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Mala Salud: Escenario de Guerra en Urgencia de Hospital Porteño

Justo cuando la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS) presentaba una querella por injurias y calumnias en contra del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien antes había acudido a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunciándolos por una eventual colusión en contra del sector público por amenazar con la no entrega de insumos por deudas impagas del Estado, el diputado miembro de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, médico de profesión, recorría los pasillos del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso, encontrándose con un escenario pavoroso. Tan pavoroso que lo llevó a compararlo con la peor etapa de la guerra de Vietnam.

Se encontró con un colapso completo del servicio de urgencia. “Hay enfermos hospitalizados en sillas y sillones por más de una semana. Hay gente fracturada o gente con problemas de salud mental que están tiradas en los pasillos. Derechamente, en este instante, el hospital van Buren se parece a Vietnam. Es un escenario de guerra donde todo el mundo corre, el personal hace lo posible, pero claramente aquí estamos en una situación dramática, humillante para la población. Y este hospital, que es rostro de la región, también emblematiza a Chile en cuanto a la crisis de los hospitales”.

Su mayor preocupación es que los 400 mil millones de pesos  en deuda aproximada, sea finalmente pagada por los usuarios, “porque ellos terminan siendo verdaderos rehenes de una deuda con proveedores privados”. Son ellos -dice- los que terminan abandonados, “porque no hay capacidad para darles medicamentos, tener camillas, tener camas para poder resolverlo”

Cruce de denuncias

Durante la inauguración de un centro de Salud en la comuna de Pudahuel hace algunos días, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, denunció ante la Comisión Antimonopolio de la Fiscalía Nacional Económica, la presunta colusión de parte de proveedores de insumos médicos. Concretamente acusó a la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), de coludirse en contra del sector público para amenazar con la no entrega de insumos por deudas que mantendría el Estado

Aunque admitió que con algunos proveedores tienen deudas programadas, además de negociaciones puntuales con los que aún registran morosidades, Mañalich irritó a los acusados. Eduardo del Solar, director ejecutivo de APIS, anunció la presentación de una querella por injurias en contra del Ministerio de Salud.  “Hoy es un día muy triste, no nos gustaría estar en este lugar. El lugar de los proveedores de la industria de la salud son los hospitales públicos de Chile, entregando los mejores productos con mayor tecnología para la gente más pobre de este país”.

Y continuó: “Pero, desgraciadamente, nos han llevado a esto. Tenemos que defender la honra de esta asociación que se crea para juntar a un grupo de pequeños emprendedores, las pymes de la salud, y que puedan desarrollarse y desenvolverse en un mercado competitivo, leal, con códigos de ética bastante claros, y que puedan negociar con el Estado. Ese ha sido nuestro objetivo y aquí se ha tratado de desviar el foco. El foco nuestro es cobrar una deuda que viene del 2011″.”Creemos que él lo hizo para desvirtuar lo que está pasando y desviar la atención tirando la pelota afuera de la cancha”.

Justamente este cruce de querellas es lo que preocupa al diputado Castro. “Esto es lo grave. Y lo que yo espero es que esto no se judicialice solo porque las partes, que están entrecruzadas en querellas, así lo han estimado, sino porque de verdad, los enfermos hoy día en Chile están a la deriva, sin ninguna protección, en condiciones extremas de falta de acceso en cada hospital de nuestro país, sobre todo en la urgencia y más aún en pleno invierno, donde todavía las enfermedades respiratorias son extremadamente prevalentes”.

Agregó que “no hay condiciones de mínima dignidad para la población. ¿Esta es la reforma de salud que queremos? ¿Esto es lo que el país hoy día necesita?¿ que estén entreverados en la justicia en vez de resolverles el problema a las personas? Esperamos respuestas claras a este grave problema que más que económico es un problema sanitario y de dignidad de los enfermos que están postergados en Chile.

El diputado RN Andrés Celis, por su parte, señaló que buscará que la APIS se haga presente en la Comisión de Salud, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, porque “es cierto que hay una falencia respecto a la cantidad de insumos médicos en los distintos centros de salud públicos, fundamentalmente por un la falta de pago a los distintos proveedores, y frente a aquello debemos ser realistas y sincerar las cifras”.

Ex Centro de Tortura “Venda Sexy”: Organizaciones Exigen Revertir Venta a Inmobiliaria

“Hoy nos hemos enterado de que Venda Sexy se vendió a una sociedad de inversiones inmobiliarias en circunstancias que, de acuerdo a la Ley de Monumentos Nacionales está prohibida su modificación u alteración. Es verdaderamente espeluznante que un sitio de memoria pueda ser tranzado en el mercado sin que ninguna instancia del Estado, particularmente el responsable por ley de preservar y fiscalizar el patrimonio, se haya enterado. Estamos en presencia de una transacción que evidencia la complicidad de políticas de impunidad y especulación financiera”, declaró la Coordinadora Feminista 8M y el Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes.

Así, representantes de mujeres detenidas y torturadas en el ex recinto de la DINA, conocido como Venda Sexy, organizaciones feministas y de derechos humanos, expresaron su rechazo a la venta del inmueble a la Sociedad de Inversiones Arriagui Limitada.

El ex centro de tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte,ubicado en la comuna de Macul y que pertenecía a un privado, fue adquirido por una inmobiliaria, venta considerada ilegal por las agrupaciones, puesto que el inmueble fue declarado Monumento Histórico el año 2016, por el Consejo de Monumentos Nacionales.

Violencia política sexual

“¿Quién compra un centro de tortura? Las inmobiliarias”, dicen las organizaciones y aseguran que en el año 2016 el precio al que se ofreció esta casa al Estado fue más del doble del valor al que se ha vendido a esta sociedad inmobiliaria.

“¿Qué nos dice esto de la prioridad que por Ley tiene que tener el Estado para la compra de monumentos nacionales? Ya vimos lo que sucedió con la Villa San Luis demolida gracias a la presión inmobiliaria a pesar de su reconocimiento como monumento histórico, a pesar de su relevancia para la historia del país. Hoy los sitios de tortura son una nueva arista del mercado neoliberal”, sentencian.

Venda sexy fue un centro de secuestro, desaparición, tortura y violencia política sexual durante la dictadura cívico militar. Por él pasaron cerca de 81 personas, un tercio de éstas fueron mujeres y 27 personas son detenidas y detenidos desaparecidos, agregaron las agrupaciones.

Los métodos de tortura en Venda Sexy se diferenciaban del de los otros recintos porque en él se enfatizaban las vejaciones de tipo sexual. La violación y otros abusos sexuales de las detenidas, por parte de agentes y guardias, eran una práctica corriente.

“Lo que hoy sucede con Venda Sexy es síntoma de una falta de políticas patrimoniales donde abunda la desmemoria de parte de todos los gobiernos civiles desde el fin de la dictadura. Nos enfrentamos a un contexto de escalada de la criminalización y la represión de las luchas sociales, de impunidad, de pactos de silencios y negacionismo histórico. La falta de justicia y reparación es una deuda sostenida durante todos estos años, particularmente hacia las mujeres desaparecidas, ejecutadas y sobrevivientes del terrorismo de Estado, pero nosotras sabemos que es también una deuda con la memoria histórica de todas las mujeres que lucharon contra la dictadura y siguen luchando hoy”, agregan.

Consejo de Monumentos Nacionales

En su página web, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) informa que Venda Sexy es un Monumento Histórico según el decreto Nº 277 de 2016.

En la historia de este monumento nacional, el CMN destaca que el Centro de Detención Venda Sexy o Discoteque fue uno de los primeros cuarteles de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), durante el periodo denominado por el Informe Valech como de Detención Selectiva, entre los años 1974 y 1977.El recinto estuvo a cargo del Mayor del Ejército Gerardo Ulrich, dependiente de la Brigada Purén, dirigida por el Mayor General del Ejército Raúl lturriaga Neumonn. En el recinto operaron las agrupaciones Chacal. Dirigida por el oficial de Carabineros de Chile, Miguel Hernández Oyarzo y la Agrupación Ciervo, a cargo del Oficial del Ejército Manuel Carevic Cubillos, además de la Mayor de Carabineros lngrid Olderock.

El recinto funcionó entre junio de 1974 y marzo de 1975, concentrando sus operaciones entre agosto y octubre de 1974. Sus acciones las centró en la detención de estudiantes universitarios del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y del Partido Socialista. Se caracterizó por ser un centro de detención al que llegaban detenidos que serían asesinados y/o desaparecidos con posterioridad, llevando al límite la capacidad de castigar e infligir daño, efectuando diversos tipos de torturas sexuales, algunas con animales, a cargo de la Mayor de Carabineros lngrid Felicitas Olderóck.

El recinto recibió las denominaciones de «Discoteque» y «Venda Sexy» por el alto volumen de la música que sonaba durante los días, para ocultar los ruidos producidos durante las torturas a las que se sometía a las prisioneras y los prisioneros, y porque las detenidas y los detenidos llegaban vendados y eran jóvenes, sufriendo violaciones y torturas sexuales.

Las prisioneras y los prisioneros eran ingresados en automóviles que aparcaban en el patio y eran escuchados al ingresar por el sonido de las ruedas en la gravilla. En el primer piso del inmueble, el living era utilizado como sala de recepción y de identificación de los detenidos. Luego, eran separados según sexos en dos habitaciones, a los costados de la escalera que da al segundo piso. Al lado de la escalera estaba el baño utilizado por las detenidas y los detenidos. En las piezas del segundo piso se realizaban las violaciones y torturas.

El subterráneo al que se accede por el patio posterior a través de la cocina, o desde el patio delantero, fue el lugar donde se propinaban torturas y violaciones con un perro pastor alemán adiestrado por lngrid Olderóck.

Un Nuevo Pacto Local para Chile

Me asiste la convicción de que las fuerzas políticas opositoras tienen una tremenda oportunidad de construir Unidad en el marco de las próximas elecciones municipales. Al observar las diversas propuestas que en materias locales han hecho circular los diversos partidos, queda claro que hay múltiples elementos comunes que pueden transformarse en un gran acuerdo programático municipal.

En Chile necesitamos más autonomía y mayores niveles de descentralización y la elección del Gobernador Regional será un paso de primerísima importancia. Sin embargo, la descentralización en nuestro país requiere un dialogo virtuoso entre los diversos niveles subnacionales y donde ser fortalezcan de manera equilibrada.

Me atrevo a señalar que hay un ciclo de reformas municipales que se encuentra agotado y que se debe dar un salto cualitativo que instale a los municipios como un actor de mayor relevancia en materias de participación ciudadana y generación e implementación de políticas públicas, lo cual implica fortalecer las capacidades de los municipios para administrar sus recursos, actuar democráticamente y ejercer, con eficiencia, sus competencias. Para ser coherentes con nuestro discurso, a favor de la descentralización y la autonomía, debemos trabajar por modernizar nuestra gestión municipal. Esto es actuar en consecuencia, promoviendo la asistencia técnica, la capacitación, los estudios y la formación de los recursos humanos.

Un acuerdo programático municipal de la oposición debe entenderse como un proceso de redefinición estratégica, para construir la hoja de ruta orientadora que entregue una línea política y señas de identidad de la centro-izquierda en sus políticas territoriales.

En este contexto nos preguntamos ¿Qué municipios queremos y necesitamos para Chile? Y es el camino a las elecciones municipales el momento preciso para entregar una señal política al país para actuar unitariamente con el objetivo de avanzar hacia una Reforma Municipal.

Asociativismo Municipal

Nuestro desafío es contribuir a la discusión de un nuevo Pacto Local que debe contemplar las modificaciones constitucionales que nos permitan dar el salto desde las actuales administraciones municipales a gobiernos locales de verdad. Necesitamos avanzar en pos del asociativismo municipal; precisamos generar acuerdos acerca del financiamiento municipal y la descentralización fiscal; planteamos reformular el Fondo Común Municipal, convirtiéndolo en un verdadero instrumento económico y social y territorialmente redistributivo con un aporte fiscal suficiente y asegurado por ley.   De igual manera, proponemos mejorar la gestión municipal y de su recurso humano. En estas materias, creemos que la Ley de Plantas Municipales impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet ha sido un gran avance. También es relevante promover mayor participación e involucramiento de los ciudadanos en el control y gestión de sus municipios.

Los municipios chilenos, deben ser parte activa e integrante de la construcción de un nuevo acuerdo político, económico y social para el Chile del futuro, acuerdo que estoy convencida, debe ser la base de un programa municipal común de la oposición más allá de los pactos instrumentales o de las listas a concejales a las que adscribamos. Tenemos una gran oportunidad de actuar conjuntamente pues eso es lo que nuestros adherentes y militantes nos piden con mucha energía.

Dañar la Democracia

Fue el ex Presidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar, quien tuvo una frase célebre durante su mandato: “que las instituciones funcionen”.

Y en el Ejército de Chile, a todas luces, han funcionado demasiado, más allá de las facultades que les otorga la ley. En estos días, algunos medios de comunicación han señalado que dicha fuerza armada hizo escuchas telefónicas a diferentes escalafones del Ejército. Y no solo a ellos, sino también al periodista Mauricio Weibel, quien en los últimos años se ha dedicado a publicar artículos y libros sobre  la corrupción que habita en la rama de Bernardo O’Higgins y donde son investigados 4 ex Comandantes en Jefe de la institución.

Esta denuncia tiene varias aristas que habría que considerar.

Una, la ilegalidad que estaría cometiendo el Ejército de Chile en contra de su personal militar, ya sea en servicio activo como en retiro. Apelando a que contaban con la anuencia de un juez de la República, quien firmó dicha solicitud de escuchas telefónicas, la ley del Servicio de Inteligencia Militar señala que la actual legislación no contempla este tipo de acciones, salvo en los temas de la Seguridad Nacional, narcotráfico y terrorismo. Se ha dicho que el magistrado fue” engañado”, que no comprendió en lo que se “metía”, o que desconocía la legislación al respecto, y que por ello la Corte Suprema decidió iniciar una investigación sobre su desempeño. Sobre el nombre del juez ni idea, porque todo ha quedado en un perfecto misterio.

Dos, las explicaciones del Ministro de Defensa Nacional Alberto Espina. Inentendibles para la opinión pública, ya que, al parecer, la autoridad no entiende o no quiere entender el trasfondo del  problema. El mismo Weibel ha dicho que el secretario de Estado mintió al avalar dichas escuchas telefónicas, de desconocer la ley y dañar la democracia, asunto que no había pasado desde el tortuoso retorno a la transición democrática, que parece no tener fin. Es más, diversos analistas han señalado que un ministro, ignorante en estas materias, en cualquier país del mundo, debería renunciar.

Tres, el mismo Espina intentó apagar el fuego con bencina: En sus declaraciones culpó a la prensa de “filtrar” informaciones que arriesgarían nuestra Seguridad Nacional. Si se leen detenidamente los artículos del colega Weibel, sus reportajes solo apunta al desfalco de los generales por motivos de corrupción. Con ello, el secretario de Estado pone límites insospechados a la libertad de expresión, al derecho a la comunicación y  la información.  Pero con ello, también, coloca en riesgo la vida del periodista Weibel y su familia. Grave.

Cuatro, llama la atención el silenció del Presidente Sebastián Piñera cuando, a todas las luces, se les está incendiando la pradera. Llama la atención, a quién le gusta ser protagonista de todo y salir siempre en la foto, no diga absolutamente nada ante un problema que tiene relación con nuestra democracia. Así las cosas,  Piñera debería hacerse cargo que a Alberto Espina -como ministro de la Defensa Nacional- el traje le quedó grande.

COP25 y La Razón Política

“Lentamente se tornan más claros los contornos de una formulación nueva de la ciencia y de una nueva racionalidad”. Ilya Prigogine.

Solos, no percibimos más que apariencias, entre varios, aprendemos la realidad. Toda verdad que valga la pena conocer, supone una comunicación de información de un observador a otro. Cada uno limitado a lo que observa, sólo, privado de comunicación, confunde realidad e ilusión: la ilusión de la simultaneidad, la ilusión de la instantaneidad y la ilusión de la universalidad de su marco de referencia”. Serge Moscovici. El tiempo y el devenir: coloquio de Cerisy,1996.

  1. Goethe, decía que cuando hablamos de las cosas del cotidiano, hablamos en prosa, pero que cuando queremos comunicar cosas importantes, utilizamos la poesía. Que hubiéramos utilizado al inicio de estas líneas una frase del poeta Paul Valery, no tendría importancia, si no fuera que su significado sobrepasa ampliamente el contexto del escrito, marcando tal vez, el punto de inflexión que buscamos -y en el que probablemente estemos-, en que el relato científico se dota de significado.

En efecto, la cita del poeta francés, la he copiado del exergo del último informe del IPCC de la CMNUCC, que lleva por título: “Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales y sobre las vías de emisión de los gases de efecto invernadero relacionadas, en el contexto del fortalecimiento de la respuesta global a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza”. Reiteremos que el secretario general de UN, Antonio Guterrez, dijo en el evento de recibirlo, que nos quedaban doce años para no entrar en un ciclo irreversible de calentamiento de la tierra, con consecuencias impredecibles, pero desastrosas.

El Panel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC) en su estudio SR1,5 en octubre del año pasado, anunció que, si las cosas continúan avanzando en la dirección que llevan, a nuestras sociedades en el mundo solo les quedan 30 años para agotar su «presupuesto de carbono», esto es la cantidad de CO2 que podemos emitir sin calentar el planeta con 2 grados centígrados más de temperatura global. Cifra considerada como el máximo umbral de recalentamiento antes de provocar desastres climáticos irreversibles y sobre la cual fue establecido el Acuerdo de Paris.

En una escala temporal que considerara en unos 300.000.000 de años el tiempo cronológico que el homínido tiene sobre la tierra, la representación imaginaria sobre un reloj, no nos dejaría con más tiempo que los “dos minutos antes del fin” que, considerando las tres dimensiones de Amenaza Atómica, Colapso Climático y Tecnologías Disruptivas, que analiza la Sociedad de Científicos Atómicos y que llamamos en anterior “los tres jinetes del Neo-Apocalípsis”. Una suerte de “ekpyrosis[1] científica”.

Pero lo que “naturalmente” tiende a desconocerse,en un sistema neoliberal, en que se trata de reducir la importancia del Estado y aumentar la del empresario y los privados, es mostrar que la carga de luchar contra esta dramática situación, no debería recaer solo en los gobiernos,que siempre son a los que en función de esta realidad, se les piden esfuerzos para revertirla, sino que una gran parte de la culpa la llevan las empresas privadas, y que por lo tanto,  deberían comenzar a hacer algo, antes de que lo que ocurra, se salga totalmente de control.

En un estudio publicado el año pasado, se presenta un análisis cuantitativo de los registros históricos de producción de combustibles fósiles y cemento, de los principales productores de petróleo, gas natural, carbón y cemento, desde 1751 hasta 2010, en función de la cantidad de emisiones. El estudio indica que 90 empresas privadas, que no pertenecen a los Estados (como es el caso de las empresas productoras de petróleo de Arabia Saudita, o Venezuela), son responsables a ellas solas del 63% del total de las emisiones históricas. De esta cantidad, hay siete grandes empresas, llamadas las “siete hermanas” (en referencia al grupo estelar de las “Pléyades”) que han sido a su vez, emisoras de más de la mitad de la cantidad de CO2 depositado en la atmósfera. Cabe también señalar que aproximadamente, la mitad de las emisiones históricas, ha tenido lugar desde 1986.

Hacia un Nuevo Paradigma

Como las principales entidades que hacen negocios extrayendo, produciendo y comercializando los HCF poseen reservas de combustibles fósiles si se producen y emiten, intensificarán el cambio climático antropogénico, es que se ha manejado como una necesaria posición el “dejar las reservas en la tierra” (“keepitontheground”). El propósito del análisis, es entender las emisiones históricas como una cuestión de hecho, e invitar a que se considere su relevancia para las políticas públicas y para definir nuestras relaciones con las empresas y el mundo privado, que en general se presenta como inocente del desastre y transfiere sus responsabilidades a los estados.

“La realidad no es lo que parece, pero tampoco es algo diferente“…el cambio de paradigma implicaría de manera teórica que estuviéramos atentos a considerar la paradoja, como sinónimo de la realidad.

El mundo parece avanzar hacia una dimensión en la que la vida ha llegado al punto en que considerar su desaparición, o la muerte de toda actividad que pudiéramos asimilar con ella, ya no es más un asunto de proyecciones apocalípticas psicológicas, recogidas socialmente por las religiones, sino una conclusión racional, de los resultados de la proyección de modelos obtenidos a partir de datos científicos incuestionables.

Con los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) sobre el aumento de temperatura de 1,5°, de octubre del año pasado,  el informe de la Plataforma del IPBES de la Convención de la Biodiversidad (CBD) sobre la amenaza de extinción de 1 millón de especies y el más reciente de julio de este año, de Cambio Climático y Tierra (y entonces alimentación), al cual dentro de poco (se espera para septiembre: CROCC) habremos de sumar el de avances sobre el océano la criósfera en condiciones de cambio climático lo indican de manera inequívoca al mismo tiempo y en consonancia con la cita arcaica que señalamos al principio, vemos que los tomadores de decisiones, fundamentalmente en el ámbito económico (que cada vez tiene más importancia sobre el político) en estos días hacen claro caso omiso de lo que la ciencia.

Sin embargo, las posiciones no cejan de poner sus intereses mezquinos (para decir lo menos) por encima del sentido de lo común. Hace un par de días asistimos a un seminario de Cambio Climático y Obras Públicas, organizado por el MOP. En una interesante exposición hecha en la ocasión por el presidente de la cámara de empresarios que alimenta la industria minera,éste se pronunció con alcances filosóficos, que vale la pena considerar.

En efecto,  a propósito de la documentada pérdida de glaciares en Chile y de la discusión de una nueva ley débil y tardía que los proteja-pero al menos-, que está presentando el gobierno a las instancias superiores del parlamento ,el empresario y representante de empresarios, frente al carácter necesario de esta ley, como último recurso de la institucionalidad democrática, para frenar de alguna manera, el auge extractivista, planteósus razones para indicar que el proceso legal que consideraba no era el más adecuado.

El primero, que ya tenemos una protección con las áreas silvestres protegidas del Estado y que era innecesario hacer nuevas leyes. El segundo, que -en su opinión-, la superficie de los glaciares se ve poco afectada por la extracción minera, de acuerdo al proceso histórico que el mismo empresario señaló. Y la tercera (y vale la pena citarlo para considerar con calma sus alcances), que en cuanto nosotros (quiere decir Chile) somos responsables del 0,3% de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI),que son las que causan el retiro de los glaciares en todo el mundo, así como la desaparición de las calotas polares norte y sur, no tiene ningún sentido que nos esforcemos en limitar nuestro aporte al deshielo, ya que nada de lo que pudiéramos hacer frenaría este avance.

Esta argumentación es más o menos cómo determinar el porcentaje ínfimo, al que serían afectados unos cánceres ya en marcha, con cada cigarrillo que se fumara, lo cual nos convencería de inferir que podemos seguir fumando tranquilamente. Por otra parte un argumento que sostiene todos los anteriores, tendría que ver con que nuestro PIB tiene una parte importante que viene de la minería.

Las responsabilidades se Diluyen

Sin embargo, es claro que como esa realidad no se compete con un reparto social efectivo, ni en educación, ni en salud, ni en trabajo, además que la evasión y la elusión de impuestos de los más ricos es conocido, en una legislación impositiva no progresiva como la chilena, toda la argumentación resulte vana, si no fuera porque efectivamente, es válida la cuestión de cómo se combate el fenómeno del colapso climático, si no lo causamos nosotros.

Es conveniente señalar que el ejemplo de los responsables mundiales de emisiones históricas, citado más arriba, se verifica también a escala temporal reducida y nacional, con la medición de las huellas de carbono, de la cantidad de desperdicios y del consumo de energía: el 10% más rico, es responsable del 90% de esas categorías.

Debiéramos pensar en la responsabilidad histórica, qué significa cambiar el eje desde la carbonización (mitigación) hacia la adaptación, entendiendo que el primer paso en esa dirección debiera ser para llenar la brecha que se ha producido, por distintas causas, a propósito del conocimiento del cambio climático en nuestro país. Lo que la CMNUCC llama “creación de capacidades”.

También es digno de señalar, que cuando hablamos de los glaciares, estamos hablando del agua: de una de las tres partes del ciclo hidrológico, que, en lo puntual, se demuestra además en un período de sequía intenso, que los meteorólogos señalan como continuo en los últimos 10 años, pero, que un estudio conjunto de la Universidad Austral y el Instituto de la glaciología de Buenos Aires, señaló hace dos años, con rigurosa práctica de diferentes metodologías, como la dendrología y otras,  que era el más grave que había ocurrido en los últimos 1.000 años.

Por otra parte, seguir hablando de los glaciares y de la falta de agua, que las proyecciones del IPCC y otras indican seguirá aumentando, sin considerar que según nuestra legislación, el agua sigue siendo un bien privado, que se vende en el mercado, francamente no tiene ningún sentido.  Es como estar hablando del incendio y no hablar de aquello que podría evitarlo.

De allí que la creación de conciencia (Capacity Building en la nomenclatura de UN), a través de los más diversos elementos que faciliten el diálogo y el aprendizaje colectivo, sean una de nuestras principales tareas a desarrollar. Tal vez “la” tarea prioritaria: crear conciencia de la magnitud real del problema que enfrentamos, en todos los actores y cualquiera fuera su posición en la sociedad.

Sigue, como una manera de colaborar con la difusión de documentos oficiales de la CMNUCC, que históricamente se han mantenido fuera del alcance de “los especialistas” (aunque paradojalmente, nos “representan”…) el artículo 8, del Acuerdo de Paris, que esta materia considera, mapa de ruta, que debiera orientarnos dónde pareciera que -pese al esfuerzo de algunos-, navegamos sin brújula.

 Acuerdo de Paris. Artículo 8. Creación de capacidades (Capacity Building)

  1. La creación de capacidades, en virtud del presente Acuerdo debería mejorar la capacidad de los países y las Partes que son países en desarrollo, en particular los países con menor capacidad, de conformidad con los principios y disposiciones de la Convención,para tomar medidas efectivas sobre el cambio climático, que incluyen, entre otras cosas, implementar acciones de adaptación y mitigación, y facilitar el desarrollo, la difusión y el despliegue de tecnología, el acceso a la financiación climática, los aspectos relevantes de la educación, la capacitación y la conciencia pública, así como la transparencia, y oportuna y precisa comunicación de información
  2. La creación de capacidades debe ser impulsada por los países, basarse en las necesidades nacionales y responder a ellas. Fomentar la apropiación de las Partes por parte de los países, en particular, para las Partes que son países en desarrollo, a nivel nacional, subnacional y local. La creación de capacidades debe guiarse por las lecciones aprendidas, incluidas las actividades de creación de capacidades en virtud de la Convención, y debe ser un proceso efectivo e iterativo, participativo, transversal y con perspectiva de género.
  3. Todas las Partes deberían cooperar para mejorar la capacidad de las Partes que son países en desarrollo para implementar este Acuerdo. Los países Partes desarrollados deberían mejorar el apoyo a las acciones para el desarrollo de capacidades en los países en desarrollo.
  4. Todas las Partes que mejoren la capacidad de las Partes que son países en desarrollo, para implementar este Acuerdo, incluso a través de enfoques regionales, bilaterales y multilaterales, se comunicarán periódicamente sobre estas acciones o medidas sobre creación de capacidades. Los países en desarrollo Partes comunicarán periódicamente los progresos realizados en la aplicación de los planes, políticas, acciones o medidas de creación de capacidades para aplicar el presente Acuerdo.
  5. Las disposiciones institucionales en virtud de la Convención, se mejorarán, según corresponda, en apoyo de la creación de capacidades para la aplicación del presente Acuerdo.Para mejorar aún más la creación de capacidades de conformidad con este Acuerdo, se establece un mecanismo internacional de creación de capacidades para servir al Acuerdo.

“Pour ce quiest de l´avenir, ilnes´agitpas de le prevoir, mais de le rendre posible”. (“En lo que concierne al futuro, no se trata de prevenirlo, si no de hacerlo posible”). Antoine de Saint Exupery. Citadelle, 1948

[1]Ekpyrosys, en griego clásico, una forma de señalar el fin de toda vida, como lo usa el presocrático Heráclito.

40 o 41 Horas: Siempre las que más Perdemos Somos Nosotras

Cuando, ante el proyecto gubernamental que busca reducir la jornada de trabajo a 41 horas, los chistes y memes con que respondemos refieren a la falta de inciativa y cómo Piñera busca quedarse con el crédito de la propuesta que hizo la diputada Camila Vallejo, es que no estamos entendiendo nada y nos ganaron la discusión.

Porque los proyectos de la parlamentaria comunista y la de Piñera, no solo tiene una hora de diferencia, sino perspectivas radicalmente diferentes sobre qué derechos debe proteger el Estado, y qué tipo de relación queremos entre el trabajo remunerado y el resto de nuestras vidas.

Ante la propuesta de Camila, que busca avanzar en la conciliación de la vida personal y laboral, el gobierno ha respondido ferozmente, amenazando con todas las penas del infierno e incluso con realizar una acusación constitucional. En una minuta sacada la semana pasada, afirman -sin más- que esta rebaja “sin flexibilidad”  generará un aumento del 11% en el costo laboral de las empresas, generando un efecto negativo que iría entre 258 y 303 mil empleos menos. ¿Este espanto respondería acaso a una mínima diferencia de una hora menos semanal?

Es fácil ver dónde ponen el acento ellos: en las empresas y los empresarios, en los dueños del poder económico, en esos que -acumulando riquezas- apenas pagan impuestos, patentes e incluso las contribuciones de las muchas propiedades que coleccionan sin necesitarlas.

Cambios a su antojo

¿A qué le llama el gobierno “flexibilidad”? Este es un término con el que toda persona que trabaja fuera de su casa estaría de acuerdo, si es que sirviera para empoderar a quienes nos empleamos, permitiéndonos -por ejemplo- hacer el trabajo desde nuestros hogares cuando nos convenga, o administrando las horas y la cantidad de tareas que debemos cumplir para responder a nuestras emergencias familiares.

Pero no es esto de lo que habla la derecha, sino de cómo los empleadores podrían cambiar a su antojo, con el proyecto malamente llamado de “adaptabilidad laboral”, las condiciones y derechos laborales que se han reducido cada vez más, avanzando en precariedad y poniendo todo el poder en quienes ofertan el empleo.

Como bien apuntó Iván Mlynarz en una columna, el proyecto de Piñera modifica -por ejemplo- “el máximo de horas diarias de la jornada ordinaria desde las 10 horas actuales a 12 horas, agregándose además una hora extra para tareas de preparación ‘a exigencia del empleador’”. O sea, una jornada máxima de trabajo diario que podría llegar a las 13 horas si el patrón así lo decide.

Flexibilidad es cuando quien es empleado puede definir su jornada, vacaciones o el lugar donde realiza sus labores. Pero cuando estas decisiones están en manos del empleador esto no es flexibilidad, sino precariedad y potencial abuso.

Flexibilidad real

Porque una flexibilidad real requiere poder de negociación, algo que en la práctica escasamente tienen quienes trabajan remuneradamente, como bien señaló la Directora Nacional de Programa de Economía del Trabajo (PET), Carmen Espinoza, cuando indicó que “en la práctica, ni siquiera los trabajadores con altas calificaciones en formación y aspectos profesionales tienen la capacidad de negociar sus condiciones de trabajo. En la práctica y los hechos, los trabajadores están obligados a realizar lo que la empresa estipula”.

La otra excusa del gobierno es que este proyecto acogería la demanda de sectores postergados de la sociedad como mujeres y jóvenes, cuestión que indicó la ministra vocera de gobierno.

Sin embargo, somos precisamente las mujeres las que más perdemos cuando se precarizan los derechos y condiciones laborales a gusto del empleador, disfrazándolo de “flexibilidad”. Porque ya antes hemos vivido políticas públicas que -con el argumento de conciliar la vida laboral y familiar- nos han empujado a la domesticidad obligatoria, haciéndonos las únicas responsables de las tareas domésticas y de cuidado.

Porque, cuando se avanza en lo que el gobierno llama “flexibilidad”, quienes menos poder de negociación tenemos somos nosotras. La urgencia de la demanda familiar, la menor posibilidad de empleos buenos y bien remunerados, históricamente ha redundado en que somos las mujeres quienes “flexibilizamos” nuestro tiempo de trabajo remunerado para hacernos cargo de lo que debiera ser tarea colectiva de quienes habitamos este país.

Personas viejas, enfermas, infantes, quedan a nuestro cargo, además de las labores de la casa que alguien debe resolver, generalmente el que tiempos “más flexibles” tiene dentro de la familia: o sea nosotras.

Una ley como la de Vallejo reduce el tiempo para todas las personas que trabajan remuneradamente, avanzando en mayores derechos para quienes estamos empleados.

Una ley como la propuesta por el gobierno nos quita derechos y aumenta el poder de los patrones, usando nuestros espacios domésticos y nuestros tiempos libres según les parezca conveniente para seguir llenándose los bolsillos de dinero.

En una ley como la de la diputada, hombres y mujeres tendremos más horas libres, y entonces tocará negociar qué hacemos con ese tiempo, y cómo lo redistribuimos para ser corresponsables de lo doméstico y del cuidado de nuestras familias y personas queridas.

En una ley como la de Piñera seremos las mujeres las que terminaremos trabajando en la casa, en los pedacitos de tiempo que podemos robar a lo doméstico, sin claridad alguna de cuántas horas ocupamos para quien nos emplea, sin reconocimiento familiar respecto de nuestro esfuerzo, auto explotándonos doblemente por la familia y la remuneración. Que no nos pasen gato por liebre, en esta discusión, no solo hay una hora de diferencia.

Marcos González, Presidente de Funcionarios del SII: “Todos los Patipelados Financiaremos al 1% más Rico de Chile”

Marcos González Álvarez, psicólogo, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, ANIIECH, conversó con Página 19 sobre el proyecto de ley sobre “administración tributaria”, impulsado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Críticos de dicho cuerpo legal, la ANIIECH inició una creativa e ingeniosa campaña: “Que no te pasen gato por liebre”, como una manera de informar y educar a la ciudadanía sobre una legislación que, según ellos, tiene mucha letra chica.

 “Es un paquete de reformas concentradas en el 1 por ciento de mayores ingresos de nuestro país. Según el informe financiero son un poco más mil 100 millones de dólares que se dejarían de recaudar”, así de lapidario es el diagnóstico del presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, ANIIECH, Marcos González, respecto de la contrareforma que está desarrollando la administración de Sebastián Piñera en materia tributaria. En esta entrevista se refiere a los cobros irregulares en materia de contribuciones y desmenuza los aspectos más polémicos de la citada contrareforma. “Nos quieren transformar en un Sernac sin dientes ni uñas”, es parte de su duro diagnóstico.

-¿Qué opinión tiene sobre el tema de las contribuciones, porque quedó la sensación en el reportaje de TVN que se les cobra menos a los que tienen más?

– Frente al reportaje, las organizaciones de funcionarios sacamos una declaración y después de aquello la Dirección reaccionó dando a conocer las cifras: cuánto hemos aumentado en recaudación, pero no abordando el tema de fondo que tiene que ver  con los tributos propiamente tal. En general, más allá de eso, la ciudadanía está bastante molesta con el Servicio de Impuestos Internos por los casos Penta, Soquimich  y por las distintas cosas que han ido apareciendo durante los últimos años. Estas cosas no tienen que ver con el trabajo de los funcionarios, sino con el diseño institucional en materia de impuestos. Si uno se fija en el impuesto territorial, las contribuciones, tiene un tratamiento diferente  al de los otros impuestos: el Territorial, el IVA y el de renta de las ganancias de las personas.

-¿Dónde van a parar esos recursos?

-El impuesto territorial lo recauda el Municipio, un 35 por ciento y el otro 65 por ciento restante se va al Fondo Común Municipal. Por lo tanto, no entra al Estado. Desde la lógica estatal no es un impuesto relevante porque queda en los gobiernos locales. Tuvimos una reunión con los funcionarios  de Avaluaciones, que es la subdirección que trabaja con esto, y ellos no tienen herramientas básicas para trabajar.

Lo que el reportaje de TVN muestra es esta empresa de tasaciones donde hace una bajada satelital a los predios donde calcula los metros cuadrados y que es una herramienta que nosotros no tenemos. Nosotros trabajamos solo con herramientas gratuitas y te pone una capa de tan baja resolución que no puedes trabajar con ella. Y si quieres trabajar con la otra, no hay presupuesto en el SII para hacerlo. El Servicio ha ido trabajando, pero no cuenta con los recursos suficientes.

-¿Por qué pasa eso?

– Porque en algún momento el Impuesto Territorial se decidió no fiscalizarlo. Nosotros tenemos 242 fiscalizadores, en todo el país, para 345 municipios y hay 8 millones de predios. Este impuesto se estructura con la persona que hace una autodeclaración y es el municipio el que tasa. Nosotros solo fiscalizamos en base a denuncias. Lo otro que hay que considerar es que el tema inmobiliario ha tenido una evolución dantesca en la última década. Un predio que cuesta equis valor, el próximo año vale un 20 o 30 por ciento más.

-¿Por qué la reforma tributaria no toca este problema?

En el fondo, nunca vamos a tener un catastro actualizado de los valores de los predios. En este proyecto de Reforma Tributaria no hay un ápice de cambio al Impuesto Territorial y es más, se retrocede en esta materia, hay una norma que plantea que la tasación de los bienes dependerá ahora directamente del contribuyente. Este elegirá el mejor método de tasación dentro de los mecanismos que existen. O sea, si quiero inflar una propiedad para tener mayor patrimonio, lo haré o si necesito bajarlo para pagar menos impuestos, también. Ese es el diseño que está detrás y que nosotros estamos denunciando. El SII efectivamente era un servicio temido porque te fiscalizaba y tenía herramientas para desbaratar un negocio. Ahora, pasa lo contario. Incluso hemos tenido funcionarios que han sido agredidos. Lamentablemente, hemos perdido credibilidad e imagen institucional.

De hecho, este mismo proyecto de ley del Presidente Piñera parte su fundamentación en  que el servicio es discrecional. Es una barbaridad. Eso no se condice con la trayectoria que ha tenido el SII porque hemos ganado premios internacionales y somos respetados a nivel global e incluso tenemos tasas de eficiencia mayores que países del primer mundo. Fuimos los primeros que nos pegamos el salto en materia de innovación tecnológica. El sistema tributario tiene muchas falencias, pero ¿por qué se nos está tratando de dañar de esta manera?

-¿Por qué nace esta campaña que “no nos pasen gato por liebre”?

– Hace mucho tiempo que estamos bajo la lógica de hacer educación fiscal. Como funcionarios, tenemos muchas críticas al sistema tributario. Creemos que el SII debe ser independiente y que trascienda de los gobiernos de turno y darle garantías a todo el mundo. Por eso, no creemos en el sistema de la Alta Dirección Pública para el servicio. Ojalá sea gente de carrera porque necesitas tener un conocimiento cabal del servicio.

La lógica de los impuestos es que sean proporcionales, pues en la medida que si tú ganas más, pagas más. Y al revés, si tienes menos ingresos, deberías cancelar menos. Si se ve el sistema tributario es sumamente engorroso. Tiene exenciones que permite que los que ganan más, a través de sus empresas y sociedades, tengan mecanismos de evasión tributaria o elusión tributaria.  Por ejemplo, hay sectores industriales como los forestales que tienen exenciones, que son inconcebibles o existen exenciones a la minería que son los grandes productores de la riqueza  en el mundo, pero que no están pagando los tributos que corresponden.

Por ejemplo, plantearnos en el tema de las contribuciones por qué eximirlas de ese pago a todas las personas de la tercera de edad que tengan una sola vivienda, indistintamente de su nivel de ingresos, porque les estamos cobrando 500 o 600 mil pesos en el año a una persona por su vivienda.  O sea, les estamos expropiando algo importante de sus ingresos, y eso se llama injusticia tributaria.

-¿Y qué opinión tiene de lo que el gobierno denomina cambios de “administración tributaria”, una reforma que han dicho que viene a corregir la que hizo la Presidenta Bachelet y que, según diversos datos, ha recaudado mucho más de que se tenía pronosticado?

-Nosotros apoyamos la reforma de Michelle Bachelet porque iba en la lógica de mayor justicia tributaria y de herramientas de fiscalización para el servicio. Allí se generó una norma anti elusión, que es una que nos permite visualizar y objetar transacciones o procedimientos de las empresas con el único fin de pagar menos impuestos. Y que no tengan que ver con el giro de su negocio. Desde que se creó el año 2014, y que existe en los países desarrollados, se concordó generar un procedimiento judicial donde vamos a un tribunal para que este autorice su aplicación y después  se utiliza. Hay uncontrol de legalidad previo. Es importante porque es un mecanismo de disuasión. Con este procedimiento, el año pasado, se recaudaron más de mil millones de pesos en una sola transacción que fue la venta de acciones de Soquimich  por el litio. Esto nos permitiría financiar la Teletón durante 17 años, para hacerse una idea.

Esa reforma planteaba que las empresas paguen no solo por las utilidades que retiran, sino por todas sus utilidades. Yo como persona pago mis impuestos por todos mis ingresos, pero las personas pagan solo por las utilidades que retiran. Eso se creó en la década de los 80 porque Chile, baja dictadura, no tenía financiamiento internacional. Buchi inventó ese sistema para que las empresasse pudieran auto financiar. Eso genera el famoso FUT. Nadie tiene esa plata, pues está solo contable. El objetivo de esa reforma era eliminar el FUT con un pago único.

-¿A qué se debe que haya generado tanto escozor esto?

– Entonces, las empresas iban a pagar por el cien por ciento de sus utilidades, pero el sistema iba a ser cien por ciento integrado, pero cambiaban las proporciones. El tema dela integración no es un problema ideológico, pues la propuesta de Michelle Bachelet era un sistema cien por ciento integrado. Como eso generó tanto escozor en la oposición de aquel entonces, el gobierno actual -en la famosa cocina de Andrés Zaldívar-propuso este sistema semi integrado. Todos los cuestionamientos a la reforma tributaria tienen que ver con los acuerdos que se hicieron en esa cocina.No con la propuesta original que tenía un elemento mucho más técnico. El acuerdo se genera porque todos coincidimos que se necesitan los acuerdos más transversales posibles para que esto no cambie de gobierno a gobierno.

Esa reforma también decía que íbamos a recaudar el 3 por ciento del PIB para educación. Y junto con eso, nosotros también negociamos con el gobierno una ley de fortalecimiento del SII que nos permitió contratar más dotación y hacer todas las cosas que nos solicitaban. Estamos conscientes que esa reforma necesitaba simplificarse. Cuando llega la propuesta en agosto ce 2018, y uno lee el proyecto de ley y hace totalmente lo opuesto de lo que había.

-¿Qué tan cierto es que con este proyecto de administración tributaria se dejan de recaudar 800 millones de dólares?

– Lo principal es el tema de la reintegración y lo hace con las mismas bases que se cambiaron la vez pasada. Se deja de recaudar un tercio de lo que se recaudaba con la reforma que se aprobó el año 2014. Los impuestos personales eran de un 40 por ciento y se bajaron a 35% a costa de que subieran las de las empresas. Ahora se mantienen en 35, pero bajan las de las empresas. Al reintegrar el sistema significa que el sistema integrado, al retirar los impuestos que ellos sacaban, el 65 por ciento de lo que pagaba la empresa podía ser devuelto a sus dueños, pero había un 35 que quedaba para el Estado. Ese puro mecanismo son 833 millones de dólares.

Hay una segunda medida que era la exención del IVA para las viviendas nuevas. Que se había rebajado a 2000 UF como tope de construcción en la reforma del 2014 y este gobierno pide subirlo a 4.000. El precio de construcción de 4000 UF significa que el precio de venta sería como de 7000 UF porque son viviendas de la clase media. La pregunta, entonces, es si la clase media compra o no vivienda de 7000 UF. La clase media compra vivienda de 3000 UF y con suerte. Todo esto es un beneficio que va directo al corazón de los más ricos del país.

Vienen, también, otras normas para que no se pague el impuesto a la herencia. Es decir, es un paquete de reformas concentradas en el 1 por ciento de mayores ingresos de nuestro país. Según el informe financiero son un poco más mil 100 millones de dólares que se dejarían de recaudar. Según ellos, esto se financia con un impuesto a plataformas digitales del extranjero como Netflix, Google… Y si bien estamos de acuerdo, es solo un 10 por ciento y eso no alcanza. Al final, vamos a financiar a ese 1 por ciento de los más ricos todos los patipelados de Chile.

Esta reforma tiene mucha letra chica porque al SII nos pega en todas nuestras áreas de fiscalización, porque nos quieren transformar en un Sernac sin dientes ni uñas. Que solo recibamos las declaraciones de los contribuyentes y solo las tramitemos y no fiscalicemos. Este proyecto de ley no cumple con un mínimo de política pública.

El gobierno está optando en el trámite parlamentario por el pirquineo de votos. Si bien desde la clave política eso es válido, desde la lógica del Estado es un crimen porque van aprobar una ley con una mayoría espuria, comprada, con beneficios para alguna región, pero que genera tanto nivel de rechazo para el resto de las fuerzas políticas, que será en un futuro gobierno nuevamente modificada. La opinión nuestra es que el gobierno le está haciendo un gran daño al país.

Voto Castigo en Argentina: Pierde Macri ante un kirchnerismo más a la Derecha

Crédito Fotográfico: Héctor Vergara Monardes

Este pasado domingo 11 de agosto se realizaron en la Argentina las elecciones primarias generales en donde el peronismo -compuesto, entre otros sectores, por el kirchnerismo- obtuvo una aplastante victoria en todo el país sobre el espacio político del presidente Mauricio Macri, en un marco de crisis económica y social que empeora día a día, con la segunda inflación más alta del mundo y un endeudamiento récord con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, obtuvo más del 47% de los votos, mientras que el presidente Macri fue votado por el 32% de los electores. Nadie esperaba esta ventaja de 15 puntos. Absolutamente todas las consultoras erraron sus pronósticos. De los 24 distritos del país, 22 tuvieron a Fernández como ganador; el macrismo sólo se impuso en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

La jugada política de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de relegarse al segundo lugar de la fórmula presidencial, eligiendo como candidato a presidente a Alberto Fernández -su antiguo jefe de Gabinete-, se mostró altamente efectiva.

En efecto, la ex presidenta es una de las personas del ámbito político con mayor imagen negativa en el país, posición que comparte, entre otros, con el mismo Macri. El núcleo duro kirchnerista tiene un techo de entre el 30% y el 35% de las preferencias electorales. La reticencia hacia ella del establishment, de los mercados y de gran parte del electorado argentino llevó a que, hábilmente, la viuda de Néstor Kirchner convocara a Alberto Fernández para encabezar la fórmula.

El ex jefe de Gabinete de Kirchner y luego del primer gobierno de Cristina ¾un cargo que en Argentina es similar al de un primer ministro¾ se había distanciado del kirchnerismo hacia 2008. En efecto, desde esta fecha Fernández se volvió un acérrimo crítico de dicho espacio político hasta 2018, cuando el kirchnerismo lo convocó nuevamente como operador y armador político ¾tarea en la que tiene mucha experiencia y es muy hábil.

Por el contrario, la estrategia electoral de Macri -apostando por su reelección- se mostró inoperante, en un contexto de números adversos de la economía mostrados a lo largo de su gestión y la acuciante crisis social vivida por la mayoría de los argentinos.

En efecto, a pesar de que muchos políticos de su propio espacio político le recomendaban lo contrario, Macri apostó por su reelección. María Eugenia Vidal, la gobernadora macrista de la provincia de Buenos Aires ¾el distrito provincial más rico e importante del país¾, fue una de las figuras gravitantes del macrismo que le pidió al presidente que se bajara de su candidatura. Esta joven política tiene una de las mayores imágenes positivas de la Argentina.

Ante la férrea negativa de Macri de bajarse de su candidatura, Vidal abogó por un “desdoblamiento” de las elecciones, es decir, que los comicios de la provincia de Buenos Aires se hicieran antes de las elecciones primarias PASO, para potenciar la buena imagen de Vidal y no verse arrastrada por el descrédito del gobierno nacional, lo que finalmente ocurrió este 11 de agosto, al negarse Macri a desdoblar las elecciones primarias nacionales de las bonaerenses. De esta manera, Vidal fue una de las grandes perdedoras, al verse superada en cerca de 17 puntos porcentuales por el kirchnerista Axel Kicillof, ex ministro de Economía de Cristina de Kirchner.

El gran ganador

Las terceras fuerzas se ubicaron muy lejos de los dos principales espacios políticos votados: entre los dos sumaron alrededor del 80% de los votos, en las elecciones presidenciales de 2015 ese porcentaje conjunto representaba el 71%.

De esta manera, Alberto Fernández en términos individuales es el gran ganador, al haber aportado un bagaje importante de votos por sobre el núcleo duro del kirchnerismo ¾de alrededor del 30%-35% se obtuvo el 47% de los votos, porcentaje que con toda seguridad se ampliará en las elecciones del próximo 27 de octubre.

Esto indica que Fernández no será un presidente “títere” de Cristina de Kirchner, ya que no es un político advenedizo. Gracias a él, el peronismo salió al ruedo electoral de manera unificada, algo que hace dos años era impensable, cuando este espacio político estaba fragmentado, con Macri atizando tal dispersión.

Alberto Fernández logró el apoyo de catorce gobernadores peronistas, varios de ellos reticentes a Cristina, y del neoliberal Sergio Massa, otro antiguo jefe de Gabinete de la ex presidenta.

Massa también se había distanciado del kirchnerismo, deteniendo en 2013 los avances reeleccionistas de Cristina cuando ya había sido reelegida, sin posibilidad a una nueva reelección: en las elecciones de medio término de ese año, Massa conformó y consagró la tercera fuerza política en el país, mientras que en las elecciones presidenciales de 2015 este político dio libertad a sus votantes para que eligieran entre Macri o Scioli, el entonces candidato presidencial kirchnerista -ex motonauta justificador de la última dictadura militar. Posteriormente, durante el primer tramo de la presidencia de Macri, Massa apoyaría al nuevo presidente. Con el nuevo gobierno peronista -que, según el cronograma, asumirá el próximo 10 de diciembre-, Massa será el jefe de la bancada de diputados en el Congreso Nacional.

Cristina aprendió de 2015: no podía ganar sola. Y eligió como cabeza de fórmula a alguien con un buen manejo de las estrategias electorales y partidarias, a pesar de que ella tuviera que relegarse al interior de un potencial futuro gobierno que, sea dicho, poco tendrá de “centro-izquierda”, como erróneamente se suele decir, especialmente, en los medios que no son argentinos.

En efecto, tanto Alberto Fernández como los Kirchner fueron aliados de Domingo Cavallo, el ministro neoliberal por antonomasia de la Argentina contemporánea -Cavallo fue ministro durante el gobierno de Carlos Menem, durante la década de 1990-. Más aún: el compañero de Cavallo en sus campañas proselitistas de comienzos de la década de 2000 -en las que estaban fuertemente involucrados el matrimonio Kirchner y Alberto Fernández- era Gustavo Béliz, miembro del Opus Dei argentino. Béliz sería el primer ministro de Justicia en la presidencia de Néstor Kirchner ¾anteriormente, había sido ministro del Interior con Menem.

Por su parte, la semana anterior a las elecciones de las PASO fue absuelto César Milani, un genocida denunciado en 1984 como desaparecedor durante la última dictadura militar, y designado como jefe del Ejército por Cristina de Kirchner en 2013, durante su segunda presidencia. Esta absolución obtuvo el repudio de diversos organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales. Sin embargo, Milani todavía enfrenta otra causa en su contra por su pasado en la dictadura. Ni Alberto ni Cristina dijeron ni una sola palabra sobre Milani en esta última campaña electoral. Pero muchos de quienes apoyaron al genocida estuvieron en las primeras filas de dicha campaña.

Alianzas estratégicas

A su vez, durante el kirchnerismo -como con los gobiernos anteriores- se realizaron alianzas estratégicas con multinacionales extractivistas, como con Monsanto, la Argentina liberalizó casi completamente los transgénicos en su territorio desde hace más de 20 años, disparando las tasas de cáncer y distintos problemas de salud y medioambientales, Barrick potenciando la megaminería a cielo abierto, especialmente, a manos de multinacionales canadienses- y Chevrón.

Estas alianzas, también, se extienden al sector financiero y a sectores conservadores e integristas, como los evangelistas y los opositores a la despenalización del aborto, el kirchnerismo se rehusó a dar la discusión en el Congreso sobre este último tema, aunque durante mucho tiempo tuvo mayoría en ambas Cámaras.

Todos estos pactos y alianzas continuaron con Macri y continuarán, de seguro, con el nuevo gobierno peronista el equipo peronista está lleno de anti-abortistas, de empresarios, de personas provenientes de multinacionales y del sector financiero.

Alberto Fernández anunció en plena campaña electoral, antes de las PASO, que quería un dólar alto, es decir, pedía una devaluación que, por definición, impacta negativamente en el costo de vida y en el poder adquisitivo de la población, especialmente de los más pobres, ya muy castigados por la mala administración de Macri, que lleva 15 meses seguidos de baja en la actividad productiva, en la generación de empleo y en distintos indicadores macroeconómicos. A su vez, desde que asumió la administración macrista, se fugaron del país unos 70.000 millones de dólares y se contrajo una de los endeudamientos externos más altos en la historia del país, principalmente, con el Fondo Monetario Internacional -deuda que Alberto Fernández ya anunció que va a honrar-. Actualmente, las reservas del Banco Central se encuentran en pisos históricos.

Con Macri se potenció el mal desempeño de la economía argentina, que viene deteriorándose, especialmente, desde 2013. En la actualidad, el PIB argentino es el mismo que el de 2008 y la tasa de interés alcanza la sorprendente cifra del 70% anual, mientras que el día posterior a las elecciones PASO la Bolsa de Comercio se hundió un 48%, el segundo desplome más importante en todo el mundo en los últimos 70 años.

El dólar y la inflación son dos de los grandes problemas argentinos desde hace más de medio siglo. Cuando asumió Macri, en diciembre de 2015, la divisa estadounidense cotizaba a 14 pesos argentinos -valor real de mercado-. El día posterior a las elecciones PASO se ubicó en 58 pesos -en una sola jornada cambiaria la moneda estadounidense subió de 45 a 65 pesos, estabilizándose en 58-. Por su parte, cuando asumió el kirchnerismo el dólar cotizaba a 3 pesos; al finalizar la última presidencia de Cristina de Kirchner estaba, como se dijo, en 14. Puede hacerse la comparación con México: si hace 20 años la moneda estadounidense poco más que duplicó su precio en pesos mexicanos -es decir, subió dos veces su valor-, en la Argentina el incremento fue de 57 veces.

Por su parte, la inflación en la Argentina es la segunda más grande del mundo: supera el 50% anual  y en dos años los precios se duplicaron. Desde hace varios años presenta valores anuales de dos dígitos.

El pueblo argentino votó en defensa propia. En 2015 lo hizo castigando al segundo gobierno de Cristina de Kirchner, que tuvo baja en la actividad económica, devaluaciones importantes, alta inflación, crecimiento en el desempleo, represión a la protesta social, entre otras medidas  y, por ello, el porcentaje de votos para presidente bajó del 54% en 2011 al 38% en 2015, que luego generaría una segunda vuelta en la que ganaría Macri. La administración macrista exacerbó los problemas económicos y sociales con la complicidad del peronismo, que le votó leyes impopulares en el Congreso, y cuyos poderosos sindicatos se abstuvieron de realizar mayores reclamos al gobierno, buscando contener la protesta social. El pueblo está sufriendo ajustes, necesidades y penurias como pocas veces en su historia. Así, el electorado vuelve a votar al peronismo para sacar a Macri quien, como se dijo, fue votado para echar al peronismo sólo cuatro años atrás.

La Argentina, con un default próximo -según indican economistas de todas las extracciones ideológicas-, se encuentra en un callejón difícil de sortear. Especialmente, para el pueblo argentino.

 

42 Ausentes: Feministas Marcharon en Memoria de las Víctimas de Femicidios en 2019

Crédito Foto: Cynthia Shuffer

Para recordar a las víctimas de femicidios en lo que va de este año, más de cincuenta activistas de la Brigada de Arte y Propaganda de la Coordinadora Feminista 8M (CF8M) marcharon por el paseo Ahumada en una nueva intervención ciudadana bautizada como “Juntas siempre Vivas. Procesión por los femicidios”.

Portando máscaras blancas y velas, las mujeres marcharon el viernes pasado desde calle Ahumada hasta la Catedral de Santiago. Llevaban en su pecho los nombres bordados de cada una de las 39 víctimas de femicidios consumados hasta el 9 de agosto.

42 femicidios

A la fecha, la cifra de femicidios en 2019 aumentó a 42, según el registro de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, que contabiliza todos los asesinatos de mujeres por razones de género y no sólo cuando el agresor es su pareja o ex pareja, como lo hace el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

“Hoy con nuestras caras enmascaradas las traemos al presente, les presentamos nuestros cuerpos para que le hablen a esa sociedad que las hizo desaparecer”, declaró la Brigada de Arte y Propaganda de la CF8M.

En la catedral, catalogada por las activistas como “una de las instituciones más represivas y patriarcales de nuestra sociedad”, desplegaron un lienzo donde colgaron los nombres que portaban: “Nombramos a cada una de las 39 mujeres. Este año ya no están María, Delicienne, Genoveva, Lissette, Fernanda junto a otras treinta y cuatro mujeres, niñas y jóvenes ¡Todas asesinadas! ¿Qué nos queda de ellas? Su ausencia, treinta y nueve cuerpos violentados y desaparecidos sin arrepentimiento”, señalaron.

Medios de comunicación

Las convocantes de la “protesta escénica”, hicieron un llamado a terminar con la indiferencia y la apatía social frente a estos crímenes de odio y recordaron que el femicidio no es un asunto privado, sino producto de la violencia social y cultural que es legitimada por los medios y los discursos públicos.

Por esta razón, interpelaron a los medios de comunicación ante la espectacularización y banalización que hacen de la violencia en sus coberturas, “crean novelas policiales con cada asesinato, un espectáculo de consumo masivo como cualquier otro. Pero esto no es ficción con sus dramatizaciones morbosas y exageraciones, es la vida real, es donde no hay vuelta atrás, es donde duele”, declararon.

Las participantes exigieron una respuesta del Estado y de la sociedad ante los femicidios. “Hoy no marchamos por un simple gusto, sino porque esto es una urgencia social y somos las feministas que afirmamos la decisión política a decir que NO, decimos que NO a la sumisión y obediencia a una sociedad patriarcal que nos mata por el simple hecho de ser mujeres”, sentenciaron.

Jóvenes Contra el Cambio Climático: El Desafío de Reunir más de 1.500 Representantes de la Sociedad Civil de Cara a la COP25

El panorama actual desde las últimas COPs se agudiza año a año y los pronósticos de parte de las organizaciones y la ciencia no son auspiciosos, El planeta ha alcanzado niveles de CO2 nunca antes vistos, tanto así que el último año se han registrado niveles tales que solo hubieran sucedido hace aproximadamente 3 millones de años en condiciones en donde el ser humano no estaba sobre el planeta. Las consecuencias para todo ser vivo son preocupantes pues, de no mejorar, afectarán de manera directa e irreversible la vida tal y cual la conocemos.

“Chile no es un caso alejado de este fenómeno, contrario al pensamiento popular, el país está dentro de los lugares del mapa con mayor propensión a sufrir las consecuencias del cambio climático a nivel global”, comenta Jonathan Gaete.

Jonathan Gaete Palma encabeza la Copresidencia de Organizaciones Sociales de la Plataforma Global Crisis Climática COP25, el espacio ciudadano que es articulado desde la sociedad civil organizada y que reúne a destacadas figuras del mundo público y dirigencial, entre ellas la Ex Ministra de Salud Helia Molina y el histórico activista por los derechos de las personas viviendo con VIH Vasili Deliyanis.

Jonathan es, también, presidente de la Fundación DIVERSIFICA, única organización en Chile que reúne en una sola propuesta la defensa de personas de la diversidad sexual, migrantes, víctimas de violencia de género y discapacidad y que, a la fecha cuenta, con diversos proyectos de asistencia y avance en políticas públicas promoviendo la no discriminación.

“La propuesta incorporar un debate transversal de la sociedad civil incluyendo como principal frente de propuesta a las organizaciones sociales, pero en esta cruzada junto al equipo compuesto en su mayoría de jóvenes dirigentes”, cuenta el joven dirigente social.

También se han planteado la necesidad de vincular organizaciones de toda índole en favor de crear una mirada amplia desde todo punto de vista y sentido. Para ello, desde el mes de agosto, se realizarán distintas actividades territoriales que van desde la forestación en variadas comunas de la Región Metropolitana y la integración de encuentros locales que lleven a la comunidad información relevante sobre la COP25 y la actual crisis climática.

De manera paralela se programa un instancia denominada “PRECOP” en el aula magna de la Universidad Central junto a diversos exponentes que abordaran de manera critica esta temática y lo vincularán con la actual situación territorial. El desafío final será reunir a más de 1500 representantes el próximo 7 de diciembre en una gran asamblea paralela a la COP25, que reunirá a dirigentes sociales y que en días posteriores, sumará de la misma forma a distintos mundos empresariales, académicos y dirigenciales.

Crisis climática

La propuesta por parte de la plataforma y el equipo de organizaciones sociales es afrontar el fenómeno desde la conciencia de “Cambio Global” incorporándola desde el núcleo familiar hasta las grandes empresas que son directamente las que mayor responsabilidad tienen.

Según Jonathan, en las actuales condiciones climáticas de nuestro planeta, “la crisis climática tiene un factor de clase púes, en los momentos más extremos, serán las personas más vulnerables las que no podrán contar con los recursos necesarios para adaptarse a las nuevas condiciones en un mundo que a la fecha no podríamos imaginar. En esto la sociedad civil tiene un rol fundamental: organizarse, reflexionar y actuar”, finaliza.

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