Guillermo Williamson Castro, Doctor en Educación y Académico Universidad de La Frontera.
En Atacama la crisis del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) estalló en las últimas semanas, el alcalde de Tiltil amenazó con cerrar todos los colegios por desfinanciamiento, en Ancud los profesores estuvieron meses sin pago de salarios, mientras tanto… en Vitacura, Las Condes, Providencia no existen esos problemas… la crisis educacional de Atacama no es más que una expresión de un sistema educacional y de desfinanciamiento fracasado. No da para más. Las diferencias entre esos seis territorios de aprendizaje no son más que una expresión de las brechas estructurales de la sociedad y democracia chilenas y su sistema educacional. El fracasado sistema de financiamiento por subvención de alumno asistente a clases, se demuestra en una región con poca población, tendencia a la baja de natalidad, distante de la capital del país y del territorio donde se acumulan los capitales y el poder.
El debate en los medios de comunicación se desvía hacia la gestión de la educación pública, municipal primero y luego del SLEP: sin duda que es mucho más difícil administrar la pobreza por bajo financiamiento estatal, que la riqueza de colegios con familias con buenos recursos y empresas colaboradoras. Hay algunos, de todos lados, que quieren volver al sistema municipal, contra el cual luchamos las y los educadores desde los años 80 del siglo pasado. Existe una oportunidad para golpear a la educación pública, desde la crítica a deficiencias -en algunos casos real- de la gestión estatal, para afirmar la diferencia con la aparente eficiente gestión privada del sector particular subvencionado: no se refieren a las muchas escuelas rurales de este sector que han cerrado los últimos años o que sobreviven con alumnos urbanos trasladados, a las que funcionan precariamente en infraestructura por falta de subvención, a las que no aceptan sindicatos o han debido sostener largas huelgas por bajos o impagos salarios, como ha sido en La Araucanía. Tampoco al impacto que significa la desigualdad de competencia al interior del sector subvencionado entre los particulares y los públicos, éstos últimos sometidos a tal control y regulación estatal que hace, a veces casi inviable la gestión. Son los discursos de los mismos que alegan contra la exageración de permisos para desarrollar negocios o inversiones privadas, los que, al mismo tiempo, piden más control y regulación para las acciones estatales: por algo será.
La privatización del Estado y de la educación pública
El modelo de referencia es la gestión escolar de propiedad privada, apoyada por fundaciones con fondos empresariales o eclesiales, en ciudades grandes, asociadas a universidades privadas o ciertos centros estatales, con escuelas públicas “asistidas” por consultoras particulares: es la privatización del Estado y de la educación pública.
Un dato, entregado por colegas del norte. En la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Atacama, Departamento Provincial de Educación de Copiapó-Atacama, hace unos años había 11 supervisores (asesores técnicos), hoy sólo 5… en el de Vallenar-Huasco, de los 9 que había hoy existen 4. Es decir, ha habido, un desmantelamiento sistemático de las estructuras permanentes de asesoría y supervisión del Estado a la educación pública. Es cierto, en la alianza oficialista hay grupos que no creen en fortalecer las estructuras permanentes del Estado, (en la oposición ello es obvio) y en consecuencia consideran que la sociedad civil debe complementar la carencia del servicio del Estado: fundaciones, consultoras, ATEs, empresas, iglesias. Pero, es lo permanente lo que asegura el éxito de largo plazo de las políticas públicas y su mejor gestión. Se critica el crecimiento de empleo pues se sustentaría en la creación de nuevos puestos de trabajos en el sector estatal; quienes sustentan esa misma sociedad civil no quieren a los funcionarios públicos, no confía en ellos, tampoco en la gestión del Estado y menos en que esos nuevos contratos vayan a entes fiscalizadores de sus propios negocios. El discurso de oposición y algunos oficialistas, respecto de fortalecer la capacidad regulatoria del Estado ante la falta de transparencia pública o de problemas civiles de consumo, medio ambiente, condiciones laborales, muchas veces no son más que palabras que se lleva el rating de TV o la cuña de radio: no se aprueba en el presupuesto público anual reales mejores condiciones laborales para los funcionarios públicos, ni se construye una política pública apropiada a fortalecer el Estado, ni se financian más inspectores laborales, educacionales, ambientales, para cuidar los recursos públicos entregados al sector privado.
¿Es posible cambiar el sistema de financiamiento por subvención a alumno asistente?
Más allá de la necesidad de mantener la conciencia y análisis de ello, no será posible en la actual correlación de fuerzas políticas donde dominan claramente los grupos anti-estatales y anti-educación pública, pero tampoco, si al interior del oficialismo, hay sectores que no confían en el sector público, en sus funcionarios, en sus culturas institucionales, en su carácter permanente y fuertemente desconcentrado.
No hay salida sin un cambio estructural de una educación de mercado a una pública de verdad, de la privatización al fortalecimiento del Estado, del avance de la educación pública en diseños institucionales estatales, corregidos y más eficientes, a través de diversas modalidades: a lo mejor se puede pensar la educación parvularia y básica a cargo de los gobiernos regionales o seremis y la media de otras o las mismas dependencias, mantener los SLEPs, volver a un Sistema Unificado de Educación Nacional dependiendo del Ministerio de Educación y asociadas a las universidades estatales regionales. Hay muchas opciones para reconstruir la educación estatal en una década. Ello también implica no negar, sino reorganizar el aporte del sector privado a la educación pública, a través de otros formatos de colaboración, que no privaticen el Estado.
Pero el sistema actual no resiste más a escala nacional o subnacional, menos a escala local, hace agua por todos lados o en diferentes momentos, con diversos problemas. No da para más, no tanto por lo que no fue, sino por lo que es y sobre todo pensando en los grandes desafíos de la democracia participativa, el desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico armónico, la superación consciente de los resultados de la crisis ambiental, las sanas y creativas relaciones interculturales y de la diversidad, la felicidad de una vida sana en el hogar, el barrio, la comunidad, la naturaleza, una educación de calidad gratuita, para todos y todas, a lo largo de toda la vida. Todo lo demás es chimuchina real.
