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Partido Socialista Lanza Campaña para Enfrentar la Crisis

Tres videos con su propuesta sobre cómo enfrentar la crisis sanitaria y social lanzó el Partido Socialista, poniendo el acento en que hoy es el momento de escuchar y rectificar. Para el Secretario General de esa colectividad, Andrés Santander, los videos virales son una herramienta comunicacional que les permite llegar a miles de personas en las redes sociales, “con un mensaje claro, preciso y contundente”.

Los tres videos -dice Santander- son parte de la estrategia comunicacional del PS y con ellos “pretendemos, por un lado, dejar en evidencia el fracaso de la estrategia sanitaria del Gobierno, así como su incapacidad de escuchar nuestras propuestas, y por otro, destacar la importancia de un mayor gasto fiscal para ir en apoyo de quienes hoy lo necesitan con urgencia».

Insiste en la relevancia que el gobierno escuche “para rectificar los errores cometidos y que la crisis no la terminen pagando las y los mismos de siempre”. Los tres artefactos comunicacionales hablan de una salud digna, sin errores, sin improvisaciones y sin triunfalismos; de que con el hambre no se juega ni se reprime y señala los errores de la estrategia gubernamental que se ha puesto en práctica.

De hecho, el último video -Castillo de naipes- que cuestiona el rol del Ministro de Salud Jaime Mañalich ante la pandemia en Chile, ya cuenta con 130 mil reproducciones en las redes sociales,

Entretanto, el hashtag #EscucharParaRectificar estuvo en segundo lugar de los TT en twitter y el video cuyo #ElHambreNoSeReprime se elevó al quinto lugar.

La implementación de esta herramienta comunicacional es liderada y coordinada por la secretaría general y el equipo de comunicaciones del PS, encabezado por el periodista Miguel Ángel Díaz, y forma parte de una serie de acciones que se están llevando adelante a nivel interno y externo, como la difusión mensual de un boletín digital llamado “Unidad”.

Lo Urgente Primero Pide la Oposición


Cuando se conoció que
en las últimas 24 horas (jueves) se registraron 6.754 casos de nuevoscontagiados con el coronavirus, alcanzando 160.846personas, cifra que nos posiciona como país en el puesto número 12 en el ránking mundial de casos superando incluso a Francia, con un triste resultado -hasta ahora- de 222 muertes, cobra total sentido la última declaración de partidos opositores, titulada “Lo Urgente Primero”.

Aparte de la unitaria señal que entregan los partidos opositores, desde el PS hasta el Partido Liberal, pasando por el PPD, la DC, el PR y Revolución Democrática esta declaración contiene propuestas claras y urgentes al gobierno que, esperan, sean tomadas esta vez en cuenta.

Llaman a actuar inmediatamente para asegurar que el confinamiento sea posible y que las necesidades básicas de la familia estén cubiertas. De lo contrario, dicen, “las cuarentenas que hoy nos rigen no serán efectivas y no se podrá controlar la pandemia.

Por lo mismo, señalan que una nueva ley de ingresos de emergencia debe aprobarse a inicios de la próxima semana y llaman   a legislar de inmediato sobre Ingreso Básico de Emergencia (IBE), y concordar un marco fiscal y de reactivación que pueda ser profundizado en las semanas venideras, por lo cual planteamos nuestras propuestas. No podemos hacer esperar más a las familias que, por no tener ingresos, exponen su vida y la de sus vecinos al Covid”, concluyen.

Entre los puntos que señalan en  la declaración, indican  que un Ingreso Básico de emergencia (IBE)suficiente y oportuno es parte fundamental de la estrategia de contención de los contagios y las consecuentes muertes.

Al respecto “es indispensable explicitar que beneficiará a todos aquellos hogares cuyos ingresos no alcancen a la línea de pobreza, aportándoles lo que requieren para llegar a ella sin discriminación alguna, esto es: igualdad de apoyo frente a iguales condiciones de vulnerabilidad, independiente de la fuente de ingresos previa a la pandemia.

Explican que el criterio de elegibilidad es el nivel de ingreso del hogar para aquellos que pertenecen al 80% más pobre según criterios ISE y que estén inscritos en el Registro Social de Hogares.

Aclaran que las actualizaciones que se realicen no deben ser un obstáculo para entregar los beneficios a quienes ya cumplen los requisitos. Las personas a quienes les corresponda recibir beneficios, producto de un cambio en su realidad, deberán tener un mecanismo expedito para actualizar su información y solicitar los aportes, los que deberían ser otorgados tan pronto esto fuera reportado, si bien habrá de comprobarse la validez de ésta con posterioridad a la entrega de la renta de emergencia. En todo caso, la actualización de la realidad de ingresos sólo será para acoger aquellos hogares que hubieran visto caer sus ingresos.

Simplificar el trámite

Los hogares no requerirán postular a la renta básica de emergencia, lo que significa que el beneficio se entregará a todos los hogares que cumplen los requisitos de estar en el 80% de ISE y con ingresos inferiores a la línea de pobreza.

El ingreso de emergencia será recibido por todas las familias que califiquen durante los meses de junio, julio y agosto. Posteriormente y según la realidad sanitaria lo indique, se verá la necesidad de prorrogar su vigencia o iniciar gradualmente la disminución de su entrega para transitar hacia la reinserción laboral.

También llaman a simplificar el trámite. “El ingreso de emergencia se depositará en la cuenta RUT de algún miembro (beneficiario) de la familia que corresponda, preferentemente por la mujer del hogar. Para quienes no tengan cuenta RUT se debe normar la posibilidad de que el Banco Estado abra automáticamente cuentas a quienes acceden a este beneficio. Complementariamente a esta alternativa, puede además implementarse la entrega directa del ingreso mensual de emergencia a dichos hogares por parte del IPS.

Más adelante, la declaración entrega propuestas respecto a la reactivación futura y la generación de empleos, señalando entre otras cosas, que la reactivación segura requiere apoyo estatal en financiamiento y asistencia técnica para dotar a las pymes de protocolos sanitarios y asegurar la sobrevivencia de la mayor cantidad posible; y apoyo a liquidez de grandes empresas que sería caso a caso, asegurando criterios de transparencia, probidad y estricta condicionalidad en retención de utilidades, inversiones fuera del giro, pago de remuneraciones a altos ejecutivos, ausencia de vínculos con paraísos fiscales y compromiso con normativa laboral y ambiental.

Forestín Celebra su Cumpleaños Nº 44 con un Llamado a Protegerse del Coronavirus

La icónica figura de CONAF nació el 12 de junio de 1976 en el marco de la prevención de incendios forestales y hoy está convertido en un estricto protector de la naturaleza y el medio ambiente.

En tiempo de pandemia del coronavirus, Forestín celebra hoy 44 años de vida con un llamado a todos sus fans a aplicar las medidas preventivas establecidas por la autoridad sanitaria para que no sean afectados por este agresivo virus.

También llamó a fortalecer el cuidado y la protección de nuestro medio ambiente y que sus fanáticos lo sigan en sus redes sociales (@ForestinChile en Twitter y Facebook y forestinchile en Instagram).

El símbolo del quehacer de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en la protección y conservación de los recursos naturales nació oficialmente el 12 de junio de 1976 durante una jornada que buscaba ideas para la prevención de incendios forestales, transformándose en el eje de estas campañas. Con el correr de los años, se convirtió en la figura icónica de la protección y conservación del patrimonio natural del país, realizando labores en arborización, forestación, fiscalización y como guardaparques.

En esta celebración, CONAF desarrolló un video con los logros y trayectoria de Forestín, que se está difundiendo por las redes institucionales y las suyas. En relación a qué regalo le gustaría recibir, señaló que sólo desea que todas y todos se comprometieran a seguir protegiendo nuestro patrimonio natural y cultural, porque ayuda a fortalecer la identidad de un país y porque otorga una mejor calidad de vida para las personas.

Cabe recordar que su imagen representa a un coipo, animal nativo de Chile, que enseña a grandes y chicos a respetar y cuidar nuestros recursos naturales renovables, especialmente los bosques, y todo lo asociado a ellos, como fauna, flora y agua. Desde 2014 Forestín cuenta con sus propias redes sociales, donde refuerza su mensaje de amor y respeto a la naturaleza, a través de la educación ambiental.

Por eso, como el mismo solicitó, el mejor regalo que todas y todas podemos hacerle en su cumpleaños es aplicar sus consejos en nuestro día a día y así cooperar para tener un mundo con mejores condiciones de vida, lo que en este tiempo es muy importante, porque ello redunda también en la salud de todas y todos nosotros.

Activista de Petorca Denuncia Ante la ONU la Violación Sistemática de DDHH en el Acceso al Agua en Chile


En julio de 2010, l
a Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y reafirmó que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

A una década de este hito, la activista de la Provincia de Petorca, Bárbara Astudillo, denunció la violación sistemática de este derecho en Chile y solicitó por medio de una carta remitida al Relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y Saneamiento, o Heller, que se pronuncie ante la omisión del Estado en sus compromisos internacionales.

La ecofeminista en la defensa del agua como derecho humano y ambiental, solicitó la intervención del relator de la ONU ante la falta de agua en plena crisis sanitaria de Covid-19 y la negación del Gobierno de aumentar el suministro de 50 a 100 litros diarios por persona, en una zona declarada de catástrofe por escasez hídrica.

Astudillo acusó ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos la nula gestión por parte del Gobierno para crear un plan de contingencia en temas hídricos en la provincia de Petorca porque aquí no se están dando los resguardos para garantizar y proteger la prioridad del derecho humano al agua y saneamiento.

Pandemia en zona de escasez hídrica

En el escenario de pandemia, Léo Heller junto a un grupo de expertas y expertos de la ONU, advirtieron que “dado que lavarse las manos con jabón y agua limpia es vital en la lucha contra el Covid-19, los gobiernos de todo el mundo deben proporcionar un acceso continuo a suficiente agua a las poblaciones que viven en las condiciones más vulnerables”.  

En ese contexto, la investigadora de la Fundación Territorios Colectivos sostiene que en Petorca la crisis sanitaria es invisible para el Gobierno, puesto que la recomendación y los llamados de las autoridades a lavarse de manera frecuente las manos, como primera medida higiénica para prevenir contagios, son insostenibles cuando en Chile ese protocolo no existe para zonas de escasez hídrica.

La defensora ecofeminista por el agua enfatizó que “No hay acceso al agua para lavarnos las manos, ni para uso doméstico o higiene, menos la hay para enfrentar el Covid-19.

En la misiva, Astudillo expone que muchas de las familias que son abastecidas por camiones aljibes reciben 50 litros diarios por persona, la mitad de lo que se distribuía antes de que se estableciera el Decreto N°18.087 de la subsecretaría del Interior, del año 2016, que instruyó la reducción en la cantidad de agua que reciben las personas de los territorios declarados como zonas de escasez hídrica, y revela que en menos de dos meses se declararon inadmisibles resoluciones que permitirían el aumento a 100 litros de agua.

A ello se suman dos recursos de protección interpuestos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, y la Defensoría de la Niñez, declarados inadmisibles por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y que se encuentran en proceso de apelación y alegatos, respectivamente.

La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, anunció que la próxima semana participará de los alegatos ante la Corte por la acción judicial presentada a favor de niñas, niños y adolescentes que busca que se ordene al ministerio de Salud y a la seremi del ramo garantizar la cantidad de, al menos, 100 litros de agua, para consumo diario, por cada uno de los niños, niñas y adolescentes miembros de las comunidades de la Provincia de Petorca, en cumplimiento a los estándares internacionales de consumo óptimo para la vida.

“Se están violando sistemáticamente los derechos humanos al acceso al agua de niños, niñas y adolescentes y también de comunidades enteras. Hoy en día la Provincia de Petorcacuenta con más de 140 contagiados por Covid-19 y aún no nos sueltan el agua”, enfatiza Bárbara Astudillo.

La activista subrayó que “si las autoridades están permitiendo estas vulneraciones, el camino que nos queda es ir ante organismos internacionales para denunciar las violaciones de derechos humanos que estamos viviendo las comunidades en plena crisis humanitaria. Por eso le pedimos al Alto Comisionado que se pronuncie y nos visite.

Acciones del INDH

El 22 de mayo, la sede regional del INDH en Valparaíso ingresó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, ante la omisión ilegal en la que incurrieron la Gobernación Provincial de Petorca y la seremi de Salud, de adoptar las medidas necesarias para proveer agua potable en cantidad suficiente y adecuada para abastecer a las comunidades de Petorca, Cabildo, y La Ligua, a efectos de que la población pueda ejercer las medidas de higiene y saneamiento necesarias para la prevención y contención del contagio del COVID-19, en dichos municipios, situación que vulnera derechos  constitucionales de las personas que habitan dichos territorios”.

El INDH calificó de insuficiente los 50 litros de agua potable por persona que los organismos dispusieron que se entregaran a través de camiones aljibes, lo que dificulta la implementación adecuada de las medidas de higiene y saneamiento establecidas por el ministerio de Salud para prevenir contagios por Covid-19, afirma en el recursodeclarado inadmisible y que está en etapa de apelación.

“En mérito de los antecedentes y estimando la Corte que los hechos descritos se refieren a la adopción de políticas públicas relativas a la distribución del recurso hídrico, cuestión que es de competencia del Ejecutivo en uso sus facultades y no del ente jurisdiccional, señala la resolución del 25 de mayo.

A partir de la crisis hídrica, decretada en el año 2012, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública declaró zona de catástrofe por escasez hídrica a la provincia de Petorca, que se renovó hasta el Decreto Supremo del 20 de agosto de 2019, el que declaró zona de catástrofe por otros 12 meses. Para enfrentar esta situación, la población comenzó a ser abastecida de agua mediante camiones aljibes, financiados por el municipio y/o la Gobernación local, y hasta 2016, se entregaban 100 litros diarios, por persona, hoy reducidos a 50.

El conflicto socioambiental de escasez hídrica en la provincia de Petorca fue documentado por el INDH en dos misiones de observación en la zona. La primera en 2014, que se realizó a partir de una denuncia recibida desde la sociedad civil y luego en diciembre de 2018, cuando el organismo actualizó la misión.

Ese año confirmó que la situación se agudizó, puesto que el número de personas que habitan la zona y que no tiene acceso a agua potable aumentaron, mientras las autoridades sólo entregan 50 litros de agua por habitante al día, cifra por debajo de los 100 litros que la Organización Mundial de la Salud, OMS, establece como promedio para satisfacer las necesidades tanto de consumo como de higiene.

En el informe de seguimiento, el INDH constató que la escasez hídrica no solo es producto de la falta de precipitaciones y sequía en la zona, sino también al cambio de uso de suelos que generó la agricultura, en específico los cultivos de paltos y cítricos; al otorgamiento de permisos de aprovechamiento de aguas en cuencas extinguidas como las de los ríos La Ligua y Petorca, situación que afecta el consumo humano y las necesidades de regadío de los pequeños agricultores/as de la zona. Esto últimoindicó el organismo-compromete las economías locales y las formas de vida de los habitantes de la zona e impacta su derecho a una alimentación adecuada.

La entidad advirtió además que otra razón del problema es la priorización de la función productiva del agua por sobre el consumo humano, dado que se constató que las empresas agrícolas y mineras no evalúan el impacto que sus faenas generan en las comunidades.

En medio de la pandemia de Covid-19, el INDH recordó que el Estado debe asegurar de manera urgente el suficiente y continuo abastecimiento de agua potable en todo el territorio nacional, lo que “reviste especial relevancia para las comunidades que hoy no tienen acceso al agua potable para consumo y aseo personal”.

Según datos de la institución, en Chile, alrededor de un millón de personas no tienen acceso asegurado a agua y existen 478.308 hogares que no poseen agua potable, red de alcantarillado, o que no tienen una llave dentro de su vivienda.

Pandemia y Microviolencias Laborales

La epidemia de Covid 19 ha provocado impactos de tal magnitud y en tantas esferas que cuesta resumirlas, pero sin duda uno de los másafectados ha sido el mundo del trabajo, desnudando la precariedad del empleo por cuenta propia, aumento del desempleo o relativizándolo con el uso masivo de la ley 21.227 de protección del empleo en más de seiscientos mil trabajadores, o en el envío forzado de un número indeterminado de trabajadores al teletrabajo,  trabajo a distancia o una mezcla de ambos, sin capacitación previa ni implementación suficiente y que además ha impactado en la vida de cada trabajador que ha visto confundida su vida laboral con el espacio domestico.

Con estos antecedentes mantener el empleo parece un privilegio. Por ello es que parece necesario preguntarse cómo han cambiado las relaciones laborales, cómo se ha modificado la disciplina y roles en el trabajo, cómo el contacto telemático ha incidido en el desempeño de los trabajadores y sus derechos. Permítanme contar algunas situaciones que me ha tocado conocer,porque se me ha preguntado mi opinión como laboralista acerca de si podría haber alguna vulneración de derechos. Todas ellas corresponden a profesionales.

En la primera, una funcionaria que trabaja en una Corporación de Asistencia Judicial, que atiende gratuitamente a sectores pobres, fue derivada a su casa a trabajar online sin entregarle implementación sino con su computador personal, sin instrucciones específicas sobre cómo hacer la labor, lo que en la práctica fue decidido no por las jefaturas,sino por los propios profesionales del servicio que decidieron atender usuarios mediante un correo electrónico que se fijó en un cartel, al que los jefes ordenaron agregar un teléfono de contacto para atención por turnos. Con casi tres meses desde que fueron enviados al teletrabajo no se han enviado modificaciones de contratos ni definido cómo se contabilizará este periodo para el pago de un bono por cumplimiento de metas.

El segundo caso es una funcionaria de una Corte de Apelaciones que durante el día debe hacer trabajo administrativo de subir al sistema electrónico todo lo que se genera, sin que ello deba hacerse en un horario determinado. Sin embargo si dentro del horario que debía ser su jornada presencial necesita salir a comprar o ir al banco como fue el caso, debe pedir permiso y esperar se le autorice la salida de su casa.

La tercera situación ocurre en una reunión ampliada con profesores de una Universidad vía plataforma de videoconferencia en que a una pregunta de una profesora sobre aviso de rebaja de remuneraciones el Vicerrector contestó que sí “está estresada, si tú estas imposibilitada de asumir la ayuda que estamos solicitando tu eres libre de no aceptarlo. Si túme dices que va a pasar después estamos hablando sobre suposiciones, sobre especulaciones futuristas que la verdad sería de mi parte irresponsable transmitirte cualquier tipo de ruta posible”.

La última también tiene lugar en una universidad tras un reclamo de un alumno por filtración de una lista con datos sociales de alumnos. El profesor de un curso que propiciaba trabajo grupal con un curso que nunca ha visto en vivo, solo mediante plataforma on line, bajó de un servidor de la Universidad una lista elaborada por alguien más y que al ser compartida resultó contenía esa información. Primero se le preguntó que pasó y luego se le citó a una reunión en que estuvieron presentes sus tres superiores jerárquicos inmediatos, en la que bajo la expresión de “conversar se le pidieron explicaciones acerca de dónde sacó la información y por que la compartió. El docente explicó lo ocurrido pero lo mantuvieron una hora explicando la situación, compartiendo pantalla, mostrando sus correos; y cuandoseñaló sentía se le estaban vulnerando sus derechos uno de ellos lo requirió a que en el futuro debía revisar todo lo que viniese de la universidad antes compartirlo. Cuando tras la conversación el señaló que se había sentido violentado se le informó que no se habría ejercido violencia alguna en su contra.

Las situaciones antes descritas se tratan de micro violencias laborales obscurecidas por la naturalización de conductas de organización del trabajo. Parecen no vulnerar ninguna norma sin embargo llevan una presión a los trabajadores cargando sobre ellos responsabilidades de los superiores, que dañan la dignidad del trabajador, que es mucho más que no despedirlo o dejar de pagar sus remuneraciones.

A diferencia del derecho laboral tradicional que razona solo sobre la ley del trabajo, este microcosmos de las relaciones puede seranalizado gracias a los aportes en ciencias sociales de pensadores como Silvia Federici que develó como el salario es una forma de control sobre lo privado, Pierre Bourdieu que mostró como la cotidianeidad naturaliza comportamientos que vuelve habito; Michel Foucault que identificó una microfísica del poder en que las relaciones de poder penetran en los Cuerpos, de manera que  no hay ilegalidades abstractas sino efectos corporales en los trabajadores, cansancios, miedos, angustias; ogracias al concepto de micromachismos de Luis Bonino que observa hay actitudes que son formas de solucionar conflictos que comprenden un abanico de maniobras interpersonales usadas en lo cotidiano como formas de presión de baja intensidad para imponer y mantener el dominio. También gracias a la sociología, la psicología del trabajo y al influjo de los Derechos Humanos es que sabemos que las relaciones laborales son un espacio de construcción de dominación o dignidad y por ello surgieron figuras normativas como las de discriminación, acoso sexual y acoso laboral.

En los casos que expuse hay microviolenciascon las que se intenta imponer el punto de vista o razón del superior sobre el trabajador. No es una exageración, tenemos además como parámetro lo dispuesto en el artículo 2 del Código del Trabajo que define el acoso laboral como “toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.” Notemos las características de ellas:

En todas estas situaciones no hay horizontalidad sino una relación de autoridad de superior a inferior, de manera que el trabajador no tiene opción de participar o no de ellas sino que debe aceptar el escenario que se le impone: ir a trabajar a casa de otra forma pero como si hiciera la misma actividad presencial, estar sujetos a ciertos horarios y pedir permiso para ausentarse de su casa, aceptar la teleconferencia y el mensaje de baja de sueldo, ser convocado a una reunión con sus tres superiores jerárquicos. En todas hay una imposición de cuál es la normalidad a aceptar y no un análisis con puntos de vista compartidos.Para la atención de público se exige mantener atención remota sin considerar la conectividad del usuario y los efectos de esto en su productividad, sin dar pautas organizativas para lo excepcional ni esclarecer con anticipación como incidirá en la evaluación e ingresos del trabajador; en la funcionaria judicial se le establece un trabajo extendido durante el día pero rigidez de control horario para armar sus actividades personales en lo doméstico; en la docente que recibe el anunció de baja de remuneraciones se le impone aceptar que excepcionalidad es sinónimo de merma de sus ingresos; en el docente llamado a conversar sobre sus explicaciones se le establece un nuevo parámetro de normalidad para el futuro: debe revisar actuaciones de otros funcionarios de la universidad sin poder modificarlas o incidir en ellas, porque esa nueva normalidad consiste en dar al estudiante la sensación de normalidad administrativa en vez de hacerle reflexionar sobre como en la realidad mermada se provocan situaciones anómalas.

Las obligaciones de los trabajadores se imponen sobre la lógica de lo que la jefatura establece debe hacerse y no sobre la base de la distinción entre un contexto de normalidad y la situación de excepción que la pandemia ha provocado; además se trasladan al trabajador la insistencia en producir normalidad cuando esa es una labor de quién dirige. Queda así anulada la posibilidadde opción de los trabajadores.

En ninguno de estos casos se considera el impacto sobre la salud mental y el agobio que ya un trabajo forzado a distancia, sin capacitación ni medos adicionales para lo telemático y sujeto a metas y objetivosidénticos a los de la normalidad le provocan. Exponer a la trabajadora a definir ella y no la jefatura modalidades de atención al público, a la operaria judicial a mantener cumplimiento de objetivos y jornada sin considerar horarios personales y domésticos, a la docente a aceptar rebaja de remuneraciones, al docente a dar explicaciones sobre hechos que no son parte de sus funciones bajo una modalidad visual de una pantalla  dividida en cuatro en que tres de los rostros son los jefes que lo llaman a conversar con insistencia de lo sucedido, significan sin duda tensiones, menoscabado, duda sobre la continuidad o las oportunidades laborales. No exist en ninguno de estos casos preguntas o medición de la salud mental previa y la angustia posterior a los hechos, simplemente se asumcon naturalidad el vea cada uno como resuelve su situación mental.

En todos estos casos se ha olvidado por los superiores respetar el principio de proporción y ponderación esencial para el resguardo de los derechos humanos en el trabajo, que consiste en resumen en preguntarse si lo que se ejecuta puede realizarse de otra forma que no lesione al trabajador. En la atención judicial a carenciados trabajar por ellos y por los trabajadores significaba asegurar a ambos las vías de conectividad y definir desde un principio como esto incidirá en los ingresos de los trabajadores; en la funcionaria judicial podría dejarse claro que el objetivo primaba sobre el horario de trabajo; en la docente llamada a aceptar rebaja de pagos pudo señalarse una temporalidad y ratificar la continuidad de su contrato de trabajo al volver a la normalidad; en el caso del docente requerido a explicar un hecho bastaba la petición de un informe escrito o la reunión con uno de los superiores para establecer un hecho y no obligarlo a presentarse ante un comité colectivo sobre su conducta, lo que es una demasía.

Se dirá que no hay en verdad acoso laboral porque no hay actos reiterados necesarios para configurarlo como lo exige el artículo de la ley. Es verdad, no se configura en plenitud pero se trata de figuras igualmente lesivas, dañosas, micro violencias que instalan la tensión sobre el trabajador subordinado, lo violentan porque él más que nunca intuye que las alteraciones objetivas al mercado laboral de la pandemia pueden llegar a afectarle. No hay acoso laboralpero si una presión que atraviesa el cuerpo del trabajador por la angustia de tener que responder a esa nueva normalidad que se le exige.

Situaciones como estas debieran abrirnos la mirada a esta micro física del poder en el ámbito laboral, a preguntaros cuanto naturalizamos la obligación de los trabajadores de subordinarse a todo evento al empleador de quien depende. Aunque también sirve para hacernos otra pegunta más compleja sobre las realidades que aún no vemos dela la emergencia: si esto pasa en ámbitos donde hay cercanía intelectual de las partes ¿Cómo son estas relaciones de violencia en el trabajo en otros lugares donde el despotismo no es ilustrado?

Evalúan Medidas de Gobierno Durante la Pandemia Para Garantizar a Mujeres Una Vida Libre de Violencia

La Articulación de Mujeres de Oposición lanzó una encuesta dirigida a organizaciones feministas, de mujeres y territoriales para evaluar las medidas gubernamentales ante el aumento de la violencia contra las mujeres durante la crisis sanitaria por Covid-19.

El sondeo on line que permitirá levantar información sobre la situación actual en Chile, estará disponible hasta el 15 de junio y sus resultados servirán para nutrir un informe hacia la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Simunovic, quien monitorea los impactos de la pandemia sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las medidas tomadas por los Estados para garantizarlo.

Aumento de las violencias

Desde la Articulación, que reúne a vicepresidentas de la Mujer y representantes de espacios feministas y de género de la oposición, señalaron que sólo durante el mes de marzo las llamadas telefónicas a números de emergencia por violencia intrafamiliar aumentaron un 40%, sin embargo, las denuncias ingresadas al sistema judicial por el mismo delito bajaron un 26%. Por esta razón, llaman a las agrupaciones de todo el país a responder la “Encuesta para Organizaciones ante la Violencia contra las Mujeres en Pandemia Covid-19”.

Marcela Sandoval, vicepresidenta de Revolución Democrática, explicó que “Durante la crisis se han agudizado las distintas formas de violencia hacia las mujeres, han tenido que convivir con agresores, recibir ataques por redes sociales, todo en un contexto donde están a cargo en su mayoría de las tareas de cuidado, el desempleo femenino aumenta y con un gobierno que muestra indiferencia por estas situaciones. Por eso creemos que es indispensable levantar la voz desde las organizaciones con esta encuesta”.

Antonia Orellana del Frente Feminista de Convergencia Social, añadió que existen  recomendaciones internacionales “relativas a aumento de capacidad de atención de la red de ayuda, facilitar la denuncia judicial y proveer más casas de acogida con criterios menos estrictos que las actuales, que no han sido implementadas por el ministerio de la Mujer y eso incide directamente en las posibilidades que tienen las mujeres de enfrentar la violencia hoy”.

Organismos internacionales

Camila Avilés, vicepresidenta de la mujer de la Democracia Cristiana, agregó que como mujeres de oposición presentaron medidas concretas y manifestaron toda su voluntad para subsanar esta situación pero no fueron escuchadas. “No nos queda más que poner sobre la mesa estos antecedentes a organizaciones internacionales para visibilizar la importancia de proteger a mujeres niños y niñas, y evitar muertes en manos de la violencia de género“.

La encuesta se puede responder en el link https://bit.ly/violenciaCOVID y las organizadoras esperan que sea completada por un gran número de organizaciones feministas, de mujeres, juntas de vecinas, asambleas, redes de apoyo y otras, a lo largo del país.

Para la Articulación de Mujeres de Oposición “la violencia no está en cuarentena y el activismo feminista tampoco”.

Diputados de Comisión de Economía Piden al Gobierno Apoyo a Pescadores Artesanales ante Industriales por Extraer Jibia por Arrastre

Parlamentarios de la Comisión de Economía, encabezados por su presidente, el diputado Pedro Velásquez, acompañado de los diputados Boris Barrera (PC) y Jaime Naranjo (PS) emplazaron al gobierno para que se haga parte de la defensa de la institucionalidad del Congreso respecto de la Ley de la jibia, que fue aprobada por ambas cámaras y promulgada por el Presidente Piñera, y pidieron al subsecretario de Pesca que cumpla su palabra de apoyar a pescadores artesanales, tras solicitud de industriales al Tribunal Constitucional, que piden volver a realizar pesca de arrastre de este recurso marino.

El diputado regionalista, Pedro Velásquez, dijo que “la Comisión de Economía por mayoría absoluta de sus miembros, envió una carta al Presidente de la República, al ministro de Economía y al subsecretario de Pesca, en relación a la precaria situación que está afectando a cientos de miles de pescadores y sus familias por la solicitud de una empresa al Tribunal Constitucional con la finalidad de dejar sin efecto esta normativa.

El parlamentario independiente, por la Región de Coquimbo agregó que “el gobierno ha señalado que simpatiza con los pescadores artesanales, no obstante vemos que esa simpatía es un tanto irónica y por ello necesitamos que el gobierno se haga parte con sus mejores constitucionalistas, que luche por los pescadores artesanales, dado que este proyecto fue dictado bajo la voluntad de ambas Cámaras y promulgado por el Presidente Piñera. Por lo tanto, el hecho de mirar desde la misma vereda, pero sin hacer acciones efectivas, es la oportunidad de que el gobierno evite nuevas manifestaciones de los pescadores artesanales a nivel nacional”.

Defender a los más débiles

Del mismo modo, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, sostuvo que “se trata de la empresa Landes que recurrió al TC para hacer inaplicable la ley que prohíbe la pesca de arrastre del recurso jibia. El gobierno tiene el deber constitucional de defender la ley, porque es el que la lleva a cabo y el que hace el decreto es la Subsecretaría de Pesca y, por lo tanto, está en la obligación de hacerlo. Primero, desde el punto de vista de la defensa de la pesca artesanal, porque permite que el recurso sea sustentable, que no se mate el medioambiente y, por otro lado, porque la ley se hizo de manera democrática, apoyada y aprobada ampliamente por la Cámara y el Senado, y lo que cabe  es cumplirla y lo que corresponde al gobierno es defenderla”.

Por su parte, el diputado socialista Jaime Naranjo manifestó que «una vez más se quiere entorpecer y retrotraer la voluntad popular, acudiendo al Tribunal Constitucional y esto normalmente lo hacen quiénes tienen recursos para torcer la voluntad de un poder del Estado. Por eso, creemos que es importante que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera no se haga cómplice de esto. Acá hay que defender a los más débiles que son los pescadores artesanales y no a las grandes empresas pesqueras».

Funcionarias del MinMujeryEG: “Mónica Zalaquett avaló el embarazo de una niña de 11 años violada por su padrastro”


Sabemos que la señora Zalaquett, ex Diputada, no reconoce el derecho que las mujeres tenemos a decidir sobre nuestros cuerpos y reproducción, que votó contra el postnatal de seis meses, que se opone al matrimonio igualitario y que defiende los negocios de tragamonedas –que tiene a muchas mujeres populares subsumidas en ellos-, así como también habría votado con posible conflicto de interés a favor de la Ley de Pesca que precarizó la vida de tantas familias de pescadores/as y atenta día a día contra la protección del medio ambiente”, señaló la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ANFUMMEG.

Acompañadas por más de 60 dirigentas de organizaciones feministas, sindicales, sociales y territoriales, entre ellas la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, Asamblea Feminista Plurinacional, el Directorio Nacional de la ANEF, Coordinadora Transversal de Mujeres Organizadas, Nosotras Las Constituyentes, ABOFEM, FECH, Frente de Mujeres Progresistas Tati Allende y los Colegios Metropolitanos de Periodistas y de Matronas, la directiva de la ANFUMMEGque preside Vesna Madariaga, leyó la declaración pública, donde acusan que el cuoteo político es más importante que el trabajo por la diversidad de mujeres en Chile.

ANFUMMEG rechazó la designación como nueva ministra del ministerio de la Mujer y Equidad de Género (MinMujeryEG), Mónica Zalaquett Said, quien como diputada se opuso a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, tema que fue expuesto en las redes sociales apenas se informó su designación. De la misma manera, las redes no dejaron pasar que en el caso de Belén, una niña de 11 años embarazada el año 2013, la calificó de valiente” por “tomar la decisión de continuar con su embarazo”.

Somos conscientes que su ideología es contraria a los avances en igualdad de género, toda vez que en el pasado avaló el embarazo de una niña de 11 años violada por su padrastro, y quienes enmarcamos nuestro trabajo y ética de vida en el Derecho Internacional de los Derechos Humanosde las mujeres, entendemos que toda situación que avale la violencia sexual para nosotras siempre será absolutamente impresentable, y parte por quienes son cómplices de un delito”, dijo Madariaga.

Festín mediático con el ministerio

El comunicado define como «festín mediático» la forma en la que el Presidente Sebastián Piñera ha tomado decisiones sobre el ministerio de la Mujer y Equidad de Género y las califica de “provocaciones sexistas y misóginas, que afectan a la institución en su conjunto, a las funcionarias y funcionarios, a todas las mujeres y feministas que lucharon por décadas para contar con una institucionalidad que trabajara para que las mujeres que habitan nuestro país pudieran vivir una vida digna».

La organización sindical recordó los pocos más de 30 días de Marcela Santelices a la cabeza del MinMujeryEG, en los que hubo “campañas que romantizaron la violencia machista, intentos de contratación de un sujeto misógino, tristes despliegues en sus concurrencias a reuniones en el parlamento, entre otras cuestiones que quisiéramos olvidar de sus poco más de 30 días de ministra, pero no, no es posible olvidar cuando el contexto es tan adverso para millones de mujeres que hoy a pesar de todo, resisten a la pandemia, a sus agresores, al hambre y al frío y nuestro ministerio estuvo absolutamente ausente para todas ellas», denunciaron las dirigentas.

Para las funcionarias y funcionarios, la institución no ha intervenido como corresponde en la crisis sanitaria por Covid-19, para dar respuesta “de forma transversal para las mujeres. Recalcan que “no se ha legislado ni una sola ley que tenga enfoque de género en este período, el postnatal de emergencia está a punto de caerse, la respuesta ministerial frente a la violencia machista fue una iniciativa que jamás contó con un sostén institucional que permitiera hacerla efectiva para las mujeres, la Mascarilla 19 -iniciativa de la Subsecretaria Cuevas en su cargo de ministra (s)- expuso y revictimizó a cientos de mujeres que buscaron ayuda del Estado en una situación de gran vulnerabilidad, finalmente el seguro de cesantía deja afuera a más de 300 mil mujeres que realizan trabajos domésticos remunerados.

La directiva de la ANFUMMEG enfatizó que la cartera debe velar por reivindicar y consignar derechos para todas las mujeres, incentivar una vida libre de violencia, potenciar la autonomía económica y construir políticas públicas que el Estado en su conjunto debe garantizar para todas las mujeres en su diversidad. Junto con ello, exigió a la nueva autoridad ministerial «hacerse cargo de liderar el proceso interno de buen trato laboral y, especialmente levante todos los sumarios pendientes que se han solicitados, entre ellos a la seremi de Magallanes, Patricia Mackenney Schmauk, a la subsecretaria Carolina Cuevas Merino y al funcionario de confianza Sebastián Alarcón Torres».

Contra postnatal de 6 meses, aborto 3 causales y a familias lesbo y homoparentales

Apenas a un mes de asumir el cargo y tras el cuestionamiento por parte de los movimientos feministas y de mujeres, Macarena Santelices dejó el MinMujeryEG acompañada de fuertes polémicas por una fallida campaña contra la violencia hacia las mujeres que debió ser retirada, y por nombrar como jefe de la División de Estudios al ex editor de La Cuarta, Jorge Ruz.

En su reemplazo asumió la periodista militante de la UDI, Mónica Zalaquett, ex diputada entre 2010 y 2014 por el distrito 20 (Cerrillos, Estación Central y Maipú) y quien dese 2018 se desempeñaba como subsecretaria de Turismo.

Junto con la declaración de ANFUMMEG se generaron diversas críticas al nombramiento de Zalaquett, que apuntan a su posición contraria a la interrupción del embarazo en tres causales que manifestó siendo diputada durante la discusión del proyecto; su oposición al postnatal de seis meses, el que calificó como “una guillotina laboral” cuando se discutió el año 2010; y también a su postura contraria a los derechos de filiación de parejas lesbo u homoparentales.

Siendo diputada, la actual ministra presentó junto a otros parlamentarios un proyecto para modificar el artículo 1° de la Constitución, estableciendo que el menor sólo tendrá por padres a un hombre y una mujer”.

Que a la luz de lo antes señalado y buscando dar aún mayor fortaleza a lo establecido por nuestra legislación en el sentido de garantizar al menor un ambiente familiar donde pueda desarrollarse en plenitud en todos los ámbitos, se hace necesario establecer de manera expresa que un menor sólo puede tener un padre y una madre, es decir, bajo ninguna circunstancia podrán ser padres de un menor dos mujeres o dos hombres”, señalaba el proyecto de reforma constitucional.

Además, las organizaciones compartieron información de prensa que la vincula al negocio de los casinos. La Asamblea  Feminista Plurinacional mencionó en su cuenta de Twitter que el año 2018 “como subsecretaria de Turismo participó en la votación que aprobó políticas públicas para proyectos de interés social en el área de Casinos de Juegos, solicitudes hechas por la empresa de casinos Marina del Sol, siendo su hermano y marido propietarios”.

Un ministerio a la altura

Por su parte, las vicepresidencias de la Mujer de los partidos de oposición emitieron un comunicado público donde declaran que el Gobierno no ha estado a la altura” para enfrentar los efectos de la pandemia en la vida de las mujeres, quienes se han visto más perjudicadas puesto que son las primeras afectadas en sus empleos, en la disminución de sus ingresos, tienen una mayor tasa de informalidad y de precariedad laboral, a lo que se suma la difícil situación de aquellas que viven violencia.

Necesitamos que el ministerio de la Mujer y Equidad de Género esté a la altura de lo que está pasando y se ponga del lado de las mujeres chilenas. Exigimos que la ministra recién nombrada se comprometa con la difícil realidad que muchas de ellas están viviendo. No estamos en tiempos de más experimentos fallidos, se requiere de acción porque la vida de muchas mujeres está en juego”, expresan.

En la misma línea, la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, lamentó que el cargo siga en manos de la UDI, colectividad que “nunca han estado por la totalidad de los derechos de las mujeres” y advirtió que para la administración de Piñera será muy difícil encontrar un nombre que satisfaga al mundo de mujeres y feministas porque “en general la derecha en Chile no ha estado con los derechos de las mujeres.

En su cuenta de Twitter, Pascual añadió que el MinMujeryEGno es una “pieza de decoración del Estado, debe velar por los derechos de las mujeres y tener un compromiso explícito contra la violencia de género”.

En tanto, la diputada socialista Maya Fernández, indicó que en el actual contexto, donde “se han incrementado las cifras de violencia intrafamiliar durante la pandemia y son las mujeres las que han estado más perjudicadas por la crisis económica y sanitaria, quienes han visto más precarizada su situación”, se requiere una ministra comprometida.

La diputada dijo tener “dudas con la nueva ministra”, producto que “cuando fue diputada rechazó la extensión del postnatal en seis meses justo cuando estamos viendo un proyecto muy importante que tiene que ver con el postnatal de emergencia.

Fernández enfatizó que se requiere una ministra jugada en implementar medidas de apoyo económico y contra la violencia, que escuche a los movimientos feministas y que acoja los proyectos presentados en las comisiones de mujeres y equidad de género en el Congreso. Ésta es la hora del compromiso y no del cueteo”, recalcó.

Tras asumir, Mónica Zalaquett escribió en su cuenta de Twitter que como ministra del MinMujeryEG “nuestra prioridad será trabajar comprometidamente por el fin a la violencia contra la mujer, la equidad de género y la igualdad de derechos”.

Partidos de Oposición Urgen al Gobierno por Medidas Inmediatas para un Ingreso de Emergencia

Partidos de oposición emitieron una declaración señalando que han pasado tres meses de acelerado deterioro en  el nivel de vida de millones de familias chilenas, que ya no pueden esperar, por lo que llaman al gobierno a legislar -porque Constitucionalmente sólo el gobierno puede tomar la iniciativa- esta misma semana, para que todos quienes lo requieran “cuenten con un ingreso de emergencia que haga viable su subsistencia y permita el cumplimiento de las cuarentenas sanitarias”

Señalan que retrasar esta ayuda sólo agrava la situación sanitaria y social, y profundiza y prolonga los efectos de la crisis económica, en un círculo vicioso inaceptable para un país como el nuestro, que puede y debe hacer un esfuerzo mucho mayor en apoyo de quienes lo necesitan”.

Los partidos Socialista, PPD Democracia Cristiana, Radical, Revolución Democrática  y Liberal señalan que se debe actuar con sentido de extrema urgencia porque es la subsistencia  la que está en juego.

Indican que urge hacerlo y que “posteriormente se podrá atender los otros temas que el gobierno ha puesto en la agenda económica (instrumentos para la reactivación y marco fiscal), los que, por su propia naturaleza, requieren mayor espacio de análisis y definición”.

Proponen anticipar en el  Plan Económico para la Emergencia que se está intentando construir, lo relativo al apoyo directo a las familias. Concretamente, piden -entre otras cosas- asegurar un piso mínimo de protección a todos los hogares que lo necesitan, sin discriminación alguna. ”Ese piso está dado por el monto que el Ministerio de Desarrollo Social estima una familia requiere para no estar bajo la línea de pobreza. Para un hogar de tres miembros sería de $369.205; y de $451.570 para un hogar de cuatro integrantes”.

Señalan que el Estado proveerá de inmediato el ingreso o el complemento que requiera cada familia para lograr dicho ingreso mínimo. “Este será dado a todas las familias inscritas en el Registro Social de Hogares (RSH). Las actualizaciones del RSH ya realizadas serán consideradas sin esperar la corroboración de esa información. Lo mismo ocurrirá con las nuevas personas que se inscriban o actualicen su información; de inmediato recibirán el ingreso que les corresponda. Posteriormente se podrá sancionar a quienes, eventualmente hubieren abusado de la situación”.

Proponen que el ingreso de emergencia sea depositado en la cuenta RUT de Banco Estado y que para aquellos que no tengan cuenta, “podrán retirarlo personalmente, con su cédula de identidad”. Agregan que el ingreso se otorgará de inmediato y con una duración inicial de tres meses, renovable según evolución de la situación sanitaria.

Califican como un paso correcto el que, finalmente, “el Gobierno haya escuchado la necesidad de involucrar a la atención primaria y a los municipios en la urgente tarea sanitaria, en la que son actores indispensables. Sin embargo, se requiere que se incrementen los recursos disponibles. Hoy, pese a la pandemia, ambos actores cuentan con mucho menos recursos que el año pasado”.

Por último, afirman que los costos de lo que proponen es perfectamente financiable por Chile.

Corte da Cinco Días al Minsal Para Responder por Entrega Irregular de Terapias Para el VIH Durante la Pandemia

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado en contra del ministerio de Salud, por la entrega parcial, incompleta e irregular de terapias para el VIH durante la pandemia de Covid-19.

Tras declararlo admisible con fecha 5 de junio, la corte entregó un plazo de cinco días a la cartera presidida por Jaime Mañalich, para entregar un informe que incluya “todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto que ha motivado el recurso”.

La primera acción judicial en Chile de personas viviendo con VIH en medio de la grave crisis sanitaria, fue presentada por el reconocido activista de la disidencia sexual, Víctor Hugo Robles, conocido como el “Che de los gays”, con el patrocinio del abogado Esteban Arévalo.

Entrega de terapias multi-mes 

Arévalo explicó que el recurso recoge una serie de denuncias sobre la falta de entrega de las terapias de VIH por más de un mes, “que es lo que ha recomendado encarecidamente la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, el propio Colegio Médico de Chile y también el mismo ministerio de Salud que señaló en un documento oficial que existiendo stock de los medicamentos para el VIH, éstos debían ser entregados ojalá para dos o tres meses, lo cual no se ha producido”.

El abogado especialista en Derecho a la Salud, recordó que tanto el ministro Mañalich como el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, aseguraron de manera pública que existe stock, “por lo tanto, el no hacer entrega para la terapia para dos o tres meses al menos, constituye una arbitrariedad que pone en riesgo la salud y la vida de las personas que viven con VIH porque las expone mes a mes a presentarse a un recinto de salud donde no existen las condiciones sanitarias suficientes para poder garantizar que no se van a contagiar de Covid-19”.

Por esta razón, el objetivo es que los tribunales de justicia obliguen al ministerio a efectuar esta entrega por más de un mes “al recurrente Víctor Hugo Robles, pero esperamos que se haga extensible a todas las personas que viven con VIH”, indicó.

En el recurso de protección, Víctor Hugo Robles señala que pese a que las autoridades de salud informaron públicamente la entrega de medicamentos por un mayor plazo, “el pasado 20 de mayo de 2020, concurrí al CDT del Hospital San José, centro de salud en grave crisis y colapso en atención ambulatoria y de emergencia, buscando retirar los medicamentos para el VIH garantizados por Ley, encontrándome con que las declaraciones públicas de las autoridades de salud no eran ciertas“.

Detalla que “Junto a la entrega en un pasillo, nombrado a viva voz y luego de una larga espera, al lado de más de 30 personas sentadas una al lado de la otra, se me entregó medicamentos para el VIH solo por un mes y no por dos o tres meses como han indicado e informado las autoridades públicas de salud y recomienda ONUSIDA”, situación que se agrava puesto que junto con vivir con VIH hace 26 años, sufre de hipertensión arterial y convive en un mismo espacio físico con sus padre y madre, ambos adultos mayores.

Derecho a la salud y a la vida

Durante la pandemia, el periodista se ha encargado de denunciar el actuar negligente del ministerio de Salud y de exigir la entrega de terapia por más de un mes a todos los pacientes VIH positivos en Chile.

El documento indica que esta solicitud ha sido respaldada incluso por el Colegio Médico de Chile, que en la Mesa Social Covid-19 del 2 de junio, manifestó en un informe público: «Organizaciones de pacientes han denunciado entrega de antirretrovirales en los Hospitales de forma muy parcelada (cada 10 días en ciertos casos), lo que lo/as expone a mayores contagios. Se solicita avanzar en la estrategia propuesta por ONUSIDA de entrega de terapias multi-mes, o en su defecto la entrega a domicilio de los fármacos. Se sugiere campaña de educación a pacientes con enfermedades crónicas sobre uso y retiro de medicamentos en contexto COVID, mantención de atenciones a través de teleasistencia y precauciones generales».

Robles dijo a Página 19 que la acción judicial permitirá a las personas viviendo con VIH, obtener una respuesta formal por parte del ministerio de Salud “sobre la entrega irregular e incompleta de las terapias en tiempos de Covid-19, porque han transcurrido tres meses de la pandemia y no hemos recibido información oficial y completa, terapias que además no han sido un regalo del Gobierno o del Estado, sino que son garantizadas por la ley fruto de la lucha tenaz que hemos dado las organizaciones y personas que vivimos con VIH”.

Agregó que el gobierno tiene la obligación de respetar los derechos humanos de las personas viviendo con VIH, “el derecho a la salud y a la vida, por eso llamo a todas las personas viviendo con VIH a que inicien sus propias acciones judiciales porque esto tiene que ser una acción colectiva”.

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