En estas mismas columnas de Página19 hemos venido demostrando que, desde hace décadas, poco ha cambiado en la distribución social de los aprendizajes formales, asociados al mejoramiento de condiciones de vida, acceso al poder y construcción de la hegemonía cultural e ideológica de la sociedad. Los colegios privados continúan en los primeros puntos de rankings de puntajes (cuantitativos y medibles) de pruebas de acceso a la educación superior (PAES) y de otros rankings de datos para el mercado. Del sector subvencionado (Servicio Local de Educación, municipal, particular) se asoman un par de establecimientos cuando se enfilan los “100 mejores colegios”. 19 de los 20 mejores colegios son privados y sólo 3 son de regiones, cobran un promedio de 500.000 pesos mensuales. Se arma un escándalo mediático durante días sobre lo mal que está la educación. Opinan iglesias y fundaciones empresariales (A. Luksic fue uno de sus voceros este año), algunas de las cuales publican caros anuncios mostrando sus éxitos (en apenas 3.000 estudiantes) con importantes recursos per cápita. A escala local fundaciones, corporaciones privadas y municipales, servicios locales de educación, tratan de mostrar que estuvieron bien entre los iguales. Académicos del centro del país, de universidades privadas y estatales, intentan explicar los resultados según la formación docente, problemas pedagógicos, desigualdad educativa, educación pública… que los municipales emblemáticos, bicentenarios. Aparecen estudiantes exitosos individualmente que refuerzan la ideología meritocrática. Se defienden los responsables del diseño y gestión de las pruebas (DEMRE) señalando que, estadísticamente, con los datos de la PAES, no se puede listar los colegios de mejor a peor puntaje. Todos los años la misma cueca.

 ¡Pero no se dice con la suficiente fuerza que tenemos un sistema que, después de 40 años, sólo muestra su fracaso! El modelo de educación, como el de las AFPs e ISAPRES, que se impusieron al mismo tiempo, muestra su rotundo fracaso desde las perspectivas de igualdad entre las personas, justicia social, acceso a derechos establecidos legalmente y también desde los aprendizajes del curriculum oficial, intercultural o real… pese a logros reales resultado de esfuerzos realizados por el estado y los gobiernos de la Concertación.

En mis cursos de Pedagogía en la universidad, cada año hay estudiantes que son los primeros de sus familias en ingresar al sistema universitario, acreditado, de calidad, con gratuidad, con becas si necesita, políticas de género e interculturalidad, alta proporción de docentes con posgrado e investigación. Ya no provienen sólo de las dos o tres ciudades capitales de la región y provincias, muchos vienen de comunas distantes.

Hoy hay un tercio de jóvenes mapuche. Pienso, cuando los veo, que hemos hecho todo lo posible dentro de un sistema educacional, que si no ha sido más se debe a la correlación de fuerzas parlamentarias y hegemonías culturales de la sociedad, entre los que defienden el status quo y la ideología privatizadora, liberal o neoconservadora, de educación de mercado, y los que defendemos la responsabilidad del estado con la justicia social y ciudadana a través de la educación de calidad, pública y privada, con regulación estatal. Hemos buscado resquicios legales, salidas posibles en escenarios casi imposibles, caminos largos y enredados para avanzar en justicia educacional, errando procesos producto de negociaciones para alcanzar un bien mayor, apuntando de modo rocambolesco al bien común de la sociedad, sus familias, al derecho a una buena educación para todos/as sin discriminaciones. Pero esta estrategia de ir ocupando espacios, uno a uno, no da más.

Los parches a problemas emergentes en vez de pensar, junto a ello, cambios estratégicos y estructurales, sólo postergan dolorosamente el fracaso del sistema y las desesperanzas de los hijos e hijas del pueblo trabajador. El responder al lobby y exigencias de quienes defienden intereses de grupos ideológicos, de poder, económicos particulares, es asumir que no se puede levantar la cabeza. Es negar la opción de apoyarse en los profesores, los asistentes de la educación, las comunidades educativas y sus organizaciones, para construir las bases de un nuevo sistema educativo. Acción-reacción es una ley física que no tiene por que aplicarse a las políticas públicas: debe aplicarse a la decisión de respuesta inmediata a hechos no previstos, política, social o educativamente riesgosos, pero no debe obnubilar la ruta transformadora de las bases ilegítimas, ineficaces e ineficientes, del sistema actual de educación de mercado, subvencionado, municipalizado y privatizado.

Hoy es el tiempo de empezar a cambiar el sistema de financiamiento de la educación, de reconceptualizar lo que se entiende por calidad de la educación, de reglamentar para todo el sistema subvencionado (público y privado) la participación vinculante de las organizaciones de las comunidades locales y educativas, de asegurar la sindicalización por rama o por empresas para el sector privado, de discutir la noción de “Educación Pública” y el modo en que el sector particular sin fines de lucro se suma a colaborar en el sistema global, a pensar un nuevo proyecto y concepto de escuela comunitaria e intercultural en los territorios, a debatir y construir un renovado proceso de formación inicial y desarrollo profesional docente. Hay que pensar como la sociedad civil organizada (que no es equivalente a sector privado sin fines de lucro) en organizaciones territoriales, sectoriales, comunitarias, sociales, sindicales, culturales, indígenas, de praxis transformadora, las universidades estatales regionales, se suman participativa y vinculantemente a este debate conceptual y metodológico y a la construcción de un sistema nuevo de educación. Hoy es el tiempo, mañana será tarde… esta decisión se empuja siempre “para adelante”.

Es ahora o nunca cuando el Gobierno y Ministerio de Educación debe decidir si colocará sus fichas políticas en lo coyuntural -por muy importante que sea- o en la oportunidad histórica para generar cambios estructurales, que es lo que esperamos los docentes, asistentes de la educación, familias, comunidades, académicos, que creemos en la transformación educacional para la transformación social democrática real.

A dos meses de que el congreso de Perú destituyera  al presidente Pedro Castillo, luego que este hiciera un autogolpe fallido, hemos sido testigos de grandes movilizaciones populares en todo el país contra el gobierno de facto de Dina Boluarte, quien se ha dedicado a criminalizar la protesta social y a violar brutalmente los derechos humanos, con miles de heridos y costándole la vida a decenas de personas.

De ahí que la respuesta de este nuevo gobierno dictatorial, conformado por los sectores de derecha del país, al parecer no están dimensionando las enormes consecuencias políticas que puede tener en el país todo esto que está ocurriendo, pasando rápidamente de lo destituyente a un nuevo proceso constituyente, así como ha pasado en varios países de la región.

Lo menciono, ya que en primer lugar no se dan cuenta que Castillo, a diferencia de los anteriores presidentes destituidos y del mismo congreso, tiene un importante apoyo popular, al verlo más cerca del pueblo, por lo que tratar de instalar desde las elites un discurso de guerra contra un enemigo interno, como pasó en Chile el 2019, solo va a generar más movilizaciones al respecto.

Se podrá decir que Boularte está buscando adelantar las elecciones presidenciales para este año, pero eso no cambia en nada, ya que el fondo del problema es cómo se estructuró de manera antidemocrática el país en los últimos 30 años, a través de una constitución hecha a la medida del dictador Alberto Fujimori durante 1993, que creó las bases de un modelo neoliberal excluyente, manejado por una elite empresarial limeña.

Por lo mismo, desde la llamada transición en el Perú, del 2001 en adelante, poco y nada ha importado la elección de distintos presidentes, ya que el problema siempre ha sido una constitución ilegítima, que si bien se han hecho algunas reformas, ha dejado intacto su matriz extractivista y completamente subordinada al capital transnacional.

Por otro lado, también hay que decir, como bien dice Anahí Durand (1), socióloga y ex Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Pedro Castillo no sólo nunca fue aceptado como presidente por la derecha desde el primer día que asumió, sino además ha mostrado una enorme incapacidad de ampliar alianzas y construir un relato que sea capaz de sumar a más sectores para apoyar su gobierno, evidenciando un tipo de izquierda clásica encerrada en sí misma y completamente rígida. .

No obstante, el tema va mucho más allá de lo que pase con un político poco preparado  como Castillo, sino en cómo esta revuelta social en el Perú está presionando y empujando cada vez más a un proceso constituyente, en donde el congreso, al igual como en Chile el 2019, debe ceder y llamar a un plebiscito que permita que el pueblo decida si se quiere o no una nueva constitución.

Por ahora y en respuesta a esto, el gobierno y los grandes medios concentrados siguen denostando esta demanda histórica, señalando de manera racista y conspirativamente, que se trata de un plan de sectores terroristas, sandinistas y hasta liderado por Evo Morales, a pesar que según encuestas la gran mayoría de las y los peruanos quieren una asamblea constituyente (2) .

En consecuencia, el gobierno está jugando al desgaste de la protesta social, sin ver que se hace cada vez más inevitable la discusión sobre una nueva constitución democrática en el Perú, dejando atrás la constitución fujimorista neoliberal, la cual ha sido vendida al mundo, al igual que la chilena, como la que permitió que el país saliera adelante.

Es decir, instalar la idea neoliberal de que gracias al rol subsidiario del Estado, como aparece en el artículo 60 de la constitución de Perú (3), el país habría alcanzado altos niveles de crecimiento económico, omitiendo abiertamente que ha sido gracias al alto precio de las materias primas, particularmente de minerales.

Asimismo, esos sectores conservadores no dicen nada sobre la enorme desigualdad, segregación y despojo territorial que ha generado un modelo de acumulación insostenible social y ambientalmente, en donde las mujeres, los trabajadores, los pueblos originarios, las regiones y la naturaleza han sufrido las consecuencias de aquello.

Ante esto, llegó la hora de que el congreso de Perú se de cuenta que la represión solo agrava un malestar en aumento y entienda que el pacto social está quebrado, por tanto las reformas a cuatro paredes no sirven de nada, sino solo un llamado democrático a un plebiscito que le pregunte al pueblo peruano si quiere o no una nueva carta fundamental, que abra la posibilidad de dejar atrás la constitución ilegítima de 1993.

1: https://www.youtube.com/watch?v=ZSYxdHtHDJk

2: https://www.infobae.com/peru/2023/01/16/el-69-de-peruanos-estaria-de-acuerdo-con-la-instalacion-de-una-asamblea-constituyente/

3: https://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1996/constitucion/cons_t3.htm

Las encuestas otorgan a los partidos políticos uno de los menores grados de valoración ciudadana, pero los medios de comunicación -siempre atentos- no despegan sus reporteros desde las sedes partidarias. Pues, por estos días (verano 2023), las fuerzas políticas que respaldan al gobierno del presidente Gabriel Boric, en sus dos coaliciones, esto es, Apruebo Dignidad (AD) y Socialismo Democrático (SD) con representación en el Congreso, Ejecutivo, Gobiernos Locales y Regionales, prioritariamente, enfrentan lo que es conocido como la teoría de coaliciones de partidos políticos, considerando las clásicas hasta las contemporáneas, profundizado en cómo los mismos se proyectan desde lo electoral y desde lo político-ideológico, es decir, cómo compatibilizan velocidades cortas e intensas (políticas-electorales) y otras más largas y estratégicas (programáticas o de proyecto político de largo aliento).  Está muy estudiado, cómo los partidos políticos han enfrentado permanentemente su desafío de la representación política, haciendo en la modernidad del siglo XX y posmodernidad de éste y el XXI, el escenario temporal y territorial que da cuenta de ello, y en este caso, buscando, ahora, escaños en el futuro Consejo Constitucional.

Por otra parte, la actual conformación de la Alianza de Gobierno, por las trayectorias de ambas coaliciones, está convulsa en torno a su unión. Es decir, lo que la teoría de partidos define como la teoría de los clivajes sociopolíticos y socioeconómicos hasta socioculturales, entendidos estos, como verdaderas fracturas o tensiones que determinan los modos y formas de las coaliciones de partidos las enfrenta y desafía (además, de la emergencia e intrascendencia de los mismos). Hay que agregar, la compleja situación que permite la globalización con su soporte de comunicaciones de la inmediatez, la cual, entre varias derivadas, impone desafíos sustantivos a la representación de estas organizaciones políticas, ‘promoviendo-fortaleciendo’ políticas de identidades legítimas cuando genuinamente existen organizaciones de personas que las validan y en oportunidades ‘oportunistas’, cuando existen estrategias y tácticas que las manipulan para crear más tensión a la eficiencia y eficacia de la representación que logran (ello, usado en la transversalidad del arco político). Finalmente, en este contexto, se encuentra el desafío territorial, al cual todos y todas se refieren como expediente de democracia, cuando de mayor representación se refiere, desafiando la unidad partidaria y proyecto político nacional v/s el regional (local), en un marco de descentralización.

Mientras la teoría y práctica del ejercicio de la política se “encuentran o desencuentran” (suele ocurrir), interesa constatar cómo AD y, en específico el Frente Amplio, matiza (otros indicarán que renuncia) su crítica a los “treinta años”, conformando tempranamente la base de su gobierno, en función del experticia, trayectoria, conocimiento y habilidades de autoridades que representan a los treinta años, implicando, ahora su fortalecimiento, proponiendo, inclusive que el PS de Chile lidere una nueva coalición.

En este marco, ubicados en un presente móvil (verano 2023), se constata cómo, uno de esos partidos, el Partido Socialista de Chile (PS), en su orgánica, opiniones y juicio siempre dinámicos, se ha transformado, desde la izquierda chilena, en el referente articulador para mirar con sentido de estratégico la república, superando, pero no renegando la configuración de una coalición histórica (Concertación y Nueva Mayoría), dejando atrás la sangría que provocó el proceso electoral presidencial (tanto primarias como elecciones finales del 2021), posicionando sus argumentos (estado social de derechos) como ejes de discusión en el nuevo gobierno.

Por ello su orgánica (Comité Central) expresó, hace unos días atrás, la convicción que “sólo una lista única de las fuerzas de izquierda y centroizquierda puede alcanzar una representación tan significativa para lograr que el Consejo Constitucional, a elegirse en mayo próximo, sea una contribución positiva y trascendente a la nueva Constitución”.

Es decir, la primera lectura de la realidad, la realizó oportunamente el PS de Chile, cuando en segunda vuelta define estar a disposición y sin condiciones para apoyar el gobierno de Gabriel Boric (en primera vuelta, fue derrotado por José Antonio Kast, del partido ultraconservador Republicanos). Esto, decanta de forma natural durante este casi primer año de gobierno, en una conducta de responsabilidad política que la ciudadanía ha apreciado y reconocido en el 5.4% de valoración hacia esa colectividad (estudio de opinión CEP, situando al PS de Chile como el mejor aspectado partido de la plaza)[i], conducida acertadamente por su Presidenta Paulina Vodanovic y su Secretario General, Camilo Escalona, pues, además han convocado al Partido Demócrata Cristiano como una fuerza de centro izquierda para que contribuya a las transformaciones que la constitución requiere, otorgando al país un Estado Social de Derechos y no simplemente reglas de mercado. Esto ha generado una controversia en el Socialismo Democrático que, para ser honestos no es primera vez que sucede, con los mismos actores, a propósito de lo político – electoral, en función de coaliciones y listas electorales, corroborado ello en las alianzas generadas desde el periodo 2008, hasta el presente, en las elecciones locales y legislativas.

Elecciones

El 2008 la Concertación en la elección de Concejales se enfrentó entre Concertación Democrática (PS, PDC) y Concertación Progresista (PPD, PR), ganando la primera por más de 600 mil votos. Pero el efecto divisor permitió ampliar la representación de candidaturas a Concejales, pero significando una derrota en los municipios. Luego el 2009 en la elección de Diputados la unidad fue amplia (Concertación y Juntos Podemos), logrando prácticamente un empate en escaños con la derecha. Pero perdiendo la presidencia en manos de Sebastián Piñera (versión 1)

En las elecciones locales del 2012 ya era evidente la conformación de dos listas: Concertación Democrática (PS, PDC) y Por un Chile Justo (PRSD, PC, IC, PPD), ganando nuevamente los primeros. El año siguiente (2013), en la elección de Diputados, la unidad favoreció a la Nueva Mayoría, alcanzando un mayor respaldo en escaños del congreso y, además, en las elecciones presidenciales, pues es electa Michelle Bachelet con un 62,2% en 2ª vuelta.

Posteriormente, en las elecciones de Concejales año 2016, nuevamente el ejercicio divisor conformó, esta vez, tres listas, por un lado, Nueva Mayoría para Chile (PS, PDC); por otro, Nueva Mayoría por Chile (PPD, PC) y Con la Fuerza del Futuro (PRSD, IC, MAS). El resultado, nuevamente concentró la votación la primera lista. En el 2017, para la elección de Diputados, la fragmentación, la irrupción de nuevas fuerzas y el cambio al sistema electoral, llevaron a presentar dos listas por parte de los antiguos socios y socias: La fuerza de la Mayoría (PS, PPD, PC y PRSD) y Convergencia Demócrata (PDC, IC, MAS). El resultado es, nuevamente gana la primera lista, ganando, irrumpiendo otra vez, Sebastián Piñera en segunda vuelta (versión 2).

Finalmente, el 2021 en medio de la pandemia, la política de alianzas llegó a ser tan dinámica que se conformaron alianzas para Alcaldes y listas distintas de Concejales. Por un lado, Unidad por el Apruebo en Alcaldes, dividiéndose en dos listas de Concejales: Unidad por el Apruebo (PS, PPD) y Radicales e Independientes, por otro, más la lista Unidos por la Dignidad (PDC, PRO, Ciudadanos). El resultado entre estas listas da por ganadora, a Unidad por el Apruebo (PS, PPD).

Por lo tanto, lo primero a decir es que toda esta dinámica de una, dos o tres listas, no amplió la base político-electoral, sino más bien dividió al electorado que migró hacia el Frente Amplio y que, ahora con el voto obligatorio para el proceso del Domingo 7 de mayo (elección del Consejo Constitucional), las fuerzas políticas aliadas podrían nuevamente vivir una derrota, de no conformar una estrategia de una lista unitaria (otra opción, aunque debilite el rendimiento electoral, tiene que ser acompañada de omisiones inteligentes). Pues, la unidad se debe reflejar y es un factor político que debería internalizarse como parte de la madurez que las fuerzas con años de rodaje electoral, deberían hacer propia.

Cabe indicar, que cada uno de los actores partidarios, debe enfrentar la tensión de la vida interna de sus orgánicas, con las expectativas de una opinión pública atenta, donde la necesidad de responsabilidad y unidad política debe primar (también hacia el exterior), en orden a impedir la profundización de la desconfianza, y por defecto, potenciales nuevos momentos de ingobernabilidad o no gobernanza del sistema político y social del país.

Esta no es una lucha (uno o más listas) electoral, es la declaración de principios en favor del bien común del país y la ciudadanía. Es decir, este es un proceso que demanda responsabilidad política del centro y la izquierda democrática, lo que no generará nuevos puntos en las encuestas, sino una valoración de quienes son consecuentes con sus principios.

[i] Ver en https://www.cepchile.cl/encuesta/encuesta-cep-n-88/

De acuerdo a datos de la OCDE, Chile ha tenido enormes progresos en las últimas décadas en términos de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Cabe destacar que desde los años noventa, el país ha registrado un historial de crecimiento importante, así como una notoria reducción de los índices de pobreza, oportunidades de empleo que mantienen controlado el desempleo. Esto se puede comprobar en la información que nos entrega el Índice de Calidad de Vida de Chile en el sitio oficial de OCDE.

Sin embargo, para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico; para mejorar las desigualdades económicas y sociales; para propiciar la anejada movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones culturales de la población; para ampliar las oportunidades de toda(o)s lo ciudadanos nacionales y/o migrantes que vienen encontrar en nuestro país una ciudad grata y sin discriminaciones de ningún tipo, muchos autores con los que comparto, expresan que el objetivo principal de un país es la cultura y la educación accesible y digno. Y que no sólo se puedan generar ganancias económicas, sino la de formar mejores seres humanos capaces de aprender por ellos mismos. Ya que eso es lo que tendrán que hacer las personas, por el resto de su vida en comunidad, en una nueva sociedad que se construye en el día a día.

Sin duda la crisis actual de la Educación Pública de la comuna de Santiago, nos entrega desafíos para potenciar y fortalecer los mecanismos de su gobernanza, como lo es la participación de las comunidades educativas y de los distintos actores educativos en los cuerpos colegiados del sistema. Es muy importante especificar claramente los roles y funciones de cada uno de estos cuerpos colegiados, especialmente y al mismo tiempo, potenciar la representación de las comunidades educativas de los distintos estamentos. El desafío va mucho más allá y se concatena con los planes de formación ciudadana de las escuelas, en el desarrollo y fortalecimiento de los Centros de Padres, Madres y Apoderados y de los Centros de Estudiantes en cada centro educacional, y en con la conformación y fortalecimiento de los Consejos Escolares, lo que incluye fortalecer su rol tanto al interior de las comunidades educativas como en su vinculación con las otras escuelas. Consejos Escolares que se relacionen en el nivel local y comunitario en nuestros barrios con su cultura integradora e inclusiva.

Hoy, la cobertura de estudiantes activos en la Educación Pública en Santiago, supera los 30 mil, con reales posibilidades de acceso a becas y garantías tangibles para los estudios de nuestra(o)s estudiantes en la educación superior.  Estas ventajas, se dan ya que en nuestros centros educativos nos encontramos ante comunidades con una rica diversidad cultural en el modo de vida, tradiciones, lenguaje, creencias, gastronomía, etc. que caracterizan a un grupo de personas, como la UNESCO, orienta al definir que “la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos”.

Las oportunidades que brinda la Educación Pública de la comuna de Santiago, se podrían incrementar con medidas tales como que, desde las direcciones de nuestros centros educativos, se potencien los liderazgos de acuerdo al contexto, la vulnerabilidad y el tipo de establecimiento, así como a la etapa de mejoramiento o su nivel de desarrollo, lo que da cuenta de que el liderazgo efectivo es contextual y contingente. Por lo tanto, se debe pensar que en la Educación Pública de nuestra comuna se debe pensar que: todos los días se debe desafiar el desarrollo e implementación de una política “valiente y decidida” que, a través de su influencia sobre las personas o las características de su organización, garantice su éxito. Este éxito dependerá mucho de las decisiones sobre dónde dedicar tiempo, atención y apoyo, que asegure una cultura inclusiva y las condiciones para que las personas se traten de manera equitativa, justa, con dignidad y respeto, resguardando los derechos y deberes de la comunidad escolar.