De un total de 300 casos registrados
Solo dos causas por agresiones a periodistas lograron ser formalizadas en más de dos años de investigaciones
Hasta ahora el INDH sólo interpuso sesenta querellas y al menos una de ellas fue cerrada por el Ministerio Público sin resultados. Muchos de los ataques o actos de censura a la prensa permanecen sin denunciar, coinciden en señalar el Observatorio por el Derecho a la Comunicación y el Colegio de Periodistas.
Por Pamela Vásquez, Jessica Acuña y Marcel Gaete
A 25 meses del estallido social, sólo dos causas por agresiones a periodistas lograron formalizar a los agentes del Estado responsables de las mismas, permaneciendo decenas de ellas sin avances y con la posibilidad de ser cerradas, como ya ocurrió en al menos una de las sesenta querellas interpuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en este ámbito.
Uno de los casos emblemáticos es el de la agresión a dos mujeres periodistas en Arica, quienes fueron obligadas a desnudarse en un recinto policial. En este caso, el 15 de septiembre 2021 se realizó la formalización de cargos contra la carabinera Francisca Benavides Vera, imputada del delito de abuso contra particulares, en el caso de detención injustificada, cometidos el 23 de octubre del 2019.
En una declaración pública sobre el caso, el Colegio de Periodistas destacó que, a más de un año de la denuncia, las dos colegas que fueron obligadas a desnudarse y víctimas de actos vejatorios contra su dignidad e integridad personal, fueron citadas para la constatación de lesiones.
“De acuerdo con la normativa chilena, en el caso de transitar en horario de toque de queda en un estado de excepción constitucional, no procede la detención y traslado a una comisaría, sino que una multa por dicha falta”, ahondó el colectivo profesional.
Pero para estos tres colegas la situación fue muy distinta. La periodista Estefani Carrasco, acompañaba a su amiga Patricia Torres a un caceroleo, y luego en su retorno a su hogar, al filo del toque de queda, una patrulla de carabineros les hizo un control de identidad, y pese a mostrar las credenciales de periodistas, las llevó detenidas, junto a Angelo, un colega de ellas.
En la comisaría, a las dos periodistas las apartaron y obligaron a desnudarse, para ser revisadas, un acto ilegal según la propia norma de Carabineros. Al cabo de un par de horas, les dejaron en libertad.
“Me quedé varios días sin saber qué hacer, y no realicé la denuncia de manera inmediata, y luego me armé de ánimo y decidimos hacerla junto a mi colega, para que no volviera a pasarle a otras personas o periodistas”, recuerda Estefani, redactora entonces del diario La Estrella de Arica.
“Yo -prosigue la periodista- tuve un cambio en mis hábitos, y si bien seguí trabajando por un tiempo, no era lo mismo. De hecho, tuve que acudir a ayuda psicológica y hace algunos meses, estoy moviéndome en viajes por países cercanos”.
Estos hechos, a juicio de las querellantes, constituye tortura, según los cánones de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar este tipo de delitos. “Se está frente a un acto de tortura cuando el maltrato cumple con los siguientes requisitos: i) es intencional; ii) causa severos sufrimientos físicos o mentales, y iii) se comete con determinado fin o propósito”, señala ese texto.
El Protocolo de Estambul, manual elaborado por Naciones Unidas para guiar la investigación y documentación efectivas de la tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, señala que “la tortura sexual empieza por la desnudez forzada, que en muchos países es un factor constante en las situaciones de tortura”.
“La persona -detalla este manual- nunca es tan vulnerable como cuando se encuentra desnuda y desvalida. La desnudez aumenta el terror sicológico de todos los aspectos de la tortura pues abre siempre la posibilidad de malos tratos, violación o sodomía. Además, las amenazas verbales, los insultos y las burlas sexuales forman parte de la tortura sexual pues incrementan la humillación y sus aspectos degradantes, todo lo cual forma parte del procedimiento”.
Otro elemento que arguye la querella es la discriminación de género, tratándose de mujeres. Es decir, el Estado tiene legalmente una obligación reforzada en orden a condenar a los responsables de la violencia y evitar así la repetición de los hechos.
60 CAUSAS
Por cierto, la causa de Arica es una de las sesenta querellas que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, interpuso en todo el país contra quienes resulten responsables de agresiones a la prensa, ya sea periodistas, comunicadores sociales, fotógrafos y comunicadores audiovisuales, en el marco de las movilizaciones ocurridas desde octubre de 2019.
Durante el estallido, funcionarios del INDH se dieron la tarea de recorrer hospitales y comisarías, recoger denuncias, al mismo tiempo que observaron las manifestaciones con especial atención a las violaciones a derechos humanos que ocurrían contra quienes protestaban. Posteriormente, entabló 3.110 querellas por el actuar de agentes del Estado.
En el caso de la prensa, el INDH no hizo una distinción al recoger las denuncias, pero al comenzar el análisis para realizar las acciones legales sí empezaron a identificarlas y agruparlas en lo que categorizaron como grupo de afiliación.
Una situación similar ocurre en la Fiscalía, donde no hay una cifra conocida de causas respecto a comunicadores agredidos. Respondiendo la solicitud por Ley de Transparencia que interpusimos, informó que esta información no está desagregada. Respecto a las querellas del INDH por los periodistas “no se encuentra disponible o desagregada en el Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF), que es el principal repositorio de información del Ministerio Público”.
Además, la Fiscalía señaló que en los boletines estadísticos están los informes trimestrales, semestrales y anuales; y cuyos antecedentes provienen del Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF). Sin embargo, en esos reportes tampoco se da cuenta de información cuantificada de las agresiones a periodistas durante el estallido social.
En ese marco, el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, en base a denuncias de comunicadores, elaboró un informe en el que estableció que entre octubre de 2019 y marzo de 2020 un total de ciento treinta y tres integrantes de la prensa fueron agredidos por agentes estatales. Además, otros noventa y seis sufrieron detenciones arbitrarias.
Pero en esta entidad saben que este es un subregistro. Que las agresiones a la prensa fueron muchas más.
“Esta situación se debe principalmente a dos razones: porque la violencia policial contra comunicadores/as independientes, comunitarios/as y alternativos/as ya se encuentra de cierta manera naturalizada por parte de las víctimas, así como también por la generalizada desconfianza por parte de los y las comunicadoras independientes hacia instituciones tales como el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas de Orden y Seguridad y el Gobierno”, según el Informe 2020 de la Libertad de Expresión en Chile elaborado por el Observatorio del Derecho a la Comunicación, la Fundación Datos Protegidos y el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.
NATURALIZACIÓN
Paola Dragnic es corresponsal de Telesur. Su trabajo tuvo especial difusión en redes sociales durante los meses del estallido, mostrando en vivo las protestas como también las agresiones a manifestantes.
Durante los primeros días, luego de un breve descanso para alimentarse, mientras se dirigían al lugar de las manifestaciones “siento un impacto en una parte de mi cara, traté de seguir en el lugar y muchos de los jóvenes me decían, señorita tiene feo el ojo, o tiene que curarse con algo, y después de varios minutos accedí a que lo hicieran la gente de las brigadas, mi cámara seguía grabando afortunadamente, pero no quise ir a la posta u hospital, además que podía perder mucho tiempo y quería seguir trabajando”.
Así, como el testimonio de Paola, hay muchos entre los comunicadores y periodistas, que no llegaron a concretar la denuncia o querella. La reportera no tuvo pérdida de visión, pero sí se redujo levemente el tamaño de la retina en uno de sus ojos.
“Los periodistas y comunicadores naturalizaron prácticas que vulneraban la libertad de expresión y acceso a la información. Pudimos ver el uso indiscriminado de gas pimienta, el lanzamiento de agua del guanaco de manera directa a los camarógrafos”, sopesa al respecto el presidente del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada.
El tema tampoco es parte de los debates permanentes en los informes anuales del INDH, institución que tiene como obligación legal monitorear la situación nacional de derechos humanos en el país, elaborando recomendaciones al Estado. De hecho, sólo el reporte de
2012 ahondó en la materia, señalando que “existe una directa relación entre democracia, derechos humanos y medios de comunicación social”, citando estándares internacionales.
Esta situación es visible también en los enfoques jurídicos que sostienen las propias querellas del INDH, relativas a agresiones a la prensa. En su gran mayoría, según la revisión efectuada, éstas se centran en relatar los hechos y luego argumentar jurídicamente los diferentes tipos de agresiones sufridas por periodistas y comunicadores, los que van desde fracturas expuestas, golpes, disparos con armas de fuego, desnudamientos, ataques con carros lanza agua y gases químicos. Casi todas tienen un elemento común: la presencia de tortura por parte de funcionarios públicos.
Pero sólo en un caso se argumenta que las agresiones a la prensa constituyen siempre violaciones a los derechos humanos, como consigna el derecho penal internacional. Se trata de la querella interpuesta el 27 de febrero de 2020 por el INDH en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, por el delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves en perjuicio de Adolfo Vidal, corresponsal de RTV Noticias, un medio local de Puerto Montt.
El escrito, citando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, recuerda que el Estado debe facilitar la labor de los periodistas, para lo cual tiene la obligación de “protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad”, lo que implica “abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor”.
Hasta ahora, sólo dos de estas investigaciones fueron formalizadas. Una de ellas corresponde a la causa que agrupa las torturas sufridas por Jonathan, un ciudadano que grababa con su celular el actuar de Carabineros en Coquimbo y Leonardo Silva Vargas, comunicador de Mi radio. Ambos denunciaron tratos vejatorios dados por el Capitán de la Segunda Comisaría de Carabineros de Coquimbo, Ricardo Luengo, quien permanece en prisión preventiva desde enero del 2020.
En el caso de Leonardo Silva, el centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales presentó un Amicus curiae -una argumentación jurídica de apoyo de un organismo imparcial especializado en la materia- en el que resaltó el atentado a la libertad de expresión que implicó este hecho. “En este caso, los golpes y el disparo efectuados por Carabineros hacia la víctima, quien filmaba en ese momento la manifestación que se desarrollaba, funciona bajo la lógica de castigar la protesta social y evitar la divulgación de información sobre lo que ocurre en las manifestaciones”, aseveró la entidad.
ATAQUE A FOTÓGRAFO
Un caso en que no ha habido avances en los tribunales es el de Jorge Atala, agredido en sus ojos el 10 de enero de 2020, cuando fotografiaba las manifestaciones en Plaza Italia. En torno a las 18 horas de ese día, caminó hacia la esquina de Avenida Libertador Bernardo O´Higgins con calle Ramón Corvalán.
Allí, los carros lanzaguas de Carabineros comenzaron a dispersar a la gente, arrojando un líquido de un amarillo intenso, según su relato. Jorge Atala se parapetó detrás de una palmera, pero fue inútil. El chorro lo impactó en impactó en su rostro y en sus piernas. Su casco cayó a la calle y se golpeó en la cabeza, quedó desorientado.
Un amigo lo rescató y lo llevó a otra calle donde fue atendido por los voluntarios de salud, quienes le rociaron su cuerpo con leche de magnesio, examinaron sus ojos y le dijeron que debía ir a un recinto asistencial. Días después, el 13 de enero, Jorge asistió a la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador, donde le informaron que tenía una abrasión ocular en su ojo derecho. Dos días después asistió al Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile, donde le efectuaron una evaluación.
Según la querella, los carabineros dispararon un chorro de agua –mezclada con químicos- apuntando directamente a la cabeza de Jorge, lo que finalmente significó que la víctima perdiera un noventa por ciento de visión en su ojo derecho y un ochenta por ciento en su ojo izquierdo.
En su caso no hay formalizados. Tampoco avances significativos.
CIERRE DE LAS CAUSAS
Hasta octubre del 2021 sólo una de las causas por agresiones a periodistas fue cerrada sin avances, según la revisión efectuada para este reportaje.
Al respecto, cabe recordar que, a mediados de 2020, la Fiscalía había cerrado el cuarenta y seis por ciento de las causas, en muchos casos sin tomar testimonio siquiera a las víctimas, según un reportaje de CIPER.
Sobre lo mismo, el director del ODC, Javier García, sostiene que el INDH tampoco ha tenido una posición activa. “Su rol ha sido principalmente de recibir casos, no hay un trabajo activo de búsqueda o investigación. Esta labor ha sido algo irregular, llevan muchos casos y mi impresión es que están sobrepasados con las acciones judiciales”.
Pero, lo peor a su juicio, es el resultado visible “no se ha sancionado a los agentes del Estado que han atacado a periodistas, está habiendo impunidad”, indicó García.
INVISIBILIZACIÓN
Félix Avilés, Abogado del Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial, explica que las querellas interpuestas por el INDH por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social “persiguen comprobar que existe un hecho constitutivo de delito, y que existen algunas personas o miembros de instituciones del Estado, como Carabineros de Chile, a través de Fuerzas Especiales, que están vinculados a ese hecho constitutivo de delito, en calidad de autor, cómplice o encubridor”.
Sin embargo, consultado ante el hecho de por qué la omisión de argumentación en favor del rol de la prensa, los comunicadores y la libertad de expresión, señala que “la condición de la que sea la víctima le dará elementos al INDH, para que se ocupe de buscar cuales son los elementos jurídicos, que hacen más grave la acción de Carabineros, en términos represivos”.
Avilés critica esta falta “lo que hace el INDH es centrarse solo en el tipo penal y eso no me parece correcto. No está relatado el derecho internacional por sobre el rol que tiene el comunicador social y ahí tenemos una pata coja. Sin incorporar la responsabilidad que tiene el Estado, y que se lo da el ordenamiento jurídico internacional y nacional en ese ámbito, para eso debe haber gente especializada en la materia. Aquí existe una debilidad y ausencia que es preocupante, porque se determina con claridad que no hay atención a lo que indica el derecho internacional”.
Para Javier García, del ODC, se trata de una práctica arraigada en la institución. En el Informe Anual 2019 que trató sobre el estallido social 2019 (desde octubre al 30 de noviembre) detalla que “se incluyeron referencias a las agresiones a prensa, pero el informe no aportaba cifras ni profundizaba. En 2020 se publicó un informe de seguimiento de recomendaciones realizadas en 2019, y otros enfocado en COVID, donde no se citaba nada referido a agresiones a prensa”.
También cita la serie de fichas donde el INDH informaba de violaciones de DD.HH., “creo que solo en uno de estos informes (a principios de 2020) se incluyeron cifras relativas a agresiones a prensa, estas fichas dejaron de incluir información desagregada por perfil de víctima y en 2020, desarrollaron un mapa de violaciones de DD.HH. con estadísticas, pero el grado de desagregación es reducido y no incluye información sobre violencia contra la prensa”.
Javier García indica que el informe sobre la función policial correspondiente al año 2019 elaborado por el INDH, aún no se ha publicado, “el proceso de aprobación por el Consejo es muy lento. Y nos han informado que este informe de 2019 no va a incluir el apartado de agresiones a prensa y defensores de DD.HH., sino que se va a incluir en el informe del año 2020 con todos los datos que tienen”.
Consultado el INDH, sobre el tratamiento público del organismo a las agresiones a la prensa, no respondió nuestras consultas. Sin embargo, rescatamos lo que dijo su director, Sergio Micco, al hacer un balance a dos años de ocurrido el estallido social “el Estado de Chile no cumple con sus deberes, el panorama es desolador, estamos más cerca de la impunidad que de la justicia”.
Desde Arica, Estefani brega porque su causa avance y llegue a establecer las responsabilidades de los agentes del Estado. “Lo hago más que nada por lo que podría ocurrir a futuro a otras niñas o mujeres. Igual ha pasado bastante tiempo y mantengo la esperanza de que se haga justicia”.
sólo interpuso sesenta querellas y al menos una de ellas fue cerrada por el Ministerio Público sin resultados. Muchos de los ataques o actos de censura a la prensa permanecen sin denunciar, coinciden en señalar el Observatorio por el Derecho a la Comunicación y el Colegio de Periodistas.
Este reportaje es uno de los ganadores del Premio Libertad de Expresión del programa Journalism and impunity. Latin American investigative journalism initiative on attacks on journalists and freedom of expression, coordinado por la Fundación Espacio Público, y con la dirección de los periodistas Mauricio Weibel de Chile y Ricardo Rivas de Argentina.
