Periodista.
Comienzan a sentirse los efectos de la otra pandemia: los efectos de la situación económica y social derivada del coronavirus. El Gobierno se esfuerza en anunciar medidas, pero lo que viene en materia socioeconómica probablemente dejará a todas ellas con un efecto limitado.
Sin inmutarse mucho el Ministerio del Trabajo informó el viernes pasado que en marzo hubo un aumento de 100.000 despidos respecto de febrero, con un crecimiento del 40% respecto del mismo mes de 2019, llegando a la Dirección del Trabajo cartas por finiquitos de 299.519 chilenos, es decir casi 300.000 familias que entran en una situación muy compleja desde el punto de vista de mantener los ingresos para sus hogares.
En la realidad esto se suma a la enorme cantidad de connacionales que poseen trabajos completamente informales y fuera de cualquier contrato, como un feriante, un campesino o un maestro de la construcción. Allí apuntan las medidas que acaba de anunciar el Ejecutivo con este “Ingreso Familiar de Emergencia” para, supuestamente, el 60% más pobre de la población.
Pero desglosemos las cifras y contextualicemos un poco.
Como gran compensación– para aquellos trabajadores que afortunadamente tienen contratos –se indicó, además, que 56.986 empresas, que abarcan 786.790 trabajadores, se habían acogido a la Ley de Protección del Empleo que, por supuesto, fue ocupada no sólo por pymes, que se supone son las más afectadas, sino que también por grandes y conocidas empresas, por ejemplo, del retail, que en ejercicios pasados han ganado millones y millones, pero que ahora se acogen a los planes del gobierno para poner supuestamente “en hibernación” a sus trabajadores, los que eventualmente mantendrían su relación laboral en el futuro.
¿Cuál es la gran compensación en este ámbito? Que los trabajadores que tienen la suerte de poseer contrato formal en Chile– según la Fundación Sol son al menos un millón de chilenos los que desempeñan trabajos bajo subordinación y dependencia, pero sin la existencia de contrato laboral escrito-, podrán enfrentar esta situación gastándose sus propios ahorros del Seguro de Cesantía, y ojo: sin que esté claro que pasará si llegan a quedar cesantes en algunos meses más, dado que ya esos fondos estarán completamente mermados.
Si una característica ha tenido la pandemia actualmente en curso, aparte de develar la falsa suficiencia humana sobre el control de la naturaleza y la sobrevaloración de la tecnología, ha sido mostrar la tremenda precariedad en que se vive en muchos lugares, entre ellos, por supuesto Chile. Allí aparecen los pobres en TV y no sólo las soluciones a lo Las Condes o Providencia, con sus infaltables alcaldes. Allí sale esa mitad de trabajadores que ganan en el país, también según la Fundación Sol, $380.000 pesos o menos y que se comparan ignominiosamente con una línea de la pobreza que fue determinada en 2017 como de $417.348, para una familia de cuatro personas. Y ese 70% de la población que gana menos de $550.000, apenas un poco más que esa línea de la pobreza. Lo que solemos dejar bajo la alfombra, pero que todo Chile en realidad sabe que existe.
En este cuadro, con un desempleo (oficial) que ya subió de 7,0 a 7,8 por ciento en el trimestre diciembre-febrero, es decir que aún no incluye los efectos de la pandemia en la economía, se dieron a conocer las últimas cifras de cesantes y vimos filas y filas de chilenos yendo a formalizar sus finiquitos a las notarías del país… y con toda probabilidad los seguiremos viendo.
Las actividades económicas que se han visto más afectadas son la construcción, servicios administrativos, comercio y en mayor cantidad -respecto al año anterior- el turismo y los servicios de comida. Recordemos que varios de estos rubros, además, funcionaban con sueldos que tenían un altísimo componente variable o simplemente se basaban en el sueldo mínimo más las propinas del 10%, que muchos “emprendedores gastronómicos” usaron simplemente para pagar menos a sus trabajadores y pasar ese cargo al cliente. La viveza del emprendedor chileno.
Medidas no cubren la línea de pobreza
Pensando en ese enorme conjunto de trabajadores informales, el Gobierno lanzó con bombos y platillos hoy este Ingreso Familiar de Emergencia. El propio presidente calculó que una familia del 40% más pobre, de cuatro personas, obtendría unos $260.000. Veamos lo que se aleja eso de los $417.348 definidos como línea de la pobreza para exactamente ese tipo de familia. Le falta casi un 40% para alcanzar la línea de pobreza, cubriendo solo un 62% de esta cantidad considerada mínima.
Y surgen nuevos elementos, porque la realidad se impone. Cifras entregadas hoy mismo por el Banco Central indican que el endeudamiento de los hogares chilenos marcó un nuevo récord, al cierre del 2019. La deuda de los hogares alcanzó la escandalosa cifra de 74,5% de los ingresos disponibles, deuda de los hogares que está constituida por créditos hipotecarios (40%), créditos de consumo (17%) y otras entidades (Cajas de Compensación, Compañías de Seguro y otras) con un 16,7%.
Explosiva combinación de falta de empleo y enormes deudas por saldar. Y nótese que los bancos, incluido el Bancoestado, se han enfocado básicamente a ayudar a las empresas (incluidas las grandes) y no a las personas y sus créditos hipotecarios o de consumo.
“¿Que significa asumir la nueva normalidad? 70% de los trabajadores gana menos de $550 mil; 80% de pensiones que pagan las AFP menores al salario mínimo; 11,5 millones de endeudados; 4,7 millones de deudores morosos, el 1% más rico concentra el 33 de los ingresos. No gracias”, escribió la Fundación Sol en su cuenta de twitter, resumiendo esta radiografía de contexto, en que caen estas medidas.
Letelier: “trabajadores no pueden llevarse el peso”
“Estas cifras demuestran que la crisis sanitaria comienza a desatar una grave pandemia social marcada por despidos y la consiguiente precariedad laboral”, dijo al respecto el senador del PS y presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Pablo Letelier.
“Estas cifras entregadas ponen nuevamente el énfasis que exigimos hace semanas: es necesaria una intervención robusta del Estado para garantizar que a nadie le faltarán los ingresos en los meses que vienen”, subrayó el parlamentario.
En línea con lo que han venido planteando también alcaldes de comunas populares, el parlamentario dijo que “los socialistas venimos, desde hace tiempo, planteando una renta o ingreso garantizadopara quienes no están obteniendo ni obtendrán ingresos en los próximos meses”.
Letelier planteó la necesidad urgente de iniciar un apoyo efectivo. “Y no solo anuncios” a los municipios, los cuales aún no han recibido nada sustantivo.
“Los trabajadores y trabajadoras no pueden ser quienes deban sobrellevar el mayor peso de esta pandemia; entre el abuso de las isapres; las pérdidas millonarias de las AFP; y la creciente precariedad laboral, es el Estado el que debe salir a garantizar una Protección Social», añadió el presidente de la Comisión de Trabajo, finalizando que «todos estaremos dispuestos a trabajar en esa dirección».
A la luz de las últimas medidas anunciadas hoy por el Ejecutivo, el Gobierno estaría acogiendo este tipo de propuestas, aunque sea en una proporción bastante menor a la requerida y como ya lo confesó abiertamente, ya no solo le preocupa la crisis sanitaria, que parece estar dando prácticamente por superada, sino la crisis social que ésta también conlleva y obviamente sus efectos políticos, cuando se vienen a cuesta una serie de procesos electorales. Veremos como resulta primero su apuesta desde lo sanitario, porque como alguien dijo: sin la salud de sus habitantes tampoco puede reactivarse la economía.
LEER AQUÍ ==> PROPUESTAS DEL PARTIDO SOCIALISTA ANTE LA CRISIS DEL COVID-19
