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Foro Madrid 2026 censura a Radio Universidad de Chile

Desde Página 19 consideramos que lo ocurrido no es un hecho aislado ni menor, sino que constituye un antecedente grave que afecta a todo el gremio periodístico y, en última instancia, a la ciudadanía en su conjunto.

 

Página 19 expresa su plena solidaridad con Radio Universidad de Chile y su equipo de Prensa, tras el injustificado impedimento de acceso que sufrieron en el marco del Foro Madrid 2026 que se desarrolla en la capital de nuestro país, pese a haber cumplido oportunamente con todos los requisitos de acreditación exigidos por la organización española Disenso.

Respaldamos el planteamiento de Radio Universidad de Chile y compartimos su indignación ante las excusas poco claras esgrimidas por los organizadores, así como la evidente falta de responsabilidad al no haber nadie que asuma la decisión adoptada, a pesar de las gestiones realizadas por la emisora para comunicarse con la organización.

Desde Página 19 consideramos que lo ocurrido no es un hecho aislado ni menor, sino que constituye un antecedente grave que afecta a todo el gremio periodístico y, en última instancia, a la ciudadanía en su conjunto.

El derecho a la información como fundamento del trabajo de la prensa en Chile

La labor periodística no es un privilegio ni un favor que se concede, sino un pilar estructural de la democracia. El derecho a la información -reconocido en el artículo 19 N° 12 de nuestra Constitución Política y en instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos- no es solo una garantía para quienes ejercen el periodismo, sino un derecho del cual es titular cada persona en Chile.

La prensa actúa como intermediaria necesaria entre el poder y la sociedad, haciendo posible que la ciudadanía conozca, evalúe y participe en los asuntos públicos. Sin acceso libre e irrestricto a las fuentes de información, sin la posibilidad de cubrir eventos donde se debaten temas de interés colectivo, ese derecho se torna ilusorio. Por ello, impedir el acceso de un medio de comunicación acreditado no es una afectación gremial menor: es una vulneración al derecho fundamental de todas las chilenas y chilenos a estar informados.

En este sentido, hacemos nuestras las dos observaciones centrales que Radio Universidad de Chile ha puesto sobre la mesa:

Primero, que un foro político con participación de autoridades públicas no puede ser tratado como un evento privado sujeto a un supuesto «derecho de admisión». La presencia de representantes del Estado y de figuras políticas lo convierte en un espacio de interés público, donde el acceso de la prensa no es un favor, sino una obligación democrática y un requisito para garantizar el escrutinio ciudadano.

Segundo, que este hecho ocurre en un país democrático como Chile, donde la libertad de prensa y el derecho a la información están consagrados constitucionalmente. Impedir el trabajo periodístico, sin causa justificada y después de haber aceptado una acreditación, es una vulneración directa a esos principios y un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Un acto que evoca las prácticas de la dictadura cívico-militar

Lo ocurrido no puede sino rememorar, por su naturaleza y arbitrariedad, las prácticas que durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) caracterizaron el trato a la prensa alternativa y crítica. Aquel régimen instauró sistemáticamente la censura, la clausura de medios, la persecución a periodistas y la negación del acceso a fuentes informativas como mecanismos para controlar el relato y ocultar las violaciones a los derechos humanos. La diferencia es que hoy, formalmente, vivimos en democracia, y estos hechos no deberían repetirse bajo ningún pretexto.

Ciertamente, no se trata de equiparar la gravedad de un régimen de terrorismo de Estado con un incidente puntual en un foro político. Sin embargo, el patrón de conducta —impedir el acceso a la prensa, negar responsabilidades, esconderse tras figuras jurídicas como el «derecho de admisión» y actuar con opacidad— resulta inquietantemente similar a la lógica con que se manejaba la información en aquellos años oscuros. La historia nos enseña que la libertad de prensa no se pierde de un día para otro, sino que se erosiona mediante gestos como este: pequeños, pero significativos, que van normalizando la exclusión y el control informativo.

La democracia chilena, construida con tanto esfuerzo y dolor, no puede permitirse gestos que evoquen aquel pasado. Cada vez que se coarta el acceso de un medio acreditado a un evento de interés público, se siembra una semilla de desconfianza y se debilita el frágil equilibrio entre poder, prensa y ciudadanía. Por eso, desde Página 19 levantamos la voz no solo en solidaridad con Radio Universidad de Chile, sino en defensa de la memoria histórica y de los principios que nos costaron décadas recuperar.

En su página web, el Foro califica ese resultado como «una de las mayores victorias democráticas de las últimas décadas en Iberoamérica». Hay aquí una apropiación que debe ser nombrada con claridad. El Rechazo no fue una victoria de Vox. No fue una victoria de Madrid. No fue una victoria de ninguna internacional de derecha. Fue una decisión de millones de chilenos que, por razones diversas -algunas coincidentes, otras contradictorias-, no se sintieron representados por el texto constitucional propuesto. Reducir ese voto complejo, heterogéneo, profundamente chileno, a una «victoria» del Foro Madrid es un acto de desprecio hacia los propios votantes. Es suponer que ellos no supieron lo que hacían, que necesitaban guía extranjera, que su decisión sólo adquiere sentido cuando es validada desde fuera. Pero el Rechazo no necesita padrinos. Fue chileno y debe ser entendido, discutido, celebrado o lamentado, pero, por los chilenos y chilenas.

Página 19 reafirma su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, el acceso a la información y el ejercicio libre del periodismo. Hacemos un llamado a los organizadores del Foro Madrid a rectificar su proceder y aclarar públicamente los motivos de esta exclusión.

La prensa alternativa, crítica y con acceso garantizado a todas las fuentes es indispensable para la salud de nuestra democracia. Cualquier intento de coartar su labor, bajo cualquier excusa, debe ser rechazado de manera categórica por toda la sociedad, pues lo que está en juego es el derecho de cada persona a saber y a decidir con información veraz y oportuna. No permitamos que el fantasma del autoritarismo vuelva a instalarse, aunque sea bajo nuevas formas y con otros rostros.

 

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