Si no fuera porque los contundentes, porfiados e irrebatibles hechos y cifras muestran un país empantanado, donde instituciones antaño respetadas hoy son cada vez más cuestionadas, y la corrupción y el descontrol se están enseñoreando en el territorio -basta analizar el asesinato del joven mapuche y sus consecuencias hasta ahora-, tal vez, y sólo tal vez, se le podría dar crédito al Gobierno, que comenzó a repetir lo que parece ser una nueva campaña comunicacional: “Chile en marcha”.

Frente al nuevo slogan gubernamental, no son pocos los que en las redes sociales responden, “sí, en marcha atrás”. Es que pese a las cifras positivas que repiten desde el Presidente hasta sus ministros, lo cierto es que la tasa de desempleo no cede y llegó a 7,1% en el trimestre agosto – octubre, con lo que se mantuvo sin variación frente al trimestre julio – septiembre y anotó un alza respecto al 6,7% de agosto – octubre del año pasado. Lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La cifra también fue superior al 7% que esperaban los analistas. Y repercute directamente en los hogares chilenos. No está demás recordar que, durante el Gobierno de Michelle Bachelet, cuando el desempleo estaba en 6,6 %, la derecha interpeló a la entonces Ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, mientras Sebastián Piñera pintaba un escenario apocalíptico: “Cuando tenemos tasas tan altas como éstas, los trabajadores viven permanentemente con miedo”, decía entre otras cosas. Sería interesante preguntarle qué opina ahora.

De ahí que para el común de la gente que se expresa y se informa ahora por redes sociales, las palabras del presidente Piñera parecieran ser una broma: “este año 2018, la economía chilena va a crecer en torno al 4%, casi tres veces más que el año pasado. Así que hay que recordar, vamos a estar creciendo por encima del mundo, por encima del promedio de América Latina, entre los países de mayor crecimiento de la OECD, y vamos a liderar el crecimiento de los países más dinámicos de América Latina, que son los de la Alianza del Pacífico». El jefe de Estado añadió que «cuando conozcamos las cifras del mes de octubre vamos a ver una vez más cómo se está recuperando, y con mucha fuerza la creación de empleo asalariado del sector privado, que es un empleo estable, con mejores salarios, con contrato, con seguridad social». «Y, por tanto -prosiguió- en el mes de septiembre eran 50 mil, yo creo que al mes de octubre -y lo vamos a conocer muy próximamente- esperamos un salto importante, significativo, tal vez 60, 70 mil empleos nuevos, asalariados, para nuestros compatriotas». También Piñera destacó que la inversión este año va a crecer un 6% y la productividad 1,7%.

Para su desgracia, al mismo tiempo que el Presidente Piñera daba a conocer las buenas nuevas, se informaba del despido de más de 2.500 trabajadores de la administración pública, además de lo que ocurre en el sector privado donde también se han realizado centenares de despidos. Se informó, además, que el número de morosos en el país creció a 4 millones 509 mil 598 en el tercer trimestre, lo que implica un alza de un 3% con respecto al mismo periodo del año pasado, según datos entregados por el informe de Equifax y Universidad San Sebastián. Y un dato que preocupó a los expertos es que solo el 11% de las personas con deudas impagas disminuye su morosidad y las mujeres superan a los hombres en cantidad de morosos, con un total de 2 millones 309 mil 660 frente a ellos que llegan a 2 millones 199 mil 938.

Agréguele miles de despidos (sólo en las últimas dos semanas se informó de 2.500 funcionarios públicos despedidos) y varias empresas públicas terminando el año con números rojos, entre ellas TVN, Enap, Codelco, lo que a muchos hace temer un futuro proceso de privatización. Entonces, el panorama está lejos de ser alentador. Y para qué decir del peligro en que se encuentran dos grandes derechos conseguidos en el Gobierno anterior: la gratuidad y el aborto en tres causales. Lo dijo el presidente del Consorcio de Universidades del Estado (Cuech), rector Ennio Vivaldi. Acusó que el Mineduc está generando trabas para implementar el derecho a la gratuidad, debido, entre otras cosas, a los problemas de financiamiento que ha tenido esta política. “Con las decisiones que se han ido tomando, y por las campañas de prensa que hemos ido viendo, uno podría pensar que hay un esfuerzo para que las universidades se desencanten con la gratuidad y se fuerce a una situación límite en que ellas terminen diciendo que no quieren gratuidad”, dijo.

Y súmele la última encuesta semanal de Cadem, donde no sólo se muestra un alza importante en la desaprobación del gobierno y particularmente de Piñera; el pesimismo en alza de los empresarios frente al futuro cercano, según el Índice Mensual de Confianza Empresarial, que realiza la UAI e Icare y la encuesta Adimark que por segunda vez muestra que la desaprobación supera a la aprobación, 49 a 44 por ciento. El peor de los mundos por ahora para el presidente y su gobierno.

Para peor, se termina la semana con un airecillo turbio y enrarecido en el país, a propósito de lo que está ocurriendo en el Ejército. Al parecer, aquella frase asegurando que no hay “ruido de sables” expresadas por el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, después que se filtró su discurso ante 900 oficiales en la Escuela Militar, pareciera evidenciar que algo de ruido sí existiría.

El asesinato y las versiones

A este escenario se sumó lo peor. Ocurrió lo que en las comunidades era una convicción expresada desde el primer minuto de conocidos los alevosos sucesos. Camilo Catrillanca fue asesinado.

Tendrían que pasar más de 15 días para que recién el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, calificara lo sucedido como “asesinato”. Ello lo habría provocado la serie de pruebas entregadas por el fiscal en la audiencia de formalización de los implicados y más aún, cuando se filtró un video donde el ex sargento Carlos Alarcón sostenía que se les pidió mentir en el marco de las indagatorias de la muerte de Camilo Catrillanca. Demasiado grave para que el presidente no reaccionara. Lo hizo y junto a Chadwick, citaron con urgencia al general Director General de Carabineros, Hermes Soto, y otros integrantes de la plana mayor del Alto Mando, a La Moneda.

En la cita, como dio a conocer el titular de Interior, el gobierno le exigió a la institución que colabore en el esclarecimiento de la muerte del joven mapuche. ¿Cómo continuará esto que ya parece teatro del absurdo? Habrá que esperar el desarrollo de esta trama, y que se respondan muchas interrogantes que quedaron en el aire. Entre ellas, ¿dónde están los culpables del asalto a las profesoras?, si es que hubo; ¿qué pretendía el sargento del video?¿hubo órdenes superiores en el caso que culminó con el asesinato de Catrillanca?. Habría que recordar las declaraciones de Héctor Llaitul, dirigente de la CAM, el pasado 30 de noviembre. Aseguró que “todo indica que habría sido un ajusticiamiento del peñi” y que “Carabineros se ocultó en el campamento de Pailahueque. Allí estuvieron los mandos medios y superiores dando una orientación respecto de qué hacer…la tarjeta (de memoria) no fue destruida en el camino, sino que hay una situación que involucra a más gente”. Se habrían reunido allí con varios altos oficiales, durante horas, según declaró ante el fiscal José Correa Correa, subprefecto de los servicios de la Prefectura de Fuerzas Especiales de La Araucanía Número 32.

Es enorme la información acumulada y una se superpone sobre la otra. Es bueno entonces, recordar el origen, porque lo que sí es un hecho es que luego de varios días de negativa oficial, se cayó estrepitosamente todo el entramado que se inventó para esconder el asesinato en manos de Carabineros.

Cuatro miembros del Comando Jungla, que según el gobierno es una “creación” de la prensa pese a los documentos oficiales que ameritan su existencia, fueron responsables directos e indirectos -de acuerdo con la magistrada que lleva la causa- del asesinato del joven mapuche, ultimado con un tiro por la espalda sin mediar provocación alguna. Un hecho que ¡finalmente! dio la razón a la familia y dirigentes de la comunidad de Temucuicui donde ocurrió el homicidio, enardeciendo los ánimos y provocando manifestaciones de todo tipo que aún no cesan. No sólo en La Araucanía.

En la semana Chile se estremeció cuando el Juzgado de Garantía de Collipulli ordenó la detención del sargento segundo Raúl Ávila, el sargento primero Carlos Alarcón, el cabo Braulio Valenzuela y el suboficial Patricio Sepúlveda. Fueron acusados de los delitos de homicidio consumado, homicidio frustrado y obstrucción a la investigación por la muerte de Camilo Catrillanca.

Allí quedó al desnudo el apresuramiento del Ministro del Interior, del ex Intendente Mayol y de la prensa oficialista que no investiga, al sindicar a Catrillanca como uno de los responsables del robo de vehículos a unas profesoras. Es decir, fue catalogado como un vulgar ratero. De hecho, el propio Ministro Chadwick dijo en un momento que “son hechos que tuvieron su origen en un delito común y no tiene nada que ver con el conflicto mapuche”

Y ¿cuál fue la primera versión de Carabineros? Su informe dice que “todo empezó a las 16.20 de ese 14 de noviembre. A esa hora el piquete compuesto por el suboficial Patricio Sepúlveda, el cabo primero Gonzalo Pérez, el sargento primero Carlos Alarcón, el sargento segundo Raúl Ávila y el cabo primero Braulio Valenzuela, recibió un comunicado radial, en que se les informó que en el sector de Ercilla habían robado tres vehículos, los que se trasladaban al interior de la comunidad Temucuicui. Agregan en la declaración que “se escucha vía radial por parte del personal aerotransportado que mantenía a la vista los vehículos encargados por robo” y que “al menos tres individuos con vestimentas oscuras habían descendido de los autos, internándose uno en el bosque y otros dos caminaban por el camino, los que habían abordado un tractor azul”.

Según los carabineros, en ese momento “este personal es atacado con armas de fuego provenientes del costado izquierdo (…) Se sentía pasar cerca de nuestros cuerpos”. Indicaron que “ante esta situación se hace uso de las armas de fuego, efectuando disparos disuasivos y controlados a lugares seguros con la intención de emplear el sonido acústico para que los antisociales cesen el fuego”. Luego, vieron el tractor “con las características señaladas por el personal aeropolicial”, y que los conductores de esta máquina “al ver nuestra presencia (…) viran para retornar por la misma ruta”. Señalaron que ahí les perdieron el rastro y que luego los volvieron a encontrar “a un costado izquierdo del camino”. De acuerdo con el relato, los policías indicaron que después vieron a uno de los jóvenes escaparse del lugar y que a las 17.03 el sargento Ávila “lo reduce”. Se trataba de M.A.P.C. (15), a quien entregaron al personal de Fuerzas Especiales “para continuar con el aseguramiento del sector”.  “Se percataron que el conductor del tractor, Camilo Catrillanca (…), mantenía una herida en el cuero cabelludo en la cual inmediatamente llega persona de FF.EE. para prestar primeros auxilios”. Esta declaración fue utilizada por el Ministerio Público en la formalización de M.A.P.C., a quien se le levantaron cargos por el delito de receptación de los vehículos robados.

De acuerdo con los antecedentes entregados, el efectivo del Gope, Raúl Ávila, destruyó la tarjeta de memoria tras cortarla con una tijera, justificando su actuar con que quería proteger imágenes personales que se encontraban en el dispositivo.

Previo a la audiencia, el abogado Alexander Schneider, (que luego de conocer el último video decidió renunciar a la defensa de los acusados) había manifestado que estaban tranquilos y confiados en la objetividad del Ministerio Público y de la jueza de garantía a cargo. “Ellos están muy tranquilos, vamos a esperar el resultado. Creemos que en ningún caso debieran quedar en prisión preventiva, el delito de obstrucción no existe, el delito de homicidio tampoco, eso con los antecedentes que tenemos. Schneider deslizó la posibilidad de que el proyectil que hirió de muerte a Catrillanca no necesariamente fue perpetrado por un arma de uno de los funcionarios. “El tractor (donde estaban los dos jóvenes) se pudo haber interpuesto en un fuego cruzado”, puntualizó.

Pronto se sabría la verdad. El fiscal Roberto Garrido dio a conocer las imágenes a la magistrada del Juzgado de Garantía de Collipulli como prueba de que no había un enfrentamiento entre policías y los comuneros, previo a la muerte de Camilo. Imágenes irrebatibles profusamente difundidas en las redes sociales.

Es que no sólo se comprobó que nunca hubo fuego cruzado, que nunca Camilo Catrillanca y el niño que lo acompañaba tuvieron un arma en sus manos, que el joven -según Ciper- estaba en una lista de dirigentes comuneros para ser seguidos como “blanco investigativo” desde el 2017.

De hecho, el Laboratorio de Criminalística de la PDI descartó rastros de pólvora en el comunero Catrillanca, luego de analizar su ropa y zonas de su cuerpo, como las manos. Pero, además, hasta el propio inculpado sargento Alarcón, reconoció que “las personas que iban en el tractor no nos dispararon”.

Así las cosas, habrá que esperar qué depara la investigación de la magistrada. Por lo pronto, desde el Gobierno respaldaron el actuar del General Director de Carabineros, Hermes Soto, cuyo rol ha sido muy cuestionado en estos días. Si bien algunos en Chile Vamos pidieron su salida, finalmente esa colectividad respaldó su accionar.

La oposición, entretanto, sólo alcanzó a reaccionar pidiendo el esclarecimiento total de los hechos, video incluido. Quien ha llevado la voz cantante es la diputada  Mapuche- Huilliche, Emilia Nuyado. Exigió al gobierno entregar “explicaciones inmediatas” por el video de Carlos Alarcón,  uno de los ex funcionarios de Carabineros implicados en el homicidio del comunero, Camilo Catrillanca, donde afirma que los obligaron a mentir. “Las declaraciones realizadas al interior de una comisaría donde se encuentra detenido este señor, son gravísimas porque oscurecen cada vez este caso, sembrando la duda sobre quien los obligó a mentir. Es insólito y aumenta aún más nuestra desconfianza sobre  Carabineros y sobre el actuar del Ministerio del Interior. A mí me parece, que se pretende blanquear la imagen del asesino y de Carabineros, por eso  exigimos una explicación inmediata del señor Chadwick ”, dijo la parlamentaria PS.

¿Y en el Ejército?

Si la situación se ve muy oscura en Carabineros, el panorama no es mejor en el Ejército. Y puede ser muy peligroso para el país. Ya alguna prensa ha recogido la “intranquilidad” en sectores del Ejército a propósito de los problemas que enfrenta: por supuesto, Punta Peuco; indisciplinas; estafas; robos y lo que el propio comandante en Jefe Ricardo Martínez denunció: se había descubierto que algunos militares le estaban vendiendo armas a narcotraficantes.

Al parecer esa “intranquilidad” la tienen quienes aún siguen incondicionales a la figura del dictador Pinochet. No querían a Martínez al frente del Ejército. Es más, se asegura que se jugaron por el general John Griffiths, más afín a sus posiciones, pero la Presidenta Bachelet no lo nombró por antecedentes oscuros que le llegaron, optando por Martínez. Hoy Griffiths es uno de los 7 altos oficiales procesados por la ministra en visita, Romy Rutherford, quien indaga el fraude al interior de la entidad castrense. También el general (r) Werther Araya, ex jefe de división del Ejercito fue sometido a procesamiento por la arista viajes al extranjero. Según el procesamiento, Araya habría defraudado al Fisco por cerca de 54 millones, tras una serie de viajes a Europa, en 2008, como agregado militar. En su caso se le procesó por devoluciones abultadas por “excesos de equipaje”.

No fue casualidad que el general Martínez se reuniera con los 900 oficiales. Necesitaba explicar. Necesitaba alinear a sus oficiales. Pero, pronto quedaría en evidencia que la estrategia para lograr su salida de la Comandancia en Jefe continuaba operando. Con demostraciones de autonomía fuera de todo rango. Por ejemplo, se asegura que hubo un homenaje a familiares de los presos en Punta Peuco cuando en las fiestas patrias las tropas desfilaron en  Las Condes. Otro ejemplo es lo ocurrido con el homenaje al reo Miguel Krassnoff en la Escuela Militar, en conocimiento de las autoridades de ese recinto. Y termina con la filtración del discurso del Comandante en Jefe.

El general Ricardo Martínez, debió acudir hasta las oficinas de la ministra en visita Romy Rutherford, quien dirige la indagatoria por el millonario fraude en la institución castrense. Es que tenía que explicar sus dichos. “Vine a indicarle que no tengo ningún antecedente concreto o por el estilo que involucre a las otras instituciones. Este es un problema del Ejército y el Ejército tiene que resolverlo. No tengo ningún antecedente y eso fue lo que vine a indicarle a la ministra Romy Rutherford”.

El Gobierno, cuestionado por lo que se asegura es un escaso control frente al Ejército y Carabineros, reaccionó rápidamente emitiendo señales que sí están bajo el control gubernamental. El ministro de Defensa, Alberto Espina, indicó que “me parece muy bien que cumpla la instrucción que le hemos dado como lo hizo también con el fiscal que lleva adelante la investigación del Fondo de Ayuda Mutua, y también con el requerimiento de que de inmediato pusiera en conocimiento del Ministerio Público todos los antecedentes que existan respecto de los cuatro o cinco cabos de la Escuela Militar que aparecen involucrados en la compra y venta ilegal de armamento”.

Los problemas, sin embargo, no terminan allí. Y la luz en esta terrible oscuridad la da, felizmente, un hijo, nieto y bisnieto del Ejército: el capitán Rafael Harvey Valdés.

Este oficial, a estas alturas probablemente dado de baja -no se sabe su suerte al cierre de esta nota- había presentado un recurso de protección por el accionar del Ejército en su contra cortándole su carrera. Fue en el 2016 cuando el capitán logró que, por unanimidad, el pleno de la Corte Suprema autorizara -aplicando la presunción de inocencia- su juramento como abogado. Ello pese a que se encontraba procesado por el delito más grave que contempla el Código de Justicia Militar: sedición. Ese año, el máximo tribunal también declaró como ilegal la acción de la Junta de Apelaciones del Ejército en que oficializaba el pase del capitán al escalafón de complemento de la institución. En 2017, fue el Ministerio de Defensa quien denegó la firma de su retiro. Harvey define sus denuncias como actos “heroicos”, porque son muy pocos los que se atreven a denunciar y asegura que en la institución que integra hay una verdadera “red de protección a la corrupción”. “No asumen el riesgo de denunciar por conducto regular, actitud del todo entendible al ver las consecuencias que tienen los militares que denuncien algún hecho de corrupción”, manifestó en un informe dirigido a la Junta de Apelaciones de Oficiales Jefes y Superiores.

Harvey ha alegado en diferentes instancias por “discriminación” en su contra: según su versión, a él se le ha negado el ascenso y se le ha llamado a retiro acusándolo de sedición e incitar a otros a denunciar supuestos ilícitos al interior de la institución. Cuentas anónimas en redes sociales lo han acusado de ser autor de la filtración del audio publicado por The Clinic con los dichos del general Martínez. Pero al parecer, no es así y habría sido un familiar o alguien muy cercano a Krassnoff quien movió esos hilos.

La versión del Ejército, señalan que el capitán “se encuentra procesado en calidad de autor por un delito que merece pena aflictiva, auto de procesamiento que se encuentra confirmado por la Corte Marcial”, situación que constituye “una expresa inhabilidad legal para ascender”, por lo que no habría tal discriminación.

Pero el capitán se defiende. Dice que su única falta sería un “supuesto delito de sedición” y por el cual estuvo en prisión preventiva 3 semanas y arriesga 7 años de presidio. Según él “se abrió la causa solo por instar a soldados conscriptos que habían presenciado ilícitos al interior de la institución a hablar”, por lo que las anotaciones, como expone, responderían a amedrentamientos de la institución por efectuar y motivar denuncias de hechos corruptos.

Más aún, denunció que quienes estaban acusados e incluso procesados por corrupción, habían sido ascendidos en el Ejército. De hecho, la propia institución se vio obligada a reconocer, el pasado viernes 23 de noviembre, mediante un informe reservado a la Corte de Apelaciones de Santiago, que ascendió de rango a funcionarios que se encontraban procesados por fraude al fisco. Las razones del Ejército para explicar dichas promociones, en la mayoría de los casos, son por “falta de información”.

El caso de Francisca, joven que denunció por abuso sexual a un ex funcionario del Ministerio Público y terminó condenada por denuncia calumniosa puso, nuevamente, en el debate público el acceso a la justicia para las mujeres que viven violencia. Se teme que el veredicto deje mensajes que desincentive a las víctimas de violencia sexual a denunciar.

 Apenas pasada la conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el lunes 26, conocimos la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt que condenó a Francisca Andrea Díaz Williams a 3 años y un día de pena remitida, inhabilitación perpetua para ejercer cargos y oficios públicos, más el pago de una multa de 1 UTM por el delito de denuncia calumniosa.

Los hechos se remontan a febrero de 2016 cuando la joven, egresada de  derecho de la Universidad Austral de Valdivia, denunció por agresión sexual al entonces fiscal subrogante de Hualaihué, Región de Los Lagos, Willy Fahrenkrog Podlech. Luego de tres meses de investigación, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó el sobreseimiento definitivo de la causa. La investigación penal que desarrolló la Fiscalía de Puerto Montt determinó que los hechos no correspondían a una agresión sexual constitutiva de un delito de violación, sino que se trató de una relación sexual consentida. Francisca, entretanto, aclaró que nunca denunció una violación y siempre habló de abuso sexual. El 16 de junio, Fahrenkrog se querelló por denuncia calumniosa ante la misma fiscalía de la que había sido funcionario.

Silenciar a las mujeres

El juicio fue calificado como emblemático por organizaciones feministas y de defensa de los derechos de las mujeres, al convertir a Francisca de víctima en imputada con el costo de que la sentencia cause temor en quienes viven violencia sexual y no se atrevan a denunciar, perpetuando así la impunidad al transmitir un mensaje de naturalización y tolerancia, la idea de que se puede violentar sexualmente a las mujeres porque no existirán sanciones para los agresores y más aún, porque hacerlo podría traer consecuencias negativas para ellas.

Para Soledad Rojas Bravo, integrante de la coordinación nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, la resolución desincentiva la denuncia, pese a las múltiples campañas que llaman a hacerlo: “Ésta es una manifestación de la violencia estructural que vivimos las mujeres y que se expresa en este caso en el poder judicial, aquí hay una práctica cultural machista que no cree en la palabra de las mujeres y, por cierto, que las mujeres de acá en adelante van a tener bastante más reparos en denunciar, porque se van a preguntar una vez más hasta dónde vale la pena si finalmente las perjudicadas serán ellas mismas”.

Estereotipos en la práctica judicial

 Junto con la sentencia de Francisca, en Argentina se dio a conocer que en el femicidio de Lucía Pérez, que impulsó un paro nacional de mujeres y movilizaciones en varios países en repudio a la violencia machista, los jueces a cargo de la causa consideraron que en el proceso no hubo elementos suficientes para comprobar que la adolescente de 16 años fue violada y asesinada, por lo que los imputados fueran absueltos por ese delito y sólo se les condenó por droga. Organizaciones de mujeres manifestaron su indignación y aseguraron que la decisión del tribunal se basó en el análisis de los chats de Lucía y en su comportamiento sexual, entre otros prejuicios.

Antes, en España, la sentencia de “La Manada” generó indignación luego que los cinco acusados de violar en grupo a una joven de 18 años fueron condenados por abuso sexual pero absueltos del delito de violación. Los hombres incluso filmaron la agresión y compartieron los videos. En el juicio se dijo que durante la escena la actitud de la víctima fue “pasiva o neutral”.

En estos casos como en el de Francisca Díaz se ha cuestionado la presencia de estereotipos de género en la práctica judicial, como el argumento de que conoció a Fahrenkrog a través de la red social Tinder o consumió alcohol con él, como si ambos hechos demostraran disposición o consentimiento de las mujeres a sostener relaciones sexuales.

Yanira Zúñiga Añazco, prodecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile, señala que los estereotipos se expresan principalmente en los interrogatorios en juicios que implican denuncias de violencias que viven las mujeres, sea sexual o de otra clase,  dado que el juicio gira en torno a la credibilidad de sus versiones sobre la violencia que sufrieron.

Los interrogatorios son claves al ser muchas veces la declaración de las mujeres la única prueba de cargo contra el agresor, por esto, explica Zúñiga, es que se las somete a un tipo de interrogatorio que parte de una serie de asunciones sociales sobre las motivaciones que tienen para denunciar: “Se asume que las mujeres podrían ser naturalmente volubles, vengativas, esto pasa mucho en los juicios de violencia intrafamiliar, por ejemplo, o se asume que las mujeres podrían tener incentivos para denunciar calumniosamente delitos sexuales, en parte sólo porque son mujeres, porque no se proporcionan mayores antecedentes de por qué una mujer podría tener incentivos para pasar por un proceso judicial que implica costos emocionales y materiales, sin asumir que el que tome esa decisión podría más bien corroborar los indicios de que el delito si existió, y no todo lo contrario, entonces hay una serie de prácticas en esos interrogatorios muy fuertes, que producen revictimización”.

Las estadísticas del Ministerio Público muestran que la mayor tasa de denuncia en delitos sexuales tiene como víctima a menores de edad, en cambio hay una tasa muy inferior de denuncias formuladas por mujeres mayores, lo que no coincide con los resultados de encuestas en las que se pregunta si han sufrido distintas clases de violencia sexual. “Muchas mujeres responden que si la han vivido y hemos ido componiendo una realidad a partir de esas encuestas, estudios o programas de gobierno, que no es consistente con el número de denuncias que se formulan y procesan en el marco de las investigaciones penales, hay una diferencia y pensar que éstas no tienen nada que ver con las garantías que ofrece el sistema penal para tramitar estas denuncias es no ver una parte importante del problema”, enfatiza.

Ante esta realidad, recuerda que las obligaciones de los tratados internacionales firmados por Chile, como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres o la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, tienen relación sobre todo con favorecer acceso igualitario a las mujeres al sistema judicial, por ello “existen buenas razones para pensar que el Estado chileno está incumpliendo severamente esas obligaciones”.

La doctora en derecho explica que en tribunales, muchas veces, se razona con desconocimiento de investigación social de género, “por ejemplo se preguntan por qué la mujer no denunció y le atribuyen a la falta de denuncia el que el hecho no se produjo, cuando la investigación social demuestra que el tiempo que se demoran, en promedio las mujeres para denunciar violencia en Chile, son alrededor de 7 años, entonces hay también desconocimiento de cómo opera el fenómeno de la violencia en términos prácticos”.

Agrega que es difícil actuar ante ideas arraigadas en el sistema, como que los interrogatorios en los que se pone en duda muy fuertemente la credibilidad de las denunciantes son una estrategia de defensa razonable en los juicios de violencia de género porque el trabajo de los defensores sería siempre utilizar todas las estrategias posibles para poner en mejor situación a sus imputados: “esa creencia altamente arraigada en el sistema jurídico, nos devuelve al mismo problema de partida, porque si validamos estas estrategias de intervención sin reflexionar sobre cómo armonizarlas con la protección de las mujeres, entonces por mucho que tengamos cursos de género esto se queda en una intervención formal pero que tiene poco impacto en la práctica, entonces es necesario reflexionar en conjunto sobre el mismo sistema jurídico, sobre ciertas prácticas de defensa, de publicidad de los juicios”.

Yanira Zúñiga valora los esfuerzos por avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en el sistema judicial pero pone énfasis en la necesidad de que la formación sea en la universidad, “es más fácil que estudiantes de pregrado reflexionen e incorporen lógicas de género en su formación en las escuelas de derecho a que esa intervención se haga cuando una persona ya tiene formada su estructura de razonamiento que le resulta mucho más difícil de reconstruir”, asegura.

#FranYoTeCreo

Diversas agrupaciones declaran que las manifestaciones en apoyo a Francisca continuarán a la espera de que se presente el recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, mientras el hashtag #FranYoTeCreo se masifica en las redes sociales.

Como era de esperar -y para desesperación del Gobierno- las repercusiones por el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca siguen copando la agenda mediática. Se han sucedido decenas de reacciones. Desde manifestaciones en las calles tanto en Chile como en el extranjero, hasta quemas de inmuebles y vehículos como testimonios violentos de la ira que recorre La Araucanía. Y no se detienen. Más aún cuando comunidades mapuches se declaran en rebeldía y anuncian -como lo señaló el padre de Camilo Catrillanca después de un encuentro de 100 machis y loncos- la continuación de sus acciones gravitan hasta lograr la salida del Comando Jungla de la zona y las renuncias del ministro Andrés Chadwick y del Director General de Carabineros, Hermes Soto.

Si a la seguidilla de errores cometidos por Carabineros y el Gobierno en el lamentable hecho, se suma lo ocurrido con el Ejército luego de filtrarse una intervención de su Comandante en Jefe, General Ricardo Martínez, ante cientos de oficiales en la Escuela Militar, entonces el escenario en que se está moviendo la administración Piñera es francamente pantanoso.

Es que en esa oportunidad el jefe castrense no sólo reconocía una venta ilegal de armas al crimen organizado, transparentando niveles de corrupción nunca conocidos, sino, además, deslizaba algo que pareció una amenaza velada al señalar que había que cuidar “con dientes y muelas” las pensiones que recibe esa arma de la defensa nacional.

Suma y sigue en el Ejército

Fue un audio filtrado al semanario The Clinic el que incendió la pradera. “Tenemos información de que hay oficiales y cuadro permanente que compra armas por la vía legal, que después las dan por perdidas, pero que lo que están haciendo es venderlas a grupos de narcos, de delincuentes. De eso estamos hablando”. Otro de los temas fue el del criticado sistema de pensiones del Ejército: “uno tiene que ser estratega. El bien a cautelar son las pensiones. Son algo que hay que cuidar con dientes y muelas; si es necesario alargar la carrera militar, para que prevalezca la esencia de las pensiones nuestras, hay que hacerlo”.

De nuevo estallaron las redes sociales. Curiosamente, muchos de los activos participantes en ellas de inmediato culparon a una supuesta “infiltración de los zurdos”, olvidando exprofeso el papel que jugó el Comandante en Jefe en la remoción del director de la Escuela Militar luego del muy planificado homenaje al reo por delitos de lesa humanidad, Miguel Krassnoff. Y olvidando también los resquemores que dejó el cambio sin precedentes en la plana mayor del Ejército, que incluyó la salida de 21 generales luego que el ministro de Defensa, Alberto Espina, informara el «análisis exhaustivo» de la oficialidad, con el fin de evitar nombramientos de efectivos que pudieran estar involucrados en el mal uso de los fondos de la Ley Reservada del Cobre.

A poco andar, los odios se centraron en un capitán de Ejército, abogado, tal vez el único que ha realizado cursos sobre derechos humanos en esa arma, a quien lo tildan de traidor. Se trata del capitán Rafael Harvey Valdés, de 38 años, quien acusó un trato discriminatorio poniendo trabas a su ascenso, por hacer cumplir el artículo 131 del Código de Justicia Militar. El 25 de octubre interpuso un recurso de protección en contra de la Junta de Apelaciones de Oficiales del Ejército de Chile y el General de Brigada Germán Daniel Marx González, comandante de Personal. En el documento presentado se indica que habría un actuar ilegal y arbitrario en dicha instancia de evaluación, por cuanto se ha favorecido a algunos funcionarios, a pesar de que existen investigaciones en su contra, en desmedro de quienes denuncian. Señala, además, que el propio Marx González “estando en pleno conocimiento que dos oficiales y un clase estaban procesados por fraude al Fisco, favoreció la promoción y ascenso de estos al grado superior, en un acto contra la ley”.

Se conoció, además, la investigación por irregularidades al interior del Ejército, liderada por la ministra en visita Rommy Rutherford, a raíz de más de 1.500 viajes realizados por integrantes de la institución que pueden haber tenido características irregulares. Según publicó «La Tercera», luego del procesamiento de los dos primeros oficiales involucrados en este caso, los coroneles (r) Sergio Vásquez y Rodolfo Hidalgo, la defensa de uno de ellos entregó antecedentes en los que se explicaba que la compra de pasajes a cargo de la institución y su posterior cambio para vacaciones o reembolso, era «una práctica habitual».

El periodista Mauricio Weibel, que ha investigado profundamente este y otros casos, cuenta que “esto parte cuando se detecta que varios cientos de facturas -que no tenían el timbre del SII- son pagadas por el Ejército, pese a que eran facturas materialmente falsas”. “Se pagaron cientos de esas facturas”, explicó el profesional.

La ministra Rutherford “se da cuenta que efectivamente un oficial viajaba, por ejemplo, a Uruguay, que es un pasaje que cuesta 500 dólares, y la factura era por 29 mil dólares. Y se le ponía en la glosa ‘sobre equipaje’, y el dinero era enviado a la cuenta corriente del oficial que figuraba”.

Según la ministra, el que estaba como segundo al mando del Ejército habría hecho mal uso de pasajes al extranjero, ítem por el cual habría recibido 44 millones de pesos por concepto de devoluciones. La cifra malversada se habría producido tras cinco viajes entre 2009 y 2014. Se emitió, entonces, un auto de procesamiento contra el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, John Griffiths, quien decidió renunciar a su cargo tras las acusaciones por un eventual fraude al Fisco.

La preocupante encuesta

Para agregar más desazón en el Gobierno, apareció la que ahora se ha transformado en portadora de malas nuevas: la semanal encuesta Cadem que nadie podría acusar de “vendida a los comunistas” como algunos en la derecha suelen calificar a quienes critican la administración del presidente Piñera. De acuerdo al sondeo, el Mandatario retrocedió tres puntos llegando a un 38% de aprobación ciudadana, la tasa más baja anotada hasta ahora. Su desaprobación, en tanto, aumentó cuatro puntos hasta un 48%, el nivel más alto de su segundo mandato.

Obviamente, la aprobación ciudadana al trabajo de Carabineros, cayó 28 puntos tras la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca .La opinión favorable de la gente pasó desde un 67% en octubre a un mínimo histórico de 39%. La desaprobación se alzó a un 55%.

El asesinato del comunero mapuche sin duda impactó en los niveles de aprobación y desaprobación de la gestión del Presidente Sebastián Piñera y de los principales ministros y autoridades que han estado vinculadas al denominado conflicto mapuche.  “Hace mucho tiempo que no había una noticia que acaparara tanta atención de los medios y de las personas, y hoy el tema mapuche se ha transformado en la primera razón del nivel de desaprobación del Presidente Piñera”, afirmó Roberto Izikson, gerente de asuntos públicos y estudios de Cadem.

Respecto del gabinete, la aprobación ciudadana pasó de 40% la última semana de octubre a un 33%. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, figura con una caída de trece puntos: de un 58% en octubre a un actual 45%. Similar a la registrada por su subsecretario, Rodrigo Ubilla, quien retrocedió desde un 62% a un 52%.

El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno y el de Justicia, Hernán Larraín no registraron cambios significativos. Según la encuesta, la aprobación de Moreno solo retrocedió un punto para quedar en 60%, mientras que Larraín avanzó desde un 44% a un 45%. Ambos con posiciones distintas a Chadwick en la manera de enfrentar el conflicto.

Un 69% de los entrevistados estima que el conflicto mapuche ha ido en aumento en los últimos tres años y, dentro de este grupo, un 44% responsabiliza directamente al gobierno de esa situación. Y  un 63% cree que las fuerzas especiales de Carabineros desplegadas en la zona no se justifican.

Un 60% manifiesta creer que “es poco o nada probable” que el gobierno logre implementar su Plan Araucanía. Y un 79% cree que la solución al conflicto mapuche pasa por una “vía política de diálogo”, frente a un 13% que dice que la respuesta debe encontrarse en la vía judicial-policial.

Según Izikson, “hay un discurso centrado en la seguridad que fue castigado”, y afirma que la gran mayoría de personas que rechaza la presencia de las fuerzas especiales de seguridad en la zona, señala que se debe buscar una solución al conflicto a través del diálogo político.

Cree que el episodio vino a profundizar un clima de frustración de expectativas respecto de los dos ejes, que fueron puntales de la campaña electoral de Piñera: la mejoría en la economía y la necesidad de orden. “Estas dos expectativas se han frustrado, los tiempos mejores no han llegado y hay un problema de orden”, comenta. Y recuerda que “a estas alturas del año, en 2014, para el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el nivel de desaprobación superaba ya de forma definitiva al de aprobación. Y eso es algo que, sin duda, también le podría pasar a Sebastián Piñera, salvo que logre reencauzar la agenda”.

¿Y la oposición?

Tal vez hasta ahora lo único que el Ejecutivo podría anotarse a su favor serían supuestas negociaciones con la Democracia Cristiana para construir un pacto económico-social, como lo adelanta “El Mercurio” este fin de semana. Los primeros pasos ya están dados. Baste recordar cuando en octubre, el ministro Gonzalo Blumel recibió en su oficina a la senadora Carolina Goic quien solicitó el patrocinio del gobierno para  su ansiada ley del cáncer, cosa que consiguió. Está la participación de democratacristianos en las mesas de diálogo impulsadas por el gobierno: en infancia,  el exsenador Patricio Walker; en Salud, la propia Carolina Goic; en Desarrollo Económico, el ex ministro Alejandro Foxley y en Seguridad, el ex ministro Jorge Burgos.

Abrazos y besos se detuvieron por un pequeño lapso, cuando el doctor Luis Castillo fue nombrado subsecretario de Redes Asistenciales. Se trata de un personaje acusado por la familia del ex Presidente Eduardo Frei Montalva de tener participación en el asesinato del líder DC, un crimen por el cual aún se busca justicia.  Al menos su familia y la inclaudicable Carmen Frei.

Y como amor con amor se paga, la colectividad ha hecho gestos hacia el gobierno que en ocasiones, ha hecho suspirar de alivio a quienes gestionan las leyes enviadas por el Ejecutivo. Allí están el respaldo al proyecto de Aula Segura; la aprobación de recursos para los centros colaboradores del Sename; también a diversas partidas de la Ley de Presupuestos. Estos gestos se habrían consolidado cuando, sorprendiendo a sus antiguos socios de la Concertación y de la Nueva Mayoría, la DC anunció una acusación constitucional contra el Intendente Mayol por su responsabilidad política en lo ocurrido en Temucuicui. Ahí se selló la suerte del Intendente. Algunos medios afirman  que a cambio, existiría un  compromiso por parte de la colectividad de no apoyar ninguna iniciativa contra el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, como intentaban lograr sectores de la oposición, entre ellos el PS y el PPD. Según “El Mercurio”, los actos de este partido  se inscriben en su ansiedad por “volver a perfilarse como un partido de centro, cumpliendo un rol de «oposición constructiva» y tomando distancia de sectores más de izquierda, como el Frente Amplio o el Partido Comunista”.

Así las cosas, sin  duda lograron una salida “honrosa” para la ex autoridad regional, que probablemente disfrutará del apoyo del Ejecutivo para postularse a gobernador regional -que tendrán mucho más poder que los actuales intendentes-  en las primeras elecciones de octubre del 2020. Si se hubiese continuado con la acusación constitucional, la que probablemente habría sido aprobada,  Mayol no habría podido tener ningún cargo público durante cinco años. Es lo que la derecha le hizo a la actual senadora DC Yasna Provoste cuando era Ministra de Educación.

Habrá que esperar ahora la interpelación al Ministro del Interior, Andrés Chadwick, por el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, en Ercilla, aprobada  con 61 votos a favor en la Cámara de Diputados por todos los partidos de la oposición, desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana.

El Jefe de Bancada PS, Manuel Monsalve, explicó que la interpelación «busca que el gobierno evalué sus políticas y retire el Comando Jungla de la Araucanía. Nosotros creemos que esta es una oportunidad para que el Gobierno explique sobre su actuar en distintas materias”. “Esta interpelación que va realizar la diputada Mapuche-Huilliche Emilia Nuyado, es un hecho histórico, porque será la primera vez que una parlamentaria levante la voz, no solo por este caso, sino que va tener la oportunidad de expresar las reivindicaciones de un pueblo que ha sido siempre discriminado y perseguido”, dijo Monsalve.

El legislador PS agregó que “vamos a exigir que se aclaren todos los hechos que rodearon el asesinato de Camilo Catrillanca. Queremos saber de quien fue la decisión política de la presencia del Comando Jungla. También que nos expliquen sobre la participación de las autoridades políticas durante este caso”.

El Presidente Piñera, en tanto, visitó la zona para ungir al nuevo intendente, Jorge Atton y aunque orientó sobre los cuatro pilares con el que el Gobierno va a trabajar en la región (recuperar el diálogo, los acuerdos y las confianzas; promover el desarrollo económico y social de la región: más empleos, hospitales, escuelas, caminos y oportunidades; reconocer y valorar la identidad, la cultura, el idioma, las tradiciones y la cosmovisión de los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche; y  restablecer el orden público, la seguridad ciudadana y el estado de derecho), debió hacer frente a la interrogante sobre el Comando Jungla.

Negó su existencia. y de inmediato aparecieron por todos lados documentos oficiales que daban cuenta de esta creación en su gobierno. No como han intentado imponer en la derecha, la ya gastada ley del empate, señalando que dicho comando fue creado durante el gobierno de Michelle Bachelet. Situación desmentida a estas alturas con pruebas sólidas e indesmentibles.