En 1981 se produjo un cambio radical en el rol del Estado en la educación. la dictadura cívico-militar, sustituyó el Estado Docente por uno subsidiario; “descentralizó” el sistema educacional, priorizó su privatización, desatendió la educación municipal; entregó la gestión de la educación técnico-profesional a los gremios o sectores empresariales.

El mercado capitalista, la ideología neo-conservadora y su principal Dios: el dinero, se instalaron en el corazón de la educación ordenando su concepción, funcionamiento y financiamiento. Esto se consolidó en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (10 de Marzo, 1990) como una de las leyes “de amarre” autoritarias, que se modificó, en algunos aspectos, con la Ley General de Educación (Ley N°20.370 o LGE, 2009). Sólo una nueva Constitución podrá sentar las bases para un cambio sustancial, actualizado y participativo.

Pero, como toda acción violenta del poder genera una reacción democrática del pueblo, miles de docentes y educadores populares, algunos académicos, en general expulsados de las universidades, iniciaron un proceso de resistencia y defensa de la educación pública, entendida como propiedad, gestión, financiamiento y/o regulación estatal. Fue con grandes costos personales, profesionales y de vida para militantes políticos, educadores populares y profesores/as aprisionados, asesinados, desaparecidos o relegados a lejanas escuelas rurales. Ha sido la lucha por el derecho a una educación pública sustentada en principios de igualdad, justicia, participación, calidad, gratuidad, laicismo, diversidad, formadora de la ciudadanía democrática, experiencia de convivencia sin discriminación, constituyente de una base cultural nacional compartida, financiamiento adecuado. Con capacidad para que las comunidades de los territorios puedan contribuir, con su cultura y lengua, al  curriculum y pedagogía de sus jardines, escuelas, liceos,  centros de educación de jóvenes y adultos, educación terciaria.

Se ha luchado porque el estado asuma una responsabilidad privilegiada en la educación pública pues es la institución democrática formada y regulada por la ciudadanía y a quien representa. No se trata de negar la existencia de establecimientos particulares, pero bajo la regulación del estado garante del derecho a la educación de calidad sin discriminaciones de ningún tipo. Si el dinero público financia la educación, la sociedad y el estado que la representa, deben asegurar que responda al bien común e interés nacional, no de grupos de interés social, económico, ideológico, restringidos social y territorialmente. Por eso, el estado debe privilegiar la educación pública, que la ciudadanía entregó bajo su autoridad.

Esto es aún más relevante respecto de las universidades estatales. Las luchas de sus académicos y académicas, por un apoyo estatal que privilegie sus propias universidades es tan antigua como la lucha por la educación escolar pública. En 1987 las movilizaciones sociales en defensa de la Universidad de Chile, bajo la rectoría de José Luis Federici, marcan una primera derrota educacional de la dictadura y dan inicio a las luchas por el desarrollo y financiamiento de la educación universitaria estatal. Con diferentes sistemas de medición y descontando los aportes de los estudiantes, el financiamiento del estado a sus universidad no supera, en promedio, un 20% de su presupuesto corriente. Por ello la necesidad de asegurarles, en un primer momento, un financiamiento basal que asegure calidad, desarrollo, investigación, innovación, docencia de pre y posgrado, vínculo con el medio, desarrollo y estabilidad de funcionarios académicos y administrativos. La lucha de las Asociaciones Gremiales de Académicos de base y su Federación nacional (FAUECH), como de estudiantes en el CONFECH, de la ANTUE de los funcionarios administrativos y recientemente de la Mesa del Sector Público, coordinada por la Central Unitaria de Trabajadores, ha sido inclaudicable, activa, institucional y en las calles. Es tiempo de responder a ellas.

Por eso es tan relevante el Discurso del Presidente Gabriel Boric en la reciente Cuenta Pública  (1° Junio, 2022) cuando señala: “promoveremos un nuevo trato entre el Estado y sus Universidades”. Es por lo que se viene luchando hace décadas. Esperamos que se demuestre en la práctica, para lo cual las organizaciones tienen la mejor y mayor disposición a colaborar, más aún en el contexto de la Nueva Constitución.

El Rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, señalaba recientemente que “segregar a los alumnos por el carácter jurídico de la universidad en la que estudian sería una monstruosidad, una barbaridad” (El Mercurio, 04.06.22. C-7). Es lo que se ha sostenido en estas décadas, desde 1981: la diferencia entre lo público y privado, entre lo estatal y lo privado, es sólo una cuestión jurídica. Nada más distante de quienes –hace décadas- han luchado por el derecho a una educación de calidad sin discriminación, laica y gratuita, de cooperación y no competencia, intercultural y orientada al bien común ciudadano. No es una diferencia jurídica lo que distingue estas posiciones, es la negativa de los educadores transformadores y críticos a que sea el dinero el eje de la educación y el mercado capitalista el de la distribución del conocimiento cultural en la diversidad social, cultural, etaria, de género y territorial de la sociedad. Democracia y justicia social exigen democracia y justicia educacional: próximo desafío para el Estado y sus universidades.

Hace 90 años, en medio de la aguda crisis social y económica de la época, se proclamó la República Socialista que duraría 12 días y sería símbolo de los anhelos de justicia social de la clase trabajadora y fuerzas sociales excluidas y/o marginadas en la conducción del Estado, activadas ante las convulsiones que estremecían las estructuras oligárquicas del país.

El capitalismo mundial crujía por el impacto de sus profundas contradicciones. La gran crisis de 1929 que contrajo la economía en el planeta y derrumbó las frágiles estructuras productivas de los países, coloniales o semi coloniales, en Chile provocó estragos que remecieron el sistema político y generaron una seguidilla de gobiernos incapaces de resolver la crisis sistémica que afectaba el país.

Asimismo, volcó a la deliberación política a la oficialidad castrense en cuyo seno se manifestaron fuertes corrientes nacionalistas que ya se habían expresado en los 24-25, al calor del deterioro del sistema institucional por el fracaso del parlamentarismo y la corrupción.

De tales forcejeos surgió el líder que impulsó la República Socialista, el coronel Marmaduque Grove que se constituyó en el representante de las apremiantes demandas de las fuerzas populares golpeadas por la crisis. Junto a él, los intelectuales Eugenio Matte y Eugenio González, fueron el alma transformadora de esa breve experiencia de cambio social en Chile.

Las fuerzas ultraconservadoras lograron desplazarlos y sustituirles, incluso les encarcelaron y desterraron, pero no pudieron impedir que sólo un año más tarde, los principales representantes de esa experiencia socialista, se reencontraran en Santiago, para incorporarse a la lucha política democrática, esta vez fundando el Partido Socialista de Chile, el 19 de Abril de 1933.

En suma, los y las socialistas chilenos somos depositarios de un patrimonio histórico trascendente en la historia de Chile. De esa inmensa herencia política y moral surge hoy la responsabilidad de contribuir al máximo de nuestras condiciones y posibilidades al proceso de cambios que debe abrirse paso en Chile, con la nueva Constitución y las transformaciones que impulsa el Presidente Boric, para avanzar hacia un Chile más justo y más digno.

—¡Tenemos que quemar la casa! —dijo la voz del Conejo Blanco.

Y Alicia gritó con todas sus fuerzas:

¡Si lo hacéis, maldeciré contra vosotros!

Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas,

Lewis Carroll. 1863.

En Chile nunca hubo conejos sino hasta 1884, en que algunos chilenos con costumbres europeas, pensando en un animal para cazar y comer, trajeron algunos ejemplares del viejo continente. Actualmente es el animal más abundante del país, con cerca de 200 millones de individuos distribuidos desde Coquimbo hasta Tierra del Fuego, incluyendo la isla Robinsón Crusoe, la que están destruyendo y, con ella, extinguiendo a decenas de plantas endémicas únicas en el mundo.  Ya en plena república su crianza era conocida en toda la zona central del país. De allí el animal no tardó en escapar de las jaulas y, poco a poco, bajo la mirada compasiva y tierna de los chilenos, comenzó a expandirse por los campos del país.

Hubo dos focos de expansión: uno desde la zona central hacia el sur y otro desde Tierra del Fuego hacia el resto de la Patagonia austral. En tiempos de la temprana república, los bosques y praderas de Chile eran muy abundantes y proporcionaban muchísimo alimento para su expansión, la cual es producto de su enorme capacidad reproductiva. Una coneja silvestre en Chile puede tener hasta tres partos anuales, con unas seis crías cada vez. Es decir, tiene unas 18 crías en un año y cuando está en el último parto, sus hijas del primero ya están pariendo y así sucesivamente. Se calcula que una pareja de conejos da 18 conejos al primer año, 162 conejos a los 2 años y sobre 100.000 conejos a los 15 años. Esta proliferación es la que ha desatado el apocalipsis invasivo del conejo en muchos países del mundo, incluyendo Chile.

Australia, desde 1920 en adelante fue asolada por una plaga gigantesca de conejos originados de 26 individuos liberados inicialmente, la cual alcanzó en su momento cúlmine a 10 billones de conejos (10 millones de millones), que colonizaron todo el continente australiano en 70 años. El conejo arrasó en pocos años con la agricultura de ese país, comiéndose prácticamente toda la vegetación: praderas, árboles frutales, matorrales, destruyendo millones de hectáreas de suelos y la ganadería australiana. Las pérdidas fueron incalculables. Los australianos intentaron acabar la plaga con cercos, trampas, perros, veneno, pago por pieza cazada, etc. Gastaron muchísimo dinero en eso para llegar a la descorazonadora conclusión de que era imposible acabar con él a través de esos medios y que debían explorar otros con nueva ciencia.

En Chile, la plaga de conejos en Tierra del Fuego asolaba las praderas de los estancieros locales. Se calculaba que en el momento peak existieron 35 millones de conejos, los cuales produjeron miles de millones de pesos de las pérdidas causadas tanto en carne y lana de ovejas no producida. En ese tiempo el conejo, además de estar en Magallanes, se extendió implacablemente por cerca un territorio de 378.475 km², es decir, la mitad de Chile continental. Desde los años 80 en adelante, el conejo ha sido un cuchillo filoso permanente para la industria forestal. Millones de pequeños árboles recién plantados han sido comidos año tras año por miles de conejos en toda la zona forestal del país. Actualmente esta industria se protege de ellos controlándolos previo a la plantación y protegiendo los tallos de los arbolitos con camisas plásticas, gastándose millones de pesos en ello.

Los cazadores chilenos hacen poca mella en la abundancia global de los conejos. Aunque en Chile se caza con lazadas de alambre de acero –llamadas guachis– y con rifles y escopetas, la cantidad es ínfima respecto a la velocidad de reproducción de la especie. Lamentablemente, Chile no es un país consumidor de conejos, como sí lo son los países de Europa central. Tampoco la caza es una fuente de ingresos significativa en monto y cantidad de población por la venta de su carne. Actualmente, el daño que causan es inmenso, dada su enorme población extendida por cada rincón del país. Ya es posible encontrarlos hasta en los prados de condominios urbanos santiaguinos, además de todo el campo chileno desde el Norte chico hasta la Patagonia.

¿Cuál es el daño ecológico que produce el conejo? El primero es que alimentar 200 millones de conejos todos los días no es poca cosa para la extenuada naturaleza chilena. El sobrepastoreo de las praderas naturales para alimentar a esa cantidad de animales es tremendo. Año tras año este pastoreo incesante va acabando con las mejores plantas forrajeras y va dejando las menos productivas. Es decir, el conejo va “quemando la casa”, empobreciendo la biodiversidad vegetal y por ende la de los otros animales que dependen de las otras plantas para comer sus semillas, tallos, frutos, etc. Aquí el problema más grave es que el conejo come vorazmente plantas clasificadas en categorías críticas de extinción, contribuyendo de esa manera a extinguir poblaciones y especies. El conejo durante décadas ha sido un agente degradante de la biodiversidad nacional cuyo impacto recién estamos dimensionado. Asimismo, al comerse y degradar la vegetación, acaba con la capacidad de las praderas y árboles para capturar carbono, haciéndoles perder su rol como sumideros de carbono. Esto ocurre hoy en millones de hectáreas de campos del país, las cuales son cosechadas (comidas) todos los días.

Daño ecológico

El segundo daño ecológico es la enorme destrucción de suelos que causa con sus madrigueras. Los conejos viven en una red de madrigueras intercomunicadas muy extensas, cavadas en los suelos más mullidos y secos. Una gigantesca red de túneles construidos en miles y miles de hectáreas por efecto de las lluvias, sismos y degradación de la vegetación terminan de colapsar, destruyendo los perfiles y degradando el suelo. Un tercero: el incesante daño a arbustos y árboles cuyas cortezas y raíces son comidos en épocas de escasez de alimento, lo que redunda en una grave disminución de la cobertura vegetacional, con efectos significativos sobre otra fauna. Un cuarto, menos conocido, es que el conejo es huésped intermediario de algunas importantes enfermedades parasitarias de otros animales silvestres, los cuales se los comen, como es el caso del zorro y de ciertas aves rapaces. Algunas de estas son muy abundantes, como la Cirticercosis, que también afecta al ser humano.

¿Es rentable controlar el conejo a través de medios biológicos? Australia gastó 12 millones de dólares australianos en 8 años y el retorno a esa inversión fue de 350 millones. En 60 años de control, la agricultura australiana ha tenido retornos atribuibles a ese factor por 70 billones de dólares de ese país.

El conejo es parte de las Tres C de la degradación actual de la naturaleza chilena y su biodiversidad: conejo, castor y cotorra argentina son tres especies que actualmente crecen sin control y dañan inmensas superficies y recursos, y que no tienen hasta ahora planes de control efectivos desde el Estado.  Es urgente mejorar el desempeño público para acometer estos desafíos aún invisibles para la mayor parte de la población. Australia lo hizo desde 1950 en adelante a través de una delicado y criterioso control biológico moderno, y hoy su agricultura y naturaleza son florecientes. En los años 80 también los controlamos biológicamente en Tierra del Fuego, con un éxito notable. Ahora llegó el momento de pensar y actuar para las islas chilenas asediadas y el continente, con estrategias de control científicas diferentes y la participación informada y responsable de la ciudadanía.