En el marco del Proceso Constituyente, a través de una carta pública, organizaciones feministas y de la sociedad civil, exigen a los partidos políticos que incorporen en sus pactos y listas a candidatas feministas independientes.
Las feministas recuerdan la lucha histórica de más de siete décadas por la ciudadanía política, la que, a juicio de las firmantes, no cumplió con su promesa de origen “que todos los seres humanos somos iguales en derechos y que la democracia es el gobierno del pueblo, de todo el pueblo”.
Recalcan que el movimiento feminista se fortaleció de generación en generación y han declarado que “somos seres humanos y que tenemos derecho a una ciudadanía plena. Lo hemos hecho en nuestros hogares, en la academia, en las calles, en los territorios, en las organizaciones, y en nuestros partidos, sin doblegarnos, y con la clara conciencia de que nuestra exclusión debilita la democracia, y con la convicción que la política democrática es el medio para fortalecerla”.
Para las organizaciones, el plebiscito del 25 de octubre es un hito en la historia de Chile y una oportunidad única para la democracia chilena. “La ciudadanía será protagonista de un Chile distinto, del país que acordemos en conjunto, queremos construir. Este nuevo pacto político y social en el que las mujeres y los pueblos indígenas nos hemos ganado el derecho de participar, sin embargo, está en riesgo”, advierten.
Consideran que “el manejo deficiente de la pandemia y la falta de convicción del gobierno sobre la necesidad de este plebiscito, arriesga una participación menguada” si no se exige responsabilidad y cuidado por parte de las autoridades encargadas de su concreción.
En ese contexto, subrayan que no es responsabilidad de la ciudadanía generar las condiciones de máxima seguridad y participación, sino que le corresponde al Estado de Chile garantizar el ejercicio del derecho a voto y la garantía del derecho a la salud, “pero son los actores políticos, fundamentalmente los partidos, quienes tienen el deber moral de exigir e impulsar todas las medidas a través de sus representantes en el parlamento, para que ello cobre realidad”, indican.
Añaden que el estallido del 18 de octubre “deja una lección ineludible y frente a la cual el acuerdo adoptado el 15 de noviembre cobra su mayor sentido. Es la primera vez que las y los independientes podrán participar en el debate y elaboración de una nueva constitución. Sin embargo y frente a la desigualdad de trato en la que estos se encuentran para su inscripción, existe un riesgo de reeditar una práctica política que prescinde del mundo social y de aquellos que no se sienten atraídos por la militancia política”. Dentro de ellos, destacan, se encuentran muchas de las organizaciones que conforman el movimiento feminista en Chile.
Por esta razón, exigen a los partidos políticos de oposición un claro y efectivo compromiso a incorporar candidatas feministas independientes. “Abrir espacios a la representación social de Chile y en particular a las feministas contribuye a que el proceso tenga una mayor legitimidad y a que la nueva constitución sea el punto de encuentro de las y los ciudadanos que habitamos este país”, dice la carta. Solicitan también que declaren públicamente que las y los candidatos a delegados constituyentes, sean militantes o independientes, lleven y defiendan en el debate constitucional:
a) La incorporación de un enfoque de género en todos los debates y deliberaciones constitucionales.
b) La inclusión de la paridad como principio de un Estado democrático que se plasme en todos los órganos del Estado.
c) El reconocimiento y valoración económica de la sostenibilidad material y simbólica de la vida.
d) La garantía y protección a los derechos humanos de las mujeres, en especial el derecho a vivir una vida libre de violencia.
e) La generación de mecanismos de participación ciudadana que abran la posibilidad de la articulación social para avanzar en la profundización de la democracia.
Adhieren a la declaración:
Corporación Humanas
Observatorio de Género y Equidad
Nada sin Nosotras
Centro de Estudios de la Mujer, CEM
TecFem
Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Puchuncavi-Quintero
Fundación Nellie Zabel, Pioneras de la Comunidad Sorda
Bolsa de Trabajo Feminista
Ni Una Menos Chile
Negrocentricxs
Corporación CIMUNIDIS
En@accion
CEDEM
Colegio de Matronas y Matrones de Chile
Colegio de Sociólogos y Sociólogas A.G
Asociación Nacional de Funcionarios-as del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Mujeres Modatima
ONG ESE:O
Colegio de Matronas
Corporación Colectivo Sin Fronteras
Comisión de Género CONFUSAM
Comisión de Género Colegio de Periodistas
Asociación de Abogadas Feministas de Chile, ABOFEM
Asociación de Mujeres Líderes de la Región del Bio Bio
Origen Consultires SpA
Observatorio Ciudadano
Observatorio Contra el Acoso Chile
Fundación Daya
Frente Feminista-Convergencia Social
Coordinadora Transversal de Mujeres Organizadas
Directiva Asociación Red de Investigadoras
LasOtras
Familia es Familia
ONG Acción Mujer y Madre
Grupo de Mujeres de Plaza Ñuñoa
Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas
Mujeres Autoconvocadas de Macul
Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (CONFEDEPRUS)
Los recientes hechos de brutalidad y asesinatos racistas por parte de la policía en numerosas ciudades de Estados Unidos no son un fenómeno reciente. Son sucesos de larga tradición, que se derivan desde los tiempos de la esclavitud y que, como ahora, se desarrollan a la par con la violencia de grupos paramilitares y supremacistas blancos.
La proyección bélica del país y de haber llegado al punto de estar involucrados de forma permanente en una serie de guerras en varios confines, han permeado la psiquis de miles de personas y se refleja en una creciente militarización a nivel doméstico. Además de la brutalidad policiaca se expresa claramente en la proliferación de grupos violentos, así como en instancias de gobierno tales como el sistema de prisiones, la militarización de la frontera con México y la violencia contra los inmigrantes.
Además de la tradición violenta y racista con que se conformó la nación estadounidense y del impacto del militarismo imperial, se suman las fracturas sociales, la polarización y las desigualdades crecientes de las cuales da muestra esa sociedad en las últimas décadas. Son decenas y decenas de millones de personas insertas en un círculo vicioso de segregación residencial en barriadas inseguras y carentes de servicios básicos.
Veamos algunos antecedentes
La cuestión racial y el racismo contra la población negra han sido un factor primordial en la conformación de la cultura y la política estadounidense desde la época colonial y la formación de la república hasta el presente. En torno a ellos gira mucha de la política nacional. La ubicación histórica y actual de los afronorteamericanos es – en muchos aspectos – central en las problemáticas del país.
A su vez, los movimientos políticos y el activismo de la población negra han estado históricamente en las primeras líneas de las luchas por los cambios progresistas en Estados Unidos, un país inmenso y diverso, donde los movimientos de clases y otros han sido cooptados o fragmentados. En ello influyen razones históricas, inmensos obstáculos institucionales, así como las dimensiones del país, las tensiones derivadas del carácter multiétnico de su población, y la creciente debilidad del movimiento obrero.
A finales de los sesenta y en el decenio de 1970 las llamadas “comunidades de color” comenzaron a comprender que la sociedad tal como existía nunca abordaría sus necesidades, según se las planteaban y sentían. Fue en ese periodo cuando explorar su herencia cultural y construir sus propias instituciones adquirió su mayor fuerza. La consigna de Black Power había electrizado las comunidades negras a lo largo del país.
Entonces comenzó una dramática transformación de la autoimagen del negro, en el marco de uno de los más efectivos movimientos sociales hasta la fecha en el país, de orgullo racial, conciencia colectiva y solidaridad comunitaria, con enorme repercusión en el conjunto de la sociedad.
Luego del impacto de las grandes luchas y movilizaciones del movimiento negro pro derechos civiles, se hizo evidente para sectores de poder que la fuerza de tales movimientos se potenciaba dados los graves problemas sociales en esas comunidades. Es por ello que, ya desde los años ‘60s, se habían venido extendiendo toda una serie de programas de gobierno y proyectos de asistencia para el “desarrollo” de zonas marginales y de las comunidades negras.
Entre las derivaciones de tales programas estuvo el fortalecimiento de grupos reformistas y de anhelos economicistas, así como contribuyó a largo plazo a la formación de toda una capa de profesionales y políticos afroamericanos y latinos con posibilidades de acceso, de presencia pública y de supuesta representatividad de los anhelos de las llamadas minorías étnicas.
La burguesía negra, incluyendo la que se desarrolló durante el gobierno de Obama, ha continuado enarbolando falsas promesas de inclusión. Salvo en el contexto coyuntural reciente en reacción a la oleada de asesinatos y violencia policial, el activismo político organizado de los afronorteamericanos llega a esta etapa luego de un largo período de reflujo.
Las agrupaciones negras han permanecido atomizadas, carentes de coordinación, enfocadas en preocupaciones económicas y sociales inmediatas y cuyas energías devienen difusas, marcadas por las necesidades y urgencias de vida de sus bases sociales, divisiones internas y la polarización social en sus comunidades. Las manipulaciones externas de todo tipo hacen el resto.
La apariencia de una mayor influencia política de la población negra dado el acceso de unos pocos de los suyos a posiciones de cierta visibilidad ha sido engañosa. A pesar de ciertos avances en participación y representación, a los negros le continúa yendo peor que a los blancos el convertir en leyes sus preferencias políticas e intereses.
Se hacía sentir el incremento de la diversidad clasista que ha tenido lugar dentro de esas ‘comunidades’ y el nefasto papel desempeñado por el Partido Demócrata al presentarse como adalid de los sectores desfavorecidos cuando en realidad está sometido a los intereses de la elite financiera del país.
Una sociedad polarizada y contenciosa
Estados Unidos muestra un número creciente de muy profundas divisiones sociales. El racismo y la peligrosa ideología de supremacía blanca es un serio obstáculo para la cohesión social, y en ocasiones es conducente y está en la raíz de serios estallidos de violencia. Según advierten algunos, la evolución demográfica apunta a que la nación no será sostenible a largo plazo si no se corrigen las marcadas desigualdades entre los sectores poblacionales de diversos orígenes étnicos.
El analista Tim Wise expresó (en sitio digital Truthout, 2 marzo 2012) que, dentro de 25 o 30 años cuando las personas no-blancas serán la mitad de la población y mayoría en varios estados, no será sostenible para el país mantener a esa población como ahora, con tres veces mayor probabilidad de estar en la pobreza que los blancos, el doble de estar desempleados, con varias veces menos bienes e ingresos respecto a la otra mitad de la ciudadanía, y con nueve años menos de esperanza de vida.
De espaldas a esa realidad prevalecen concepciones represivas no solo alimentadas por desbordadas mentalidades militaristas o por temores de ingobernabilidad, sino que están respaldadas por cálculos de generación de ganancias derivados de las llamadas guerras contra las drogas, del encarcelamiento masivo en prisiones privadas, de la subcontratación de agencias privadas de “seguridad”, y de la represión institucionalizada contra los inmigrantes y las poblaciones marginales.
El foco de la actividad de los órganos represivos del Estado va dirigido contra las agrupaciones negras y organizaciones progresistas lo cual ha llevado a conculcar las libertades civiles, criminalizar a los movimientos sociales, a incrementar la vigilancia y la infiltración de las instituciones y comunidades negras, latinas y musulmanas pobres, incluyendo el despliegue de policías encubiertos, informantes e intimidación en los hogares y espacios públicos.
Las comunidades musulmanas en el país enfrentan un ambiente de intolerancia y hostilidad creciente a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Las fuerzas policiales locales y estatales recopilan información y espían a ciudadanos musulmanes cumplidores de la ley. Devienen blancos de la violencia como una extensión a nuestros días del racismo y la xenofobia, prácticamente se les demanda la sumisión y el cuasi abandono de sus expresiones culturales e identitarias.
Hasta el momento la cólera y la desesperación han reemplazado la fuerza y el impulso organizativo de la era pro derechos civiles.
Atrapados en casi inamovibles estructuras racistas.
La sociedad estadounidense está profundamente fracturada en lo político y a través de intereses clasistas, regionales, económicos, étnicos, religiosos y culturales. El tema racial se entrecruza con las diferencias y la opresión de clases, y habitualmente es instrumentalizado con fines políticos. Los niveles de violencia resurgen; las disparidades son enormes. Hay bolsones de población donde se vive en constante paranoia.
Aun después de las grandes rebeliones contra el racismo y de los éxitos de DEL movimiento pro derechos civiles a mediados del pasado siglo, incluyendo el desmantelamiento parcial de muchas de las estructuras legales en que se apoyaba la segregación, la desigualdad racial se mantiene como un hecho palpable. El abismo racial se amplia y no ha sido alterado con los cambios de gobiernos.
El prejuicio racial en Estados Unidos repercute negativa y fuertemente en las vidas de los afronorteamericanos. Se expresa en formas de discriminación en todos sus ámbitos y condiciones de existencia: segmentos de población atrapados en un círculo vicioso de segregación residencial, inferiores oportunidades de educación o de servicios de salud, marginalidad, crecientes tasas de encarcelamiento, y discriminación en los empleos. Los trabajadores negros reciben un 22% menos que los blancos en sus salarios, con sus mismos niveles de educación y experiencia. El ingreso promedio de los núcleos familiares afroamericanos es poco más de la mitad del ingreso promedio de los núcleos de familias blancas.
En la mayoría de las ciudades y zonas urbanas del país existen áreas separadas donde reside la población negra, reflejo de la segregación racial histórica con que se conformó el país y de las políticas creadas en el pasado para mantener a las personas negras fuera de ciertas barriadas. Muchas de esas barriadas tienen altos niveles de pobreza y a su vez enfrentan una intensa y no deseada presencia policiaca.
En tal atmósfera y debido a tan arraigados prejuicios, cualquier actividad por muy inocente que fuere, en la cual se involucre un hombre negro, genera sospechas, alarma y a menudo pone en peligro la vida del mismo. Consideremos además que la tasa de ciudadanos negros en prisión supera en cinco veces la de los blancos. A pesar de ser solo el 13% de la población ellos constituyen el 40% del total de hombres encarcelados.
Vecindarios altamente pacíficos conviven con otros en donde la muerte violenta asola a sus habitantes, por lo regular pobres. Comunidades enteras de población negra, de latinos, musulmanes o asiáticos que sienten sus comunidades bajo creciente ocupación policiaca.
La sociedad estadounidense no ha sido capaz de atender a las causas profundas de la indignación y la cólera que consume a millones y que están detrás de las poderosas manifestaciones recientes contra la represión y el racismo. Ni los políticos ni las instituciones públicas han establecido programas de gobierno efectivos para atenuar al menos esas gruesas desigualdades, en definitiva producidas por el sistema capitalista imperante.
Por otra parte, lo que esa sociedad si ha generado con bastante efectividad es la división y la cooptación de muchas de las luchas y esfuerzos organizativos que se desarrollaban en esas comunidades.
La reemergencia de un “nuevo Jim Crow”, es decir, de un clima de segregación brutal, basada en el encarcelamiento masivo y los repetidos asesinatos policiacos de hombres negros desarmados, muestra que los viejos sistemas de control represivo se han incrementado en el presente, manteniendo siempre la línea divisoria del color de la piel.
Por contraste, los grupos blancos de odio, nacionalistas y racistas, así como sus ramas armadas paramilitares, proliferan y realizan acciones violentas, muchas veces son pasados por alto o incluso se desenvuelven en contubernio con autoridades en ciertas regiones. Muchas de las palabras y acciones del presidente Trump han parecido incentivar a tales agrupaciones.
Toda esa retórica demagógica, que llega a tener tintes fascistas y es un espejo de las políticas bélicas del país, anima a sectores desesperados a organizarse en milicias para librar cruzadas de diverso tipo. Es un ambiente propicio cuando más de 300 millones de armas de fuego, muchas de alto calibre, están en manos de la población, cuando una parte de los cientos de miles de veteranos de guerra conviven con sus frustraciones, rencores y traumas de sus experiencias bélicas.
En ese marco, en todo el país, actúan cientos y cientos de milicias derechistas armadas cuya ideología y motivaciones son una combinación de paranoia, temor y reclamo agresivo de sus derechos de portar armas de fuego, receptibilidad hacia elaboradas teorías conspirativas y actitudes de cólera antigubernamental extrema. Muchos denuncian que el gobierno del país ha sido subvertido por conspiradores y ha devenido ilegítimo, y por tanto se ven como patriotas al organizarse paramilitarmente, al confrontar a las autoridades y fomentar la guerra racial.
Un futuro urbano [y nacional] de creciente complejidad
Muchas autoridades, de consuno con los medios de difusión, siguieron criminalizando las protestas y a las agrupaciones progresistas, y llegan a tipificar acciones menores como crímenes violentos y hasta “terrorismo”.
Enarbolando supuestos intereses de ‘seguridad’, bajo la administración de Barack Obama (2009-2017) se inició el llamado programa para Contrarrestar el Extremismo Violento (CVE) que, de manera abierta, asemeja la represión contra los grupos radicales y del programa COINTELPRO de las décadas de 1960 y 1970, y que se sumó a las acciones desplegadas luego de la aprobación de la Ley Patriota en octubre 2001 y otras acciones.
En base a secciones de esa ley, agencias federales pueden incursionar más y más en ámbitos de la vida civil y personal. El FBI, por ejemplo, puede exigir información como registros telefónicos y en las computadoras, historial de las operaciones de créditos y bancarias, etc., sin requerir aprobación judicial y sin estar sometidos a controles acerca del uso que los federales le dan a esa información personal.
Frecuentemente se producen abusos y se trasgreden las leyes. Tal es el caso cuando se presta atención a controvertidas secciones de Foreign Intelligence Surveillance Act, de 1978, las cuales permiten conducir espionaje masivo sobre los estadounidenses que se comunican con el exterior. Recientemente la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) ha admitido haber coleccionado de forma impropia varios cientos de millones de llamadas telefónicas de ciudadanos estadounidenses.
Según William Robinson, especialista en estos temas, en su artículo Estado Policiaco Global de enero 2018, en la medida que la guerra y la represión estatal se privatizan, los intereses de una amplia gama de grupos capitalistas convergen alrededor de un clima político, social, e ideológico conductivo a la generación y el mantenimiento de los conflictos sociales.
Desde hace algún tiempo ha habido indicios de que el gobierno estaba previendo la posible ocurrencia de problemas y disturbios civiles serios.
Un video intitulado “El futuro urbano y su emergente complejidad”, creado por el Ejército estadounidense para ser utilizado en el entrenamiento de las fuerzas especiales, es revelador de la mentalidad y actitud en las entidades estatales respecto a la ciudadanía y a los llamados “problemas” ante los cuales el gobierno debe estar preparado para enfrentar a través del uso de la ley marcial.
Ya en 2008, un informe del Colegio de Defensa del Ejército expresaba que ante la posibilidad de una ola de violencia civil extendida dentro del país el establishment militar tenía previsto “reorientar sus prioridades en condiciones de exención para defender el orden doméstico y la seguridad de las personas”.
En sus 44 páginas el informe alertaba acerca de las causas potenciales de tales problemas que podrían incluir ataques terroristas, un colapso económico imprevisto, la pérdida del funcionamiento del orden legal y político, acciones de insurgencia doméstica intencionadas, emergencias de salud y otras. También se menciona la eventualidad de una situación de clamor generalizado de la ciudadanía que desate situaciones de peligro y que harían necesarios poderes adicionales para restablecer el orden.
En los últimos lustros el Estado estadounidense ha expandido radicalmente sus capacidades punitivas y de vigilancia. Para limitar las protestas, controlar la disidencia y la oposición popular, como parte del conocido accionar del FBI y los cuerpos locales de policía en anteriores decenios, el sistema utilizó métodos administrativos y legislativos, el espionaje y la infiltración encubierta, acciones de descrédito, arrestos “preventivos” masivos, ataques policiales incluso contra protestas pacíficas autorizadas, etcétera.
El presupuesto del FBI para financiar agentes encubiertos, buena parte de ellos dentro de organizaciones progresistas, subió de un millón de dólares en 1977 a varias decenas de millones hoy día.
“Es mucho, mijita”, dijo mi bisabuela Rosa Amelia mirando la tele.
La habíamos ido a buscar para llevarla a ver por TV, a casa de unos amigos, la llegada de los primeros humanos a la Luna. Era julio de 1969. (Crecí sin tele. Ahora, no imagino mi vida sin internet; la sola idea me descompone).
Así como a Rosa Amelia le parecía mucho ver a Neil Armstrong dar los primeros pasos en la Luna, mientras ella sujetaba su monóculo, me descomponen -por su enorme complejidad- las noticias de lo que la ingeniería genética está haciendo, en muchos laboratorios privados: modificar el ADN humano, implantar chips en el cerebro de una persona o en el de un animal.
Usando la tecnología CRIPSR/Cas9 investigadores ya han demostrado que pueden alterar el genoma humano y hace pocos días, Elon Musk -físico, emprendedor, inventor y magnate sudafricano, nacionalizado canadiense- con su empresa Neuralink presentó a Gertrude, una chanchita a la que pusieron implantes interfaz para conectan su cerebro, y el de otros dos cerditos, al de una computadora que puede “leer” sus sensaciones al ser acariciada en el hocico o al olfatear tipos de alimentos. La idea es que, en un futuro no lejano, sea posible poner implantes en seres humanos.
A su vez, en España, María López Valdés -matemática, doctora en Ingeniería Informática, CEO y cofundadora de Bit Brain Technologies- indica en videos y entrevistas (https://www.cuatro.com/blogs/hablemosdeempresa/maria-lopez-valdes-cofundadora-ceo-bitbrain-neurotecnologia-neurociencia_6_2655015006.html) que su empresa explora la neurociencia, campo que estudia los sistemas Nervioso Autónomo y Periférico. La especialidad de BitBrain es colocar sensores no invasivos en el cuerpo humano para medir las reacciones fisiológicas. Algo parecido a lo que ya hace Fitbit, aparato que monitoriza la actividad, el ejercicio, los alimentos, el peso y más, para obtener información en tiempo real sobre el día y la noche de las personas, sincronizando estadísticas de forma inalámbrica y automática con el teléfono o computador. López dice que “la neurociencia ha demostrado que ante cualquier estímulo, el cuerpo cambia (…) cambia el cerebro que, al final, es lo que lo mueve todo y esos cambios son inconscientes, incontrolables. Lo bueno es que se puede medir (…) puedes colocar sensores y, con algoritmos muy complejos, saber qué siente la persona, qué está memorizando y qué no”. Es decir, adiós a la privacidad más íntima.
Por más de una década, he seguido a Dean Radin, uno de los primeros en estudiar en laboratorio, en el Institute of Noetic Science, los fenómenos paranormales. Y, por sobre todo, el gran misterio que es la conciencia. Pero, en agosto pasado, quedé atónita cuando vi en su página personal de Facebook un post indicando que ahora es presidente del directorio de Cognigenics, empresa/laboratorio privado que, mediante la ingeniería genética, puede manipular el ADN humano para -supuestamente- eliminar enfermedades mentales como el Alzheimer. Lo desconcertante es que él siempre había hecho hincapié en la capacidad del ser humano de autosanarse, gracias a lo que la mente puede hacer sobre la materia.
Hemos llegado a ese punto, no es ciencia ficción. Todas las noticias internacionales al respecto hacen imprescindible considerar unos derechos nuevos: los neuroderechos.
En mayo de 2019 estuvo en Chile el neurocientífico español Rafael Yuste, académico de la Universidad de Columbia, Nueva York, y líder del Proyecto Brain (https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/01/20/rafael-yuste-y-el-hackeo-cerebral-todos-tenemos-derecho-a-la-neuroproteccion-de-lo-contrario-podrian-leer-nuestras-mentes/), que cuenta con la firma de 25 de los neurocientíficos más importantes del mundo, quienes buscan mapear el cerebro humano para ayudar en la recuperación de ciertas enfermedades, a la vez que regular el uso de esta disciplina, para evitar que éticamente se vaya de las manos. El dejó sembrada la iniciativa para que Chile sea país piloto en la discusión a nivel mundial, reconociendo a la protección y la privacidad mental en nuestra nueva Carta Constitucional.
Enfrentados al “Apruebo/Rechazo” y al proceso siguiente, tenemos la oportunidad de ser de los primeros países en el planeta, si no el primero, que consagre como un Derecho Humanola privacidad de nuestros pensamientos dentro de su Constitución. Pero, como ciudadanos/as, ¿sabemos algo de esto? Lo de la ingeniería genética es un temazo en desarrollo pseudosilencioso, pero más aún en Chile, donde poco y nada se habla de Ciencia y menos de la ética en la Ciencia.
Las preguntas que subyacen a la frase “aplicar la neurotecnología en seres humanos con fines altruistas” son ¿cómo definir ese término en un tiempo de desconfianzas tan enormes?, ¿cómo tendremos certeza en tiempos de tanta incertidumbre?
Suman las interrogantes: modificar el ADN humano, implantar un chip en el cerebro de una persona o en el de un animal ¿cómo se decide?, ¿quién o quiénes autorizan?, ¿dónde está el límite de lo ético?, ¿por qué el dinero de privados permite estos avances y patentarlos como propiedad privada? Lo mismo puede decirse con respecto a las vacunas, a poner satélites que vigilan nuestras conversaciones o al apuro por volver a la Luna o colonizar Marte, ¿cómo se decide? Ya es comentario en medios extranjeros cómo la minería en el espacio será repartida entre corporaciones en sociedad con otras corporaciones, más que entre naciones.
No quiero ser malentendida dando la impresión de que me opongo a los avances de la tecnología. No me imagino mi vida sin internet, con todo lo que implica. No tengo ningún problema con implantes dentales, brazos o piernas robóticas (de hecho, ya se hacen maravillas al respecto. ¿Han visto lo que se puede hacer con impresoras 3D? ¿Paneles solares conectados a la energía que producen las plantas?…¡Joder!…¡Maravillas!
Pero, ¿por qué nos parece más sensato modificar el ADN humano, en vez de hacer el esfuerzo de cambiar nuestro comportamiento, nuestras formas de vida?
Se sabe que desde los tiempos de la antigua Persia, hoy Irán, la trashumante etnia y tribu Bahktiari caminaba desde el valle de Isfahán hasta las montañas de Zard-Kuh, a casi 3000 metros de altura, descalzos y con muy poca ropa, sin sufrir congelamiento; en 2005, Amanda Dennison entró al Guinness Record al caminar, algo así como 70 metros, sobre carbones incandescentes, sin sufrir quemaduras; el holandés Wim Hof, Iceman, gracias a su método de respiración, escaló el Everest en shorts y corrió una maratón en el desierto de Namibia sin deshidratarse.
Existe evidencia médica de que lo anterior es posible con control mental y de que todos podemos hacerlo. Así lo afirma el biólogo celular estadounidense Bruce Lipton, quien planea que las creencias pueden modificar los genes y el ADN de las personas: “¿y si en vez de invertir tanto dinero en buscar un gen tan elusivo para sanar el cáncer y los dañinos efectos, mal llamados secundarios de las terapias actuales, invertimos gran energía en investigar el fenómeno de las remisiones espontáneas y no invasivas del efecto placebo? Pero debido a que las compañías farmacéuticas no han encontrado una forma de empaquetar o fijar un precio a la curación mediada por placebo, no tienen ninguna motivación para estudiar este mecanismo de curación innato”.
La Ciencia puede ser el gran motor del progreso, pero qué sucede si está al servicio de un proyecto político de elite? ¿Dónde está el límite? ¿Cuál es la intención moral? La existencia de tecnología que permita modificar el ADN humano no es mala en sí, ¿pero con qué intención se quiere hacer?, ¿qué garantías de acatamiento da el acuerdo de Unesco al respecto?, ¿quiénes vigilan que se cumpla esa declaración universal sobre el genoma y los Derechos Humanos?
Hay una muy evidente relación endogámica entre la acumulación del dinero y los dueños de las grandes transnacionales. Han creado una elite arrogante, vanidosa y un tanto idiota, también. Mientras hablamos de Asambleas Constituyentes, de reformar leyes, de inclusión… la elite dueña de todo, esa que ve el espacio, el mundo, el país y su gente como si fueran de su propiedad, no considera que sus acciones traen una forma de degeneración, ni se les ocurre reflexionar sobre la imaginación moral, tan ocupados en su propia mínima subsistencia.
Chile es muy Macondiano. No vaya a ser que esa endogamia ciega haga que, como diría García Márquez, por necedad, queden y mueran solos como la familia Buendía, y acaben pariendo bebes con colita de cerdo.
Voluntarios y staff de distintas oficinas de Greenpeace en el mundo se suman y apoyan campaña Suelta el Agua de Chile, la cual busca mostrar y denunciar las consecuencias de la grave crisis hídrica que enfrenta hoy Chile, situación agravada en medio de la pandemia. Sin suministro permanente de agua y con distribución a través de camiones aljibes, miles de chilenos han debido enfrentar el avance del coronavirus con una alarmante escasez de agua y apenas 50 litros de agua al día por persona.
Alertados por la situación de crisis hídrica del país y la respuesta del gobierno, desde España, Bélgica, Nueva Zelanda, Polonia, Francia y Luxemburgo piden al presidente Piñera que tome medidas para asegurar la entrega y disponibilidad de agua a la población. “El mundo y organismos internacionales como la ONU ven cómo Chile se seca y critican la debilidad de las medidas que ha tomado la autoridad”, dice Matías Asun, director nacional de Greenpeace.
Preocupados por la gravedad de la crisis hídrica que enfrenta Chile, activistas de distintos países del mundo -entre ellos Bélgica, Nueva Zelanda, Francia, Luxemburgo y Polonia- se sumaron a la campaña “Suelta el Agua”, iniciativa liderada por Greenpeace que busca alertar respecto de la compleja situación de falta de agua que enfrenta el país y que ubicó a Chile como el número 18 entre las naciones del mundo con mayor estrés hídrico.
“Hay una creciente preocupación internacional por la crisis de agua que hoy afecta al país, situación que lejos de verse solo como consecuencia del cambio climático y la megasequía, es vista como expresión de un grave problema de gestión que favorece la apropiación y aprovechamiento de la poca agua disponible para fines productivos, desplazando a un segundo lugar el consumo humano”, dijo Matías Asun, director nacional de Greenpeace.
En este contexto, incluso la ONU ha sido especialmente dura al señalar que el gobierno chileno “no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud. El gobierno tiene la obligación de garantizar un abastecimiento de agua suficiente para toda la gente”.
La situación planteada por el organismo internacional hace referencia a proyectos como Alto Maipo y resalta de manera especial la grave situación en amplias zonas de la Región de Valparaíso, en donde la combinación de la producción de paltas y minería -liderada por el yacimiento de la multinacional Anglo American en la zona de El Melón-, han derivado no solo es una alarmante falta de agua, sino en una disputa político-judicial en donde el gobierno insiste en entregar solo 50 litros diarios a los habitantes de la zona.
“Fuera de Chile no se entiende que el agua pueda convertirse en un bien privado y transable. En ninguna parte del mundo existe ese modelo de apropiación sobre el agua. Por eso es que Chile está siendo creciente foco de atención por la crisis hídrica que enfrenta y por la capacidad política que tendremos de poder proteger en una nueva Constitución un bien común que ha terminado por convertirse en un elemento estratégico para el país”, explicó el director de Greenpeace.
Una mezcla de esperanza, ansiedad, temor invade hoy a los chilenos y chilenas cuando faltan pocos días para el plebiscito que permitirá abrir paso a una Nueva Constitución después de 40 años de esclavitud con la ilegítima en que nos encerró la dictadura.
Pero hay quienes vivimos un momento similar, o peor, hace treinta y dos años: al enfrentarnos al plebiscito del 5 de octubre de 1988. Cuando había que votar “SI” si se quería continuar engrillados o “No”, si queríamos liberarnos sepultando la dictadura para abrir el camino hacia la democracia. Y sin ninguna garantía de una elección limpia.
El dilema estaba clarísimo, más claro que ahora: botar al dictador y despejar el camino a una verdadera democracia. Pero entonces teníamos menos herramientas y mucho miedo, porque corríamos un mayor riesgo: el de perder la libertad o la vida por oponernos al tirano. Entonces, no teníamos ninguna certeza de ganar, pero sí esperanzas y el sentimiento de que, después de años de protestas en las calles y caceroleos en la oscuridad de la noche, la mayoría de los chilenos votaría NO. Pero si ganábamos, ¿lo reconocerían los jerarcas militares? Incertidumbre. Había que asegurar el reconocimiento del triunfo. O por lo menos, intentarlo, como dicen sus ejecutores.
Entonces se creó el instrumento con el cual creímos poder defendernos.
La hazaña del conteo paralelo
El Comando del No, nacido en la alianza de toda la oposición, además de una brillante campaña en los medios que hizo historia (y hasta una película, “No”, que ha dado la vuelta al mundo), creó un sistema paralelo de conteo de los votos del Plebiscito, usando la tecnología disponible en ese tiempo: un procesador importado para la central y el fax.
Aún no había llegado la Gran Red, la Internet, y los procesadores computacionales eran muy pocos y estaban solo en manos de especialistas.
Quien lideró desde las sombras este aparato de control social fue el economista Gonzalo Martner, del Grupo de Investigaciones Agrarias, GIA, una de las ONG que junto a otras tantas instituciones colaboraron en el proceso a lo largo y ancho del país. Se organizó a 50 mil voluntarios que lo dieron todo ese día por salvaguardar los resultados genuinos del plebiscito.
Se armó un Comité Técnico Unitario por las Elecciones Libres (tras vencer la desconfianza de algunos por las urnas), encabezado por Genaro Arriagada. La dirigencia política detrás de él la integraban Patricio Aylwin, Enrique Silva Cimma, Ricardo Lagos, Luis Maira y Tomás Hirsch.
“Un día a fines de 1987 -recuerda Martner -, saliendo de su oficina en la Editorial Aconcagua, Genaro Arriagada me dice: “tienes que hacerte cargo del control de la votación”. Yo era del Partido Socialista que encabezaba Núñez en ese tiempo y tenía 30 años, es decir, nunca había votado (no cumplía con la edad para la elección última, la de Allende, en 1970) Pero estaba en el equipo que había trabajado el tema y no podía negarme. Había que intentarlo”.
Con una ayuda inicial de una consultora norteamericana, un equipo de siete ingenieros chilenos, más otros profesionales como Raimundo Beca, Jorge Navarrete y Patricio Meller para el análisis de datos, se diseñó la improbable tarea de montar un aparato de la oposición para el recuento de los votos del Plebiscito y así controlar el posible fraude.
Hubo que armar una red de vigilancia de cientos de voluntarios repartidos en las 22 mil mesas de sufragio del país. O al menos, una muestra representativa de todas ellas. Las opciones eran pocas: sólo podían ser Apoderados de Mesa los representantes de los Partidos Políticos registrados ya en el Servicio Electoral reformulado por la dictadura. Hasta ese momento hubo tres que acreditaron apoderados: el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el naciente Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Humanista. Los otros voluntarios éramos simples “observadores”, que cumplíamos desde las sombras también la función de vigilar que la votación en cada local fuera intachable.
“Esa mañana del 5 de octubre nos levantamos aún oscuro para ir a votar a donde nos correspondía y así, quedar listos para emprender la tarea de vigilancia – dice la periodista Verónica Martínez, ex presidenta del Círculo de Periodistas de Santiago -. Yo trabajaba en el GIA y como lo nuestro eran los campesinos, nos asignaron zonas rurales. A mí me tocó ir a un local en Talagante, a un colegio de curas. Nos ensayamos una semana antes, yendo a reconocer el lugar. El día de la votación, me encuentro con que allí votaba la Alcaldesa de Talagante designada por la dictadura, lo que aumentó el temor que ya sentíamos”.
“Recuerdo el momento máximo de nerviosismo en que anotaba frenéticamente los resultados de las distintas mesas. Y luego, al volver a Santiago, la gran tensión de las calles desiertas con la gente esperando el resultado dentro de sus casas”.
Vocal de mesa
Pero la oposición contó, sin planificarlo, con Vocales de Mesa que también vigilarían que el proceso se desarrollara sin trampas. Pero nadie lo sabía. Ser de oposición era secreto ese día. Tal fue el caso de Elena Osorio, 46 entonces, profesora de Educación Básica:
“Las mesas habían sido designadas antes, en un evento anterior (la Consulta para aprobar la Constitución del 80), pero se abrió un debate público y se obligó a realizar una elección nueva por sorteo, dentro del recientemente creado Registro Electoral (el anterior había sido destruido durante el Golpe). Rogué a Dios que pudiera quedar de vocal… ¡y quedé! Me destinaron a una escuela en Lo Prado. Me presenté a una oficina del Comando del No para que me instruyeran.
“La semana anterior nos fuimos a constituir en el local las 5 mujeres vocales. Una de ellas se sienta sobre una mesa y dice “¡Yo quiero ser presidenta!” Con voz firme le dije que yo también quería y que se bajara porque íbamos a hacer una votación. “¿Y cómo?”, dijo sorprendida. Yo iba preparada: saqué de mi cartera lápices y papeles. Votamos las cinco y salí electa Presidenta de Mesa.
“Al atardecer – prosigue -, cuando ya estábamos en el conteo de los votos de la urna, se produce un apagón de luz. Pero también iba preparada para eso. Saqué de la cartera cuatro velas que encendimos y colocamos una en cada esquina de la mesa. Se acercó un milico y movió la cabeza diciendo: “Esto está peligroso…” Yo le respondí con firmeza: “Aquí estoy cumpliendo con el mandato de la ley y vamos a continuar hasta terminar nuestro cometido”. Y así fue”.
Elena cuenta que en su mesa ganó el No, y en casi todas las de local de votación, porque era una comuna pobre, de chilenas y chilenos de bajos recursos. Regresó a casa en taxi por calles oscuras y silenciosas. Allí se encontró con barricadas quemando neumáticos. ¡El pueblo defendiendo las urnas!
Datos por fax
Según el experto Gonzalo Martner, “el engranaje funcionaba así: los presidentes de mesa debían anotar el resultado de su mesa en un formulario con copias de respaldo que habíamos distribuido en los mil recintos de votación. Una de las copias debía ser entregada ipso facto al encargado de recinto del Comando del No, quien anotaba el resultado en una planilla que registraba unas 25 mesas. Una vez completada, la planilla partía –a través de los cientos de mensajeros que se movilizaban a pie, en bicicleta, en auto o en lo que fuera- a alguno de los 24 centros de acopio de Arica a Punta Arenas formados tras meses de trabajo y en los que se encontraba un fax.
“El computador central – explica Martner – estaba conectado a una docena de entradas en las que un grupo de expertos digitadores –que trabajaban en bancos y que habían sido reunidos para esa noche por Enrique Dávila- ingresaban los datos mesa a mesa que el software procesaba, lo que hicieron con gran profesionalismo y celeridad cuando llegó el momento.
“Esta tecnología recién disponible — agrega — la habíamos importado directamente desde Estados Unidos y era robusta para transmitir datos incluso con líneas telefónicas de mala calidad. Las planillas eran enviadas desde los fax en el territorios a los fax receptores que se encontraban en alguno de los cuatro centros de acopio en Santiago y de ahí en auto al tercer piso de calle Lastarria.
Tanto apoderados como observadores debían entregar los resultados de su mesa al encargado de recinto del Comando del No, quien los anotaba en una planilla con los datos de unas 25 mesas por local. Esta planilla salía del recinto “a través de cientos de mensajeros – agrega Martner – que se movilizaban a pie, en bicicleta, en auto o en lo que fuera, a alguno de los 24 Centros de Acopio que había de Arica a Punta Arenas, que habíamos formado meses antes, y en los cuales había un fax”.
Recuerda Cecilia Leiva, ingeniera agrónoma, entonces Directora del Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA).“El GIA fue una de las Ong que colaboró en la toma de resultados de mesa en las votaciones de ese día, que luego se digitaban y procesaban en nuestras oficinas, donde ese día trabajábamos clandestinamente. Estábamos muy preparado para esta tarea porque como hacíamos investigación en el agro, teníamos buenas digitadoras y también técnicos en computación que procesaban los datos. Fuimos pioneros en introducir la computación en el trabajo, a mediados de los 80. Gonzalo Martner era uno de nuestros profesionales.”
“Una de mis tareas ese día – recuerda Cecilia Leiva – era ir a buscar planillas a unas escuelas que me asignaron y llevarlas de vuelta al GIA para que las registraran y procesaran. Luego que teníamos todo procesado lo llevábamos a una casa misteriosa que quedaba en Seminario con Irarrázaval si mal no recuerdo. Y de allí se llevaba al centro principal”.
Tropiezos en Lastarria
El equipo central funcionaba en las oficinas del Comando del No, en Lastarria con Alameda. En la víspera del Plebiscito se hizo un ensayo con los equipos. Gonzalo Martner cuenta que tuvieron dos accidentes: uno, la noche anterior, se produjo un apagón (lo cual era corriente en esos tiempos de lucha) y tampoco les funcionó el sistema de respaldo de energía eléctrica que tenían previsto. Previendo problemas, se había coordinado con el Colegio de Contadores un equipo humano que “con velas y papel, además de máquinas de calcular manuales, llevarían un recuento de respaldo que el 5 de octubre funcionó muy bien.”
“La segunda emoción fuerte – recuerda Martner – fue (el día 5) cuando a la 17 horas, al encenderse el computador (de marca Tower), se inutilizó parcialmente por una chispa provocada por la electricidad estática. Era una catástrofe. Nuestra pieza clave no podría funcionar…”
De inmediato, Jorge Navarrete que estaba presente, “accedió a mi petición de dirigirse con su vehículo al proveedor con quien habíamos importado el equipo” y “milagro, tenía un segundo computador similar disponible!”
El dictador desconoce triunfo
Un nuevo momento de gran tensión se produjo en calle Lastarria cuando se percatan que a eso de las 20 horas del día 5, habían llegado muy pocos datos. ¿Qué pasaba? A las 19.30 de ese día el Subsecretario del Interior Alberto Cardemil había anunciado oficialmente los primeros resultados favorables al “SI” con 72 mesas escrutadas. Y luego, quienes debían llevar las planillas recolectadas por fax, con los datos desde los centros de acopio del conteo del Comando del No, no lograban pasar el cerco militar y policial que se había apostado en la perfieria del centro de Santiago.
“En mi desesperación – cuenta Martner — escuché que el Coronel Sobarzo, de Fuerzas Especiales de Carabineros estaba en la Alameda con Lastarria. En un acto bastante absurdo, decidí bajar a la calle a hablar con él. Se produjo un intercambio ridículo de mi parte: “a nombre del Comando por el No le solicito que deje pasar a las personas que se identifiquen como nuestros mensajeros para poder completar la recolección de datos de la votación”. Me miró y me dijo: “Mire, mejor dejemos las cosas hasta ahí no más”. A buen entendedor…y me devolví mascullando mi impotencia”.
Se instruyó a los encargados de acarreo de planillas que hicieran todo lo posible y pasaran como pudieran entre los uniformados.
“Al cabo de un rato, en una imagen difícil de olvidar, — continúa — veo subir a Guillermo Díaz,con la respiración cortada, por la escalera de la sede. Sacó de su espalda, donde lo había escondido, el primer fajo de papel fax con los datos. Venía pálido y nos contó que no le había sido fácil pasar por las calles oscuras en medio de las patrullas…Pero la información empezó a fluir, los digitadores a ingresar raudamente la información y a obtener nuestras primeras estimaciones”.
Lo demás, es historia: con más de 100 mil votos escrutados, estábamos ganando: 59 por el No, contra 41 por el Sí (el resultado final fue 56/44). A las 21 horas, Genaro Arriagada dio a conocer nuestros resultados del cómputo paralelo… y a las 22 horas, el gobierno del Dictador aún informaba que ganaba el Si. A las 23 hrs. Arriagada divulga un nuevo cómputo confirmando que gana el No. A la medianoche, Sergio Onofre Jarpa, presidente de Renovación Nacional entonces, reconoció la derrota del SI en Canal 13 y a la 1 de la madrugada, el General Matthei hace otro tanto al entrar a La Moneda.
Sólo una hora más tarde, el Subsecretario del Interior Alberto Cardemil reconoció el triunfo del NO.
Concluye Gonzalo Martner, artífice, director de orquesta de esta obra sinfónica:
“El 5 de octubre fue obra de las decenas de miles de apoderados o simples testigos que vigilaron tenazmente que los votos fueran contados correctamente. De los miles que anotaron el resultado de cada mesa en las boletas distribuidas de Arica a Punta Arenas por el Comando del NO, en un gigantesco esfuerzo militante en base a voluntad y tesón. De los que transcribían los resultados a las planillas de alguno de los mil recintos de votación. De los que las trasladaban físicamente, los “chasquis”, a los 24 centros de acopio instalados en toda nuestra loca geografía. De los que las transmitían por fax, no sin dificultades técnicas variadas, a los cuatro centros ocultos montados en Santiago. De los que recibían y de los que trasladaban las copias físicamente a la sede central de la Alameda. De los que las digitaban en los computadores y de los que sumaban las copias a mano en el procedimiento de respaldo. De los que informaban, hacia Chile y hacia afuera. De los que apoyaban desde el exterior. De los que organizaban todo esto, en diversidad y trabajo conjunto. De los que dirigían y actuaban para que el triunfo fuera reconocido, para lo cual se había organizado durante casi un año el recuento voto a voto, mesa a mesa. Fue una gesta colectiva…”.
Verónica Martínez, observadora en el Plebiscito del 88, con José Miguel Varas y el dirigente periodista Juan Ibáñez.
Elena Osorio, vocal de mesa en Plebiscito 88.
Gonzalo Martner, economista del GIA que dirigió el equipo del conteo paralelo.
Su carrera cómo dirigente político se inició cuando tenía 16 años, momento en el que militó en la clandestinidad en la Juventud Socialista de Chile para luchar contra la dictadura. Hoy en su rol como alcalde de San Bernardo, Leo Cádiz también enfrenta difíciles desafíos como afrontar los altos niveles de cesantía, pobreza y hacinamiento de la comuna de la zona sur de la Región Metropolitana.
Este año debido a la renuncia de la ex Alcaldesa Nora Cuevas y su enroque con Jaime Bellolio, quien de ser diputado pasó a ser vocero de gobierno, Leonel Cádiz fue elegido alcalde por el Concejo Municipal de San Bernardo.
Página 19 conversó con el alcalde Cádiz sobre el próximo proceso constituyente y el territorio.
-¿Por qué considera que es importante cambiar la Constitución del 80?
Hemos sentido este interés de cambiar la Constitución a través de décadas, las personas, las familias y la sociedad han querido salir de este daño. Sin embargo, se ha postergado debido a su dificultad porque no es tan simple. Hoy tenemos una oportunidad que se ganó a través de una significativa lucha y la interpelación de jóvenes y de varias generaciones que vimos salir a las calles a partir de las movilizaciones que iniciaron el 18 de octubre del año pasado.
Me sumo a este sentimiento social que tuvo la capacidad de interpelar al país exigiendo el cambio de un contrato social, reproduciendo la Constitución desde su nacimiento.
-¿Por qué consideraría que una Convención Constitucional sería el mejor camino para una Nueva Constitución?
En este sentido nos quedamos con gusto a poco porque queríamos construir una gran Constituyente. No obstante, yo voy por la Convención Constitucional en la que todos los actores de oposición debemos avanzar en temas como la protección al medioambiente, el tipo de extracción de nuestros recursos naturales y en una pedagogía política. Lamentablemente los acontecimientos de la pandemia han puesto el tema de la educación política en segundo plano, tarea que es necesario realizar y para ello aún tenemos tiempo y vamos a lograrla de todas maneras. Nuestro espíritu libertario le va a hacer bien a Chile, vamos a realizar lo necesario para cambiar el país.
-¿Cuáles son los cambios que obtendríamos de una Constitución redactada en Democracia?
Los cambios que buscamos son largos de definir. Por ejemplo, debemos recuperar la educación pública y la salud. Necesitamos cambios profundos en materias medioambientales, hay que cambiar la forma de cómo entendemos la extracción de nuestros recursos naturales, si no lo hacemos, entonces no vamos a cambiar el actual modelo de desarrollo extractivista y exportador.
-Pensando en el territorio ¿Qué aspectos de su comuna mejorarían con una nueva Constitución?
Me llama la atención que la ciudad no sea un tema que esté en la primera plana de la agenda política. Las fuerzas políticas defienden temas que son muy importantes pero se olvidan de la ciudad, lugar que es el medio humano por excelencia, pero no es tema.
En San Bernardo estamos muy por encima del promedio en desempleo, hacinamiento, situaciones estructurales; aquí salimos de la cuarentena por la pandemia del coronavirus y algunas y algunos sanbernardinos salieron a vender a las calles. Hay grandes problemas que podrían cambiar respecto a la calidad de vida de la gente, tenemos una deuda con los comerciantes de las ferias libres, con el manejo ambiental, entre otras cosas. Hay un gran desafío que como centro-izquierda debemos abordar en los territorios.
Orlando Lübbert puso la dirección y el guión de “Taxi para tres” (2001), pero la memorable frase en voz del actor Daniel Muñoz (Chavelo) nos hizo la década. La propuesta, volante o maleta, resumió lo que millones de chilenas y chilenos aprendemos como aventura de subsistencia económica. Siempre quedamos plantados al borde de ese límite tan delgado, respecto de la decencia y la moralidad. En la película, Ulises el taxista (Alejandro Trejos) es asaltado y tiene que optar, sin chistar y guardando silencio eterno, si se va a la maleta del taxi y entrega su auto al delincuente -la subsistencia, su familia, su país, su Ítaca- o bien, agarra el volante y juega el juego que los acontecimientos le exigen.
Es cierto, más allá de las disconformidades del proceso constituyente y de las decisiones que va tomando Ulises, el taxista, al volante, por primera vez en su historia el pueblo de Chile está a un mes de agarrar el control para organizar y distribuir el poder de nuestra sociedad. Pasamos a ser protagonistas con derecho para votar y discutir también las condiciones del modelo nacional que nos regirá. Una Constitución política hace eso, es la norma que nos constituye y nos organiza. Es la Ley de todas las leyes con sus principios, deberes y derechos.
En América Latina, solamente el pueblo panameño y el nuestro, no ha podido realizar ese ejercicio de participación definitiva. Ambos países tenemos Constituciones políticas que han sido producto de lo que suele denominarse una “Comisión Designada”. Mientras que Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, México, Paraguay, Colombia, entre otros, realizaron sus procesos de Asamblea o Convención Constituyente y otros como Uruguay, Brasil, Perú o Nicaragua tuvieron su Congreso Constituyente, donde los Legisladores fueron mandatados para redactar la Constitución. Sabemos, en todo caso, que la “Comisión Designada” a la chilena es un eufemismo de fraude.
Consultada por Página19, sobre el contexto en el que se gestó la de 1980, la abogada, doctora en Ciencias Políticas y Sociales (UC Lovaina, Bélgica), profesora de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza Suárez, no duda en señalar que efectivamente la Constitución actual fue producto de un fraude. “Se realizó en un momento en que no había garantías constitucionales, partidos políticos, registros electorales, no había libertades ni Estado de derecho”.
La experta plantea que incluso se utilizó el conflicto armado con Argentina, el año 78, cuando estuvimos casi en una guerra, donde se fueron mezclando los contextos y la Constitución fue de alguna manera legitimada en la práctica, durante la Transición, por el modelo adoptado en Chile y “con el número de reformas constitucionales, sobre todo las más amplias que se hicieron el ’89 antes de las primeras elecciones democráticas tras el Plebiscito del ´88 cuando gana el NO y la del 2005 que fue una gran reforma constitucional, la Constitución jurídicamente fue legitimada en cuanto a su aplicación, pero eso no quita que su origen fue producto de un fraude electoral, donde votaron hasta los muertos”, recordando que en 1980 se utilizaron registros totalmente fuera de norma, incluso con nombres de personas fallecidas.
Ensayos constitucionales
La fórmula autoritaria, hay que reconocerlo, no es exclusiva de Pinochet ni de su Comisión Ortúzar tampoco es logro de Jaime Guzmán, sino que ha sido el arma de nuestros caudillos, gobernantes y políticos por más de 200 años.
Cual más cual menos, los historiadores chilenos dan cuenta de las convulsiones y crisis vividas previo a cada nueva Constitución.
De las diez ocasiones en que esta se ha modificado, solo en tres de ellas (1811, 1823,1828) hubo Congreso Constituyente, mientras que en las siete restantes, nos situamos frente a Comisiones Designadas (1812, 1814, 1818, 1922, 1833, 1925, 1980).
Posterior a las guerras de Independencia, destacables son los llamados ensayos constitucionales que tienen lugar bajo el mandato del general Ramón Freire quien sucede a O’Higgins en el poder, buscando un orden jurídico y constitucional para la República.
El proceso que se nos enseña en la escuela como un período anárquico, en rigor, permite la promulgación de 3 Constituciones que, según textos y relatos del historiador de la Universidad de Chile, Gonzalo Peralta, podrían leerse como 3 versiones que se suceden. Son construcciones paulatinas, parte de un proceso de modificación y no del caos ni de la reconstrucción institucional. Hay una búsqueda democrática y participativa, obviamente en las condiciones de una sociedad sin experiencia republicana, según el historiador.
La primera sería la Constitución de 1823, obra de Juan Egaña, jurista, literato y político conservador. De difícil aplicación por su carácter moralista, es finalmente derogada. Se instala posteriormente un largo debate en el Congreso Nacional, hasta que el año 1826 se dicta el Ensayo Federal que divide el territorio de la República en ocho provincias con sus respectivas asambleas provinciales e intendentes, electos por votación popular. Este nuevo ensayo institucional, impulsado por José Miguel Infante, abogado, político y periodista, diputado del Primer Congreso Nacional y reconocido independentista decanta en un Congreso Constituyente encargado de plasmar la nueva Constitución liberal, redactada por Mora (jurista español) el año 1828 que, a juicio del historiador Gonzalo Peralta, es la culminación de un gran proceso, participativo y funcional, con gran apoyo ciudadano. Un proceso de anarquía tremendamente exitoso.
Y precisamente, en la promulgación de la Constitución del ’28, cuando debe ser sancionada mediante voto, el grupo conservador del Congreso se resta, porque se ve derrotado, mientras que quienes la celebran y los que más votan son los habitantes de las ciudades y la juventud. En diversos textos, la élite comienza a señalar a los “hombres nuevos” que llegan al poder.
Se instala entonces la lucha política de los grupos conservadores de Santiago y Valparaíso, por el dominio económico. Las industrias locales son destruidas por la orientación al comercio exterior que promueven “los pelucones” o conservadores de la época, con Portales a la cabeza, que era precisamente comerciante y no político. Coincidentemente, su fracaso comercial en el llamado “estanco” o monopolio de tabaco, licor y otros productos se produce precisamente el año de promulgación de la Constitución liberal de 1928. Diego Portales, entonces, culpa al supuesto caos y anarquía estatal de sus pérdidas económicas, es más, en una de sus cartas con su habitual lenguaje desbordado, sugiere que, si ha entrado en política “y tomé un palo para dar tranquilidad al país, fue sólo para que los jodidos y las putas de Santiago me dejaran trabajar en paz. Huevones y putas son los que joden al Gobierno y son ellos los que ponen piedras al buen camino de éste”. (Carta de Diego Portales a Antonio Garfias, 10 de diciembre de 1831)
Las condiciones políticas para lucrar llegaron, de alguna manera, con el peso de la noche de Portales y otros comerciantes que financian la guerra civil en Chile o revolución conservadora de 1829-30. El golpe de Estado estuvo comandado por el llamado ejército mercenario de José Joaquín Prieto y Manuel Bulnes.
Fusilar, exiliar, relegar o el autoritarismo constitucional
El orden político trastocado en criterios mercantilistas, dejó miles de muertos a lo largo de nuestra historia, con más de 20 masacres a manos de ejércitos mercenarios, según ha sostenido el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar. Además, nos quedó instalada la idea liberalista de que el pueblo chileno no está preparado para la participación y la democracia.
El vencedor Prieto, finalmente, convoca a una Comisión Constituyente que redacta la nueva Constitución de 1833, que se caracteriza por entregar al presidente de la República máximo poder, por lo que se la conoce popularmente como autoritaria. Autoritarismo que puso fin a las revoluciones y disturbios y estableció el voto censitario. Es decir, solo podían votar los varones mayores de edad, los hombres casados mayores de 21 años y a los solteros de más de 25 años que, sabiendo leer y escribir, tuviesen una determinada renta o patrimonio material. El ejercicio del sufragio quedaba restringido a los grupos más altos de la sociedad y era censitario, porque para validar dichas posesiones de propiedad o dinero, se hacía un censo.
Coincidentemente con lo ocurrido a partir de la Constitución de 1980 que hoy nos rige, la legitimidad del sistema instaurado el año 1833, se instala y promulga producto de la violencia militar y de una guerra civil, además la redactan una decena de privilegiados, por lo tanto solamente es posible mantenerla a sangre y fuego a pesar de las demandas de un pueblo sin instancias de participación democrática ni representación por más de 30 años, incluida la figura del Estado de excepción que se utiliza contra los grupos políticos como la Sociedad de la igualdad y el Club de La Reforma que surgen posterior a 1840 como una alianza intelectual-obrero-estudiantil, con la figura destacada de Francisco Bilbao y que son eliminadas vía Estado de excepción porque deseaban reformar la Constitución del ‘33.
Constitución que cerró totalmente la participación política, mientras el llamado pueblo seguía a la espera de ser considerado y convocado. Exclusión que comienza a expresarse con manifestaciones, revueltas, violencia, relegamiento y muertes entre los años 1851 y 1859. Ese deseo de participación del poder popular, siempre al margen, seguía acumulándose. Y que a juicio de la doctora en Derecho (Universidad Carlos III de Madrid) y profesora titular del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile, Yanira Zúñiga Añazco, corresponde a la dimensión elitista de la democracia que, es algo que se da en Chile y prácticamente en todo el mundo.
“La idea del pueblo, dice, desde el punto de vista de los textos constitucionales, ha sido la mayor parte de las veces una ficción para legitimar la toma de decisiones políticas por parte de algunas personas, más que una realidad sociológica. Es cierto que, en la historia constitucional chilena reciente, a propósito de la instalación de la Constitución del ´80 y debido a la doctrina impulsada por Jaime Guzmán, ese elitismo adquirió la forma de lo que se ha dado en denominar una «democracia protegida», es decir un modelo con alta resistencia al componente popular y con elementos autoritarios. De hecho, creo que es discutible que a esa última visión se le pueda llamar, en rigor, una forma de democracia”.
En su crítica, la profesora Zúñiga, defiende la dimensión popular de la democracia en tanto garantía de legitimidad y de gobernabilidad. No obstante, según expresa “la historia nos muestra que hay que desconfiar de quienes invocan una especie de conexión directa con el pueblo (Trump o Bolsonaro, por dar un par de ejemplos) y de esas visiones que asumen que el pueblo es un conjunto o grupo social homogéneo, sin tensiones internas. Estas últimas visiones, a menudo, buscan suprimir o desatender la pluralidad social. El valor de los mecanismos de mediación y de negociación de la política formal reside, justamente, en que bien llevados pueden diluir esas tensiones sociales, logrando encuentros, sin desconocer la existencia de desencuentros y de diferencias sociopolíticas”.
Constitución a espaldas de la ciudadanía, otra vez
En ausencia de mecanismos de participación provistos por el Estado, los trabajadores se organizaron en mancomunales, sociedades de protección, socorros mutuos y tanto las condiciones internacionales como los cambios políticos y económicos empujaron las tensiones entre el Estado nacional y las problemáticas sociales, como ha señalado el historiador Gonzalo Peralta en sus trabajos de difusión. La autogestión y la forma de hacer política fuera de la institucionalidad se transforman en puntos de encuentro cultural, de educación y profusión de ideas políticas, creación de periódicos, obras de teatro y arte que decantan en movimientos sociales muy dinámicos que no pueden sino empujar revueltas y crisis.
El año 1924, Chile sufre las tensiones del modelo de desarrollo nacional en crisis, del modelo liberal orientado al comercio exterior con ausencia del Estado en los ámbitos económicos y de salubridad. Manejado el país por una élite oligárquica, aislada de la sociedad, la gran promesa de cambio fue Arturo Alessandri, elegido el año ’20, con el proyecto político de terminar con la vieja oligarquía que a la larga, enquistada en el Congreso, le bloquea todas las iniciativas políticas.
Nuevamente los militares irrumpen en la vida política, a través de las capas medias instaladas en la oficialidad, conocedora de las necesidades populares y de las propias, lo que los motiva a realizar el denominado “Ruido de sables” en el Congreso, una protesta para reclamar por sus sueldos, ascensos y retiros, porque la vieja élite oligárquica copaba los cargos de alto rango y no les permitía el esperado ascenso.
En enero de 1925 vuelve a arremeter un grupo de militares, impulsando la reforma constitucional mediante la amenaza de la violencia. Convocan a Arturo Alessandri para liderar el proceso constituyente, quien regresa del exilio y llama a diversos grupos de la sociedad a una Asamblea amplia, donde participaron los partidos políticos, el Congreso y miembros de la sociedad civil, militantes de izquierda. Es una Asamblea designada por Alessandri, no es elegida, pero ha sido la que generó un más amplio debate hasta la fecha, por la diversidad de sus componentes. No obstante, las reflexiones y acuerdos tardaron en llegar hasta que Alessandri resuelve establecer una Comisión técnica compuesta por él y unos 10 expertos que recogen los debates, pero que termina acotando, redactando, plebiscitando y promulgando la nueva Constitución de 1925 con una participación extremadamente baja.
Y como recuerda la doctora en Ciencias Políticas, Paulina Astroza, respecto al proceso actual, “es necesaria la nueva Constitución en democracia y creo que es un error del Gobierno no reconocer que el actual Proceso constituyente surge fundamentalmente de las multitudinarias marchas pacíficas que se celebraron en Chile. Millones de personas, en forma pacífica, pidiendo cambios estructurales a un modelo o a un sistema que se siente que ya no da respuestas a las demandas de Chile y de una desconexión de la clase política con la ciudadanía, es un error por parte del presidente. Hay que reconocer ese origen porque de otra forma la Constitución no habría sido reformada, no habría habido pacto, no habría habido un consenso en que era necesario crear las condiciones para tener una nueva Constitución. Es un tema que venía de hace mucho tiempo, pero no fue tomado por la clase política y ahora ocurre esto, definitivamente, después del Estallido social y eso hay que reconocerlo”, puntualizó.
Para ella, “las reglas ya están dadas, estas han sido aprobadas por los medios institucionales que tenemos y hubo un Consenso de casi todos los partidos políticos de Chile. Se modificó la Constitución, se estableció una Comisión técnica para establecer las bases del Plebiscito, lo que dio lugar efectivamente a esta posibilidad que tenemos la ciudadanía de pronunciarnos el 25 de octubre”.
Entre asonadas, golpes y amenazas, como muestran los hechos históricos, la participación real de la ciudadanía chilena ha sido efectivamente distorsionada o manipulada por la presencia militar o la violencia armada.
Las últimas reformas a la Constitución del ’25 datan de 1970, cuando se rebaja la edad para votar de 21 a 18 y se permite el voto de los analfabetos. Por eso, podríamos decir que las del ’70 y ’73 son las votaciones más participativas de la historia de Chile hasta ese momento.
Finalmente, como señala la experta en Derecho constitucional, Yanira Zúñiga Añazco, “cualquier pueblo/sociedad tiene la capacidad y el derecho de deliberar y definir su destino político. Yo tiendo a pensar, a este respecto, que es posible evaluar positivamente las normas que regulan el futuro debate constitucional en términos de la incidencia que permiten, tanto desde una perspectiva histórica como desde una perspectiva comparada. Como es de sobra conocido, estas reglas permiten que pueda otorgarse la primera constitución chilena, escrita en público y por ciudadanos y ciudadanas electas, y no intramuros por un grupo reducido de personas, generalmente expertos. También garantizan una mayor presencia de mujeres, incluso una distribución íntegramente paritaria, si la ciudadanía elige la modalidad de la convención constitucional. Previsiblemente, se aprobará también un grupo de escaños reservados para pueblos indígenas y, eventualmente, una cuota para personas en situación de discapacidad. Si esto es así, estos tres colectivos tradicionalmente excluidos se encontrarán en una posición inédita de influencia en el futuro debate constitucional chileno”.
Fotografía de Valentina Cano Cortés. Marcha ciudadana en calle Picarte, Valdivia. 2019.
Cuando quedan pocas semanas para el Plebiscito del 25 de octubre, organizaciones de mujeres y feministas insisten en lemas como “Sin mujeres no hay Constitución”, “No sin mujeres” o “Nada sin nosotras”, para dejar en claro que todo el proceso de creación de la Constitución debe contar con la participación de todas, todos y todes y que la nueva Carta Fundamental tiene que incluir un enfoque de género, ausente en la Constitución de 1980 que fue redactada bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
Sobre este tema, en Página 19 conversamos con Bárbara Sepúlveda Hales, directora de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, ABOFEM, magister en Derecho con mención en Derecho Público en la Universidad de Chile y magister en Género de la London School of Economics and Political Science.
La abogada resaltó la importancia de garantizar que en el Proceso Constituyente participen las mujeres, disidencias y la diversidad de la ciudadanía y explicó los contenidos que no pueden faltar en una Constitución con enfoque de género.
¿Por qué es vital esta participación ciudadana en el Proceso Constituyente?
Es muy importante que durante todo el Proceso Constituyente esté considerada la participación ciudadana efectiva y vinculante, porque en Chile existe una grave desafección política y la ciudadanía se ha distanciado del quehacer político, desconfía de la institucionalidad. Al crear una nueva Constitución, estamos tratando de crear además nuevas relaciones sociales, donde se pueda construir una forma distinta de Democracia y eso implica necesariamente no solo un órgano constituyente altamente representativo de la diversidad de Chile, sino que esto quede reflejado en el texto de la nueva Constitución.
¿Una Constitución feminista, con enfoque de género o cómo llamamos a una futura Constitución?
Como le decimos no me parece tan relevante como el contenido, porque si es un enfoque transversal, desde la primera a la última página, la Constitución debe tener enfoque de género. Si revisamos la institucionalidad, incorporamos derechos, transformamos los derechos que actualmente están reconocidos -que por supuesto la mayoría van a permanecer, quizás recaracterizados pero van a permanecer-, además entendiendo que incorporar género a la Constitución también requiere un esfuerzo en la institucionalidad vigente, una coordinación entre órganos del Estado. Si nosotras pensamos que en todos estos aspectos va a entrar una perspectiva de género, entonces personalmente, si se llama Constitución feminista o Constitución con género no me parece lo importante, si lo es que el contenido quede ahí.
En ese sentido, ¿cuáles son los contenidos que no podrían quedar fuera de una Constitución con enfoque de género?
Para pensar una Constitución con una perspectiva de género transversal, necesitamos incorporarla en cuatro ejes. Primero, hay que escribir dentro de la Constitución mandatos específicos a los poderes del Estado para que actúen en la promoción de la igualdad de género, al mismo tiempo que actúan para erradicar la discriminación, la desigualdad y la violencia. En ese sentido, tanto el Poder Judicial, como el Ejecutivo y el Poder Legislativo, debiesen saber cómo actuar para lograr estos fines. Si hay una Constitución que dice en términos amplios y abstractos que el Estado tiene algunos deberes, difícilmente podemos realizar estos deberes si es que no se sabe específicamente a quiénes les estoy hablando y qué es lo que tienen que hacer.
Derechos de las niñas y las mujeres en su diversidad
La especialista en Género y Derecho Público, señala que un segundo eje es incorporar los derechos específicos de las niñas y de todas las mujeres. “Eso indica reconocer las diferentes necesidades de las mujeres en situación de discapacidad, pertenecientes a pueblos indígenas, adultas mayores, de la diversidad, etc.”, dice.
¿Cómo se incorporan estos derechos de niñas y mujeres en su diversidad?
Estos derechos específicos tienen que ir acompañados no solo con esta idea individual de los derechos, sino también de los derechos colectivos y sociales, porque precisamente los derechos sociales -que no son realmente tales los que hoy día la Constitución establece- le faltan a toda la población, pero las mujeres lo sufren de mayor manera.
La falta de un derecho bien concedido, de un derecho robusto en materia social, afecta mayoritariamente a ese sector de la población que es más vulnerable, que está más empobrecido, más precarizado, como lo muestran las cifras oficiales chilenas. Además la pandemia ha agudizado esta desigualdad. Sabemos que en materia de equidad salarial y de incorporación al mercado del trabajo formal, ya retrocedimos a propósito de la pandemia y se han acrecentado las brechas entre hombres y mujeres, entonces el desafío es mucho mayor y tiene que ver también con pensar los derechos sociales: el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, con una perspectiva de género.
Después, como un tercer eje, tenemos que pensar en cómo vamos a resolver la incorporación de los derechos humanos que han sido ratificados por Chile en los Convenios Internacionales de Derechos Humanos, cómo se van a entender incorporados dentro de la legislación chilena, del ordenamiento jurídico. Si van a estar dentro de la Constitución, sobre esta, por debajo de la Constitución. Eso hay que responderlo porque hoy no está claro y por lo tanto está sujeto a mucha interpretación el cómo estos tratados se aplican en la práctica y cómo pueden ser exigibles, porque cuando las personas no tenemos nuestros derechos en el texto constitucional, como pasa con las mujeres o los pueblos originarios, los tenemos que ir a buscar a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, lo que hace muy difícil que yo pueda exigir el cumplimiento de estos derechos, mucho más, por ejemplo, que alguien que se ve vulnerado en su derecho a la propiedad, que si está consagrado y muy protegido en la Constitución del 80.
¿De qué forma es posible responder a demandas históricas de las mujeres como los Derechos Sexuales y Reproductivos o la injusta distribución de los cuidados? por mencionar algunas.
Hoy existe un catálogo de derechos en el artículo 19 de la Constitución, lo que hay que hacer es revisarlo, reformular los derechos que haya que reformular, siempre con una perspectiva de género, e incorporar los que faltan, porque los derechos de las mujeres faltan y tienen que ser parte de este catálogo. Sin embargo para que se puedan cumplir y no solo sean un catálogo de derechos muy bonito y muy completo, es importante que tengamos garantías para realizar los derechos, que me permitan a mi como ciudadana poder exigirle el cumplimiento de estos derechos al Estado, al mismo tiempo que tengo herramientas para exigirlo mediante mecanismos judiciales, como el recurso de protección o algún otro recurso que se vaya a consagrar en la próxima Constitución.
Distribución del Poder y Paridad
Además de los derechos, también es importante hablar del poder. Una de las grandes demandas es tener una Constitución Paritaria ¿Cómo avanzamos hacia este objetivo?
Ese es el cuarto eje en una Constitución con perspectiva de género, la idea sobre la redistribución del poder y cómo vamos a incorporar la paridad de género en la nueva institucionalidad, al mismo tiempo que democratizamos el ejercicio del poder, incorporando no solo a las mujeres, sino que también a la diversidad de personas que hoy día, mayoritariamente en Chile, no se sienten partícipes ni representadas por quienes ejercen los poderes políticos.
Yo creo que ahí es relevante incorporar otros mecanismos de participación ciudadana vinculante y directa como el Referéndum Revocatorio o la Iniciativa Popular de Ley, a la vez que pensamos que todos los órganos colegiados del Estado estén compuestos de forma paritaria, para ir redistribuyendo el poder y poder avanzar en una Democracia que solucione el problema de la desafección política, porque ya va a ser la ciudadanía la que no solo se va a ver reflejada en la institucionalidad y en el Estado, en el poder y en la política, sino que además va a tener los mecanismos para participar de forma activa en la política y en las decisiones importantes, los plebiscitos por ejemplo, o el mismo hecho que se pueda incorporar la Asamblea Constituyente como el mecanismo que va a reformar la próxima Constitución, porque todas las constituciones debiesen incorporar normas sobre su reforma, la actual lo hace pero no permite la Asamblea Constituyente. Entonces, la reforma que se tuvo que hacer incorporó la posibilidad de hacerlo con una Convención Constitucional o una Convención Mixta, pero la Asamblea Constituyente no es una posibilidad y me parece que es importante que la próxima constitución la consagre.
Apelando a la demanda de una Constitución inclusiva ¿Es importante revisar el lenguaje que se utilice al redactar una nueva Constitución?
Uno de los aspectos formales que hay que tener en consideración es el lenguaje, para que sea inclusivo y aquí hay distintas fórmulas. Hay algunas constituciones a nivel internacional que han hecho el esfuerzo de usar tanto el masculino como el femenino, figuras como el Presidente a la Presidenta de la República, jueces y juezas, pero hay otras formas también que pueden ser inclusivas, que no necesariamente remarquen el sentido binario del género, como en vez de decir ciudadanos y ciudadanas, se podría decir la ciudadanía o el pueblo. En el fondo son términos realmente neutros porque si incluyen a la generalidad sin establecer un masculino como si fuera lo equivalente a lo universal, lo que es una imposición lingüística y por lo tanto se puede remediar.
Hay que avanzar de todas maneras en lenguaje inclusivo en la Constitución, pero además hay otras cosas del lenguaje que son importantes, como las fórmulas que se utilizan si se dice “El Estado podrá”, “El Estado deberá” o “El Estado promoverá”. Debemos pensar en una fórmula que diga quién en el Estado, cuál va a ser el órgano del Estado o es un poder unipersonal el que va a llevar a cabo cierta tarea. Esto es importante puesto que lo que pasa cuando tú tienes ese tipo de terminología es que nadie finalmente se hace cargo ya que es demasiado amplio. No se puede abusar de esas cláusulas, de hecho hay que reducirlas al mínimo y lo que habría que establecer son cláusulas que garanticen la igualdad sustantiva y material, a propósito de un quehacer especifico de los órganos del Estado, un mandato específico como lo señalé antes, por ejemplo, al Poder Judicial o al Poder Legislativo, para avanzar en la erradicación de las discriminaciones, significa que voy a apelar directamente a esa institución para que haga ciertas cosas que otras no van a hacer, pero cuando tú dices el Estado, “cualquiera del Estado”, ahí se crean los problemas y las dificultades porque la ciudadanía no sabe a quién exigirle y en el Estado tampoco queda muy claro quién se hace cargo de la labor.
En ese sentido también el lenguaje nos puede ayudar a tener un Estado más activo e involucrado en la erradicación de las desigualdades, de la violencia de género o de la discriminación, que se producen no solo por factores socioculturales, sino que también por desigualdades estructurales y ahí la configuración del nuevo Estado.
Ante la actual arremetida de grupos antiderechos, al incremento de discursos de odio y negacionistas ¿puede ser la Constitución un mecanismo para hacerles frente?
Lo que debiese existir es una prohibición activa de la discriminación, en el sentido de que no solo sea una prohibición respecto del quehacer del Estado, sino que también sea algo que se horizontalice a la ciudadanía. Hoy día tenemos un sistema en materia de discriminación que legalmente no funciona muy bien, la ley Zamudio por ejemplo tiene muchas deficiencias, ahora se está discutiendo en el Congreso precisamente su reforma y hay mucho que avanzar.
Hay que establecer la prohibición de discriminar, al mismo tiempo que promover la igualdad. No es lo mismo proponer derechos, igualdades y libertades que prohibiciones de discriminación. Hay que incorporar ambos, porque es cierto que existe una arremetida ultra conservadora en el continente y en el mundo y especialmente en aquellos lugares donde el feminismo ha avanzado y ha tenido conquistas importantes es donde más fuerte golpea esta arremetida ultraconservadora que es una articulación internacional y por lo tanto además no hay que mirarla en menos. Es importante reconocer que esto es una realidad y que existe hoy día también en Latinoamérica en diversos países y me parece que es peligroso tratar de ignorarlo, en especial por algunos grupos que llegan a formas muy extremas de violencia, es mucho más que un discurso, se articulan en formas paramilitares. En Chile hemos visto ataques de grupos de ultra derecha que marchan libremente en las calles, armados con escudos y por el daño que le producen a las personas sin titubear, me parece que es bastante peligroso y que de todas maneras eso debería ser sancionado duramente por las leyes, más allá de su discurso, porque la diferencia es que ellos toman acciones sobre su odio y esas acciones cobran vidas, por lo tanto no es algo que la ley ni la Constitución debiesen ignorar.
¿Qué le pareció el Decálogo que presentó el presidente Piñera con los diez contenidos claves para una nueva Constitución?
Pienso que es bastante escueto y conservador, que no propone nada nuevo. Ese catálogo obedece a una concepción liberal que promueven la idea de constituciones muy pequeñas, que consagren muy pocos derechos, que son solo los derechos que le interesan a los liberales tradicionales y en ese sentido incluso reduce los derechos que hoy día están en la Constitución del 80.
A mí me parece que, especialmente en materia de derechos fundamentales, no debiésemos delegar su consagración ni su caracterización, ni la protección de ellos a las leyes. Lo que nosotros necesitamos es mantener la fórmula de que los derechos fundamentales estén dentro de la Constitución y eso es algo que yo creo que el sector oficialista no quiere que suceda, sino que se disminuyan los derechos, especialmente, si te fijas, hay una disminución de los derechos sociales porque lo que repite son las mismas fórmulas que ya están, por ejemplo en educación y en salud, que son fórmulas que plantean opciones más que derechos y que por lo tanto además se alejan de los estándares internacionales sobre derechos sociales y sobre derechos fundamentales, entonces no me parece para nada una buena propuesta, sin embargo entiendo que obedece a su propia ideología política.
Actualmente, ABOFEM desarrolla en redes sociales la campaña “10 razones para votar Apruebo”, a través de la cual enfatizan que solo la opción de la Convención Constitucional asegura que sea compuesta por un 50% de mujeres entre las personas que la integran y abogan, entre otros aspectos, por una constitución que recoja el enfoque feminista, teniendo como puntos esenciales: el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; asegurar una vida libre de violencia, en particular, de la violencia de género; el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados; y reconocer la diversidad de las mujeres que habitan nuestro territorio.
Demandas claras para la nueva Carta Magna invoca el presidente del Sindicato de Pescadores de mediana altura Puertecito N°1 de San Antonio, Miguel Ángel Hernández. Un hombre de mar que, a sus 60 años, ha debido sortear las complejidades de una labor de alto riesgo en alta mar, como lo es la extracción de recursos marinos con las artes de pesca manual.
Un sinfín de desventajas laborales, sociales y económicas a la que se enfrentan miles de familias de las zonas costeras de todo el país, que deben luchar con la veda, el avasallamiento de la industria y una legislación que no considera el bienestar total de quienes son capaces de encarar a la muerte para llegar con el sustento a sus hogares.
“Los recursos del mar debieran ser de dominio del Estado, donde se garantice el acceso del consumo de los productos del mar y al pueblo, donde existan áreas protegidas, de toda actividad pesquera en zonas de surgimientos y repoblación de las especies”, señala el dirigente de la pesca artesanal quien trabajó durante más de 25 años en la extracción de la pesca de albacora y en los últimos años se dedicó a la extracción de jibia, no obstante hoy se encuentra paralizado a la espera de la temporada de la sardina y la anchoa que comienza en marzo.
Hernández, quien además fue vicepresidente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), entre 2014 y 2016, actualmente es suplente en el Consejo Nacional de Pesca en el cupo nacional y, además, vocero regional de la Coordinadora Nacional Jibiera, agrega que “existe un alto precio de los productos del mar para el consumo humano y eso se debe a que gran porcentaje de la pesca se va a reducción para aceite y harina de pescado, lo cual ha llevado al colapso de la mayoría de los recursos de consumo directo para la población”.
El dirigente de la pesca artesanal, manifiesta que la solución para que los recursos marinos, sean más accesibles para la gente, es que; primero debe existir una regulación de las artes de pesca, como por ejemplo, la extracción de arrastre de merluza. En segundo lugar, cuotas exclusivas para el consumo humano y tercero mejorar los fraccionamientos de las cuotas de pesca, a favor de la pesca artesanal, en pesquerías como: sardinas, anchoas, jureles y merluza común.
Este padre de familia San Antonino, quien también preside desde hace seis años la Federación de Sindicatos Unidos de la Región de Valparaíso “Nuevo Amanecer”, que alberga a las caletas de San Antonio, El Membrillo, Quintero, Higuerillas en Concón y Caleta Portales en Valparaíso, relata sus diferencias respecto del lugar que se le ha dado al tema pesquero en la orgánica estatal: “ Desde 1953 a 1973 la pesca fue regulada por el Ministerio de Agricultura, perteneciente a la Dirección General de Pesca y Caza; creemos que lo más lógico sería un Ministerio de Pesca y Acuicultura. El gobierno ingresó al Congreso una propuesta sobre una nueva cartera, denominándolo Ministerio de Agricultura, Alimento y Desarrollo Rural (Minagri) donde será incluida la pesca; nosotros los pescadores artesanales, nos oponemos a este proyecto, pues minimiza nuestra actividad”.
El dirigente socialista Camilo Escalona cree que la dificultad principal que hasta hoy existe para la realización del plebiscito de octubre es la posición dual que tiene el gobierno en este tema. Porque por una parte -dice-, el Ministro de Salud ha señalado que este proceso tiene todas las condiciones para llevarse a cabo, pero al mismo tiempo, se especula desde las autoridades de Interior con una eventual situación sanitaria que lo afecte. “Creo que esa es la dificultad mayor que enfrentamos: la especulación con el impacto de un rebrote. Creo que frente a eso, la oposición tiene que tomar medidas unitarias, para incentivar la participación y dar confianza y seguridad”.
¿Cuáles serían los siguientes pasos para la oposición luego del 25 de octubre?
Lo más importante es establecer una lista unitaria para la Convención Constitucional, y la nueva Constitución se redacte por un organismo cien por ciento electa. Sobre esa base, es indispensable tener una lista que optimice a la oposición, porque el sistema electoral se estableció con los distritos de la Cámara de Diputados actual, con ese mismo sistema, y la dispersión que hoy vive la oposición, significaría una catástrofe desde el punto de vista de la representación de la futura Convención Constitucional. Lo óptimo es que la oposición pueda confluir en una sola lista. Si eso fuera imposible por la cantidad de partidos y fuerzas que tienen representación, bueno, en ese caso, tendría que ser a lo más en dos listas. Pero si la oposición no tiene la capacidad de aunar su caudal electoral en una representación que optimice esa enorme mayoría nacional que tienen y se dispersa en muchas alternativas, el resultado puede ser catastrófico.
Creo que después que gane el APRUEBO, la tarea más importante es establecer las bases de una representación pluralista, pero unitaria en la Convención Constitucional.
¿Cree posible esta unidad de toda la oposición, si hasta ahora eso no ha ocurrido? Incluso no fue posible construir un comando único para la campaña del plebiscito. Y no sólo para la Convención, sino para la seguidilla de procesos electorales que se avecinan.
En el caso del APRUEBO, por lo menos se estableció una coordinación. Los comandos de los diferentes sectores de la oposición mantienen una coordinación que colabora a resolver los problemas de la conducción de un proceso tan complejo como el del plebiscito. Reconozco que hay un problema. Si la oposición se dispersa va a ser derrotada.
Separaría completamente el tema del proceso constituyente de las municipales, de los Cores e incluso de las parlamentarias. Yo creo que si se mezclan es fatal, porque no habrá otra posibilidad de redactar una Constitución en varias décadas.
Este es el proceso más importante -me atrevo a decir-, de este siglo. Y por lo tanto, no puede entrar en una bolsa en que se estén disputando número de concejales o eventuales liderazgos en determinados municipios en alguna región del país, porque es imposible. Si se mezcla el tema del proceso constituyente con elecciones municipales, va a ser un descalabro. Creo que las representaciones políticas de los partidos de la oposición tienen que separar el proceso constituyente de los otros procesos electorales y tratarlo en su carácter. Este es un proceso de naturaleza histórica. No habrá otra ocasión como la que se ha presentado como resultado de la potencia que tuvo la movilización social del 18 de octubre en adelante y, por lo tanto, no se puede despilfarrar.
La estrategia de la derecha es tratar de copar la Convención Constituyente, elegir candidatos conocidos y jugarse por mantener lo que les interesa de la Constitución del 80. Dicen que a ellos los unen los con tenidos, que tienen una sola voz. Frente a eso ¿cómo se presenta la oposición con temas que le interesan a la mayoría del país?
Primero, creo que eso que la derecha está de acuerdo en los contenidos es un engaño completo. Su candidato presidencial se declara socialdemócrata y su base de apoyo social está en contra. No es casual que se haya inflado en pocos días la potencial aspiración presidencial de Evelyn Matthei, porque el desliz socialdemócrata de Lavín, por oportunista que sea, le provocó de inmediato fuerte rechazo en sus propias bases. La derecha no tiene propuestas que los unan. Así de categórico.
Ahora, sobre los temas de la oposición. Creo que tienen un pilar esencial. El reemplazo por un estado social y democrático de derechos. En mi opinión, la expresión material de la ideología neoliberal es el Estado subsidiario. El neoliberalismo pueden ser muchas palabras, mucha ideología, toneladas de demagogia, pero su pilar en el cual se aplica es el Estado subsidiario, es decir que el mercado domina las relaciones económicas y sociales y el Estado reprime a los que están descontentos. Ese es el Estado subsidiario. No protege a las personas, sino que las reprime. En mi opinión, lo que se tiene que lograr reemplazar dentro de la Convención Constitucional es precisamente la concepción y el rol del Estado en el ordenamiento constitucional. Eso es lo vital. Todo lo demás viene de ahí: los derechos de la mujer, el reconocimiento de los pueblos indígenas, los derechos laborales y la negociación colectiva, el cuidado del medio ambiente, la protección de los recursos naturales, el impulso a un nuevo modelo de desarrollo. Si no se resuelve el Estado subsidiario, lo demás no se resuelve…
¿Qué debería ocurrir con los independientes que quieren participar en la Convención, pero que tienen múltiples obstáculos para hacerlo?
No sé. Pero si sé que mientras más listas haya, más constituyentes va a tener la derecha. De eso no me cabe ninguna duda. En mi opinión, ese potencial de los independientes tiene que ser incluido en las listas que presenten los partidos. Los partidos tienen que lograr invitar al mayor número de independientes, darles cupo para que sean electos además, porque si no, no van a resultar electos
Pareciera que el proceso electoral para las presidenciales ya se inició. El presidente el PS dijo que después del 25 está el desafío de ocupar un espacio que no está siendo ocupado por los actuales precandidatos que marcan en las encuestas.
Yo no tengo candidatos. Soy un tenaz opositor a la discusión presidencial antes del APRUEBO. No entro en la especulación que uno es más bueno o más malo que otro. Todo eso hace mal. Creo que esta carrera hace mal. No es casual que el origen de esta carrera está en la derecha, ellos nos empujan a una pelea artificial. Todo eso tiene que quedar para después.