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Ministro Cataldo en Chiloé: “Convocaremos a una mesa de trabajo para abordar la creación del servicio local, con todos los actores del territorio: parlamentarios, alcaldes y comunidades educativas”

En el marco de la gira del Presidente Gabriel Boric al archipiélago, el titular del Mineduc desarrolló diversas actividades relacionadas con la agenda de Educación en la zona.

En Ancud, el secretario de Estado reiteró el compromiso de dialogar con todos los actores políticos y educativos de la zona, a fin de “tomar una decisión y un razonamiento respecto al tema en un corto plazo”.

 “La situación educativa de Chiloé apremia”, sostuvo este lunes el ministro Nicolás Cataldo, tras participar en una reunión protocolar con alcaldesas y alcaldes de la provincia, que se desarrolló en Chacao y que fue encabda por Presidente Gabriel Boric a la zona.

En el encuentro se abordaron las dificultades que enfrentan las y los jefes comunales para brindar el servicio educativo y las inquietudes respecto a la instalación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Chiloé, cuya puesta en marcha administrativa está pensada para mediados de 2024.

En la ocasión, el ministro de Educación planteó que “convocaremos una mesa de trabajo para abordar la creación del servicio local, con todos los actores del territorio: parlamentarios, alcaldes y comunidades educativas”.

El secretario de Estado sostuvo que “la decisión de crear y traspasar o no el servicio educativo en Chiloé es una decisión muy estratégica, con muchas consecuencias. En el ánimo de ser responsables, como hemos actuado desde el primer minuto como Ministerio de Educación, creemos que esta es una conversación en la que todos los actores tenemos que estar muy convencidos de la decisión que se va a tomar. Ese fue el compromiso que hizo el Presidente Boric y lo que planteamos ahora con los alcaldes”.

Mesa de trabajo por SLEP de Chiloé

El titular del Mineduc sostuvo que esta instancia de diálogo se constituirá a partir de marzo y que sus planteamientos tendrán un rol protagónico.

“Esa mesa debería tomar una decisión y un razonamiento respecto al tema en un corto plazo, porque no hay otra forma de abordar este tema”, dijo el ministro Cataldo, quien agregó que los alcaldes han dado cuenta de un panorama complejo.

“El cuadro financiero está complejo, porque está costando pagar sueldos, está costando mantener los internados. Cuesta mucho sostener a nivel provincial la educación y los alcaldes nos manifiestan la necesidad y la voluntad de avanzar en el traspaso. Esto nosotros lo vamos a hacer, toda vez que todos los actores del sistema estén convencidos y actuemos en bloque, porque, de otro modo vamos a hacer pagar los costos a las y los estudiantes y a afectar el derecho a la educación. Y a eso no estamos disponibles”, sostuvo la autoridad.

En el encuentro con los jefes comunales también estuvieron presentes la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado; el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas; el jefe de la División de Municipalidades de la SUBDERE, Francisco Pinochet; la delegada presidencial regional de Los Lagos, Giovanna Moreira, y el delegado presidencial provincial de Chiloé, Marcelo Malagueño.

Vacaciones en Mi Jardín

Posteriormente, el ministro Cataldo se trasladó al Jardín Infantil Paula de Ancud , donde asistió a una actividad del programa Vacaciones en Mi Jardín (VMJ), de Fundación Integra. En la ocasión, estuvo acompañado por la seremi de Educación, Daniela Carvacho, y el director regional de la Fundación Integra, Francisco Valdés.

Vacaciones en mi Jardín es una iniciativa que ofrece a los niños y niñas actividades lúdicas y educativas en un ambiente de bienestar y recreación. Sus énfasis son el bienestar integral y la implementación de ambientes enriquecidos, que ofrezcan múltiples oportunidades para que puedan jugar y disfrutar con sus pares, durante los períodos de vacaciones.

Para este año, VMJ considera una cobertura de 78 jardines en todas las regiones del país. En Los Lagos, el programa funciona en 11 establecimientos de 7 comunas: Osorno, Purranque, Fresia, Puerto Montt, Puerto Varas, Ancud y Fresia; atendiendo a 506 niños y niñas.

Tras la visita al Jardín Infantil Paula, el ministro Cataldo encabezó un gabinete de educación, que se desarrolló en la Escuela Rural Sol del Pacífico, ubicada en la localidad de Pilluco, en Ancud.

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El diálogo en política

En una sociedad donde existe libertad y democracia el diálogo es el primer paso para llegar a resolver conflictos o consensuar un camino de solución.

Si bien existe una moral y un marco legal que cubren la mayor parte de las conductas humanas, la disposición a dialogar debería permear todo en lo que se puede avanzar para lograr acuerdos.

El diálogo es una conversación que tiene un propósito u objetivo determinado. No se invita a dialogar solo por el impulso del instinto gregario. Sin embargo, por otro lado, la conversación es igualmente necesaria, ya que siendo libre y no necesariamente con una pauta es parte de importante de nuestra socialización y bienestar.

El diálogo no es un asunto que pueda dejarse al azar si se quiere realmente avanzar en algún propósito. De ahí que debamos preparar las condiciones para que el diálogo cumpla con su misión.

Una primera condición es escuchar. La escucha activa es saber escuchar o aprender a hacerlo. Es una cuestión clave que implica prestar atención plena a lo que dice el otro, sin interrumpirlo, juzgarlo o descalificarlo, tal que nuestro interlocutor eche afuera todo lo que necesita o quiere decirnos, aun cuando algo sepamos de aquello. Este ejercicio nos obliga a prepararnos para no interrumpir ni cortar los dichos de nuestro interlocutor. Mientras más atención e interés pongamos en la narrativa de nuestro interlocutor más podemos saber de sus contenidos y más confianza podemos darle para que este proceso sea fluido.

Otra condición es saber decir las cosas. Poder ofrecer un mensaje claro, honesto, preciso y amigable ayuda a que el diálogo se encause mejor. Para ello debe imperar el respeto mutuo, aun cuando se tengan opiniones o puntos de vista diferentes y también evitar las descalificaciones personales y centrarse en el argumento.

Buscar las palabras y la actitud adecuadas es un desafío nada de fácil, especialmente si no conocemos mucho de nuestro interlocutor. Ello hace necesario ensayar previamente nuestra estrategia para el diálogo. Se trata de saber algo de quién o quiénes serán las personas que intervendrán en el diálogo, sus ideas más conocidas, su carácter y actitud, sus diálogos con otros. Con este input será posible elaborar un mejor libreto o pauta para el desarrollo de nuestra narrativa y en la producción de mensajes precisos y efectivos.

Una cuestión también clave es la estructura de los mensajes y sus características. De trata de construir mensajes que puedan lograr el objetivo de interesar, motivar, comprometer, consensuar sobre un determinado tema. Es fundamental tener en cuenta la precisión, claridad, tono, énfasis, pregunta clave, lo visto sobre el tema en otros lados, la información y conocimiento con datos confiables y de buenas fuentes, como también la demostración del alcance e importancia del asunto que sea de interés para la gente.

Otra cuestión importante es la conducción, el método de registro y validación del progreso del diálogo que se ha de sostener. Poner un plazo y establecer detenciones para evaluar los avances, requiere de un líder o moderador que vaya registrando los avances, retrocesos, incertezas, temas a eliminar, carencia de información o datos, moderando y orientando el lenguaje y el estado de ánimo de los interlocutores hacia el cumplimiento del objetivo principal.

La disposición al diálogo debe estimularse en el marco de un contexto social en el que se espera de este diálogo una solución definitiva a un problema o producir un avance que permita impulsar un determinado proyecto o proceso, tal que, para que ello suceda, debe crearse un clima de confianza y destacar el logro de una solución o el avance en la solución de un problema.

La empatía y la disposición al cambio, saber ponerse en el lugar del otro y estar dispuesto a cambiar de opinión ante argumentos razonables será fundamental para lograr un diálogo productivo.

Dar a conocer el propósito de un diálogo que tiene connotación y efectos políticos obliga a difundirlo en la agenda pública con transparencia, explicando la necesidad de establecer el diálogo frente a un problema que afecta a todo un país o a alguna comunidad e informar los avances y retrocesos del proceso de diálogo de los actores y responsables de los resultados logrados.

Se debe evitar que las posiciones de quienes participan en el diálogo sean difundidas o conocidas parcialmente, sean deformadas o, que domine sólo la versión o interpretación de sus detractores. La gente necesita conocer la versión exacta de cada parte dialogante, ojalá expresada por el propio creador de las ideas que defiende y que están en debate a través del diálogo.

Los medios de comunicación social podrían estar sesgados y tender a darle más importancia, difusión y defensa a las ideas de uno en desmedro del otro. Aquí, el esfuerzo debe encaminarse a asegurar que la información que fluya del diálogo esté exenta de la presión de cualquier poder fáctico que esté interesado en auspiciar la difusión de una de las partes dialogantes en perjuicio de la otra.

Nuestro país necesita una profunda reflexión sobre el rol de diálogo y corregir las malas prácticas que anulan el poder de éste y derivan en un deterioro de la democracia al endurecer o alejar las posiciones lo que dificulta o impide llegar a acuerdos o a consensos, en arribar a un equilibrado balance que pondere adecuadamente lo mejor de cada posición, en lograr en definitiva un real avance o progreso en los resultados que esperan los ciudadanos en la gobernanza del país y de sus instituciones.

Los esfuerzos en crear mesas de trabajo y grupo de tarea para conseguir acuerdos debe partir reforzando la voluntad de dialogar y creando las condiciones para un diálogo fluido que llegue a resultados concretos en contacto y comunicación con la ciudadanía, la que siempre espera una respuesta a sus necesidades y anhelos.

Desarrollar una nueva cultura del diálogo nos obliga a comenzar su práctica desde los colegios, las instituciones de la sociedad civil, los poderes del Estado, entre el sector privado y el Estado, y ciertamente, entre las empresas y los trabajadores. Es un desafío para sistematizar y concretar tan pronto como sea posible porque sin diálogo no tendremos una mejor democracia ni un mejor país. 23012024RFI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldesa Melipillán por Informe Nacional de Víctimas de Homicidios: «Estas cifras demuestran por qué era tan necesario que Quilpué ingresara al Plan Calles Sin Violencia”

Tras el oscuro primer semestre del 2023 que se vivió en Quilpué, en donde siete personas fueron asesinadas, incluyendo a la Sargento Segunda Rita Olivares, es que la comuna apareció en el puesto número 30 del primer Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile, realizado por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Ante estos sucesos, la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, aseguró que «estas cifras demuestran la preocupación que teníamos a principios del año pasado y por qué era tan necesario que Quilpué ingresara al Plan Calles Sin Violencia, pensado específicamente en la disminución de los homicidios y en fortalecer al Ministerio Público para perseguirlos”.

La jefa comunal ha sido enfática en que los municipios deben preocuparse por materias preventivas y que, en esa línea, el municipio quilpueíno ha cumplido su rol. “Como Municipio Abierto hemos tocado todas las puertas posibles para fortalecer nuestra gestión en prevención, razón por la cual hoy tenemos una Dirección de Seguridad Pública -que antes no existía- con más de 50 funcionarios, inspectores, patrullas municipales y hasta un convenio que permitirá que Carabineros los acompañe”, indicó la alcaldesa.

Melipillán finalizó su análisis de las cifras afirmando que “la seguridad es un trabajo de todas las instituciones y también de la comunidad, y es por eso que nuestra labor continuará centrada en aquello en lo que somos mandatados, la prevención y la perspectiva comunitaria para evitar que los delitos sucedan, pero también significa que seguiremos conversando con quienes tengamos que hacerlo para solicitar líneas investigativas en materia de drogas, armas de fuego y delitos, y colaborando con las instituciones para mantener la tranquilidad y la paz en Quilpué».

Según lo indicado en este informe, los homicidios aumentaron en un 41,4% entre el primer semestre del 2022 al 2023.

 

 

 

 

La derecha termina año legislativo instalando temas que le permitan continuar con su campaña anti gobierno

El comentarista del medio de derecha Ex Ante, Sergio Muñoz Bravo, un ex comunista porteño que devino en un furibundo anticomunista, tituló su última columna “Un gobierno en situación de emergencia”. Ello por la cantidad de hechos que se han levantado en los últimos tiempos –gracias a una campaña feroz y bien orquestada por los innumerables medios de comunicación que la derecha posee-, tiene al gobierno intentando responder y explicar cada caso, desviándolo de su misión de gobernar. O al menos quitándole el tiempo para aquello.

Allí están entre otros, la reforma previsional; las pensiones de gracia; el insoportable aumento de la delincuencia; la igualmente insoportable corrupción; la credibilidad del Ministro de Hacienda, del Presidente, del Ministro Montes; o la responsabilidad del subsecretario del Interior. Y todo esto ya contaminado por las carreras electorales que se avecinan a pasos agigantados.

Luego de que el oficialismo evitara que la derecha se impusiera en su afán de frenar un año más la discusión sobre la Reforma Previsional que tanto anhelan los chilenos de la tercera y cuarta edad, Muñoz reaccionó así:”¿Tenían algo que celebrar? En realidad, nada. Los aspectos medulares del proyecto naufragaron en la discusión en particular, y lo que quedó fue un cascarón informe y contradictorio”. Repitió así el guion emanado desde la derecha que todos disciplinadamente acataron y repitieron como un mantra.

Dice que “el simbolismo de la votación favorable les sirvió solo para darse ánimo, porque en realidad se vino al suelo el objetivo de establecer el dominio del Estado sobre el sistema previsional. La Cámara rechazó, entre otras cosas, la cotización adicional del 6% y su destino, la creación del Fondo Integrado de Pensiones y del Inversor de Pensiones Estatal. El punto de partida oficialista era cambiar radicalmente la industria sobre la base de cuestionar el papel del sector privado y la validez de la capitalización individual, pero la ideología chocó una vez más con la realidad”.

En su orquestada campaña, las derechas no han trepidado en usar y abusar del prestigio de conocidos expertos como David Bravo, Joseph Ramos y hasta un joven que se dice socialista que en algún momento dirigió Codelco.

De alguna manera, dice un conocido dirigente socialista, este señor Muñoz reconoce lo que efectivamente quería el gobierno: cumplir con su promesa de campaña. Porque terminar con el abuso de las afp es una aspiración muy sentida por la mayoría de la población y es lo que desearía el oficialismo, pero no cuenta con los votos necesarios en el Parlamento para hacerlo.

Situación indignante

El último de los temas por el que la derecha escandalizada llamó a rebato es el de las pensiones de gracia que el gobierno otorgó como una reparación a personas que sufrieron daños graves durante el estallido social de octubre del 2019. De acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hubo 22 fallecidos durante las protestas, mientras los heridos sumaron 2.209. Entre los más graves figuran 209 casos de traumas oculares causados por el impacto de balines de goma, perdigones o bombas lacrimógenas.

Aunque parece ya olvidado, fueron varios los días en los que miles de chilenos y chilenas salieron a las calles en protesta por los abusos acumulados durante años en temas tan sensibles como pensiones, salud y educación, entre otros. Hubo entremedio de esa marea de gente, participación sin duda de lumpen y sectores delincuenciales que se aprovecharon de las circunstancias para vandalizar y cometer delitos. Fue en ese escenario donde se cometieron violaciones a derechos humanos de parte de las fuerzas policiales que a veces fueron sobrepasadas por los vándalos.

Este año, la Contraloría General de la República realizó una auditoría al proceso de otorgamiento de las pensiones de gracia a personas afectadas por manifestaciones durante el estallido. El informe reveló que 58 de 419 beneficiados mantienen antecedentes y condenas por delitos como abuso sexual, homicidio, producción de material pornográfico infantil, entre otros.

Otro bocadillo para las derechas. Como acostumbra, salió de inmediato el diputado de RN Andrés Longton señalando que el documento es “contundente” y que la situación “es un escándalo”. Además, criticó que el Ministerio del Interior no diera a conocer los antecedentes “cuando los tuvo a disposición”.

El parlamentario indicó que “nadie niega que hubo afectados en contexto de estallido social”, pero que “no puede ser que ni el INDH, ni la comisión asesora ni el Departamento de Acción Social (DAS) hayan revisado correctamente” los antecedentes para otorgar las pensiones. A su juicio, aquello “da a pensar que más allá de que no revisaron, hubo una negligencia por parte del Gobierno”.

El gobierno y el oficialismo reconocieron falencias en el proceso y explicaron el por qué. La ministra Carolina Toha señaló que las pensiones de gracia se formularon para entregar una reparación a personas que sufrieron daños graves durante el estallido. “Y que esto termine en la discusión que estamos hoy día, es porque este proceso tuvo falencias. Es una situación indignante y es una situación que hay que corregir”. Por eso –dijo- los equipos de su secretaría de Estado se han abocado a revisar los casos que originalmente provocaron alarma que eran aquellos con antecedentes penales.

Dos glosas

Ese fue el punto. Que se ha despejado felizmente con los días. Es que originalmente no existía la información completa, no se podía acceder a ella por cuestiones legales. Carolina Tohá explicó que “en el tema de los antecedentes penales, lo que hubo es que ningún procedimiento de otorgamiento de pensiones de este tipo, consideraba este aspecto. Hay 18 mil pensiones en Chile de este tipo. Las del estallido son 418, pero hay 18 mil más. Se hizo con los portuarios una muestra sin los antecedentes completos, porque no son accesibles. Ya ahí el 10 por ciento tiene antecedentes penales. Entonces, es posible que esto haya estado pasando por largo tiempo, porque no estaba contemplado revisar los antecedentes penales”.

Explicando el asunto, dijo que “el origen de esto es bien complicado, porque se logró aprobar en el Parlamento que hubiera una glosa para esto, después de un debate en que no se llegó a acuerdo y entonces, se aprobaron dos glosas. Una cosa insólita: que una ley tenga dos normas para un mismo objetivo”. Dijo que al intentar compatibilizar estas dos normas, quedaron bastantes vacíos. “Eso es lo que trató de hacer primero el subsecretario Galli (del gobierno de Piñera), en su oficio que reglamenta cómo se van a usar estas reglas, y después seguimos nosotros aplicando lo mismo. Pero claramente la normativa pudo haberse hecho mucho mejor si se hubiera logrado un acuerdo”.

Señaló la ministra que se tomó la decisión por parte del gobierno en que cuando haya daño gravísimo no es relevante que haya antecedentes penales. “Pero hay casos en que el daño es de mucho menos cantidad, con antecedentes penales muy importantes y dada la complejidad que tuvo este proceso, que es mejor dejar sin efecto estas pensiones, porque esas personas y cualquier ciudadano chileno tiene la alternativa de acudir a los tribunales y pedir una indemnización por la vía regular”, reconociendo que es un proceso engorroso y lento, pero es el que ocupa la ciudadanía cuando siente que su derecho ha sido menoscabado por el Estado.

Sin embargo, afirmó sin lugar a dudas que cuando hay pérdida de globo ocular se va a mantener la pensión de gracia, “que no es un premio al mérito. Tiene que ver con que la persona ha recibido un daño causado por el Estado que es grave, que es irreversible y que tiene consecuencias severas en su vida”. Y añadió que si tiene un delito “esa persona tiene que pagar por el delito que cometió. La pensión de gracia no lo exime de su responsabilidad penal”. Y aclaró que las personas que tienen pensiones de gracia del conjunto de las 418 son 69. “Entonces, no es verdad que todos, o la mayoría, tienen antecedentes penales. La enorme mayoría no tiene ningún antecedentes penal”.

Esta decisión coincide con lo señalado por varios parlamentarios oficialistas y abogados de derechos humanos. Entre ellos, el conocido constitucionalista ex DC y actual Amarillo, Jorge Correa Sutil. Para el ex subsecretario del Interior y miembro de la Comisión Rettig, “en Occidente es un principio básico que las víctimas tengan reparación”, por lo que el hecho de condicionar la pensión a que la persona tenga o no antecedentes penales lo califico como “injusto”.

Agregó que, por ejemplo, en “el Informe Rettig nunca se revisaron antecedentes penales de ninguna víctima para calificarla como víctima”. Por lo mismo, si el daño es provocado por agentes del Estado, debe ser reparado por el propio Estado. “Y nunca nadie ha preguntado si la víctima es buena, regular o mala”, señaló. “Revocar las pensiones de gracia “es entregarse a la marea de la opinión pública. (…) Nosotros tenemos una tradición de reparar las violaciones a los derechos humanos.

Para el diputado del PS Tomás de Rementería “la derecha está usando esto para decir que en Chile no hubo graves violaciones a los derechos humanos durante el Gobierno del expresidente Piñera”. Reconoció que “hay personas que fueron unos sinvergüenzas”, y que el principal daño que se da por “esas desprolijidades es a las reales víctimas”.

Y concluyó: “Lo primero es corregir eso en honor a las víctimas reales del estallido social del gobierno de Sebastián Piñera. No podemos permitir a la derecha revocar todas las pensiones de gracia“.

 

Reseña de libros: Tejidos blandos

Reeditado por editorial Planeta, desde mayo pasado se encuentra nuevamente

disponible “Tejidos blandos”, ensayo de la diseñadora e historiadora de la moda Pía Montalva, que en esta ocasión agrega un prólogo en el que analiza la resignificación actual de la venda y el overol, como expresión de resistencia/insurgencia, al texto original publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2013 (el libro de la imagen superior). Montalva aborda la violencia política desplegada en Chile durante la dictadura cívico militar, a través del análisis de la indumentaria y vestimenta de detenidos/as, torturados/as y ejecutados/as políticos/as.

«El tejido del origen de las vendas permanentes se modifica en la medida en que se optimiza la aplicación de la violencia. En la década de 1980 , en el Cuartel Borgoño de la CNI, los trozos de género son reemplazados por un cintillo elástico muy similar a los que llevan las niñas y adolescentes cuando asisten al colegio, correctamente uniformadas». Pese al espesor del contenido y a la brutalidad de los acontecimientos, lo hace mediante una narración amena que permite transitar fluidamente por sus 458 páginas, en las que se entrecruzan con los testimonios el análisis de los vestigios que la violencia política dejó en el vestuario de quienes la padecieron. Violencia que, afirma la autora, fracturó de manera irreversible el relato autobiográfico de las víctimas. Porque para Montalva, establecemos una relación tan cercana con la ropa que elegimos usar, que constituyen una única materialidad: cuerpo-indumentaria, “el último de los tejidos blandos, y no una segunda piel”.

 

Nacen los juegos ‘figitales’: tecnología, informática y deportes tradicionales

Del 21 de febrero al 3 de marzo de este año, se realizará por primera vez en la historia, una inédita competición -sin análogos en el mundo- y que combina los últimos adelantos en tecnología informática y el espíritu deportivo tradicional: los «Juegos del Futuro».

Los Juegos contarán con competiciones en 21 disciplinas híbridas. Cada una de ellas combina el concepto de «figital» (físico+digital), es decir, combina los deportes tradicionales con los ciberdeportes o las tecnologías VR/AR. El programa deportivo incluye ciberdeportes, AR/VR, torneos de robots, cibatletismo, carreras de drones y otros. Participarán cerca de 2.000 personas de más de 100 países, entre los que estará Chile.

Los “Juegos del Futuro” – el primer torneo polideportivo de la historia de la humanidad en el concepto fígital. Un espectáculo deportivo de nuevo formato que unificará la competición en las dimensiones física y digital.

¿Te interesa representar a Chile?

Atletas profesionales y clubes de todo el planeta están invitados a participar en la I Versión de los “Juegos del Futuro”. El torneo se desarrollará en Kazán (Rusia) en formato fígital, durante el cual los participantes lucharán al límite de sus capacidades físicas y digitales.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, invitó a los jóvenes interesados en competir a inscribirse, señalando que “la idea misma de combinar los deportes clásicos y los ciberdeportes refleja nuestro interés y apertura a todo lo nuevo, con ganas de avanzar y al mismo tiempo capaz de combinar armoniosamente patrimonio original y modernidad”.

En caso de interés, póngase en contacto con los organizadores. Detalles e información de contacto en el sitio. (https://en.gamesofuture.com/)

 

Espacio geográfico, delincuencia multivariada y fronteras estatales: el caso latinoamericano

La realidad latinoamericana, cuál expresión territorial del Sur Global, mundo del subdesarrollo y otras características geoestratégicas con que se le caracteriza, viene permitiendo en el análisis académico y político, diversas interpretaciones para dar cuenta del dinamismo de lo ilícito en diversas materias… qué las instituciones estatales muestran debilidad, qué los regímenes democráticos se encuentran en la misma línea y qué, el capitalismo, como siempre, es indolente respecto de las calidades de vidas de las personas y sus organizaciones asociadas. Conviene indicar que el telón de fondo que particulariza a la región en escala centroamericana y sudamericana son los altos niveles de desigualdades socioeconómicas y pobreza a secas, más la alta vulnerabilidad socio-ambiental producto de la explotación de recursos naturales funcionales a las necesidades del norte global o mundo desarrollado, con cambio/calentamiento climático global asociado.

Se lee y escucha regularmente en el discurso público, desde las autoridades de gobiernos o sociedades civiles, que el territorio es variable central para acudir a la mejor comprensión e intervención de lo ilícito. Que la complejidad de lo ilícito en su organización y altas sumas de dineros administradas, permiten una alta gama de armamento, cooptación de barrios completos en función de sus negocios vía miedo, o bien, cooperación comunitaria signada por la pobreza, narco-cultura territorial (lo más complejo de la cooptación barrial y más) entre otros aspectos de los dinamismos sociopolíticos, vinculados con las interrelaciones del territorio o espacio geográfico como se consigna más arriba. Se agrega, ahora, con bastante profundidad, la importancia de las fronteras terrestres, marítimas, pasando por las portuarias… qué indicar con las áreas (aeropuertos, entre otras expresiones), las cuales se vienen utilizando con larga data para el tráfico de drogas.

De ahí, que se busca avanzar en cómo diseñar políticas públicas con anclaje en las dinámicas territoriales, prioritariamente las de seguridad pública, en el entendido que ahí es dónde se encuentra la realidad más dura de la cuestión social en lo lícito o ilícito, en pobreza, desigualdad socioeconómica o riqueza, segregación territorial y otros dinamismos que se van anquilosando en los espacios geográficos complejos. Es en esa realidad donde emerge la cuestión de la inter-escalaridad, en el entendido que los espacios geográficos son y fueron sistemas territoriales abiertos donde dialoga lo local-barrial con lo internacional, pasando por lo regional y lo nacional. Por lo tanto, pensar el control de lo ilícito más allá de una comuna en su alcance y complejidad, es razonable, como también lo es pensar más allá de una región y de ahí hacerlo más allá de un país, donde temas como los mostrados en Centroamérica o en Sudamérica e integradamente ambos, además, precisan de esa mirada reflexiva-interescalar.

Los espacios fronterizos terrestres, marítimos y su proyección aérea, qué duda cabe, merecen una preocupación especial, ya que es en aquellos, donde la realidad político-territorial o geopolítica, permiten unos dinamismos convenientes para los ilícitos, existiendo en oportunidades menos población o control estatal. Estas territorialidades deben entenderse en inter-escalaridad, ya que no hacerlo de esa forma, fuera de no comprender en profundidad las dinámicas geográficas, es un error inexcusable de los tomadores de decisión, más allá de “contar o no” con los alcances financieros para el diseño de las políticas fronterizas o transfronterizas (que siempre importan, qué duda cabe).

El desafío en esta perspectiva, en parte, estaría en consolidar regímenes fronterizos en una adecuada combinación entre la perspectiva nacional y subnacional, siendo esta última la que tiene un DEBE, estructural, por lo menos para el caso chileno . Mientras la gestión nacional de las mismas desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros servicios asociados es estridente cuando existe una conflictividad decimonónica (Bolivia, Perú o hasta Argentina), migratoria u otros, la subnacional representada por gobiernos locales y regionales y sus comunidades/sociedades civiles, junto con tener evidencia de gestión, la misma no es acompañada con todas la competencias y atribuciones para profundizarlas adecuadamente… más descentralización es el camino, por lo menos para el caso de Chile.

Ecuador, con su performance delictiva de estos últimos días, que es símbolo de una más compleja situación de lo ílicito; Bolivia, con los cinco soldados quemados vivos cerca de la frontera con Argentina, el Triángulo Norte en Centroamérica con las violencias de Maras y Narcotráfico y su interrelación; Brasil con sus complejidades delincuenciales que permiten una u otra serie televisiva en las plataformas de streaming, como también ocurre con México y Colombia, vienen a recordar, otra vez, que el espacio geográfico es cosa compleja, pero ineludible de abordar y que, gana en consistencia en la medida que se fortalece el Estado, la Democracia y la Soberanía en una perspectiva de integración, cooperación o coordinación regional. Sin embargo, así como se pide una mayor coordinación centralista global-regional para el cuidado del medio ambiente, la mejor gestión de los temas de salubridad (en época de COVID), en el riesgo de que haya un poder centralista y con poder real para tales efectos (su capitalización política – geopolítica), vulnerando las soberanías nacionales, lo mismo debiese proyectarse con lo delincuencial.

Chile, no es la excepción en estas preocupaciones, más allá o junto con la siempre llamativa y ágil agenda de medios (necesaria en contextos democráticos), relacionada con los dinamismos territoriales y las carteras de proyecto de ley del Ejecutivo y el Congreso en estas materias, el fenómeno, tiene y debería abordarse con fortalecimiento estatal, con sentido democrático-descentralizador, evitando caer en la tentación de los autoritarismos de diverso signo (caso Bukele, en El Salvador). Implica abordaje inter-escalar, local-barrial hasta lo internacional en cualquiera de sus combinaciones, en cuanto enfoque de diseño de política pública en estas materias de seguridad pública… y la cuestión fronteriza y su gestión, ¡qué decir!

 

Estallido social: Comisión Chilena de Derechos Humanos denuncia ofensiva para consolidar impunidad de crímenes

La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) expresó en una declaración pública emitida su profunda preocupación por la conducta desplegada en las últimas semanas por distintos representantes de los diversos órganos y poderes del Estado que buscan – según expresa – inequívocamente consolidar la Impunidad de los autores intelectuales y materiales de los graves crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el período del estallido social y afirma que los diferentes órganos y poderes del Estado de Chile tienen el deber de cumplir con las obligaciones de esclarecer la Verdad, aplicar la Justicia, otorgar las debidas Reparaciones a las víctimas e implementar Garantías de No Repetición.

Respecto de la eventual revocación de las pensiones de reparación otorgadas a un número reducido de víctimas de violación de los derechos humanos del estallido social, menciona que esta obligación debe cumplirse con prescindencia del historial pasado de la víctima y advierte que esta decisión significará un grave incumplimiento de la obligación internacional que tiene el Estado de Reparar a quienes han sufrido graves vulneraciones a sus derechos humanos, entre ellos, los manifestantes a quienes los efectivos policiales les dispararon a los ojos, dejándolos con pérdida de la visión de uno de sus ojos.

Frente a los ataques de los sectores de derecha que buscan interferir y dirigir las funciones propias de otros poderes del Estado, y específicamente refiriéndose a la remoción del fiscal Xavier Armendáriz, quien tenía a su cargo las investigaciones en las cuales figuran como imputados el ex presidente Sebastián Piñera, los ex ministros del Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, el ex director general de Carabineros, Mario Rozas Córdova y el actual, Ricardo Yáñez Reveco, entre otras autoridades políticas, policiales y militares, señala que se está en presencia de la vulneración del principio de separación de los poderes y del deber de resguardo de la independencia del Poder Judicial y el Ministerio Publico, consagrados en la normativa internacional y en la propia Constitución vigente. También se refiere a los ataques y remoción de la fiscal Ximena Chong, afirmando que ambos han tratado de cumplir cabalmente con las funciones de investigar debidamente los graves casos de violaciones a los derechos humanos que han sido puestos en su conocimiento.

Sobre el avance de las investigaciones judiciales desarrolladas por el Ministerio Público frente a las denuncias de violaciones de derechos humanos en el contexto del Estallido Social, expresa que es precario y absolutamente insuficiente. De acuerdo a estadísticas entregadas por Amnistía Internacional, de las 10.568 denuncias presentadas producto de la acción de las fuerzas policiales y militares durante este período, sólo 27 procesos han concluido con condenas para los autores, lo que corresponde al 0.25% del total de los casos denunciados.

Finalmente, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) reitera su compromiso irreductible con las víctimas y sus familiares, así como con su deber irrenunciable de interpelar y exigir permanentemente al Estado y a sus respectivos Poderes, el estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales, so pena de incurrir en responsabilidad ante Naciones Unidas y su sistema de protección internacional de los derechos humanos.

Comienza la “Ministerial de Educación”, la reunión de autoridades de América Latina y el Caribe que abordará el impacto de la pandemia en el sector

En el encuentro, organizado por el Mineduc y la UNESCO, se diseñará una agenda de acciones para superar la crisis que dejó la pandemia en la educación, abordando la reactivación educativa, la transformación de la enseñanza y el financiamiento de políticas públicas.

 Este jueves 25 y viernes 26 de enero se realizará en Santiago la “Ministerial de Educación: Santiago 2024”, un encuentro de ministras y ministros de Educación y de Hacienda o Finanzas de América Latina y el Caribe, organizado por el Mineduc y la UNESCO, con el objetivo de diseñar una agenda de acciones para superar la crisis educativa que dejó la pandemia.

Se trata de uno de los mayores esfuerzos de organización regional en esta materia, pues supone la coordinación de 33 ministerios de Educación, que representan a cerca de 125 millones de estudiantes y 6,9 millones de docentes.

El anfitrión de la cita, el ministro Nicolás Cataldo, explica que el encuentro “es un hecho de gran trascendencia para este sector, situándose como testimonio de la indispensable cooperación entre naciones frente a tareas tan importantes como es garantizar una educación de calidad para todos y todas”.

Un primer tema que se abordará en la reunión, dice el ministro Cataldo, es “el desafío mundial de la reactivación educativa tras la pandemia, que nos trajo problemas de violencia y convivencia escolar, de inasistencia y desvinculación, y retrocesos en los aprendizajes. Por ello, compartiremos experiencias y recogeremos lecciones sobre lo que han hecho los países para reactivar su educación”.

El segundo tema del encuentro será “la transformación educativa, es decir, cuáles son los cambios que tiene que sufrir el sistema educacional para lograr los propósitos y los objetivos que se ha trazado en función de garantizar el derecho a la educación”, detalla el ministro.

Ell tercer tema, dice la autoridad, será el del financiamiento de las políticas educativas. “Sin hecursos, es poco lo que se puede hacer en educación, por eso queremos hablar sobre cómo se relacionan los ministerios de Educación y de Hacienda o de Finanzas para abordar estos desafíos en la región”.

Hasta ahora, han confirmado su asistencia autoridades de 25 países, como Argentina, Bahamas, Belice, Brasil, Ecuador, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela, entre otros países.

Además de ser convocada por el Mineduc y la UNESCO, la instancia es coorganizada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y UNICEF. En el evento se abordarán experiencias de medidas de reactivación que están aplicando los países, de transformación educativa para avanzar en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), y de financiamiento de estas políticas públicas.

El encuentro es parte del seguimiento a la Cumbre sobre la Transformación de la Educación de las Naciones Unidas, en la que se establecieron esfuerzos para superar la crisis educativa derivada de la pandemia y reimaginar los sistemas educativos del futuro.

Más información en https://www.unesco.org/es/fieldoffice/santiago/reunion-ext-ministros-ed-lac

 

Marisela Santibáñez y Andrés Giordano presentan Comisión Investigadora por caso de violación en Cobreloa y abusos en el deporte

La diputada Marisela Santibáñez junto al diputado Andrés Giordano (IND-FA), acompañados de diputados y diputadas de diversas bancadas, presentaron una Comisión Especial Investigadora a raíz de la denuncia de violación grupal en la sede de Cobreloa -Casa Naranja- ocurrida en 2021, y otros casos de abusos en el mundo del deporte. Esto con el objeto de fiscalizar las infracciones al protocolo establecido en la Ley Contra el Abuso sexual, Acoso sexual, Discriminación y Maltrato en la actividad deportiva nacional.

Respecto a esto, la diputada Marisela Santibáñez sostuvo que “no podemos dejar fuera lo que ya es de público conocimiento y todos los parlamentarios que están acá y parlamentarias, le quiero agradecer especialmente al diputado Giordano que es parte de esta Comisión Especial Investigadora -que ya está arriba del sistema- respecto a la violación masiva ocurrida el 2021 en dependencias del equipo de Cobreloa en Calama”.

En esa línea, el diputado independiente del Frente Amplio, Andrés Giordano, aseguró que “existe una cultura en las instituciones deportivas que permite de una u otra forma que ocurran estos hechos de violencia de género en que ningún tipo de institución deportiva debe estar involucrada y por lo mismo, esperamos que también en el marco de esta Comisión Especial Investigadora podamos analizar varios casos más de diversa índole, entre los que está el bullado caso de Jordhy Thompson, tenemos también el caso del ex entrenador de la selección nacional de hockey patín femenino, que se encuentra con prisión preventiva, acusado de abuso sexual. Son situaciones que se repiten una y otra vez”.

Asimismo, la diputada Santibáñez, frente a los hechos ocurridos en el club de fútbol de Cobreloa, afirmó que “esto no puede pasar desapercibido para nadie. Llevamos dos años de silencio absoluto y escondido debajo de la alfombra. Yo la verdad es que me impresiono cuando hay gente que cree que el fútbol puede pasar por encima de la ley. Debemos por primera vez hacer un barrido real en el fútbol chileno.  Ocho jugadores violaron a una joven en dependencias de la Casa Naranja. ¿Quiénes son los que forman a estos cadetes? ¿Quiénes son los dirigentes que permiten y se silencian ante un acto tan brutal como una violación?”.

Igualmente, Giordano advirtió que “en la Casa Naranja, en Cobreloa, hay niños, niñas y adolescentes que están bajo el cuidado y la tutela de personas que han permitido que este tipo de prácticas también ocurran. Por lo tanto, hay que poner mucho ojo porque acá puede haber vulneración de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes, hasta donde hemos podido ver en la propia Comisión de Deportes, donde el Estado no ha querido dar respuesta y sus instituciones tienen cero control sobre lo que ocurre con estos menores de edad”.

“Ayer pudimos ver el reportaje de Canal 13 y yo le quiero agradecer al periodista Emilio Sutherland, que efectivamente mostró los detalles más escabrosos y más brutales. Le amarraron un cinturón al cuello, la cachetearon, la grabaron, le sacaron fotos y eso nadie comenta”, señaló Santibáñez respecto al reportaje del ‘tío Emilio’ sobre el caso de la “manada” de Cobreloa.

A raíz de este caso, en noviembre del año pasado, el diputado Giordano junto a la diputada Santibáñez, acompañados por el abogado de la víctima, entregaron una carta a la ANFP ante el incumplimiento de los protocolos mencionados anteriormente; solicitando a Pablo Milad que se pronuncie, entregue los antecedentes pertinentes y tome las medidas correspondientes en su rol de presidente de la Asociación.

Asimismo, ambos diputados solicitaron por medio de oficios, un pronunciamiento a la ANFP y a la Defensoría de la Niñez sobre la situación jurídica y eventual vulneración de niños, niñas y adolescentes que residen en dependencias de clubes deportivos. Esta última institución respondió que no contaban con la información solicitada, mientras que la ANFP no ha contestado aún. Por esta razón, también se ofició al Ministerio del Deporte, donde todavía se espera la respuesta.

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