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Fiscal señalado en casos “Huracán” y “Hermosilla” lidera persecución contra autoridad mapuche

Por
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El fiscal Enrique Vásquez, persecutor del lonko mapuche Guillermo Ñirripil, aparece vinculado a la Operación Huracán (con informe parlamentario que lo menciona) y a la agenda de contactos de Luis Hermosilla. Sin explicaciones públicas, asciende a fiscalía anticrimen mientras el lonko enfrenta doble juicio.

El fiscal Enrique Vásquez, actual persecutor del lonko mapuche Guillermo Ñirripil Cheuquepan —autoridad tradicional respaldada por 21 comunidades en La Araucanía—, ha sido mencionado en dos casos de alto voltaje público sin que haya entregado explicaciones formales.

Según datos cruzados de fuentes prensa y parlamentarias, Vásquez fue mencionado tanto en la cuestionada “Operación Huracán” como en la agenda de contactos del abogado Luis Hermosilla, imputado por corrupción. Pese a la gravedad de ambas aristas, ni él ni sus superiores se han pronunciado hasta la fecha.

En el marco de la Operación Huracán, un informe de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados (15 de marzo de 2018) consignó textualmente: “El señor SMITH responde que los fiscales iban continuamente […] El día de las detenciones estaban los fiscales Vásquez y Cornejo dirigiendo lo que iba en el preinforme que causó las detenciones”.

Además, medios de prensa, en el marco del bullado juicio reportaban las declaraciones del general (r) Gonzalo Blu: “Los persecutores Enrique Vásquez y Carlos Cornejo habrían autorizado esta maniobra” (traslado irregular de evidencias). Posteriormente, el TOP de Temuco condenó a cinco ex oficiales y un civil por falsificación y obstrucción a la investigación.

En paralelo, el 7 de noviembre de 2024, Radio Biobío publicó que Juan Pablo Hermosilla —defensa de su hermano Luis— reveló una lista de fiscales y jueces contactados vía WhatsApp. Allí figura “Fiscal Enrique Vásquez (conversaciones sobre causas judiciales)”.

Hasta la fecha, Vásquez no ha informado qué causas específicas trató con Hermosilla, imputado por lavado de activos, soborno y delitos tributarios, cuya solicitud de condena alcanza los 14 años de cárcel a marzo de 2026.

Persecución al lonko: un patrón de doble amenaza

El fiscal Vásquez lidera actualmente la acusación contra el lonko Guillermo Ñirripil Cheuquepan, quien cumple condena de 5 años y un día (RIT 508-2023) y enfrenta un nuevo juicio fijado para el 1 de julio de 2026 (RIT 133-2025) por robo con intimidación y extorsión. Comunidades mapuche denuncian que se trata de una persecución penal selectiva: “El Estado chileno no solo ejecuta una condena, sino que prepara el terreno para una nueva, ignorando la naturaleza de los hechos originales”, advierten 21 comunidades del territorio entre Lautaro y Padre Las Casas.

Agregan que en el primer juicio “no se convocó a declarar al gestor de la propietaria, quien acompañó al lonko al banco a cobrar el vale vista”, lo que desmorona la tesis de intimidación.

A pesar de la gravedad de los señalamientos en su contra por los casos Huracán y Hermosilla, el fiscal Vásquez asumió en enero de 2026 como fiscal en la Fiscalía Supraterritorial, encargada de combatir el crimen organizado.

El Fascismo chileno actual y su guerra contra el Medio Ambiente

Por
Sophie Scholl
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Las figuras predominantes de la actual ultraderecha chilena catalogan de “amenazas dictatoriales a la libertad” las políticas medioambientales del país. Por otro lado, el Humanismo nacional considera que las raíces de la crisis ecológica actual se encuentran en una sociedad conducida irracionalmente y no en la cultura de los chilenos; tampoco en una religión determinada, ni en la razón, la ciencia o la tecnología. Al contrario, este defiende la importancia de la cultura de Naturaleza, la ciencia y la tecnología en la creación, tanto del pensamiento y de las políticas ambientalistas, de carácter progresista como de una sociedad futura ecológica, racionalmente administrada. 

¿De adonde viene el antiambientalismo del fascismo nacional?

Sus raíces históricas hay que buscarlas en el antiguo concepto conservador alemán de «Sangre y Suelo» (Blut und Boden), que conceptualizó a la Naturaleza como parte de la identidad racial de quienes evolucionaron en ese paisaje. En el afán por ampliar el espacio vital nazi, el Lebensraum, se impulsó mediante la guerra, en Alemania y los países invadidos, la destrucción de ecosistemas y recursos, para solventar el crecimiento económico fascista y el esfuerzo de guerra. Esta causó una inmensa contaminación y degradación ambiental no solo en el suelo alemán sino en todos los países subyugados. Sin embargo, el fascismo de la época diseñó una «nueva ecología» como una herramienta ideológica, y no como una preocupación genuina por el medio ambiente, quedando supeditada ésta a sus objetivos raciales, expansionistas y bélicos. 

El misticismo y el biologicismo elaborado a partir del Blut und Boden, desvió la atención pública de las causas económicas y sociales que causaban el desastre medioambiental de la época. Era el auge del movimiento Völkisch, una poderosa corriente cultural y social que unía el etnocentrismo con el misticismo naturalista alemán. En ella, el principal logro nazi fue la dictación del Reichsnaturs chutzgesetz de 1935. Una propagandística «ley de protección de la naturaleza», que estableció supuestas líneas maestras para la salvaguarda de la fauna, la flora y los «monumentos naturales» a lo largo del territorio del Reich. La «rama verde» del Partido Nazi usando esa ideología sirvió de base a un vil programa de violencia racista basado en el Blut und Boden. Así, las políticas medioambientales nazis fueron responsables del asesinato masivo y planificado de aquellas personas que no cabían racialmente en el concepto de sangre y suelo. La confluencia de ese dogma anti humanista con una fetichización de «pureza» racial proporcionó un brutal incentivo para la llamada «Solución Final», el holocausto del Pueblo Judío, Gitano y otras minorías. Actualmente, se hacen carne en las políticas anti migración de las ultraderechas.

El objetivo de esa política era sublimar la destrucción de la Naturaleza y el daño medioambiental, sin cuestionar la fantasía Blut und Boden, y solo pudo hacerse a costa de obviar el análisis social del daño medioambiental y rechazando su consideración como una expresión del conflicto entre intereses sociales en la sociedad. Una solución fue exculpar de la destrucción a los alemanes y asociar los problemas medioambientales a la influencia destructiva de otras razas. Ninguno de los grandes industriales que sustentaban la máquina de guerra alemana fue siquiera mencionado en esta colosal destrucción y uso no sustentable de la Naturaleza. La herencia actual de ello ha sido que hoy las ultraderechas mundiales fascistas consideran que el problema medio ambiental es un invento del comunismo y no un problema derivado del irracional funcionamiento de un tipo de economía consuntiva, escasamente mitigadora. De allí su aversión a las políticas públicas medioambientales chilenas que castigan el daño ambiental y que tratan de repararlo democrática y progresivamente. Destruir el ambientalismo humanista es parte de su actual y mesiánico esfuerzo por reinstalar un nuevo orden mundial sin regulaciones y normas para los dueños del capital.

El anti ambientalismo fascista contra la encíclica católica Laudato Si del Papa Francisco

La ecología, en su esencia, habla de la interconexión de todos los seres vivos y su entorno. Recuerda que somos parte de un gran «hogar» (Oikos), un sistema complejo y delicado que es necesario cuidar. Así, desde una perspectiva cristiana, la creación es un regalo de Dios, un jardín que se ha confiado a los hombres para que lo cultiven y lo protejan. La fe los impulsa a reconocer la dignidad de toda criatura y a actuar como administradores responsables de la creación. 

El fascismo chileno actual con su política antiambientalista evade el mandato divino. En respuesta, ellos dicen que la iglesia católica ha sido colonizada por el nefasto ambientalismo como en lo social fue colonizada por la Teología de la Liberación. Su mentira alcanza niveles delirantes desobedeciendo a sus más preciados pastores. El Padre Joseph Kentenich, fundador del movimiento cristiano Schoenstatt, en la Carta de octubre de 1948, invitó a sus discípulos a reflexionar sobre la creación de un nuevo orden social. Les advierte sobre los peligros de una economía que se separa del orden natural y da la espalda a Dios. Los llamó a buscar un bienestar que no se base en el consumismo desenfrenado, sino en la armonía con la naturaleza y el respeto por los límites del planeta. 

El Papa Francisco en la encíclica católica Laudato Si de 2015 Cuidar la Casa Común, reafirmó sabia y generosamente esa enseñanza para todo el mundo cristiano creyente. El Fascismo chileno en su delirio ha enterrado esa parte del valioso humanismo cristiano, detrás de sus obsesiones refundacionales. El anti ambientalismo fascista tiene en su centro un homocentrismo rabioso y no la casa común de todas las especies, que debe ser respetada a través el principio biocentrico. La “Libertad” fascista tiene también como elemento central, el crecimiento económico y un consumo sin límites materiales y morales.  Para ellos la Naturaleza y el Medio Ambiente es una bolsa de recursos a explotar y un gran depósito de desechos. A su vez, con su pseudo ideologismo de “respeto a la vida” se niega instalar mecanismos de control de la población humana, que al momento es la especie más abundante y destructiva que existe en la tierra.

Luchar contra el anti ambientalismo fascista chileno actual es fortalecer el Humanismo, la Democracia y el Ambientalismo, es volver a las raíces civilizatorias que nos acompañaron desde 1990 a la fecha, periodo en el cual, basados en una idea incluyente de Progreso, el consenso democrático interno y a los cambios científicos y sociales a nivel mundial, el país avanzó enormemente buscando hacer real el mensaje cristiano y la aspiración a un tipo de sociedad ecológica que nos permita seguir existiendo y evolucionando junto al resto de la vida del planeta.

 

Una sociedad saturada, una escuela violenta: lo que vemos desde dentro

Por
Cristian Daza Viera
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He pasado toda mi vida laboral haciendo clases en diversos colegios y liceos del país, comencé en el año 1998, aún trabajo en un liceo municipal de una populosa comuna de Santiago. Lo digo porque no son pocas las cosas que me han tocado vivir desde “dentro”

El tema de la violencia es delicado y tiene muchas aristas, la mirada unilateral es miope. Al abordarlo desde dentro voy a empeñarme en no caer en el lenguaje habitual: normas, control, protocolos. Todo eso es –quizá- necesario… pero no toca la raíz.

 Sostengo que la violencia escolar no es solo un problema conductual. Es un síntoma de saturación, desconexión y pérdida de interioridad.

Y mientras sigamos nombrándola como indisciplina, seguiremos administrando sus efectos sin comprender su origen. Seguiremos escuchando a los expertos –que nunca han estado en una sala de clases- con sus recetas

La ficción de la “calidad educativa”

En Chile —y en gran parte del mundo— la discusión sobre educación ha sido capturada por una palabra aparentemente incuestionable: calidad.

Pero ¿qué significa realmente calidad? En la práctica, se ha reducido a: resultados medibles, cobertura curricular y desempeño en pruebas estandarizadas. Ahí es donde se coloca la mayor energía, esfuerzo y trabajo en nuestros liceos y colegios.

Una educación “de calidad” es aquella que logra buenos puntajes. Sin embargo, esta definición omite algo fundamental: Puede haber alto rendimiento y, al mismo tiempo, una profunda desestructuración del estudiante, sin ética ni valores. Es como si de verdad a nadie le interesara el tipo de sujeto que estamos formando. Aunque lo políticamente correcto afirme lo contrario. Un estudiante puede cumplir con todos los indicadores del sistema y, sin embargo, no saber habitarse, no poder sostener lo que siente, no encontrar un lugar en sí mismo.

Desde esta perspectiva, la violencia escolar no es una falla del sistema. Es uno de sus productos.

El currículum como dispositivo de saturación

El currículum centrado en contenidos y pruebas no solo organiza lo que se enseña.

Organiza una forma de estar en el mundo.

  • tiempos fragmentados
  • presión constante por cumplir
  • evaluación permanente
  • ausencia de pausa real

De esta manera el estudiante no habita la experiencia educativa: la atraviesa. Hay acción carente de presencia. No hay espacio para que algo decante. No hay tiempo para percibir. No hay silencio. Y donde no hay silencio, el sujeto no se encuentra consigo mismo. 

La presión sobre los profesores no es menor: “Hay días en que sé que debería detenerme, pero no puedo: el contenido se ‘tiene que pasar’.” “A veces la pregunta no es si aprendieron, sino si alcanzamos a ver todo lo planificado.” “El tiempo no está hecho para comprender, sino para cumplir.”

 Donde no hay interioridad, aparece la reacción. La violencia, en este contexto, no es un exceso. Es una descarga.

Una lectura desde la pedagogía crítica (y más allá)

Desde la pedagogía crítica —en la línea de Paulo Freire— sabemos que la escuela puede reproducir formas de opresión: homogeneización, domesticación del pensamiento, subordinación a lógicas externas.

Toso eso está presente. Pero hoy el problema es aún más profundo.  No se trata solo de dominación ideológica. Se trata de una forma de vida que ha perdido contacto con la experiencia.

Aquí resuenan también las intuiciones de David Abram, quien advierte que la crisis contemporánea es una pérdida de sensibilidad, y de Bruno Latour, quien muestra que hemos roto nuestras formas de relación con el mundo. La escuela no está fuera de esa crisis. La intensifica.

La violencia como síntoma de una vida saturada

El estudiante actual vive en un estado de hiperestimulación permanente: pantallas, redes sociales exigencia de rendimiento, sobrecarga de información

Pero lo más grave –quizá- no es el exceso de estímulos. Es la ausencia total de espacios donde ese estímulo pueda ser procesado. No hay interioridad. No hay recogimiento. No existe pausa. La clase termina y los estudiantes ya están pensando en la prueba siguiente, sin haber entendido siquiera lo que sintieron o aprendieron en la anterior. 

Entonces no resulta extraño que, la violencia aparezca como una forma primaria de descarga: un cuerpo que no puede sostener tensión, una mente que no puede detenerse, una subjetividad que no encuentra lugar

Indudablemente todo esto es un fenómeno social, no solo de la educación.

El error del sistema: intervenir sin transformar la experiencia

Frente a esto, el sistema responde con dos posturas:  

Conservadora

  • Revisión de mochilas
  • Instalación de pórticos para detectar metales
  • Guardias privados que vigilen a los estudiantes

 Progresista: 

  • programas socioemocionales
  • protocolos de convivencia
  • regulación conductual

Ambas son más de lo mismo, Tanto conservadores como progresistas discuten las soluciones, pero no el problema. Unos endurecen el control. Otros sofistican la contención.
Ambos operan dentro de la misma matriz: una escuela que produce saturación y luego intenta gestionar sus efectos. Se intenta producir una sana convivencia dentro de un sistema que genera agitación (estrés, ansiedad, etc). Esta es la contradicción central de la educación contemporánea.

Una política de la interioridad

Abordar la violencia no implica abandonar la política. Implica radicalizarla. Porque introducir la interioridad en la escuela es un acto político. Significa interrumpir la lógica dominante de: productividad, aceleración y medición constante.

La carencia de interioridad la veo todos los días: “El pie que no deja de moverse bajo la mesa.” “La mirada perdida mientras alguien habla.” “El cuaderno abierto, pero sin una sola palabra escrita.” “El estudiante que dice ‘profe, ¿esto entra en la prueba?’ antes de preguntar si lo entendió.”

Se necesita abrir un espacio donde el niño o joven no esté permanentemente reaccionando. Se necesita un cambio de paradigma, lo que ocurre nos muestra el agotamiento ya evidente de un modelo educativo que ha reducido la formación a rendimiento medible, a la obsesión por los puntajes y a la lógica de la competencia, dejando en la sombra —casi como un resto incómodo— todo aquello que no se puede cuantificar: aprender a convivir, a valorar la democracia, a pensar críticamente, a sentir y a sostener, en común, algo parecido al bien. Hoy se pueden dar enormes pasos que no requiere grandes reformas estructurales inmediatas.

Requiere algo más simple y más radical: espacios reales de silencio (sin evaluación), prácticas de atención que permitan percibir el impulso antes de actuar, experiencias de relación no mediadas por la competencia ni el rendimiento. No como técnicas… Como condiciones de posibilidad.

La experiencia me ha enseñado a no vivir dando recetas, quizá habría que invitar a las comunidades educativas a pequeños desplazamientos radicales esto es, acciones que puedan ser apropiables por el profesor, sin burocracia, sin lenguaje técnico, casi como gestos que devuelven humanidad a la sala. Pequeños gestos que agrietan el sistema. Por lo tanto esta es una invitación a:

 “Doce gestos mínimos para interrumpir la violencia sin violencia”

  1. Un gesto político mínimo es interrumpir la aceleración: “Antes de empezar, guardemos un minuto de silencio.”
  2. Desplazar el eje: del rendimiento a la experiencia, esto es, Instalar la pregunta que no entra en la prueba: ¿Qué de esto te hizo sentido? ¿Qué no entendiste de verdad? ¿Qué te pasó con esto?
  3. Detenerse cuando algo pasa (aunque “no toque”). Si hay tensión, ruido, desconexión: En vez de seguir pasando contenidos: Paremos un momento. Algo está pasando aquí.” Esto devuelve presencia. Evita que todo se vuelva reacción.
  4. Reducir intencionalmente la cobertura (aunque incomode) Elegir menos contenido, pero más trabajado. Decirlo explícitamente: “Prefiero que entendamos esto bien, aunque no alcancemos todo.”  Esto atenta contra la lógica del “pasar materia” como fin en sí mismo.
  5. Tratar de cerrar las clases con una pausa, no con prisa.
  6. Suspender por momentos la lógica de la evaluación. Esto rompe la asociación total entre aprender y rendir.
  7. Dar lugar al cuerpo inquieto. En vez de reprimir automáticamente:  Permitir pequeños movimientos. La violencia muchas veces es cuerpo sin espacio.
  8. Hablar desde la experiencia, no solo desde el contenido. Esto humaniza la relación. Saca al profesor del rol puramente instrumental.
  9. Construir momentos sin competencia. Lecturas compartidas sin calificación. Conversaciones sin “respuesta correcta”. Nos ayuda e introduce otra forma de relación: no competitiva.
  10. Nombrar el sistema que nos satura al interior de la sala. Sin miedo, sin panfleto, pero con honestidad. Esto hace consciente la estructura, transforma la experiencia y forma conciencia. 
  11. Habilitar micro-espacios de interioridad. Como condición de posibilidad.
  12. Validar la saturación sistémica (sin psicologizarla).

Conclusión

Históricamente hemos intentado muchas formas de abordar la violencia escolar. Más control, más regulación, más programas, hoy pórticos, vigilancia, revisión de mochilas. Sin embargo, seguimos evitando una pregunta incómoda: ¿qué tipo de experiencia educativa estamos produciendo?

Una experiencia sin pausa, sin silencio, sin presencia, sin posibilidad de apropiación, difícilmente puede sostener sujetos capaces de algo distinto a la reacción.

Por eso, introducir espacios de interioridad en la escuela no es un lujo ni un complemento. Es una forma de interrumpir una lógica que ha reducido la educación a rendimiento y ha dejado fuera al estudiante.

No resolverá todo, pero abre una grieta. Y hoy, quizá, lo más urgente no es cerrar la violencia con más control, sino abrir esas grietas donde otra forma de convivir –y de aprender- todavía sean posibles.

Perú: la elección más incierta del año en América Latina

Por
Cyntia Otey
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Una treintena de candidatos, un cómico, una boleta del tamaño de un mantel individual y más de la mitad del país sin saber a quién votar. La boleta electoral que recibirán los votantes es enorme (por decir lo menos): deberán elegir entre 35 candidatos a presidente. Hay políticos profesionales, pero también un cómico de televisión, exalcaldes, ingenieros, empresarios, un rector universitario y el infaltable excómplice de gobierno que hoy es aliado de su antiguo enemigo. La fragmentación es tal que ni siquiera la inhabilitación de figuras como el expresidente encarcelado Pedro Castillo o Martín Vizcarra ha logrado reducir la oferta electoral. Acción Popular, el histórico partido fundado por Fernando Belaúnde Terry, ni siquiera logró inscribir candidatura.

Así se presenta la jornada electoral que Perú vivirá este domingo 12 de abril, un proceso que los analistas ya describen como el más fragmentado e impredecible que ha producido América Latina en décadas.

El país andino llega a estas elecciones después de una década de vértigo institucional. Desde 2016, Perú ha tenido 6 presidentes. En el mismo período en que Estados Unidos tuvo dos mandatarios, en Lima los jefes de Estado pasaron como tren de carga: tres fueron destituidos por el Congreso en una sola legislatura. La frase «vacancia presidencial» se volvió parte del vocabulario cotidiano. El Congreso saliente es tan impopular que, si se presentara como candidato, obtendría menos votos que la opción «ninguno de los anteriores».

El domingo están llamados a votar 27.325.432 ciudadanos, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. De ellos, 1.210.813 residen en el extranjero y sus papeletas viajarán miles de kilómetros para sumarse al recuento, porque no habrá voto digital. Llama especialmente la atención el bloque juvenil: 6,8 millones de peruanos de entre 18 y 29 años, más de una cuarta parte del padrón, pertenecen a una generación que tenía 12 años cuando empezó la debacle política. Su vida adulta ha transcurrido entre destituciones, congresos paralizados y presidentes que no duran más que una temporada de su k-drama favorito.

Entre los nombres que concentran la atención, está Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se presenta por cuarta vez a la Presidencia, habiendo perdido los balotajes de 2011, 2016 y 2021; hoy ronda entre el 7% y el 14%; y Rafael López Aliaga (Renovación Popular, ultraderecha) lidera las encuestas con entre el 9% y el 15%, aunque su voto está muy concentrado en Lima. La gran sorpresa es Carlos Álvarez, humorista de profesión (un Zelensky peruano), cuyo discurso centrado en la seguridad ciudadana le ha valido entre el 5% y el 10% en los sondeos. Completan el cuadro César Acuña, el caudillo del norte y principal socio de la expresidenta Dina Boluarte; Alfonso López Chau, exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería que aglutina a la izquierda capitalina; Roberto Sánchez, el candidato del castillismo; y Ronald Atencio, cuya coalición Venceremos ocupa el primer lugar en la papeleta, una ventaja psicológica enorme en un mar de 35 opciones.

¿El orden en la boleta importa? Cuando hay 35 candidatos, los electores indecisos tienden a votar al primero que les suena o al que ven primero. El sorteo de posiciones ha sido una lotería: la izquierda de Venceremos ganó el puesto 1; López Aliaga cayó en el puesto 33, casi al final, en clara desventaja. En unas elecciones normales esto sería un detalle menor. En Perú 2026 puede decidir quién pasa a segunda vuelta.

¿Cómplices involuntarios?

Pero el dato realmente sabroso es otro: en las últimas 22 encuestas publicadas entre enero y abril de 2026 por encuestadores como Ipsos, Datum, CPI y el Instituto de Estudios Peruanos muestran coincidencia en un punto: más de la mitad de los peruanos no sabe a quién votar o prefiere votar en blanco, viciado o anular. Este voto es, literalmente, la primera fuerza política del país, con un 30%. Le siguen los indecisos (21%) y la categoría «otros» (18%). Sólo después, muy por debajo, aparecen los candidatos de carne y hueso. O sea, el sistema de partidos ha fracasado en su función más elemental: ofrecer opciones reconocibles, confiables y que den solución a décadas de escándalos políticos. Probablemente, mañana los peruanos no voten porque crean en su democracia o en sus instituciones republicanas, sino porque el sufragio es obligatorio y la abstención se castiga con multa.

Y si no fuera suficiente, después de 30 años de Congreso unicameral (desde que Alberto Fujimori lo cerró con tanques en 1992), Perú regresa en gloria y majestad al bicameralismo. Más no será decorativo: el Senado concentrará un poder enorme. Podrá controlar al gobierno, elegir a los jueces del Tribunal Constitucional, nombrar al Contralor General y aprobar el presupuesto. Mientras que la vilipendiada Cámara de Diputados se quedará con tareas menores.

Sumemos a ello las vallas electorales, tan exigentes que un partido podría obtener un 5% de los votos a nivel nacional y aún así quedarse fuera del Senado; se necesita tener al menos 3 senadores electos o 7 diputados. En la práctica, una formación que logre un 5% de los votos podría conseguir sólo 1 o 2 senadores por la vía plurinominal y tendría que ganar en al menos 2 departamentos para no quedar excluida. El objetivo es reducir la fragmentación, que en el Congreso unicameral llegó a convivir hasta 13 bancadas diferentes, sin embargo, el riesgo es que se carguen por accidente a partidos con apoyos reales.

Seguridad electoral

Detrás del espectáculo electoral habrá un despliegue impresionante. El gobierno ha movilizado más de 100 mil efectivos entre policías y militares: 61.000 policías, 45.000 militares y 10.338 patrullas. Es más personal del que tienen algunos países enteros en sus Fuerzas Armadas. La seguridad electoral no es un chiste en Perú: hay antecedentes de violencia política y mucho temor a que los perdedores no acepten los resultados. Además, 487 observadores internacionales de 30 organizaciones (OEA, Unión Europea, entre otras) y 4.000 observadores locales de Transparencia vigilarán cada paso. El mundo está mirando, y con razón.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, ha prometido que hacia la medianoche del domingo se tendrá procesado alrededor del 60% de los votos presidenciales. Priorizarán el recuento del presidente antes que el de los legisladores, porque la gente quiere saber quién ganó, no quién será el tercer senador por Arequipa.

¿Qué esperan los peruanos del próximo gobierno?

Según las encuestas, 3 cosas muy concretas: lucha contra la delincuencia, porque la inseguridad se ha disparado y la Lima aristocrática ya no es la ciudad tranquila de hace una década; fortalecimiento de la gestión pública, dicho de otro modo, que los funcionarios no roben; y estabilidad institucional, que el presidente dure más de un año sin que lo echen. Esta tercera demanda es la más irónica: en un país que ha destituido a 3 presidentes en una legislatura, la gente sólo pide que el próximo no sea el cuarto. Las expectativas son tan bajas que hasta eso parece difícil, hasta imposible.

Viaje al futuro

Hagamos un ejercicio de futurismo responsable. Este domingo, en primera vuelta, nadie alcanzará el 50%. Los dos más votados —probablemente López Aliaga y Keiko Fujimori, aunque Carlos Álvarez o la alianza Venceremos pueden dar la sorpresa— pasarán a un balotaje el 7 de junio. Puede ser un duelo entre dos candidatos de derecha o entre derecha e izquierda. El electorado, ya exhausto, probablemente votará con desgana. La participación podría caer por debajo del 75%, rompiendo la tradición peruana de altos niveles de votación.

En el Senado, las nuevas vallas reducirán el número de bancadas. En lugar de trece fuerzas, la cámara alta podría tener entre tres y cinco. Eso, en teoría, facilitaría la gobernabilidad. En la práctica, podría significar que una minoría compacta controle la cámara más poderosa. Y luego está la pregunta del millón: ¿quién gobierna un país con un presidente elegido por un 15% de los votos en primera vuelta? Porque eso es lo que probablemente ocurra. Keiko Fujimori pasó a segunda vuelta en 2021 con apenas el 13,4%. Si eso se repite, el próximo presidente nacerá herido de muerte. Y en un país donde tres mandatarios han sido destituidos, eso no es un detalle menor: es una sentencia.

Perú no es un caso único en el mundo. La desconfianza en los partidos, la fragmentación política y la erosión institucional son fenómenos globales. Pero Perú los ha llevado a un extremo digno de estudio. Este domingo, 27,3 millones de peruanos votarán. Más de la mitad no sabe a quién votar. 35 candidatos compiten. Un sistema bicameral nuevo se estrena en medio del caos. Y hacia la medianoche, cuando se procese el 60% de los votos, empezaremos a ver algo de luz en este laberinto. O quizás no. Quizás sólo sea el reflejo de nuestra propia confusión.

Pero hay algo que sí podemos decir con certeza: en América Latina, y quizás en el mundo, no hay una elección más fascinante, más impredecible y más compleja que esta. Así que prepare las palomitas. El domingo, Perú vota. Y nadie, absolutamente nadie, sabe cómo va a terminar.

Manouchehri por “turbazo legislativo” del gobierno: “Quieren tapar con la reconstrucción un beneficio millonario al 1% más rico”

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A pocos días de que el gobierno de José Antonio Kast oficialice el ingreso al Congreso del proyecto de leymisceláneo denominado “Plan de Reconstrucción Nacional”, el diputado socialista Daniel Manouchehri remarcó que la iniciativa del Ejecutivo “busca beneficiar solo al 1% más rico del país” y generar “un verdadero ‘turbazo’ legislativo”.

“El gobierno de Kast quiere hacer un verdadero ‘turbazo’ legislativo. Acá se pretende tapar con la reconstrucción un beneficio millonario al 1% más rico de este país, y esto lo quieren hacer financiándolo con la misma plata que dijeron que no había para aliviar el bolsillo de los chilenos afectados con el ‘bencinazo’ de Quiroz”, indicó.

En esa línea, el legislador por la Región de Coquimbo recalcó que “esta es una reforma que el gobierno envía para beneficiar al 1% más rico, bajándole los impuestos y con invariabilidad tributaria. Es decir, sin la posibilidad de que el Estado de Chile pueda modificar en 30 años los impuestos a estos más ricos que los quieren favorecer”.

La Comisión de Hacienda de la Cámara Baja será clave en la discusión legislativa sobre el ajuste fiscal que plantea el gobierno. Instancia en la que Manouchehri ha tenido una activa participación, apuntando al ministro Quiroz por su responsabilidad en el alza del costo de la vida como resultado de las medidas económicas que derivaron en el aumento abrupto del precio de los combustibles.

“Esta es una reforma que no genera más crecimiento, no genera más empleo, ni genera más acceso a la vivienda, y nosotros vamos a frenarla con todas las herramientas que nos entrega la ley”, cerró.

ACHM exige al Gobierno de Kast ”claridad urgente en implementación de beneficio del gas”

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La Asociación Chilena de Municipalidades manifestó su preocupación por la falta de información oficial respecto a la implementación de los beneficios anunciados por el Gobierno en materia de acceso al gas, en un contexto de alza sostenida en los precios de los combustibles.

“Miles de vecinas y vecinos están acudiendo a los municipios para consultar por este beneficio. Sin embargo, los gobiernos locales no cuentan con lineamientos claros que permitan orientar adecuadamente a la ciudadanía, generando incertidumbre en los territorios”, señalan en un comunicado emitido por la organización.

Agregan que alcaldes y alcaldesas de todo el país han planteado la necesidad urgente de conocer los procedimientos, requisitos y mecanismos de acceso. “Sin esta información, los municipios no pueden responder ni implementar adecuadamente una medida que hoy es prioritaria para las familias”.

Advierten que los municipios están disponibles para colaborar con el Gobierno en la implementación de este beneficio. “Sin embargo, no es posible seguir esperando: la falta de definiciones está tensionando la gestión local y afectando directamente a las personas”.

“El tiempo importa. Por ello, hacemos un llamado directo al Gobierno a entregar, con urgencia, la información necesaria para la correcta implementación de esta medida.”, finalizan.

“Selva fría” llega a la Sala de Exposiciones San Francisco UCT como primera muestra ganadora de Convocatoria 2026

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Con entrada liberada, la muestra se inaugura el 14 de abril y podrá visitarse hasta el 14 de mayo, incluyendo visitas guiadas y una propuesta interactiva basada en los ríos del sur.

El proyecto de investigación-creación “Selva fría”, desarrollado por la Oficina Objeto Imposible, conformada por Paulina Soto Cisternas y Nicolás Venegas, se presenta como la primera exposición seleccionada de la Convocatoria de Artes Visuales 2026 en la Sala de Exposiciones del Campus San Francisco de la Universidad Católica de Temuco.

Se trata de un archivo fílmico y socioespacial construido  a partir del estudio de diversos ríos del sur de Chile, entre ellos el Maullín, Cautín, Truful Truful y Marazzi. A través de una metodología que combina prácticas artísticas, investigación territorial y nuevos medios, el proyecto propone repensar las dinámicas ecológicas, sociales y políticas que atraviesan estos territorios, con énfasis en problemáticas como la fragmentación del paisaje, la parcelación y la transformación de los modos de habitar.

Respecto a la muestra, María José Ventura, gestora artística de la Dirección de Extensión Académica y Cultural UCT precisó que, “uno de nuestros objetivos en la Sala de Exposiciones San Francisco es dar visibilidad a artistas y obras de nuestra región, especialmente de Temuco, por lo que nos enorgullece iniciar el ciclo de exposiciones ganadoras de la convocatoria 2026 con Selva fría, un proyecto que aborda problemáticas territoriales contemporáneas desde un enfoque transdisciplinar”.

La exposición invita a recorrer una serie de dispositivos que incluyen registros audiovisuales, sonoros, cartográficos y una plataforma interactiva que permite a las y los visitantes explorar y recombinar más de 3.000 elementos que conforman el archivo digital del proyecto. De este modo, el público no solo observa, sino que también participa activamente en la construcción de nuevas narrativas visuales en torno al río como sujeto de memoria, historia y derechos.

Desde Oficina Objeto Imposible, sus integrantes relevan la importancia de presentar este trabajo en Temuco precisan su alegría al resultar seleccionados en este espacio que les permitirá  “visibilizar un proceso que venimos desarrollando hace varios años. Exhibir en este contexto nos permite abrir la investigación a nuevos públicos y repensar las formas de relación entre las personas y estos materiales”.

Lejos de una visión idealizada del paisaje, la propuesta curatorial, a cargo de Ricardo Greene, releva las tensiones entre naturaleza e intervención humana y evidencia las fricciones en torno a infraestructuras, industrias y nuevas formas de ocupación del territorio. Así, “Selva fría” se posiciona como una reflexión crítica sobre los regímenes visuales que históricamente han representado la naturaleza, abriendo preguntas sobre nuevas formas de mirar y relacionarnos con lo más-que-humano.

La exposición se presenta en la Sala de Exposiciones San Francisco UCT, ubicada en Manuel Montt #056 y estará abierta al público entre el 14 de abril y el 14 de mayo, con entrada liberada. Se ofrecerán visitas guiadas de lunes a viernes, entre las 10:00 y 14:00 horas, las que pueden agendarse escribiendo a [email protected] o a través del sitio web: https://extension.uct.cl/exposiciones/.

Fracaso de un sistema escolar hoy marcado por la violencia escolar

Por
Guillermo Williamson Castro
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Foto de Laura Rivera en Unsplash

Asesinato de la profesora de Calama, bombas molotov en un colegio de Santiago, en Curicó una madre denuncia que su hijo fue armado al colegio, en Angol descubren un arma en una mochila… una noticia tras otra en el mismo noticiero central. La noticia estalla: ¡violencia en las escuelas”! (no en el Liceo que es donde se producen esos hechos… es en todo el sistema educacional) y empiezan a salir más noticias: en Villarrica una amenaza, en Temuco dos más y así… paralelamente el gobierno lanza dos proyectos de ley: el primero busca modificar el Código Penal para poder sancionar con mayor severidad los delitos contra estudiantes, docentes o asistentes, ya sea dentro del recinto o en actividades extracurriculares, así como contra la propiedad cometidos en dependencias educativas; el segundo, denominado “Escuelas Protegidas” (¿Chao “Aula Segura”?), tiene por fin resguardar la integridad física y psíquica de las comunidades mediante medidas de seguridad reguladas en la Ley General de Educación “Este Gobierno fue elegido precisamente por la mayoría de los chilenos para devolver, para recuperar el orden, el sentido común y la autoridad” (Extraído de Web de la Presidencia). La TV, los Medios y las RRSS que los reproducen, cambiaron el eje de los “portonazos” por el de la violencia escolar. Nada es casual. Apuntan a crear una sensación de criminalización que lleve a la población a creer que más represión y menos democracia, menos libertad y más control, resolverán el problema, mientras, el poder oligárquico gana terreno ideológico, político y económico: avanza el neoliberalismo. Sin excluir la educación.

Causas comunes.

La educación como prevención integral y no como sentido común (los problemas de salud mental lo distorsionan), recuperar la autoridad, no por el temor sino por el respeto mutuo, generar orden, no por el castigo sino por la autoregulación y regulación social, son opciones que no se consideran y se dan por perdidas o se arrojan al futuro. Desde el conductista Skinner, en los años 50 del Siglo pasado, está demostrado que el castigo no cambia profundamente conductas adquiridas más allá del corto plazo, menos en una sociedad que ha quedado excluida del debate para situar todo en la “seguridad pública”, como respuesta a la idea de “inseguridad pública”, provocada por jóvenes, excluidos, migrantes, los que viven en “blocks” o “tomas”: Hermosilla, Macaya, Guerra, Vivanco, Lavín, son otra categoría de “presuntos delincuentes o condenados”, son ilustrados y menos violentos. La violencia -física, verbal, gestual, emocional- se construye como realidad simbólica y valora como acto patriarcal de poder, modo de hacer política, forma de resolver problemas.

La educación.

El estado y sus políticas públicas, los intelectuales y cuadros políticos, incluso progresistas, no quedan excluidos de responsabilidad. La educación escolar de Chile -como toda educación- responde a la sociedad a la que pertenece y a la que debe contribuir formando ciudadanos, seres libres y autónomos, buenos trabajadores especializados, pero en las últimas décadas se ha centrado en el desarrollo cognitivo (el cuerpo, el corazón, el espíritu, el vínculo social y con la naturaleza, la cooperación como motor de la evolución y del desarrollo, son ubicados en los márgenes curriculares, al libre arbitrio de los espacios que dejen las asignaturas obligatorias), en la capacidad de desarrollar competencias y habilidades, prácticas, formales, preestablecidas, con un trasfondo de sustentación en el dinero por el valor económico de cada estudiante (vale una subvención y algo más). La cantidad de estudiantes universitarios que narran como los docentes se ven obligados a falsear la asistencia es común y mucha: el sistema está mal, a veces opera con mentira y los estudiantes lo ven, conversan, analizan y actúan en consecuencia. Los actos violentos en la educación escolar no son sólo un problema de salud mental: es consecuencia de un sistema que despojó a la infancia y sobre todo a la adolescencia y juventud de sus sentidos de vida, de sus espacios, de sus amigos, de sus modelos de personas a seguir… de sus comunidades. No es sólo responsabilidad de docentes y de las familias, como se quiere decir, es culpa de un sistema educacional fracasado, que ya no acepta reparaciones de parche, que no se va a arreglar con castigo, desconfianza, represión… ¡quitar el derecho a la gratuidad si cometes un delito a los 14 años!… el clasismo inherente es claro: la delincuencia, según el poder ideológico y político dominante, se territorializa en el mundo de los pobres y clases media empobrecidas, que son los que después requieren la gratuidad, se les castiga dos veces. ¡Qué mundo, qué educación se está propiciando!

La educación se ha jibarizado: la comunidad escuela se ha reducido a la sala de aula, la participación de las familias a consumidores como si educar fuese un producto más como una hamburguesa, la formación integral a las competencias, la educación pública a una disgregación de expresiones (municipios, SLEP, gestión delegada, validación de estudios), la validación social de la educación a la medición e indicadores, la docencia a una autonomía profesional precaria y dependiente de sostenedores, la precariedad del empleo desvaloriza el papel de movilizador social de la educación. Educarse es asistir y permanecer en aula. Ya no es prevención de la violencia la formación de ciudadanos integrales, comprometidos con el bien común, la libertad, el amor al prójimo como servicio y solidaridad práctica. Se explicita la concepción y modelo educacional que emerge hoy.

Estamos en un nuevo momento -ha habido varios, en varios gobiernos anteriores- de “chutear” el problema de cambiar un sistema educacional fracasado, para mantener el que existe, beneficiando la diferenciación social y la desigualdad ante el ejercicio del poder económico, político y cultural privado, que coopta al estado y a mucha sociedad civil, política y académica.

José Pérez, presidente de la ANEF acusa despidos arbitrarios: “No se puede transformar el empleo público en un botín político”

Por
Benjamín Poza Solís
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El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez Debelli, aborda los primeros efectos del cambio de gobierno, denunciando desvinculaciones de cientos de trabajadores y trabajadoras de reparticiones estatales de forma arbitraria, determinaciones que están generando  impacto en los servicios públicos, según afirma y advierte acciones legales en defensa de los trabajadores de parte de la ANEF.

– ¿Cuál es la evaluación que hacen desde la ANEF respecto de los despidos en el sector público en este inicio de gobierno?

Un despido sin fundamentos es siempre violento. Lo que hemos visto en estas primeras semanas genera preocupación, porque no solo afecta a los trabajadores, sino también al funcionamiento del Estado. Estamos frente a situaciones que consideramos arbitrarias y que no responden a criterios técnicos ni de desempeño.

– Usted ha señalado que no se puede transformar el empleo público en un botín político. ¿A qué se refiere concretamente?

No se puede transformar en un botín político los empleos en el sector público. Existe una institucionalidad que debe respetarse. Hoy hay más de 4 mil cargos que pueden ser nombrados por el gobierno entrante, por lo tanto, no es justo que funcionarios de carrera sean despedidos por criterios más bien políticos, sin considerar su desempeño profesional ni su trayectoria.

– ¿Qué impacto tienen estas desvinculaciones en el funcionamiento de los servicios públicos?

Estos despidos afectan directamente el buen servicio de los estamentos públicos. Cuando se desvincula a trabajadores con experiencia, eso repercute en la calidad de la atención que se le entrega a la ciudadanía. No es solo un problema laboral, es también un problema para el país.

– ¿Qué rol ha jugado el recorte presupuestario en esta situación?

El recorte del 3% ha afectado el empleo en diversos servicios. Se han desvinculado trabajadores producto de esta medida, lo que tiene un doble impacto: en la vida de las familias afectadas y en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

– ¿Tienen alguna estadística de cuántos trabajadores han sido despedidos hasta ahora?

Todavía no se conoce la dimensión real de los despidos. Hemos recibido alertas desde distintos servicios, como el Servicio de Migraciones, el Ministerio de Energía y servicios de salud, pero esto recién está comenzando. Además, hay situaciones muy complejas: a algunos funcionarios se les han cerrado sus correos y cuentas de trabajo, enterándose de su despido de manera abrupta.

– ¿Cómo está reaccionando la ANEF frente a estos casos?

Somos dialogantes y democráticos, pero estamos alerta y en defensa de los trabajadores, sus derechos y el trabajo decente. Estamos entregando respaldo legal a funcionarios despedidos arbitrariamente y esperamos poder dialogar con el presidente José Antonio Kast para abordar esta situación.

– También ha habido críticas por la presencia de ciertas autoridades en el gobierno. ¿Cuál es su postura?

Es lamentable que personas que han menospreciado a los trabajadores del sector público hoy estén en el gobierno siendo también funcionarios públicos. Eso genera una señal contradictoria y preocupante, especialmente considerando que algunos ya han tenido roles previos en el Estado, como es el caso de Cristian Valenzuela.

– ¿Ha existido contacto o acercamientos con el Gobierno para abordar esta situación?

Sí, ha habido un primer acercamiento para concretar una reunión con el Presidente José Antonio Kast. Sin embargo, en esa oportunidad no pudimos participar debido a que me encontraba en Chaitén cumpliendo actividades gremiales previamente programadas, y además la convocatoria se realizó con muy poca anticipación, cerca de 24 horas, lo que dificultó la coordinación.

Aun así, quiero ser muy claro: existe plena disposición al diálogo. De hecho, ya está planificada una reunión con el Presidente, la cual esperamos concretar prontamente. Nuestro objetivo es poder abordar con seriedad la situación que afecta a los trabajadores del sector público y buscar soluciones a través de este espacio de conversación.

Lobos que dificultan a Caperucita: el caso del despido de la prefecta de la PDI, Consuelo Peña

Por
Marcia Pineda Soto
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Captura de pantalla Radio Bío Bío en Toutube

“Hay trasfondos muy oscuros”, dijo el senador DC, Iván Flores García, refiriéndose al caso de la ministra de Seguridad Trinidad Steinert y el curioso -por decir lo menos- llamado a retiro de la ahora subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecta general Consuelo Peña.  Un llamado que se dio solo tres meses después que el director de la policía civil, Eduardo Cerna, la confirmara en su alto cargo.

¿Por qué oscuros? Es que comentaristas de distintos medios y muy lejos de ser acusados de “octubristas” (como suele hacerlo la derecha) -como Tomás Mosciatti, de radio Bio Bio, o Matías del Rio, en Radio Duna-, han insistido en que la ministra de Seguridad le habría pedido expresamente al director de la PDI la remoción de la Prefecto, una facultad que por ley no tiene una autoridad de gobierno. Por eso es que Contraloría pidió y está esperando antecedentes sobre el caso.

Se trata de un caso que obviamente ha debilitado en demasía a la ministra Steinert. Tanto que en tres oportunidades debió salir el presidente Kast a respaldar a su ministra de Seguridad, afirmando que la renuncia fue solicitada por el director de la PDI, tal como ha insistido la propia secretaria de Estado. Las dudas, sin embargo, quedaron en el aire y no se resolvieron con la concurrencia a dar explicaciones al Comité de Seguridad de la Cámara de Diputados del director de la PDI, Ricardo Cerna, donde afirmó que la renuncia de Consuelo Peña fue una decisión institucional. Es decir, tuvo que asumir la responsabilidad para -dicen los entendidos- defender a su institución.

Con esa declaración de la autoridad policial, el oficialismo dio por cerrado el capítulo. La oposición, en cambio, no quedó satisfecha, De hecho, la diputada Pamela Jiles declaró al final de la sesión, que pediría otra, pero secreta, porque habría problemas con la seguridad del Estado en esa indagatoria.

Ese movimiento de salida, donde le guste o no al gobierno está involucrada la ministra Steinert además del director Cerna, está provocando ruidos al interior de la institución. Ruidos, cahuines rosas y rumores que siguen presentes en esas oficinas azules. Es que la figura de Consuelo Peña no es la de una funcionaria más dentro de la Policía de Investigaciones. De hecho, estuvo en la investigación del asesinato de Jaime Guzmán. Su nombre aparece, dentro del mundo policial y político, asociado a una generación de cuadros que construyeron la inteligencia moderna en Chile. Con más de 36 años en la PDI, la prefecta desarrolló su carrera en áreas extremadamente sensibles en el día de hoy. No es cualquier cosa ser experta en inteligencia policial, análisis criminal y crimen organizado.

Dónde se inicia todo

El episodio se gatilla pocos días después de asumir el gobierno de José Antonio Kast, cuando entra al gabinete la ministra de Seguridad Trinidad Steinert, hasta ese momento fiscal en Tarapacá. Habían pasado pocas horas, cuando la secretaria de Estado solicitó explicaciones formales acerca de la reubicación de oficiales de la Policía de Investigaciones de Iquique que trabajaban con ella en el caso contra el “Clan Chen”, cuando era fiscal en esa región.

El caso “Clan Chen” es una investigación sobre una red criminal de origen chino y chileno que realizó estafas internacionales por más de 200 millones de dólares, desarticulada por la PDI y la Fiscalía en Chile que operaba principalmente en la Zona Franca de Iquique (Zofri). La banda realizaba estafas internacionales mediante un esquema conocido como “pig butchering”. Se vinculaban emocionalmente con inversores, principalmente estadounidenses de la tercera edad, para que depositaran dinero en plataformas fraudulentas de inversión en línea. Cuando las víctimas intentaban retirar sus fondos, las plataformas desaparecían, generando pérdidas millonarias que superaron los US$200 millones y afectaron a unas 400 personas. Dinero que se lavaba en la Zofri.

En un oficio reservado dirigido al director de la PDI, Eduardo Cerna, fechado el 13 de marzo de 2026, la ministra le solicitó antecedentes detallados sobre integrantes de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) que participaron en la investigación del denominado “Clan Chen” en la región de Tarapacá. Pedía la identificación de los funcionarios involucrados, los fundamentos de sus traslados, sus nuevas destinaciones y posibles antecedentes disciplinarios o denuncias administrativas relacionadas con su desempeño en la investigación.

Días después del envío del oficio, la ministra solicitó la salida de la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, sin que se conozca una explicación sobre los motivos de tal decisión. Finalmente, la comunicación formal de su salida se realizó a través del director general de la PDI, siguiendo los procedimientos internos de la institución.

Se afirma que hubo una gran sorpresa al interior de la policía civil. Muy rápido, comenzaron a circular versiones que apuntaban a una “pasada de cuenta” relacionada con decisiones operativas adoptadas durante la investigación del “Clan Chen”. En fuentes policiales se señala que, en plena investigación, hubo cambios y ajustes de personal, destinando al equipo de la entonces fiscal Steinert a distintas reparticiones del país, cosa que habría enojado a la actual ministra. Quien ordenó el traslado fue Consuelo Peña.

Lobos trabajando

Pero, hay otros antecedentes que surgieron en las investigaciones periodísticas.  Tanto la Prefecto como el director Cerna, han estado desde un tiempo antes, bajo ataque silencioso, anónimo de un grupo conocido como “los Lobos”, una forma de identificar a equipos duros dentro de la brigada de antinarcóticos y crimen organizado. Estos lobos están dentro y fuera de la institución. Son los aun incondicionales de los dos directores anteriores de ese servicio Héctor Muñoz y Héctor Espinosa, quienes fueron acusados de malversación de fondos públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. Espinosa fue recientemente condenado a 17 años de cárcel. Muñoz compartió información con el abogado Hermosilla sobre diligencias solicitadas en la causa por malversación de fondos y lavado de activos en contra de su antecesor, Héctor Espinosa, de quien es muy cercano.

El director Cerna ha sido constantemente atacado por medio de mensajes anónimos difundidos por WhatsApp y atribuidos a los exoficiales de Narcóticos, llamados a retiro por el director. La subdirectora de Inteligencia también cayó en esa campaña contra Cerna. Porque se comenta que Consuelo Peña desmontó el plan de allanamientos que tenía el equipo ya mencionado, para evitar que el grupo comandado por Mauricio Fuentes -sindicado como alguien muy cercano a la actual ministra- y Juan Flores, pudiera allanar viviendas donde se sospechaba que había mucho dinero en efectivo. Un plan que se llevó a cabo incluso con el apoyo del FBI, culminando con cerca de 50 detenciones y el allanamiento de 73 inmuebles. Tras la diligencia, los cuatro oficiales cercanos a la entonces fiscal Steinert fueron trasladados. El traslado De Fuentes –que era el jefe de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI–, así como del oficial de caso, Juan Flores, y de otros dos funcionarios, se originó en un informe de contrainteligencia de la propia PDI, debido al cual Peña determinó que los oficiales cuestionados no podían allanar las viviendas que ellos mismos se habían asignado en la investigación contra el “Clan Chen”, por lo que asignó a otros detectives a esa tarea.

La madre del cordero estaría en que, pese a que Cerna cuenta con el apoyo de la mayoría de la institución, aun quedan seguidores de Espinosa y Muñoz que desearían verlo fuera de la PDI. Así le cobrarían por haberlos llamado a retiro. Un ejemplo es que el actual inspector general de la institución, de quien depende todo el Departamento V de Asuntos Internos, es muy cercano a Flores. De hecho, lo instaló en la Dirección de Personal de la institución durante un tiempo.

Otro elemento denunciado por el periodista investigador Nicolás Sepúlveda es la incorporación de dos de los enconados adversarios de Cerna en el gobierno:  Marcelo Atala, llamado a retiro en febrero de 2025 cuando era el jefe de la Prefectura Antinarcóticos de la Macrozona Norte, y ahora nombrado por Steinert como jefe de la División de Crimen Organizado de la Subsecretaría de Seguridad Pública. El otro es Paulo Contreras, ex Inspector General de la institución, llamado a retiro por Cerna a fines de 2024, y que acaba de incorporarse a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

El senador Flores, que conoce a la Prefecto desde que fue jefa  en Valdivia,  indica que “la contrainteligencia de la propia institución, en sus mecanismos internos de control, definió que había que remover a algunas personas por el bien de la investigación, porque “hubo información de que había habido contactos entre estas personas con los sujetos que estaban investigando”, lo cual motivó la cólera de la ministra Steinert” añadió el senador.

El apoyo del Fiscal Nacional

Allí radica el motivo por el cual la ministra envió un oficio a Cerna pidiéndole antecedentes relativos a la causa que se sigue en la Fiscalía Local de Valdivia, en la cual el hijo mayor de Peña -que fue jefa regional en esa ciudad- tiene la calidad de testigo, dado que el año pasado la prefecta general descubrió algunos gramos de droga en el acceso a su casa, realizando ella misma la denuncia respectiva. Luego de una investigación inicial se determinó que eran drogas compradas por su hijo para consumo personal.

Nada de esto fue un secreto para el Fiscal Nacional Ángel Valencia. Durante la ceremonia en la que asumió la nueva fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, Valencia defendió con todo al Director Cerna. “Quiero resaltar la calidad del trabajo que está realizando hoy día la PDI y la buena salud del vínculo institucional y de trabajo operativo entre la Fiscalía y la PDI en todo el país”…“con el director Cerna tenemos una excelente relación personal, pero más importante que eso, y es bueno que la ciudadanía lo sepa, una excelente relación de trabajo, tanto con el director general como con la Fiscalía Nacional y con todos los equipos a lo largo del país”.

Si bien aparentemente se apaciguó la tensión en la Cámara, la diputada Pamela Jiles planteó que el tema seguirá las próximas semanas y que se requerirá una sesión secreta, pues–entiende–que las verdaderas razones del llamado a retiro están vinculados a temas de seguridad nacional.

Así, queda claro que el tema no ha salido de la agenda, como le hubiera gustado a Cristian Valenzuela, encargado de las comunicaciones de La Moneda, quien por estos días prepara una nueva agenda de copamiento enfocada precisamente en seguridad.

Habrá que prepararse para la andanada de información que intoxicará al país en los próximos días. Todo sea por salvarle el ministerio más importante al Presidente que prometió y aún no cumple ni con terminar la emigración y menos con parar la delincuencia que está más desatada que nunca.

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