Periodista.
Cuesta encontrar alguien que defienda un proyecto de seguridad que algún iluminado del segundo piso de La Moneda construyó -se dice que de ahí vendría la autoría de la reforma cuestionada-, haciendo estallar lo que en el gobierno creían que sería de fácil despacho. Mucho más fácil que el proyecto de Quiroz, que beneficia a los más ricos del país al rebajarles los impuestos. No ocurrió y el gobierno hoy está entrampado en el desorden que se le produjo entre sus propios partidarios.
Ahora, solo los fanáticos más fanáticos han defendido la reforma constitucional sobre seguridad del gobierno del presidente José Antonio Kast. Una reforma que, a estas alturas, sigue siendo rechazada por un enorme arco político y en la que todos coinciden, palabras más, palabras menos, es un verdadero atentado al régimen democrático.
El rechazo ha sido especialmente fuerte porque la discusión dejó de ser “mano dura versus mano blanda” y pasó a ser cuánto poder puede concentrar un presidente sin suficientes contrapesos. Porque eso es lo que propone el proyecto presentado por el ministro de Seguridad, Martin Arrau: por ejemplo, la sola decisión del Mandatario podría declarar que una determinada agrupación es una organización criminal o terrorista. La calificación tendría consecuencias jurídicas porque el proyecto busca crear un Registro Nacional de Organizaciones Criminales y Terroristas y convertir la pertenencia a una organización incluida en ese sistema en una cuestión penalmente relevante. El propio Kast explicó, al presentar la reforma, que “pertenecer a una organización que el Estado identifica como criminal pasará a ser por sí misma un delito”.
El punto es ¿qué criterios permiten incluir una organización en ese registro; quién controla la prueba utilizada; puede la organización defenderse antes de ser incorporada; puede recurrir ante los tribunales; qué organizaciones podrían terminar en ese registro y qué consecuencias recaen sobre una persona por pertenecer a ella, aunque no haya cometido personalmente un acto terrorista? El peligro es para —por ejemplo- barras bravas, grupos mapuche radicalizados, organizaciones anarquistas, bandas extranjeras, agrupaciones políticas o lo que crea el presidente en ejercicio pueden ser incluidos en esas listas negras.
El Gobierno sostiene que la reforma busca enfrentar al crimen organizado y al terrorismo y que la seguridad pública debe convertirse expresamente en un deber constitucional del Estado. Pero las objeciones han surgido obviamente desde la oposición, desde sectores de la propia derecha oficialista y organizaciones internacionales de derechos humanos. El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, llegó a hablar de un rechazo “taxativo y transversal”.
¿Por qué? Porque tal como está presentado, permite restricciones muy fuertes de derechos. Chile ya tiene estados constitucionales de excepción. Kast quiere agregar uno especialmente diseñado para situaciones en que el crimen organizado controle territorios o exista una amenaza grave a la seguridad pública. El Presidente podría declarar ese estado excepcional y mantenerlo durante un período extraordinariamente largo con un virtual estado de sitio. Durante ese nuevo estado de excepción podrían restringirse o suspenderse: libertad personal y de desplazamiento; derecho de reunión; derecho de asociación; inviolabilidad de documentos y comunicaciones; y podrían realizarse requisiciones de bienes. Dicho en términos cotidianos: el Estado podría controlar desplazamientos y reuniones e intervenir comunicaciones bajo un régimen excepcional.
La verdad de los republicanos
La pregunta que se hicieron incluso en la derecha tradicional fue ¿por qué entregar todas esas facultades al presidente durante tanto tiempo sin un control parlamentario y judicial?
Esta reacción, entre otras muchas, evidencia que no hubo buen cálculo en el gobierno. O más bien, que no pudo evitar que apareciera el verdadero pensamiento republicano. Así lo explicitaron nada menos que el presidente de ese partido, Arturo Squella, senador por Valparaíso. No dudó en afirmar que no habría apoyado la propuesta original de reforma constitucional presentada por el gobierno de José Antonio Kast si una iniciativa equivalente hubiera sido impulsada por una eventual administración de Jeannette Jara. Lo siguió, casi calcado, el ex general y actual parlamentario republicano por el Maule, Cristian Vial. Aseguró que votaría en contra de la reforma de seguridad si es que la hubiera propuesto la excandidata Jeannette Jara. Ni más ni menos.
Además, con el rechazo explicitado por sectores que apoyan al gobierno de Kast, a los extremistas de derecha se les hace mucho más difícil apelar a la frasecita que han utilizado en situaciones anteriores, en el sentido que la izquierda y la centroizquierda no quieren perseguir con todas las herramientas posibles al crimen organizado y al narcotráfico.
Este tema de la reforma seguirá en la agenda, mientras las calles de Chile continúan siendo testigos de asaltos, asesinatos, robos y la prensa tradicional, no los amplifica como los titulares que a diario aparecían en el gobierno anterior.
Hasta ahora, el entrampamiento es con la reforma presentada. Y para salir de ello y tal vez demorar hasta su inanición la rechazada reforma, la Secretaría General de la Presidencia informó, a través de un comunicado, que desde el Ejecutivo le darán algún grado de urgencia legislativa a 23 iniciativas que conforman la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). El Ejecutivo espera entonces continuar con las demás medidas presentadas, entre ellas varios proyectos presentados por el gobierno de Boric que están hace un rato en el Congreso.
Discusión inmediata
Para desentrampar la situación, la Secretaría General de la Presidencia ingresó la “discusión inmediata” a 10 proyectos de la ACOT. Según informó el ministerio, cinco iniciativas se encuentran en el Senado en segundo trámite constitucional. En tanto, las otras cinco estarían en primer trámite en la Cámara de Diputados.
Entre estas iniciativas se encuentra el proyecto para modernizar los incentivos y ampliar la carrera de Carabineros; la legítima defensa privilegiada para carabineros de franco; la reforma para la ejecución de expulsiones administrativas; la ampliación de la hipótesis de tráfico de migrantes; la llamada ley anti capucha; el control de identidad de las FF.AA. en estado de excepción constitucional.
Se suman la ley corta que fortalece la seguridad municipal, las modificaciones que buscan suprimir la facultad judicial de ordenar notificaciones por medio de funcionarios de Carabineros; la ley anti barricadas 2.0; la modificación de la ley N° 19.970, que crea el sistema nacional de registro de ADN, para agilizar las investigaciones penales
Se le dio suma urgencia a las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF); al aumento de sanciones al delito de atentado a la autoridad contra miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; Infraestructura crítica; aumentar el plazo máximo para la flagrancia; modificación a la Responsabilidad Penal Adolescente; continuidad del juicio oral en ausencia; tipificación del delito de ingreso clandestino a Chile; modificación a la ley N° 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa; tipificar el delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; la modificación de diversos cuerpos legales para sancionar la explotación, facilitación y promoción de servicios sexuales remunerados de terceros.
Finalmente, a tres de ellos les dio urgencia simple: Reforma constitucional que fortalece el sistema nacional de Seguridad Pública; el fortalecer la seguridad portuaria ante acciones promovidas por el crimen organizado y la modificación del Código Penal para delimitar la aplicación del tipo penal de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a conductas cometidas por empleados públicos respecto de personas bajo su custodia.
