Periodista.
El Presidente Gabriel Boric anunció ayer una de las más importantes reformas al sistema de pensiones, desde la creación de las AFP, a fines de 1980, luego de múltiples intentos de cambios en esta materia, un asunto de vital importancia para los chilenos, particularmente para aquellos que, ya jubilados, reciben una pensión que ni siquiera llega al salario mínimo y, en algunos casos, a la línea de pobreza.
El Ejecutivo y el oficialismo han salido a relevar el cambio propuesto llamando a no atrincherarse en las posiciones, mientras que la oposición, habla prácticamente de un retorno al sistema de reparto, en circunstancias de que el cambio propuesto mantiene en lo sustantivo el sistema de capitalización individual, agregando un componente mínimo de solidaridad, particularmente con las mujeres.
Dejando claro que la función esencial de un sistema de pensiones es “prevenir el riesgo de pobreza en la vejez”, el Ejecutivo se ha esforzado en subrayar la idea de que una vez aprobada la reforma las pensiones subirán en forma sustantiva, por el solo efecto de ésta, y por plantear que el cambio pone “fin al sistema de AFP”. Esto último, ha sido discutido por algunos actores que califican de insuficiente la iniciativa. No obstante, la mayoría de los actores reconoce que se trata de un cambio relevante respecto de cómo ha operado hasta la actualidad el sistema previsional, que- como sabemos-, es un eximio ejemplo del experimento neoliberal llevado a cabo en Chile.
La reforma crea un sistema mixto, donde existirán nuevos inversores privados con el objetivo exclusivo de invertir fondos previsionales y una instancia pública, lo que implica generar una competencia hoy inexistente en el mercado. Como se subrayó, y esto es muy relevante por el tema de los costos que se pagan por administración de los fondos, el servicio de atención a los afiliados, recaudación de cotizaciones, cartolas, pagos de pensiones, y -fundamental- la cobranza de los importantes montos adeudados por los empleadores por este concepto, es centralizado en una entidad pública sin fines de lucro, lo que debiera significar una rebaja de los costos de administración (ver ganancias del sistema).
En lo sustantivo se crea un sistema con un Fondo Integrado de Pensiones financiado por los
Empleadores tal como ocurre en la mayoría de los países desarrollados-, que funciona como un
fondo de ahorro colectivo, financiado con un incremento del 6% de la cotización en base al aporte
de los empleadores. Un 70% de ese 6% adicional es proporcional al salario y el otro 30% es un monto parejo, de modo de beneficiar a los salarios más bajos. Este aporte financia un Seguro Social que ayudará a enfrentar las lagunas, el tema de las tablas de mortalidad de la mujer (asumiendo que vivirán lo mismo que el hombre) y otorga cotización a las labores de cuidado para inscritos en el Registro Social de Hogares, este último uno de los puntos más destacados.
Pero veamos lo más importante, las cifras actuales cifras sobre el monto de pensiones y su proyección futura. Según los estudios de la Fundación Sol, con pensiones pagadas a diciembre de 2020, para personas que cotizaron toda su vida laboral solo en el sistema de AFP, la mitad de ellas apenas logró autofinanciar una pensión menor de 75 mil pesos- el Gobierno habló de una mediana de $64.216- y prácticamente el 80% de las 980 mil pensiones de vejez y vejez anticipada existentes, son menores al salario mínimo ($326.500 a esa fecha)- el Gobierno habló que el 72% en la actualidad está bajo el salario mínimo- y solo un 12,5% alcanza una pensión total superior a $503 mil. Todo esto afecta en particular a las mujeres que tienen menos continuidad laboral y más lagunas previsionales. La pensión autofinanciada de ellas (es decir, lo que han podido acumular sin la ayuda del Estado) llega a $30.685 mientras que para los hombres es de $137.310. Con la PGU (hoy de $193.917, para llegar a $250.000, reforma tributaria mediante) ambos montos suben a $211.142 y $321.304, respectivamente, de allí la importancia de esta Pensión Garantizada Universal, que se financia con recursos tributarios generales del país.
Esta brutal realidad se compara con otras cifras que causan escozor. Por ejemplo, el conjunto de administradoras del sistema de AFP ganó en los primeros seis meses de 2022, $1.294 millones de pesos “diariamente”, sumando ganancias por $234.252.159.000 en el periodo. “¿AFP para quién?”, se pregunta la Fundación Sol.
Línea de la pobreza
Según las previsiones del Ejecutivo, en el caso de un hombre pensionado, con un sueldo de $400.000 y que tiene un alto número de lagunas previsionales (50%), su pensión con reforma pasaría de $268.515 a $392.426 (46%), lo que incluye la PGU y otros beneficios contemplados en la reforma. El caso de una mujer de iguales características- que recordemos es el caso muy mayoritario en Chile, dado que la mitad de los trabajadores gana menos de $458.000 líquidos- ella pasaría de una pensión de $257.651 a $392.525 (52%), es decir, igualándose prácticamente a la del hombre, por efecto del beneficio de solidaridad contemplado en la reforma.
Si hablamos de chilenos en mejor situación económica, es decir con un sueldo de $960.000 al finalizar su vida laboral y solo un 20% de lagunas previsionales, pasaría de $479.273 a $634.616 (32% más), en el caso del hombre; y en el de la mujer pasaría de $437.716 a $634.995, con un aumento del 45%. Esta es la realidad, no obstante, de no más del 20% de los trabajadores y empleados en Chile.
Se recalca que la reforma, en este sentido, a propósito de lo relevado por la Fundación Sol, sacaría a todos los jubilados de la línea de la pobreza y sube a quienes se pensionarán con menos del sueldo mínimo, pasando en esta última variable del 80%, en el caso de la mujer, al 65%; y del 63% de los hombres al 39%. Quienes estaban bajo la línea de pobreza (hoy de $210.529 por persona) salen completamente de esa situación.
En lo estructural, el sistema pasa a ser un esquema mixto, con una tasa de contribución del 10,5% del trabajador, más un 6% del empleador, que irán ya no a las AFP, sino a un Administrador de Pensiones Autónomo (APA) que tendrá las funciones de recaudación, pago, cobranzas y otros y existirá la opción de optar por un Inversor de Pensiones Público y Autónomo (para el 16,5% del trabajador y empleador) o un Inversor de Pensiones Privado (para el 10,5% del trabajador).
Respecto del ahorro acumulado hasta ahora, es decir, el stock acumulado, existirá también la opción de un Gestor Público de Inversiones o un Gestor Privado. Se insistió hasta la saciedad que “la reforma mantendrá la herencia, respetando la voluntad de las personas”, manteniendo “tal cual cómo funcionan hoy, la propiedad individual del aporte del trabajador”.
Un último punto fundamental, sería que se terminarían las pensiones por retiro programado (que decrecen en el tiempo, incluso agotándose), sino que se trataría en definitiva de rentas vitalicias, pero que tendrán la posibilidad de ser heredables (aunque con ese caso, con una pensión algo menor).
Reacciones por doquier
Más allá de lo auspicioso de las proyecciones, las reacciones no se han hecho esperar.
El verdadero líder de la campaña “Con mi plata no”, Bernardo Fontaine, dijo que “dando la espalda a la ciudadanía, el gobierno anuncia reforma de pensiones que no respeta la propiedad de las cotizaciones y obliga a los trabajadores a atenderse con un mal servicio de un monopolio estatal. Y todo parar mejorar las pensiones? No, para decir fin a las AFP”.
La diputada Camila Flores, por su parte, expresó que “el 6% de cotización adicional debe ir a la cuanta individual de cada trabajador. Si se quiere hacer solidaridad no puede ser con un impuesto al trabajo sino con impuestos generales”.
En general, la reacción de Chile Vamos fue en esa línea. La UDI dijo compartir el tema de bajar las comisiones de administración, generar más competencia, y buscar mecanismos para enfrentar las lagunas previsionales y de las mujeres. No obstante, “consideramos que es completamente injusto y contrario a lo que quieren los chilenos que la cotización individual que va a pagar cada trabajador no vaya a sus cuentas personales, sino que vaya a un fondo de reparto”, dijo Guillermo Ramírez, agregando que “no permitiremos que ello prospere”.
En general la derecha se la está jugando por separar los proyectos de aumento de la PGU, del resto de la reforma del sistema de pensiones. Y esto no es menor porque todas las proyecciones de aumento de las pensiones futuras, están basadas en un aumento a $250.000 de la PGU, lo que –como se sabe- está supeditado a la aprobación de al menos una parte sustantiva de la reforma tributaria en tramitación parlamentaria.
Valga decir, cuando se habla de los fondos generales de la Nación, que el sistema tributario chileno es muy regresivo, en tanto quienes más tienen no necesariamente pagan más y son los impuestos indirectos y más regresivos, especialmente el IVA, el que la lleva a la hora de la recaudación, con casi un 50% de ésta.
“Nos parece que es un paso importante que se envíe este proyecto de reforma al Parlamento, creemos que recoge los elementos centrales que habíamos planteado, solidaridad, financiamiento tripartito de forma gradual y en la misma forma, libertad de elección en el componente individual», dijo, por su parte, el diputado de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga.
El Partido Socialista, en tanto, dio su apoyo a la iniciativa, tal como en términos generales lo hizo el Frente Amplio. “Recalcamos la urgencia que significa mejorar las pensiones de las y los chilenos, valorando el trabajo personal que mantiene el ahorro individual y protegiendo la propiedad de los fondos”, dijo una declaración del PS, indicando que “el imperativo de mejorar la calidad de vida de las personas nos hace apoyar la tramitación de la presente reforma y realizar los esfuerzos necesarios por generar un consenso transversal que necesita su aprobación”.
Mientras tanto, los líderes de la campaña “No + AFP”, como el vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadores NO + AFP, Luis Mesina, sostuvo que la reforma está “lejos de lo que se esperaba y mucho más aún, de significar una verdadera solución en materia de seguridad para el país”. A juicio de la organización, las AFP no desaparecen, sin que mutan, concentrándose en rentabilizar las inversiones, ya sin la carga de las labores administrativas anteriores y agregó que, dado que estas tienen más experiencia, harán competir al actor público que se incorpora el cual tendría que subcontratar expertos o fondos de inversión, lo que lógicamente ya no sería gratis. Critican que se aumente el 10% de cotización del trabajador actual, pasando a un 10,5%, “en vez de disminuir su participación en el negocio” y en el fondo consideran la reforma como una profundización del sistema de capitalización individual, con algunas mejoras menores.
A nivel oficial, distintos funcionarios de Gobierno salieron a defender la reforma. El Ministro Marcel, llamó a desideologizar el tema, recalcando los esfuerzos fallidos que ya se han hecho en esta materia en los últimos años. Y recalcó un punto central: No se puede pedir que se financie con los recursos generales de la Nación y al mismo tiempo aponerse a la reforma tributaria, que justamente busca financiar la PGU.
“Uno encuentra contradicciones en el mundo político y los actores del sistema. Hay quienes dicen que el Estado financie con impuestos todo lo que quiera de solidaridad, pero también se oponen a la reforma tributaria”, planteó. La ministra Jara, por su parte, se enfocó a replicar visiones sobre una supuesta expropiación de los fondos, enfatizando el derecho a propiedad de los mismos y que este tipo de modelos mixtos son predominantes en los países OCDE, que hace las veces de referente para Chile.
Un tema que, por supuesto, tendrá muchos debates tanto en la sociedad, las organizaciones sociales y empresariales, y por cierto en el Congreso, pero que al menos muestra a un Ejecutivo dispuesto a tomar la iniciativa en temas de enorme preocupación de los chilenos. Como se dijo anoche, la “seguridad” entendida como un todo, y no solo como el asalto del día que vemos diariamente en la rutinaria crónica roja de la TV.
