La reciente entrega de la nueva propuesta de constitución, luego que fuera aprobada en el Consejo Constitucional, más que una posibilidad para un Chile justo y solidario, es más bien una pesadilla para quienes vimos en este nuevo proceso una oportunidad para tener una nueva carta magna que dejara atrás el legado de las tres constituciones anteriores, las cuales fueron redactadas por y para una elite en el país.

De ahí que si uno revisa la nueva propuesta constitucional (1), es un texto más neoliberal incluso que la constitución actual y dirigida a un pequeño grupo privilegiado en Chile, que usa la idea de libertad para profundizar desigualdades de todo tipo, negando así la posibilidad de construir un nuevo pacto social y una convivencia en el país más democrática y plural, que se haga cargo de los malestares acumulados, que derivaron en la revuelta del año 2019.

En consecuencia, la nueva propuesta constitucional mantiene un modelo de sociedad excluyente, a través de la privatización de nuestros derechos, que se puede ver en la mercantilización de la salud, la seguridad social, la educación, el agua, la vivienda, como también una abierta negación a trabajadores, personas con situación de discapacidad, niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas y mujeres.

En otras palabras, se vació de contenido por completo el Estado Social y Democrático de Derecho, transformándolo en un ente de papel y decorativo, sin ninguna capacidad de garantizar derechos básicos y reconocimiento a ciertos grupos que históricamente han sido excluidos y maltratados por los sectores más acomodados del país.

En el caso de la temática de género, es claramente una propuesta constitucional antimujeres. ya que pone en peligro la ley de aborto de tres causales, pone en riesgo la ley papito corazón y el pago de pensión respectivo y no se reconoce el trabajo doméstico y de cuidados, lo que es un claro retroceso para la mayoría de la sociedad, que queda extremadamente desprotegida.

Por si fuera poco, esta nueva propuesta constitucional legitima el abuso explícitamente, a través de un marco que limita el poder y las facultades del Estado contra las grandes empresas, se le da libertad vigilada a violadores de los derechos humanos que se encuentran en la cárcel de Punta Peuco e instala normas ambientales pro empresas, que solo profundizan la concentración de la riqueza, el extractivismo y la crisis socioambiental actual.

Por último, es una propuesta constitucional contra las comunas y contra las regiones de Chile, ya que desfinancia completamente a las municipalidades más pobres y perpetúa el centralismo histórico y portaliano del país, destruyendo la relación más directa que tienen los ciudadanos con lo público, lo que solo beneficia a una elite empresarial que le da lo mismo el bienestar de todas y todos.

Ante lo dicho anteriormente,, estamos en presencia de una propuesta constitucional, que a diferencia de la del año pasado, pone en riesgo mínimos básicos que pensábamos que también iban a estar en esta nueva propuesta, pero resultó ser el producto de una ideología antisocial y estadofóbica, liderada por el Partido Republicano, que transformó la discusión constitucional en una disputa presidencial, que solo intenta desacreditar al gobierno de Gabriel Boric, para así posicionar a José Antonio Kast como candidato para el año 2025.

Por el contrario, la primera propuesta constitucional del año pasado podrá haber tenido ciertas imprecisiones en algunos temas, pero era un texto explícitamente contra los abusos y promotor de derechos, en donde la salud, la vivienda, la educación, la seguridad social, los pueblos indígenas, las mujeres, las personas neurodivergentes, las regiones, las comunas, los niños, niñas y adolescentes, los animales no humanos, las personas en situación de discapacidad y la Naturaleza misma, tenían un espacio central.

Por lo mismo, estamos obligados a llamar a votar en contra de esta propuesta constitucional a favor de los privilegios, y hacer campaña para que se rechace esta vez, cerrando así de muy mala manera el episodio histórico más democrático que hemos tenido nunca como país, el cual no pudo, por muchas razones, tener un resultado positivo y esperanzador para Chile

No obstante, si bien hay que asumir nuestra derrota histórica con este cierre del primer proceso constituyente de Chile, no nos podemos quedar sentados a esperar que ocurra un nuevo estallido social en el país, sino seguir resistiendo a la ofensiva de una ultraderecha fascista libertaria que está dispuesta a todo con tal de imponer su agenda anti derechos, como también juntando fuerzas para seguir luchando por los buenos vivires.

Que las derrotas políticas nos sirvan para reflexionar y que nos obliguen a juntarnos y articularnos nuevamente, ya que la historia y la acción colectiva no se cierra con este fracaso constitucional, que podrá haber tenido un desenlace inesperado y paradójico, pero que nunca será el fin de nuestros anhelos y horizontes para un Chile diferente.

https://www.procesoconstitucional.cl/wp-content/uploads/2023/10/PROPUESTA-DE-NUEVA-CONSTITUCION-POLITICA-DE-LA-REPUB-LICA.pdf

En Atacama la crisis del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) estalló en las últimas semanas, el alcalde de Tiltil amenazó con cerrar todos los colegios por desfinanciamiento, en Ancud los profesores estuvieron meses sin pago de salarios, mientras tanto… en Vitacura, Las Condes, Providencia no existen esos problemas… la crisis educacional de Atacama no es más que una expresión de un sistema educacional y de desfinanciamiento fracasado. No da para más. Las diferencias entre esos seis territorios de aprendizaje no son más que una expresión de las brechas estructurales de la sociedad y democracia chilenas y su sistema educacional. El fracasado sistema de financiamiento por subvención de alumno asistente a clases, se demuestra en una región con poca población, tendencia a la baja de natalidad, distante de la capital del país y del territorio donde se acumulan los capitales y el poder.

El debate en los medios de comunicación se desvía hacia la gestión de la educación pública, municipal primero y luego del SLEP: sin duda que es mucho más difícil administrar la pobreza por bajo financiamiento estatal, que la riqueza de colegios con familias con buenos recursos y empresas colaboradoras. Hay algunos, de todos lados, que quieren volver al sistema municipal, contra el cual luchamos las y los educadores desde los años 80 del siglo pasado. Existe una oportunidad para golpear a la educación pública, desde la crítica a deficiencias -en algunos casos real- de la gestión estatal, para afirmar la diferencia con la aparente eficiente gestión privada del sector particular subvencionado: no se refieren a las muchas escuelas rurales de este sector que han cerrado los últimos años o que sobreviven con alumnos urbanos trasladados, a las que funcionan precariamente en infraestructura por falta de subvención, a las que no aceptan sindicatos o han debido sostener largas huelgas por bajos o impagos salarios, como ha sido en La Araucanía. Tampoco al impacto que significa la desigualdad de competencia al interior del sector subvencionado entre los particulares y los públicos, éstos últimos sometidos a tal control y regulación estatal que hace, a veces casi inviable la gestión. Son los discursos de los mismos que alegan contra la exageración de permisos para desarrollar negocios o inversiones privadas, los que, al mismo tiempo, piden más control y regulación para las acciones estatales: por algo será.

La privatización del Estado y de la educación pública

El modelo de referencia es la gestión escolar de propiedad privada, apoyada por fundaciones con fondos empresariales o eclesiales, en ciudades grandes, asociadas a universidades privadas o ciertos centros estatales, con escuelas públicas “asistidas” por consultoras particulares: es la privatización del Estado y de la educación pública.

Un dato, entregado por colegas del norte. En la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Atacama, Departamento Provincial de Educación de Copiapó-Atacama, hace unos años había 11 supervisores (asesores técnicos), hoy sólo 5… en el de Vallenar-Huasco, de los 9 que había hoy existen 4. Es decir, ha habido, un desmantelamiento sistemático de las estructuras permanentes de asesoría y supervisión del Estado a la educación pública. Es cierto, en la alianza oficialista hay grupos que no creen en fortalecer las estructuras permanentes del Estado, (en la oposición ello es obvio) y en consecuencia consideran que la sociedad civil debe complementar la carencia del servicio del Estado: fundaciones, consultoras, ATEs, empresas, iglesias. Pero, es lo permanente lo que asegura el éxito de largo plazo de las políticas públicas y su mejor gestión. Se critica el crecimiento de empleo pues se sustentaría en la creación de nuevos puestos de trabajos en el sector estatal; quienes sustentan esa misma sociedad civil no quieren a los funcionarios públicos, no confía en ellos, tampoco en la gestión del Estado y menos en que esos nuevos contratos vayan a entes fiscalizadores de sus propios negocios. El discurso de oposición y algunos oficialistas, respecto de fortalecer la capacidad regulatoria del Estado ante la falta de transparencia pública o de problemas civiles de consumo, medio ambiente, condiciones laborales, muchas veces no son más que palabras que se lleva el rating de TV o la cuña de radio: no se aprueba en el presupuesto público anual reales mejores condiciones laborales para los funcionarios públicos, ni se construye una política pública apropiada a fortalecer el Estado, ni se financian más inspectores laborales, educacionales, ambientales, para cuidar los recursos públicos entregados al sector privado.

¿Es posible cambiar el sistema de financiamiento por subvención a alumno asistente?

Más allá de la necesidad de mantener la conciencia y análisis de ello, no será posible en la actual correlación de fuerzas políticas donde dominan claramente los grupos anti-estatales y anti-educación pública, pero tampoco, si al interior del oficialismo, hay sectores que no confían en el sector público, en sus funcionarios, en sus culturas institucionales, en su carácter permanente y fuertemente desconcentrado.

No hay salida sin un cambio estructural de una educación de mercado a una pública de verdad, de la privatización al fortalecimiento del Estado, del avance de la educación pública en diseños institucionales estatales, corregidos y más eficientes, a través de diversas modalidades: a lo mejor se puede pensar la educación parvularia y básica a cargo de los gobiernos regionales o seremis y la media de otras o las mismas dependencias, mantener los SLEPs, volver a un Sistema Unificado de Educación Nacional dependiendo del Ministerio de Educación y asociadas a las universidades estatales regionales. Hay muchas opciones para reconstruir la educación estatal en una década. Ello también implica no negar, sino reorganizar el aporte del sector privado a la educación pública, a través de otros formatos de colaboración, que no privaticen el Estado.

Pero el sistema actual no resiste más a escala nacional o subnacional, menos a escala local, hace agua por todos lados o en diferentes momentos, con diversos problemas. No da para más, no tanto por lo que no fue, sino por lo que es y sobre todo pensando en los grandes desafíos de la democracia participativa, el desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico armónico, la superación consciente de los resultados de la crisis ambiental, las sanas y creativas relaciones interculturales y de la diversidad, la felicidad de una vida sana en el hogar, el barrio, la comunidad, la naturaleza, una educación de calidad gratuita, para todos y todas, a lo largo de toda la vida. Todo lo demás es chimuchina real.