalde, “respecto a las 40 horas, el Presidente de la República puede vetar el proyecto si no lo comparte, pero no lo hace porque no quiere pagar el costo de una decisión impopular. Es decir, el gobierno no quiere decir lo que realmente quiere decir”.

De paso, tanto Elizalde como el presidente del PPD, Heraldo Muñoz le recordaron al gobierno que presente sus propuestas de cambios, que están esperando desde que dialogaron con el Ministro del Interior.“No puede ser que el Gobierno esté llevando materias al TC, como el proyecto de 40 horas, y que ahora nos diga que hay 17 mociones parlamentarias que serían inadmisibles o inconstitucionales, que también serían llevadas al tribunal”, señaló Muñoz. Por su parte, el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, declaró que “el TC tiene que ser modificado en atribuciones, composición y funcionamiento. Mientras eso no ocurra, no está terminada la transición a la democracia, seguimos con un sistema democrático con una anomalía, con una imperfección importante que es el actual TC”.

La acusación

Rápidamente la ministra Cubillos delineó su estrategia con algunos diputados de Chile Vamos, el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, y el analista Gonzalo Cordero. Allí se decidió la idea-fuerza a repetir como un mantra: que la ofensiva opositora persigue “fines políticos” y no “tiene sustento”. De inmediato salieron sus operadores desplegándose en las redes sociales utilizando el hashtag “acusación sin fundamentos”. Todos los ministros del comité político defendieron públicamente a Cubillos -quien también entregó una declaración en La Moneda- e incluso el propio Presidente Piñera salió a respaldarla.

En la otra vereda,  se dice que al menos tres diputados de la Democracia Cristiana han manifestado que no apoyarán la acusación constitucional contra la ministra de Educación: José Miguel Calisto, Pablo Lorenzini y Daniel Verdessi. Es lo que se asegura en el Palacio de Gobierno. En realidad, dada la experiencia con las reformas tributarias y de pensiones, cualquier cosa puede pasar con los votos de parlamentarios DC, aunque el propio Ascencio, dicen sus cercanos, se autoimpuso el desafío de lograr la mayor cantidad de votos falangistas a favor de la acción opositora.

Tanto la firma del documento acusador como el apoyo de Ascencio son analizados al interior de su partido como un “gesto político” para volver a “acercar” a la colectividad a sus pares de la oposición, especialmente a sus aliados históricos en la ex Nueva Mayoría. Es que se acercan a pasos agigantados las dos importantes elecciones -municipales y gobernaciones regionales- y solos, nadie gana.

El presidente del partido, Fuad Chahín, señaló a La Tercera que “nosotros votamos a partir de convicciones, no para hacerle el gesto ni al gobierno ni a la oposición”, agregando, eso sí, que “queremos diálogo político, acuerdos electorales e ir fijando un marco programático común hacia el futuro, pero eso se debe hacer sobre la base de una conversación, no unilateralmente”.

Esfuerzos en ese sentido los está haciendo. Hace más de tres semanas envió una invitación a sus pares de la Convergencia -PS, PPD,PR- invitándolos a trabajar en conjunto de cara a los próximos comicios. Aún no se conoce la respuesta.

Y en el otro lado, según fuentes del gobierno, el subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado, le planteó a Chaínsu preocupación por el rol clave que estaba jugando la DC en la acusación. La respuesta de Chahín, de acuerdo a las mismas fuentes, fue que la definición se radicaría a nivel de bancada y que cualquier diálogo debía darse con Ascencio. Aunque en el Ejecutivo reconocen que el escenario podría ser complejo para la ministra Cubillos, por “el ánimo” en que se encuentra la oposición, sobre todo después del conflicto con el PS, creen que la DC no hará esfuerzos mayores para alinear a toda la bancada tras el libelo, lo que -dicen- podría jugarle a su favor. Argumentan que esa colectividad está apoyando la acusación como “un gesto de solidaridad” hacia el PS y apuestan al desmarque de diputados falangistas. Es lo que dicen.

Entonces, la suerte de la acusación constitucional liderada por el Partido Socialista comenzó su periplo. No muy bien eso sí. Porque en el tradicional sorteo vía tómbola para conformar la comisión ad hoc que revisará la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, el oficialismo obtuvo cuatro de los cinco miembros. Por la oposición, fue elegida la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, quien reflexionó: “Quien iba a pensar que la tómbola favorecería a la ministra”. El oficialismo, por su parte, estará representando por los RN Hugo Rey y Catalina del Real; y los UDI Celso Morales y Pedro Pablo Álvarez Salamanca.

Aunque en el gobierno estuvieron tentados de descorchar champaña por el resultado de esta votación, lo cierto es que todos saben que el informe que emita la comisión no es de carácter vinculante.El diputado del PS, Juan Santana -quien fue el impulsor de la acusación contra la ministra Cubillos- descartó que la composición de la instancia signifique una derrota para el sector. “Lo único que nosotros esperamos y el llamado que hacemos es a la imparcialidad”, advirtió el parlamentario.

Con todo, algo de tranquilidad les llegó. “Es evidente que la mayoría de los integrantes son de Chile Vamos, eso da pie para estar tranquilos en términos en que se va a analizar la acusación en su mérito”, afirmó el presidente de RN, Mario Desbordes.

Desde el Frente Amplio, el jefe de bancada de RD, Pablo Vidal, admitió que la oposición está “en desventaja”, pero subrayó que “lo importante es que el informe de la comisión no es vinculante”.Maite Orsini señaló que “yo soy de la idea de que no tiene que ver con la cantidad, sino que con la disposición que tengamos los diputados a revisar en mérito los antecedentes y fundamentos de esta acusación constitucional”.

La acusación se divide en cinco capítulos con el detalle de las infracciones a la Constitución y las leyes que, a juicio del sector, habría cometido la secretaria de Estado:  infracción a la Constitución y las leyes, específicamente en relación a la vulneración del principio de Probidad, en su dimensión de falta de veracidad; infracción a la Constitución y las leyes, específicamente en relación al respeto y protección a la vida privada y la protección de sus datos personales, así como el principio de finalidad previsto en la ley Nº19.628 sobre protección de la vida privada; no ejercer un control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia a objeto de la adecuada implementación de la ley Nº 21.040, infringiendo los deberes de actuación consagrados en la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, especialmente en materia de eficiencia, eficacia, y asimismo, coordinación; haber dejado sin ejecución las leyes por la omisión del cumplimiento de las obligaciones ministeriales, particularmente, en materia de ejecución presupuestaria; y la infracción a la Constitución y las leyes, específicamente en relación a la vulneración del principio de igualdad, consagrado en el artículo 19 N°2 de la constitución.

La ministra Cubillosaseguró que la acusación que impulsa el Partido Socialista buscaría limitar la “libertad de expresión” y el “derecho a disentir políticamente” del gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Por su parte el Ministro del Interior, Andrés Chadwick expresó que han estudiado la acusación constitucional y que en ésta “no existe fundamento jurídico alguno” para culpar a la ministra Cubillos. “Y así es la opinión que se ha dado a conocer por distintos juristas y constitucionalistas sobre ellos”. “Derivado de eso, uno tiene que solo concluir que el objetivo de esta acusación constitucional -al no tener argumento jurídico como exige la Constitución- es solo un objetivo de carácter político“, agregó. “Esto es muy grave. Es muy grave cuando las instituciones, y en este caso, un sector de la Cámara de Diputados deja de cumplir sus atribuciones de acuerdo a la Constitución”.

“Posiciones extremas” en la COP25

No solo el proyecto de 41 horas del gobierno generó división al interior de Sofofa, también ocurre con la cumbre climática COP25 a realizarse entre el 2 y 13 de diciembre. Es que, si bien la Sofofa incluso fue en apoyo del gobierno recaudando dineros para la iniciativa, hoy por hoy varios empresarios miran el evento con temor.

“Parece pertinente revisar en el Consejo la posición de Sofofa respecto de COP25, ya que sin perjuicio de la relevancia de la problemática del cambio climático, es altamente probable que esta asamblea masiva (…) sea dominada por posiciones extremas con conclusiones que culparán al modelo de desarrollo, el neoliberalismo, la agricultura, la minería, etc., de todos los males, con el agravante que no será fácil desvincularse de esas conclusiones cuando el empresariado local aparece en alguna medida avalando el encuentro y contribuyendo a su financiamiento”.

Es decir, temen que el entusiasmo gubernamental podría derivar en anuncios y compromisos que contravengan el crecimiento nacional. Y advierten sobre el peligro de ser sede por dos semanas de múltiples ONG que justamente ponen al desarrollo empresarial como uno de los grandes responsables del cambio climático. “Existe el riesgo de que nos estemos disparando en los pies”, subraya un ejecutivo.

Tras el desistimiento de Brasil a organizar ese encuentro, Chile se comprometió a montar el mayor evento en la historia del país -con cerca de 25.000 asistentes. El gobierno estimaba que el sector privado aportaría US$ 25 millones, pero hoy esa cifra no es tal. En el mundo empresarial estiman que el monto será del orden de US$ 14 millones: en torno a US$ 12 millones provendrían de los socios de Sofofa y US$ 2,5 millones serían de los integrantes del Consejo Minero. Hay quienes aseguran que la menor recaudación es producto de la reticencia de algunos empresarios a cooperar. En la Sofofa han aportado 15 empresas. “Somos varios los que hemos criticado este cheque en blanco que el gobierno, Sofofa y otros están dando a una cantidad enorme de ONG muy antiempresa”, dice un empresario.

Para el abogado Fernando Barros, la COP25 no aportará nada útil ni a Chile ni al mundo. “Al asumir un liderazgo extremo en los costos asociados a compromisos que solo unos pocos de los más ricos planean -y muy pocos cumplirán-, nos alejaremos más aún de alcanzar el desarrollo en favor de nuestros sectores más postergados”, sostiene. Y añade el hecho de que, si bien nadie discute la importancia y necesidad de una relación equilibrada del ser humano y la naturaleza, “se debe estar atentos a la evolución de la discusión científica, ya que cada día aparecen más opiniones disidentes respecto de la visión catastrófica que se ha querido dar al incremento de CO2”. “

El presidente de Sonami, Diego Hernández, que junto al Consejo Minero y Aprimin prepararon un documento con su visión frente al desafío del cambio climático.“Tenemos un compromiso claro con el impulso de una minería sustentable, pero en medio de esta fiebre de iniciativas que ha generado la COP25, han surgido amenazas alejadas del sentido común y del interés nacional: entre otros, nos preocupa el curso del proyecto de Ley de Glaciares”, subraya. Y añade: “A nuestro parecer, la protección de los glaciares requiere que se consideren las particularidades de cada uno de estos cuerpos. Sin esas especificaciones y solo con definiciones generales una iniciativa de este tipo terminaría costando miles de empleos al poner en riesgo el desarrollo de numerosas iniciativas de nuestro sector”.

El Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, se pronunció ante las declaraciones del consejero de la Sofofa, Fernando Barros, y afirmó que hay empresarios que tienen temor de que en la COP25 se dé una discusión con un sesgo muy “pro medio ambiente”. Señaló que no sabe qué tan representativa es la voz de Barros dentro del empresariado. No obstante, sostuvo que “me imagino que hay grupos empresariales que tienen temor de que, en el marco de la COP, se dé una discusión que tenga un sesgo muy pro medio ambiente, pero hay un supuesto en ese temor que no comparto en cuanto que cuidar el medio ambiente es contrario al desarrollo económico. Eso no es verdad”.