El Gobierno, a través de la Ministra vocera, se ha autoasignado la función de “garante” del Proceso Constituyente. Tal definición oculta una serie de cuestiones. En primer lugar, que el Gobierno haya sido participe y promotor del acuerdo político que viabiliza el plebiscito de abril. Esto es falso. Al acuerdo confluyó un amplio espectro de las fuerzas políticas del país, y se firmó el 15 de noviembre en la sede del Congreso Nacional de Santiago. No en La Moneda. El Gobierno fue un espectador pasivo del acuerdo político más importante de los últimos 30 años.

En segundo lugar, el Gobierno asume que el acuerdo requiere de garantías que deben ser resguardadas, cuando en rigor, la única función del Gobierno será cumplir con la ley. Y si, por algún motivo se requieran, serán los propios partidos políticos firmantes quienes tengan la responsabilidad de otorgarlas.

En tercer lugar, si de garantías se trata, quien las otorga debe tener cierto grado de habilitación, o un mínimo de legitimidad para cumplir dicha tarea. Resulta evidente que el Gobierno, representado por el Presidente de la República, no está en condiciones de ser garante de un acuerdo que le es ajeno, que le es extraño, y que, con el esfuerzo que le obliga la falta de convicción, deberán ser capaces de, al menos, cumplir con la ley. Esto que es obvio, no es tan obvio para este Gobierno. Antes de la crisis, fuimos testigos de los ingentes esfuerzos de la Ministra Cubillos por incumplir la ley, utilizando todo tipo de resquicios legales y políticos.

Conquista política

El Plebiscito de abril es una conquista política del pueblo de Chile movilizado en las calles, que los partidos políticos materializaron en la ley. Lo sacaremos adelante muy a pesar del Gobierno, porque si bien el Plebiscito será un tanque de oxigeno para la subsistencia del Gobierno, es su principal derrota política. La agenda del país, durante lo que queda de mandato, será fundamentalmente el proceso constituyente. Nos guste o no, porque las y los ciudadanos exigen al Gobierno una agenda social progresista que, por razones de la naturaleza de la derecha, no están en condiciones de cumplir.

Mientras el Presidente de la República insista en teorías conspirativas internacionales para explicar la protesta social, el Gobierno será, cada día que pasa, un obstáculo para el desarrollo del proceso. La negación de las violaciones a los Derechos Humanos, que encabeza Sebastián Piñera, le interpone una sospecha moral que le pesará a él y al país, por mucho tiempo, aun cuando se vea obligado a rectificar su conducta y a corregir sus declaraciones.

Es cierto que uno de los problemas principales de la política en los tiempos que corren es la cuestión de la legitimidad. ¿Quién tiene legitimidad? Cuando única y exclusivamente la tiene el pueblo, en tanto ente abstracto que está en todas partes, y en ninguna a la vez, ponemos en tela de juicio el sistema de representación de la democracia que tenemos. Este es un problema que no solucionará el proceso constituyente, porque en sus bases tiene la lógica de la representación. Los delegados al órgano constituyente serán representantes electos, independientes o militantes, que surgirán de un proceso electoral establecido en la ley. Al fin y al cabo, se trata de un proceso estrictamente institucional.En ello, no hay demérito, como creen algunos.

Por el contrario, su legalidad y su institucionalidad terminarán siendo, seguramente, la única garantía que permita a la Nueva Constitución tener la legitimidad necesaria de la cual carece la que tenemos vigente. Si el Gobierno quiere subsistir, aunque sea languideciendo, deberá moverse poco, cumplir con la ley, y esperar, con resignación, el inevitable juicio de la historia que pesará sobre sus hombros.

Pienso que el Gobierno debió hacer algo novedoso, distinto, sorpresivo, sorprendente, de manera urgente, Urgentísima. Y no lo hizo. Era quizás y creo que, con buena voluntad y optimismo, podría continuar siendo una buena posibilidad, para que sigamos todos finalmente siendo demócratas. Nunca es definitivamente tarde, cuando se trata de gobernar. Porque de eso, precisamente, se trata: de que tengamos presidente de la República hasta el final de su mandato constitucional.

Para recordar otros ejemplos y no “reinventar la rueda”, no debemos olvidar que durante su propio mandato el vecino ex presidente argentino Macri le pidió algo así como 50 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional o a una institución internacional parecida. La verdad es que no me importa cuál, ni el dinero ni la Banca internacional tienen propietario único. ¡Y se lo prestaron!! Más allá de que aquella institución sabía de antemano que, si recordamos ocasiones anteriores, la suma jamás la verá de regreso, aquél Fondo lo hizo.

Entonces Chile, como país serio y que de verdad ya hemos visto que de alguna manera siempre ha pagado sus deudas, también podría golpear las puertas de alguna de esas entidades mundiales, que para eso están: para prestar plata. Chile, con los años y el regreso futuro a una próspera realidad financiera (porque todos los tiempos cambian y soñemos que las vacas gordas reaparecerán, con un buen pastoreo político y social), comenzaría a pagar esa deuda con calma y paciencia. El mundo lo esperaría. El mismo mundo que fue y será una porquería… pero que sirve para pedirle plata prestada.

¿Y qué hacer con la plata en el bolsillo, si así podemos llamar a las arcas fiscales que maneja nuestro nuevo, simpático, sincero conversador y lleno de iniciativas ministro de Hacienda” ¿Dejar la deuda para después? ¿El eterno después, que debe actualmente ser considerado como un buen aliado? ¿Algo así como “chutear la pelota para adelante”, en jerga futbolística? Exactamente, eso mismo.

La salida

Con esa plata que llegara y muy sencillamente, habría que responder a las urgencias que aparecen día a día por todos lados. Con 50 mil millones de dólares más el chaucheo interno proveniente de impuestos, contribuciones y demases, todos quedaríamos por lo menos algo contentos y encaminados hacia una suerte de satisfacción. Los pensionados, la Educación, la Salud, el CAE, el transporte y sus derivados, la reinvención de Carabineros, tantas cosas más. Reconstrucciones de todo lo destruido. Y podríamos replantear así varios cambios y una nueva mirada hacia un posible porvenir más auspicioso y feliz, con nuevas y refrescantes circunstancias y sin las malas vibras que provocan tan naturalmente las cuestiones que están ocurriendo en varios escenarios de nuestro cariacontecido entorno.

Lo anterior lo veo como la única salida de este gobierno, en la hora actual. Una salida única y medianamente airosa, pero con un agregado tremendamente necesario y que, con un gran esfuerzo y asesores especializados en despertar al ser humano que todos llevamos dentro, hicieran todo lo posible por lograr la reacción que muchos esperan, con respecto a nuestro Mandatario. En consecuencia, me imagino al presidente Piñera expresando vox populi algo así como:

“Yo he sido derrotado pero continuaré gobernando hasta el final de mi período para el cual fui electo porque quiero defender nuestra robustez cívica. De veras pido humildemente perdón a la ciudadanía toda por sentirnos violenta y repentinamente superados sin haberlo siquiera imaginado ni menos pronosticado. Sin embargo, a mis conciudadanos aseguro que estamos dedicados a seriamente a encontrar el camino de regreso al orden establecido y ya estaremos nuevamente en condiciones de responder a las expectativas y a las demandas”.

En el fondo, se necesitan nuevos vientos.

Humildad y modestia, como en los buenos tiempos de nuestros líderes históricos, que indudablemente los hubo. Todo ello constituiría parte de una actitud sincera y respetuosa hacia los demás que ya están (estamos) muy cansados de tantísimas falsas promesas, “palos de ciego” y planteamientos ilusorios alejados de la realidad y basados en cifras inmanejables más que en sentimientos humanos. Y ciudadanos.

Y que esa declaración la hiciera el Presidente de cara a la gente, en un intento (que para muchos sería desesperado pero así están las cosas) que finalmente debiera ser bien recibido por la ciudadanía, porque en el fondo los chilenos somos gente bastante civilizada, salvo las excepciones de siempre y con las que muy a nuestro pesar, hay que seguir avanzando. Porque de eso se trata, principalmente: seguir viviendo.

Bueno, ya veremos cómo se nos vienen los próximos días pero en esta semana de diciembre, mes débilmente navideño en lo económico y en el ánimo que nos embarga, sigamos con la vista hacia adelante, porque el pasado no lo cambia nadie. Salvo la próxima Constitución, pero ella todavía no nace y está por verse.

Entre los muchos impasses que han surgido y seguirán surgiendo entre el oficialismo y la oposición para realizar un justo y democrático proceso constituyente, una de las primeras barreras que levantó la derecha más conservadora para retardarlo, fue cerrarse a admitir espacios pre-reservados para dos sectores siempre discriminados: las mujeres y los pueblos originarios.

No han querido aceptar que sólo con cupos asegurados para estos sectores de nuestra ciudadanía tendremos una Convención Constituyente que nos represente a todos y todas y, al final del proceso podamos respetar su resultado al momento de aprobar la Nueva Constitución con el trabajo de hombres y mujeres por igual.

Se niegan a entender que se trata compensar los siglos de atraso que llevamos las mujeres en la participación en el ejercicio del poder para la conducción del país. Olvidan que hace solo ochenta años desde que en 1935 los varones que manejaban el Parlamento nos abrieron las puertas a la votación para las elecciones municipales y setenta desde que –en 1949– pudimos votar también para elegir Presidente (a) y parlamentarios e incluso ser candidatas a algún puesto de decisión importante.

¿Por qué queremos participar más en los puestos de poder? Porque allí es donde se define y decide qué hacer en todos los campos de la vida humana: desde las relaciones entre los países, la producción de bienes, las materias de salud, educación, vivienda, trabajo, derechos sociales…  Y si se hace con perspectiva de mujer, tanto mejor para nosotras, que somos más, y para todos.

Ley de cuotas

Ahora parece tan fácil, pero han sido años de lucha para que los patriarcas de este mundo comprendan que podríamos aportar y mucho al progreso de nuestras naciones. Una lucha que no ha terminado.

El siguiente paso ocurrió cuatro décadas después, con las “cuotas” de mujeres para comenzar a emparejar la cancha participando en las más altas tribunas públicas. Argentina fue el primer país en el mundo que aprobó una ley de cuotas para la mujer en la vida política y ello ocurrió en 1991, hace sólo veintiocho años. En Chile, por primera vez se planteó el tema bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, donde ella se lanzó con todo al presentar un gabinete paritario.

En las elecciones parlamentarias de 2001, cuando no se mencionaban las “cuotas”, sólo conseguimos el 10 %  del total de las candidaturas. Y cuatro años después, seguíamos estancadas: éramos sólo el 11 % de los parlamentarios. Sólo teníamos 2 senadoras y 15 diputadas.

La “cuota”, que todavía es rechazada por algunos y algunas que aún creen que el mérito es suficiente,plantea que un mínimo de 40 % de los candidatos a elección sean mujeres. Se logró en el segundo gobierno de Bachelet, en 2015, con la Ley 20.840 que cambió el tramposo Sistema Binominal, donde los partidos con menos votos ganaban posiciones inmerecidas, volviendo a uno proporcional como el D´Hont. Esta legislación estableció además que cada género debe presentar un mínimo de 40 % de candidato(a)s.

En las elecciones de 2017, el 23 % de las candidatas mujeres resultaron electas, lo que permitió tener 6 senadoras y 35 diputadas. De este modo aumentó el porcentaje femenino en la Cámara de Diputados de 19,6 % en que estuvo estancado durante un tiempo, al 41,3 % actual.

Veamos en qué se ha notado nuestra presencia en los hemiciclos.

Entre los temas propuestos con mirada de mujer al Parlamento y que cristalizaron en leyes están: la plena capacidad jurídica de la mujer y el nuevo régimen patrimonial en el matrimonio (que nos permite administrar los bienes conyugales);  la ley que sanciona la violencia intrafamiliar; el divorcio vincular (en reemplazo de la falsedad de las nulidades); la igualdad de derechos entre hijos e hijas nacidas fuera del matrimonio;  la ley de Acoso Sexual; el postnatal para los padres; mejora en  el contrato de trabajo de las empleadas de casa particular y en las condiciones de las temporeras y descanso dominical para los trabajador@s del comercio.  

Hoy tenemos un nuevo proyecto de ley en marcha que se refiere exclusivamente a la Ley de Cuotas.  Se aprobó por la Cámara a comienzos de octubre pasado, pero tras el estallido social, quedó estancado. En el cual, para estimular nuestra participación, se fija un incentivo a las candidatas mujeres bajo la forma de un reembolso adicional de parte del Servicio Electoral (Servel) por cada voto obtenido por una candidata mujer. Además, se ordena que la cuota rija hasta después que el Servel haya hecho los tradicionales descartes de candidaturas por razones legales. Es decir, la cuota mínima para las candidatas debe regir a partir de las candidaturas aceptadas por éste.

La paridad

Aunque tenemos ya un camino recorrido, la campaña para que los chilenos comprendan que es bueno para el país que las mujeres participemos en su conducción, no ha terminado.

Ahora necesitamos dar un paso más: la paridad en las papeletas y en los resultados. Las “cuotas” han ayudado a reparar una postergación histórica de la mujer en la vida pública y a corregir la desigualdad en el acceso a los puestos de poder. Pero más justo y democrático sería un país gobernado mitad por mujeres y mitad por hombres. Por algo somos la mitad de la humanidad. Y en Chile, el 51%.

Michelle Bachelet fue la primera figura pública que habló y ejecutó durante su primer gobierno una paridad de género en su primer gabinete. Y hasta el final, con algunas dificultades logró mantenerlo. La ciudadanía supo que podemos cumplir más tareas que la reproducción de la fuerza humana, su cuidado y su mantención. Queremos ser parte de quienes promueven el crecimiento con desarrollo e igualdad, dar espacio a nuestra creatividad, a nuestra búsqueda y encuentro de soluciones a los problemas de la vida.

Hace años ya que después de siglos de exclusión, demostramos nuestra capacidad para emprender cualquier tarea.

Muchos sabios han dicho que si las mujeres hubiéramos gobernado desde siempre, habría habido menos guerras en el mundo. Somos más pacíficas, buscamos más la armonía en las relaciones humanas tal vez porque siempre hemos vivido poniéndonos en los zapatos del prójimo.

Si creemos en la democracia, debemos aceptar la justa medida en la distribución del poder. Mitad y mitad.

Es justicia, es igualdad y es real democracia.

El tsunami social que se desató el 18 de octubre continúa estremeciendo las estructuras políticas del país. Antes fue la pequeña división en el Frente Amplio y los ataques destemplados a quienes suscribieron -a las 2.30 de la madrugada del 15 de noviembre- el acuerdo para realizar un plebiscito sobre una nueva Constitución.  Luego, el aislamiento del Partido Comunista de sus socios de antaño, con quienes gobernó durante la administración de Michelle Bachelet.

Ahora fue la UDI. Anunció su salida de Chile Vamos poniendo en un gran interrogante su real adscripción al sistema democrático, donde se debe aceptar las decisiones de la mayoría. Y eso ocurrió en su coalición. Explicaciones más, explicaciones menos, lo cierto es que los gremialistas no resistieron que sus socios, Renovación Nacional y Evopoli, hayan votado por la paridad de género, la participación de independientes y escaños reservados para pueblos originarios en la elección y composición de la Convención Constituyente, como fue aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 19 de diciembre y a lo cual se opusieron ferozmente.

No sólo decidieron congelar su participación en Chile Vamos. Es tal el ofuscamiento que incluso se deslizaron amenazas veladas a la continuidad del sistema democrático. Porque cómo podría entenderse lo declarado por la senadora UDI Ena von Baer, que recordó a la oposición que en la negociación del 15 de noviembre hubo un compromiso de no presentar indicaciones adicionales y, si es que se presentaban, estas se rechazarían. Y entonces advirtió que “estamos iniciando momentos complejos en el país, momentos que en otras democracias han terminado en sistemas autoritarios. La única manera de no terminar en un sistema autoritario es que se cumpla la palabra empeñada y en el primer acto institucional, en la primera votación que se hace para este proceso constituyente, lo que la oposición hace es no honrar su palabra». Estaba hablando de la oposición. Si se suma entonces lo que hizo parte de su propio sector, entonces el cuadro se le debe haber ensombrecido más aún a la parlamentaria.

Aparte de las pérdidas para el gobierno y particularmente para el Presidente Piñera, sumando y restando, sin duda que la UDI sigue perdiendo en todos los planos. Baste enumerar lo último que ha ocurrido en el país donde el gremialismo se ha jugado por mantener sus cuotas de poder sin éxito. Apretando dientes y muelas, se vio obligada a firmar un Acuerdo por un plebiscito para una nueva Constitución, en circunstancias que inmediatamente después anunciaron urbi et orbe que votarían y harían campaña en contra de aquí a abril. Luego, en el cambio de gabinete, perdieron la poderosa Subsecretaría de Desarrollo Regional, que tiene el contacto directo con los municipios y, por lo tanto, infinitas posibilidades de campañas para su provecho en las elecciones venideras. Para peor, es acusado constitucionalmente su líder, el último de la poderosa camada de los “coroneles”, el ministro del Interior y primo del presidente, Andrés Chadwick, quien -según la UDI- no fue apoyado por el Ministro Blumel. Y se suma ahora la pérdida total de su postura contraria a la paridad de genero, escaños reservados para los pueblos originarios y la participación de los independientes en la elección de la Convención Constituyente.

Desbordes y Blumel en la mira

Como en sus antiguos y casi olvidados conflictos de los inicios del regreso a la democracia, hoy la pelea entre RN y Evopoli por un lado y la UDI por el otro está en su ¿mejor? momento. Lo explicitó la presidenta del gremialismo que reinauguró la campaña del terror luego de asimilar que sus socios ya no son tan socios. “Congelamos nuestra participación en Chile Vamos. Vamos a evaluar de manera institucional si vale la pena mantenerse como parte de una coalición donde no se respetan los acuerdos y donde no se actúa como coalición”, declaró Jacqueline van Rysselberghe a todos quienes querían escucharla. Su mensaje iba directo al Mandatario, a sus ministros y a RN y Evopoli.

“Este gobierno, por el cual yo voté y vamos a seguir trabajando, es un gobierno de centroderecha, y resulta que hoy somos el único partido de derecha. Y cuando este pensamiento tiene que estar representado, nuestros socios se sientan con la izquierda”, agregó.Luego, un puntapié debajo de la mesa a un ministro en particular. Dijo que no le atribuía responsabilidad alPresidente en lo ocurrido, pero “tiene un ministro, que es el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que es el jefe político de todos los ministros, y que a mí me parece que tiene que ejercer su rol”. Y atacó: “Si él –porque yo hablé por teléfono con él durante la tarde- no puede ni siquiera controlar a un parlamentario de su partido, de verdad yo creo que tenemos un problema de liderazgo del ministro del Interior”.“Entonces, no, chao. La verdad es que acá, si el ministro del Interior no tiene la capacidad de influir en su partido, yo creo que tenemos un problema”, expresó la jefa de la UDI.

De paso, criticó al presidente de RN, diputado Mario Desbordes, por abstenerse en la votación en que se decidió interpelar a tres ministros del gobierno para enero: Ignacio Briones, Jaime Mañalich y María José Zaldívar, entre otras cosas.

La decisión de suspender la participación del partido en el bloque fue comunicada por Van Rysselberghe personalmente al ministro del Interior, Gonzalo Blumel , que en su opinión no lidera, y fue respaldada por la bancada de senadores del gremialismo. “Es imposible ser parte de un equipo con una estrategia, si los jugadores empiezan a jugar para el equipo contrario en mitad del partido. Eso es lo que ocurrió con Renovación Nacional y con Evopoli” acusó la jefa de bancada de los senadores, Ena Von Baer. Y agregó: “La unidad de la centroderecha es vital para poder defender, en una futura comisión constituyente, los principios y valores en que creemos. Esperamos por el bien de Chile, que RN y Evopoli reflexionen y que podamos trabajar en equipo para defender esos valores y principios que le han dado a este país la posibilidad de crecer, de disminuir la pobreza y la desigualdad”.

Ante tamaños ataques, que deben ser peores en el silencio de las oficinas de la UDI, Mario Desbordes no guardó silencio. Consultado sobre las críticas gremialistas, Desbordes sostuvo que “aquí nosotros hemos cumplido el acuerdo. Yo rechazo rotundamente las palabras de la senadora van Rysselberghe, porque nosotros hemos cumplido el acuerdo, y con harto esfuerzo, para darle en el gusto a ella. Y no estoy dispuesto a que vengan a decir que no lo hemos cumplido”.

Insistió el Presidente de RN en que efectivamente la UDI ha tenido derecho a veto en la derecha. «No hay ninguna contravención a lo que acordamos, hemos cumplido la palabra. Perdónenme, pero la UDI no tiene derecho a veto permanente, tienen que acostumbrarse a que eso no existe», destacó. Y recordó que la UDI «por supuesto que tuvo derecho a veto, es cosa de leer los diarios de lo que pasó los últimos 30 años y la coalición cambió. Fue un acuerdo del día uno, en una coalición nueva, Chile Vamos, ningún partido tiene derecho a veto, ningún cacique tiene derecho a veto, se terminan los liderazgos absolutos y se termina la posibilidad de que un partido ponga en riesgo una coalición entera por cosas que no le gustan».

Añadió: “lo que pasa es que ella dice que nosotros no hemos cumplido la palabra, y eso sí que no se lo voy a aceptar, porque es mentir derechamente. No engañemos a la gente. Sé que ellos tienen un problema por la derecha, que están súper complicados por (José Antonio) Kast. Pero no me carguen a mí ese muerto”.

El parlamentario además indicó que “el acuerdo era que nosotros no íbamos a hacer nada que pusiera en riesgo, valga la redundancia, el Acuerdo por la Paz. Votamos ayer después de que el Senado había votado el acuerdo íntegramente, sin ningún agregado, con hartos costos”. Y añadió que “el acuerdo era que, después de aprobado, uno podía tramitar separadamente estas propuestas, que no contravengan lo que acordamos el 15 de noviembre. Y esto no lo contravenía”.

Molesto, Desbordes afirmó que “aquí caemos en jueguitos de quienes alegan. Está bueno ya. Hemos pasado un período súper complejo, que todavía no hemos superado, pero que a algunos ya se les olvidó. Las reformas hay que hacerlas ahora, mientras todavía los duros, los que quieren todo de lado y lado, aún tienen conciencia de que hay que hacer cambios, porque de lo contrario, en seis meses más se les va a haber olvidado y en un año más vamos a tener otro estallido social pacífico, con dos o tres millones de personas en las calles”.

Para el senador de Evopoli, Felipe Kast, “la UDI le está hablando al voto duro. Le está hablando a la extrema derecha. Su error proviene de no entender que la nueva Constitución es un trabajo serio en esta materia, es una responsabilidad y una oportunidad para que podamos hacer una reforma estructural en el Estado.Esta reacción, para mí, es una estrategia para contener el voto duro. Pero no me imagino por un segundo que la UDI esté pensando seriamente en quebrar Chile Vamos”.

Kast asegura que la reacción UDI es una forma de hablarle a aquellos que han caído en esas campañas del terror frente a lo que está ocurriendo. Y para poder contener a ese voto tradicional que ha tenido la UDI en los últimos treinta años. “La UDI no puede imponer sus posiciones a Chile Vamos. Chile Vamos es una coalición diversa, que tiene distintos partidos, que trabaja con un sentido de unidad y que tiene diversidad al mismo tiempo, y esa diversidad hay que respetarla”.

Y respecto a las críticas al Ministro del Interior, militante de su partido, el presidente de Evopoli, Hernán Larraín Matte, aseguró que la UDI no puede pautear al resto de Chile Vamos. «No se entiende la reacción de la UDI, nos extraña, no la compartimos», dijo el timonel de Evopoli, insistiendo que «la UDI no le puede imponer sus posiciones a Chile Vamos». Agregó que «a nosotros nos llama muchísimo la atención que temas que tienen que ver con la interna de la UDI se terminen transformando en una crítica al ministro del Interior», Gonzalo Blumel.

Los preparativos

Mientras en la oposición se continúa dando un triste espectáculo de desunión y en las redes sociales personas y autoridades con -se supone– variastoneladas de oficio en la política se atacan con sañainexplicable, la derecha ya comenzó a preparar su ofensiva para que nada cambie en abril.

Es que, a la hora del peligro, ellos se unen como siempre lo han hecho. Particularmente la ultraderecha que pasa a comandar los movimientos y la estrategia. Jaqueline van Rysselberghe inició de inmediato su campaña que a estas alturas resulta casi divertido y patético calificarla como “del terror”, si no fuera porque hay gente que efectivamente cree en esas supuestas amenazas. La dirigenta gremialista declaró que había que ponerle ya relato y contexto al NO a una nueva Constitución. “Será -dijo- un no a la hoja en blanco, a partir de cero, a desconocer lo que nos ha permitido crecer como país, a saltar al vacío”. Es decir, defender la Constitución de Pinochet y de su camarada Guzmán.

Y derechamente Jacqueline entró al terror: “Muchas cosas de la Constitución no sabemos si van a estar en la próxima si gana el SI, como el derecho de los padres a educar a sus hijos; el derecho a la vida, la autonomía del Banco Central para que un gobierno de turno no impulse fabricar billetes, como vimos en épocas oscuras de Chile. También queremos que se mantenga el derecho a la propiedad”.

Más o menos la misma necedad que está planteando José Antonio Kast. “Hay que preguntarles a quienes tienen ahorro previsional voluntario si se van a arriesgar, como en Argentina, a que les digan que tienen que ser solidarios con esos fondos” o a las personas de distintos credos, si van a poder expresar su fe en una asamblea constituyente llevada por grupos feministas extremos”. Más o menos el mismo discurso con el que ganó Bolsonaro en Brasil.

Ya comenzaron a estructurarse orgánicamente para recorrer el país. Lo está haciendo un grupo duro de RN, encabezados por el joven Diego Shalper y Camila Flores, permanentemente objeto de burla en las redes sociales y que es diputada con un 4.19 por ciento de los electores de su circunscripción. Ambos ya anunciaron que recorrerían el país a la brevedad.

Se suma en Vitacura el Comando por el “Rechazo a la Nueva Constitución” liderado por el ex vicepresidente de La Polar e Isapre Colmena, Gonzalo de la Carrera que funge de periodista en radio Agricultura. Ubicada en Miguel Comas 1789, Vitacura, la sede del comando llevará por nombre “Casa Común por el Rechazo”. Junto a Gerardo Jofré, expresidente de Codelco durante el primer gobierno de Piñera y otros ocho empresarios armaron la agrupación que, a partir del 1 de enero, se enfocará en promover el rechazo al plebiscito de abril próximo en todo el país, según De la Carrera, cuentan con el apoyo de al menos 20 mil personas.

“Lo que quisimos hacer es abrir una casa común para todos, en una batalla que será épica“, dijo De la Carrera. “Esto es sin partidos políticos, lo que haga el Partido Republicano por su cuenta es tema de ellos”, añadió, pero sin mencionar que él sí participó de la fundación de la colectividad, reconociendo, además, que Kast está al tanto del comando.

De la Carrera organizó a los apoderados de Sebastián Piñera durante la segunda vuelta de las últimas elecciones y armó una base de datos con la información de todos ellos a nivel nacional. A esas decenas de miles de personas recurrirán desde el comando para sumar adherentes. “Toda esa organización distrital quedó. Son 65 mil personas las que son potenciales y hoy día tenemos cerca de 20 mil que ya han manifestado su intención de participar a través de medios digitales, como WhatsApp”. ¿Su directiva?: el empresario Juan Pablo Correa -fundador de la cadena Big John-, el agricultor Juan Cox, el ingeniero comercial dedicado al rubro agrícola Alejandro Irarrázaval y José Pedro Undurraga, vinculado a la universidad Andrés Bello, entre otros.

Y mientras tanto

Pese a todas las advertencias y amenazas provenientes del ya no tan flamante intendente de la Región Metropolitana, y de Intendentes de las principales regiones del país, las manifestaciones siguen sin prisa y sin pausa.
De hecho, las últimas encuestas conocidas por cierto que consultan por si aun   hay simpatía por ellas, si aún los chilenos las apoyan. Y sí. La encuestadora oficialista Cadem lo reconoce así a principios de diciembre. Las conclusiones lo dicen todo: que sigan las manifestaciones y que el Presidente Sebastián Piñera no ha enfrentado adecuadamente la crisis que se ha prolongado por un mes y medio. Un 67 por ciento apoya que continúen las movilizaciones, mientras que un 82% rechaza la gestión del Mandatario. Mayormente no ha variado semana a semana.

Pero, el Mandatario sigue apegándose al guión oficialsta afirmando en una entrevista hecha por la ARCHI que “hemos actuado con diligencia, con sentido de urgencia. Hemos escuchado la voz de la gente. En 60 días hemos mejorado las pensiones, hemos mejorado el ingreso mínimo, hemos reducido el costo de servicios públicos”, sostuvo. Es más, anunció que viene “cambio profundo a sistema de salud público y privado”. Consultado entonces por qué queda la impresión en la ciudadanía de que cada vez que habla, no dice nada: “Hay algunos que nada los va a satisfacer (…) y cuando fueron Gobierno no atacaron ninguno de estos problemas”.

Luego, descartó que este estallido social pueda derivar en un cambio de modelo, como sostienen algunos sectores afirmando que quienes plantean esa premisa “están hablando del modelo venezolano donde atropellan los DD.HH. todos los santos días”.

Y,  al hacer un balance de los dos meses del estallido, el Mandatario aseguró que el país enfrentó una “ola de violencia sin dios ni ley” e insistió en las tesis ya deslizadas en entrevistas con medios extranjeros donde señaló que “hay tecnología de punta, hay organización militar” e injerencia extranjera. “Así lo ha dicho el secretario general de la OEA (Luis Almagro) y el Departamento de Estado de EE.UU. y países amigos”, aseguró, evitando dar más detalles, porque –según dijo- dichos antecedentes son parte de las investigaciones del Ministerio Público.

Muy pronto, y una vez más, los hechos demostraron lo contrario. El fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, descartó tener información sobre una supuesta intervención extranjera en la quema de las estaciones de Metro y acusó al gobierno de estar “desesperado”. En una entrevista con la Radio Universo, afirmó que hasta el día de hoy no cuenta con ningún antecedente concreto que se haya traducido “en una denuncia, algún informe, en la zona oriente, que dé cuenta de algún grupo que haya actuado desde afuera o de un grupo de extranjeros que haya actuado al interior del país para cometer estos delitos. Y entiendo, por lo que he conversado con mis colegas en Santiago, que tampoco cuentan con esa información”.

En esa línea señaló que “puede ser información de inteligencia y ahí lo que corresponde por ley es liberar esa información. Hasta la fecha nosotros no lo tenemos”. Guerra también señaló que desde La Moneda no le han hecho llegar ninguna información con respecto a la intervención extranjera. El Fiscal Nacional Jorge Abbott respaldó sus dichos. Y luego de una reunión a la que fue convocado a La Moneda,declaró que “ hoy día se nos ha entregado alguna información de fuentes abiertas, no información de inteligencia, puesto que esa información debe entregarse a través de los mecanismos legales, es decir, deben entregarla al Ministerio Público las jefaturas de inteligencia de cada una de las instituciones que tienen aparatos de inteligencia”. “Esa información, se nos ha señalado, que se nos va a hacer llegar a la brevedad y en consecuencia lo que he recibido ahora es una información de fuentes abiertas para que nosotros podamos tener un contexto mayor de información”, añadió la máxima autoridad del Ministerio Público.

En otras palabras, fuentes abiertas es la información que cualquier persona puede obtener de diarios, radios, revistas, tv, redes sociales.

Hasta ahí sería, a decir del Ministro Blumel, “información extraordinariamente sofisticada”. “Se entregó información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnología de big data, con tecnologías de la información, que dan cuenta de antecedentes que son importantes para la investigación penal. Y también vamos a seguir entregando antecedentes a través de los procedimientos que establecen las leyes vigentes en materia de flujos de información entre instituciones que están a cargo de la seguridad pública”.

En otras palabras, Big Data es “el conjunto de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño (volumen), complejidad (variabilidad) y velocidad de crecimiento (velocidad) dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales, tales como bases de datos relacionales y estadísticas convencionales o paquetes de visualización, dentro del tiempo necesario para que sean útiles. La recopilación de grandes cantidades de datos y la búsqueda de tendencias dentro de los datos permiten que las empresas se muevan mucho más rápidamente, sin problemas y de manera eficiente. También les permite eliminar las áreas problemáticas antes de que los problemas acaben con sus beneficios o su reputación”.

“El análisis de Big Data ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades. Eso, a su vez, conduce a movimientos de negocios más inteligentes, operaciones más eficientes, mayores ganancias y clientes más felices.”

En concreto, ¿pruebas? Hasta ahora no se conocen.

Van dos meses del inicio del mayor movimiento social de la época democrática, no ha sido el único si consideramos el de los estudiantes secundarios del 2007 o universitario y social del 2011. Hay muchas diferencias y similitudes: se luchaba por el fin del lucro, la gratuidad de la educación, el fortalecimiento de la educación pública y un tema afín a hoy: el fin de la Ley Orgánica Constitucional de Educación que seasocia a la demanda por una Nueva Constitución.

En ambos casos los militantes partidarios y sus partidos políticos jugaron un rol importante en los movimientos estudiantiles. Lo diferente hoy es que el movimiento es masivo, popular y se orienta a un conjunto amplio de demandas sociales más que políticas, queda a la discusión y el análisis histórico si lo que busca la gente común –con la excepción de la militancia social y política– es un cambio radical del modelo neoliberal o un ajuste a otro modo de capitalismo más equitativo, menos discriminador, sin segregación.

Hoy el movimiento emerge no de los partidos políticos sino de una multiplicidad y variedad de organizaciones sociales, de partidos sin existencia legal, de colectivos culturales, de ciudadanos y ciudadanas comunes, de dirigentes sociales militantes de partidos; los partidos políticos legales se han debido subir como instituciones durante el proceso de movilización sin sus banderas o consignas, sin embargo han conseguido darle un cierto cauce a través del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” que ha llevado a tomar conciencia de la importancia de discutir y afirmar un nuevo marco de convivencia nacional, legitimado por la participación social.

La educación continúa en la demanda social como una prioridad. En Chile, la educación es considerada, cultural y socialmente, como uno de los principales procesos de inclusión, de socialización y movilidad social: por su carácter cultural y su impacto económico ante la demandante exigencia laboral de la libre competencia y el mejoramiento de la productividad del trabajo. En la reciente ConsultaCiudadana Municipal votaron cerca de 2.150.000 personas, de ellos más del 91% optaron por una nueva constitución, mayoritariamente a través de la convención (asamblea) constitucional y con voto obligatorio. Los temas principales fueron Pensiones, Salud y… Educación, por la que votaron como 3ª prioridad 331.564 personas. (16,1 % de los votantes).

La discusión de la Nueva Constitución nos coloca algunas cuestiones políticas y sociales a reflexionar respecto de la educación. Entre otras consideremos las siguientes.

Una primera cuestión es que el movimiento social levanta las demandas por educación, en términos generales como educación gratuita y de calidad, pero también específica: 104.744 personas votaron que una de sus prioridades es la condonación de la deuda del CAE y otras. En las calles –plagadas de arte: afiches, grafitis, murales- jóvenes secundarios y universitarios, así como trabajadores, artistas y de otros oficios, enfrentaron con valentía las fuerzas policiales, prestaron auxilios a los heridos o ejercieronperformances artísticas mientras se realizaban manifestaciones pacíficas. En las universidades se sucedían debates, así como en asambleas populares y cabildos por educación; la Unidad Social incluyó la educación en su petitorio. La educación queda en deuda con los movimientos sociales, con los jóvenes estudiantes, con la educación y arte popular. Esta es una primera lección que la Nueva Constitución no puede dejar de lado: la demanda por una educación popular de calidad y equidad, tiene que ser conparticipación social y de los jóvenes en la gestión y dirección cultural de la Nueva Educación.

Una segunda cuestión que no puede dejar de considerar en el debate pre-constitucional y luego constitucional, son algunos temas institucionales y de principio relevantes que hoy constituyen contradicciones que deben resolverse: a) la propiedad privada, su carácter y sus consecuencias:imposibilidad constitucional del lucro con recursos públicos, consideración de la educación como bien público, su financiamiento como extensión de los actos y recursos del estado en el campo privado y en consecuencia la posibilidad del control estatal y social-comunitario de su uso; b) la definición de la educación pública en una doble dimensión: como estatal con planes y programas universales y como de propiedad social con planes y programas propios no excluyentes; c) la definición de un estado responsable por la educación como un derecho permanente de los seres humanos, desde que nacen hasta que mueren, terminando con un estado subsidiario y de mercado en que el derecho es de las familias a elegir en el supermercado de la educación que se le ofrece, independientemente de la calidad, la participación, la responsabilidad societal.

Una tercera cuestión, que si debe ser constitucional, se refiere a la libertad ideológica y cultural de los establecimientos educativos, fundamento del punto siguiente, también a principios de libertad de expresión, de creencias, de pensamiento: ¿debe haber un corpus valórico, cultural y lingüístico común a todos los estudiantes del país que los forme como ciudadanos(as) responsables de una comunidad nacional, plural y diversa o debe haber libertad de pensamiento, creencias, proyectos ideológicos y culturales educativos?

Una cuarta cuestión que, si bien no debe ser constitucional, si debe estar resguardada en ésta, es el carácter estatal centralizado o descentralizado del sistema educacional. Esta es una indefinición crónica en el debate educacional chileno que lo único que ha conseguido es la imposibilidad de potenciar las capacidades de las comunidades educativas y locales por generar saltos masivos y nacionales de calidad. ¿Deben existir planes y programas nacionales en un sistema único de educación? ¿Deben existir bases curriculares nacionales mínimas y los gobiernos regionales o sistemas locales de educación re-construirlos regionalmente? ¿Deben existir bases curriculares mínimas y cada establecimiento o aglomerado de establecimientos, públicos o privados, establecer sus propios planes curriculares adecuados a sus propios principios o a las realidades locales?

Señores interesados por la educación: se vienen tiempos hermosos de debate y discusión. ¿Nueva Constitución con Nueva Educación? ¿Qué Educación para que Constitución?