Doctora en Ciencias Políticas, profesora emérita de la Facultad de Long Island University en Nueva York y colaboradora del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Usach.
En los años 1990 escribimos con un colega un artículo sobre la impunidad y sus secuelas en América Latina (McSherry y Molina Mejía, 1992). Ya varios países estaban en la primera etapa de “las transiciones a la democracia”, después de terribles y violentas dictaduras (respaldadas normalmente por Washington D.C.), y enfrentando sus legados de tortura, terror, desaparición forzada y asesinato. En esa época fundamos y trabajamos en una organización civil por los derechos humanos y contra la impunidad en América Latina, La Coalición contra la Impunidad (The Coalition Against Impunity), con participación de defensores de los DD.HH. de América Latina, Europa y EE.UU. En el artículo mencionado, argumentamos que la impunidad tenía tres dimensiones –estructural, estratégica y político / psicológica—que obstaculizaban los intentos de cambiar las injustas condiciones de la vida social y política post-dictadura.
Analizamos estas tres dimensiones de la impunidad y su fuerte impacto sobre las sociedades así: “La impunidad estructural significa mecanismos y estructuras, institucionalizados y legalizados en el Estado, que sirven para proteger a quienes abusan del poder estatal; un sistema judicial de tribunales militares, por ejemplo. Definimos la impunidad estratégica como las medidas activas que toman los funcionarios del Estado en momentos específicos, ya sean leyes, decretos, amnistías o indultos, para descarrilar procesos o demandas de verdad y justicia. Otra manifestación de impunidad estratégica es una forma de complicidad entre el régimen civil y las fuerzas de seguridad, donde los nuevos líderes civiles defienden públicamente las medidas represivas de las fuerzas armadas, y que ejecutan, repiten y legitiman la desinformación de los militares, o atacan a los defensores de derechos humanos o quienes demandan responsabilidad. La impunidad política /psicológica es otra dimensión de la impunidad resultante del terrorismo de Estado, por la cual las opciones políticas en un sistema de gobierno se restringen y controlan mediante la manipulación del miedo en la población por parte del Estado, el miedo de los ciudadanos del terrorismo de Estado se explota para mantener el status quo.”
Para nosotros la dimensión política / psicológica de la impunidad era quizás la más conmovedora y trágica de todos los aspectos de la impunidad, ya que sirvió para truncar las aspiraciones y posibilidades imaginadas por las poblaciones afectadas, configurando así la trayectoria política de un país. Si la gente cree que no puede lograr justicia, y si los que manejaban el terror continúan en posiciones poderosas, la gente se resigna a las realidades políticas, se adapta y se ajusta para sobrevivir. “Los límites de la ‘democratización’ los imponen así los militares, cuya libertad de acción está asegurada por la impunidad de que gozan. La participación de los sectores populares, exactamente lo que las élites y los militares han actuado para prevenir en el pasado, queda restringida” escribimos. En el artículo observamos que “a pesar de la transición a gobiernos civiles en muchos países de América Latina, la persistencia de la impunidad significa que las posibilidades de la política están marcadamente delimitadas por el miedo a la reacción de los militares (la dimensión política / psicológica).”
Treinta años más tarde, ya no estamos en el reino de la Guerra Fría o los Estados de Seguridad Nacional. Pero hay heridas todavía abiertas en las sociedades—el proceso de la verdad y justicia es aún muy incompleto– y hay resabios de la ideología de “la seguridad nacional” y “el enemigo interno” en las fuerzas armadas y de seguridad. Los movimientos sociales en Chile han tenido un rol sumamente importante en la reducción del miedo y la impunidad. También los familiares, las organizaciones de DD.HH y los abogados comprometidos con la justicia. Es decir, la sociedad civil. Las marchas de los estudiantes en 2006 y 2011, las manifestaciones contra la AFP en 2016, el surgimiento de las mujeres en enormes movilizaciones en 2018 y 2020, y lo más clave, la revuelta social que surgió en 2019, han cambiado la faz de Chile y han superado en gran parte el temor que existía. La sociedad ya no acepta la represión, la discriminación, el engaño ni los límites a sus derechos. Creo que con estos poderosos movimientos sociales en Chile el poder de la impunidad ha sido significativamente debilitado. Y ahora Chile está en marcha hacia una nueva Constitución, con una Convención Constituyente diversa y representativa, electa democráticamente, y respaldada por las grandes mayorías de la población (y vista con gran interés en el mundo). El pueblo chileno ya no tiene miedo, como dijeran los afiches durante varias manifestaciones en años recientes.
Felizmente, la mayoría de los países de América Latina han cambiado mucho desde los 1990 tanto como el mundo entero. Ha habido juicios sobre las aberrantes violaciones de derechos humanos por las dictaduras de la Guerra Fría en Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú, y Uruguay, entre otros. En Argentina, en particular, ha habido avances judiciales impresionantes sobre los crímenes de lesa humanidad e incluso los crímenes transnacionales de la Operación Cóndor. En Chile han ocurrido juicios sobre las violaciones de los derechos humanos, aunque muchas familias todavía no saben los destinos de sus seres queridos y varios culpables están en Punta Peuco con sus comodidades.
Lo que veo hoy día es que los chilenos están muy claros sobre lo que quieren: un Estado que garantice sus derechos sociales y políticos, una voz en su destino, salud, educación y pensiones justas y universales, más igualdad y condiciones de vida dignas. Quieren justicia. Los pueblos indígenas también quieren justicia y respeto por sus tradiciones. Las mujeres quieren igualdad y sus derechos sobre sus propios cuerpos y sus propias vidas. Y multitudes quieren proteger el ambiente, terminar con las zonas de sacrifico, reconocer el agua como recurso público y combatir la contaminación y destrucción de los tesoros naturales de Chile. Realmente la lucha es por democratizar Chile y reconocer los derechos de la sociedad. Hay muchas esperanzas de que la nueva Constitución pueda establecer muchos de estos derechos y que Chile pueda avanzar a otro tipo de Estado y sociedad, que realmente refleje las aspiraciones y valores del pueblo y conduzca el país a un desarrollo sostenible y justo para las grandes mayorías. La CC es inédita en el mundo, con sus figuras de organizaciones sociales, su paridad de género y sus escaños para los grupos indígenas. Ahora hay una campaña de desprestigio armada por la derecha para reducir el respaldo popular para la CC. Otra vez el mundo está viendo atentamente lo que está pasando en Chile
