ex concejal y ex director laboral Banco del Estado.
Luego del contundente 80% de apoyo a la opción Apruebo del plebiscito del 25 de octubre y la Convención Constitucional, el paso siguiente es conseguir que el órgano constituyente logre reflejar la diversidad existente en la sociedad y legitime en su origen la Nueva Constitución que dé inicio a la reorganización de nuestra vida en comunidad.
La pregunta que entonces surge es ¿se agota en la Convención Constituyente la participación posible de alcanzar para un proceso que se supone histórico?
Mi opinión va en el sentido de aquellos que buscan que la Nueva Constitución nazca socialmente legitimada y enraizada en el tejido social de Chile, lo máximo que ello sea posible.
En ese sentido, un paso básico pero vital es que los próximos convencionales reflejen la diversidad social, política y cultural del país en el sentido más amplio. Eso es lo que garantiza de mejor modo el pluralismo que deberá expresarse en el órgano constituyente. Allí tendrán que estar representadas las mujeres, pueblos originarios, la diversidad sexual, independientes comprometidos con ciertos valores de transformación democrática de la sociedad y, por cierto, militantes de partidos; tendrán que expresarse realidades del norte, centro y sur del país, lo mismo que las distintas visiones ideológicas y políticas de país existentes.
Si bien es cierto desde un tiempo a esta parte una buena parte de las Encuestas de opinión e investigaciones muestran el desprestigio de la política Institucional, expresada ésta en partidos políticos y el Parlamento (el actual Ejecutivo se desprestigia y anula solo), un país como Chile requiere de la política de calidad y de un sistema de partidos y de representación que sean capaces de procesar democráticamente los temas-país y darles salida a los conflictos.
Liderazgos individualistas y mesiánicos son parte del problema al igual que el caudillismo, el aparatismo, el clientelismo y la corrupción, fenómenos que terminaron por disociar y dañar gravemente la relación de la política Institucional con la sociedad. Ese nexo sigue estando roto, pero su superación no pasa por la exaltación de liderazgos individualistas, generalmente sin proyectos políticos y motivados por ocultos intereses personales.
Con todo, el proceso político propiamente tal no se agota en la Convención. De hecho, para evitar reproducir el ensimismamiento que ha afectado a otros órganos representativos, y que en parte explica su desprestigio, la misma Convención o sectores de sus miembros podrán conducirlo en términos de motivar la participación de otros sectores de la sociedad.
Se trata de evitar el síndrome hegemónico de lo técnico/experto, que si bien necesario en cualquier disciplina, no puede serlo al punto en que lo hizo el tecnocratismo en el manejo de la economía, que dejó de lado variables centrales para la convivencia social como lo es la distribución justa de la riqueza o el cuidado del medio ambiente. En este caso, el síndrome experto, sería hacer radicar el proceso deliberativo solamente en expertos jurídicos.
Ello porque la realidad del país, a partir del estallido social y la pandemia, ha demostrado ser mucho más compleja a aquella que por décadas nos dibujaron las experticias, pero particularmente la corriente tecnocrática de la economía. En el contexto del proceso de deliberación en el que se encuentra el país, quienes poseen conocimientos específicos, respetables como cualquier otra fuente del saber, tienen la oportunidad de contribuir a facilitar los procesos de manera colaborativa, aunque sería mucho mejor si dicho conocimiento se presenta abierto a ser influido por el aporte de otras ciencias y disciplinas. Pero de conjunto, el país requiere mucho de pedagogía política, sencillez y apertura en el tratamiento de los temas y menos arrogancia de quienes desde un rincón del saber pontifican sabiduría en desmedro de otros.
Para superar lo antes dicho, será necesario garantizar niveles amplios de participación ciudadana durante el proceso de deliberación, en correspondencia con el órgano constituyente, hasta converger en el plebiscito de salida al cabo de un año.
Formas de participación hay muchas: las hay aquellas presenciales, de tradición territorial histórica del pueblo chileno, tales como Juntas de Vecinos, clubes deportivos, centros de padres y apoderados, Clubes de la Tercera Edad, sindicatos etc.; otras tipo Cabildos Abiertos, ampliamente utilizados por los municipios este último tiempo y que han ganado amplia legitimidad en las comunidades así como una diversidad amplia, heterogénea y rica en matices del mundo de la cultura, del feminismo y el medioambiente, y otras muchas expresiones de profesionales, centros de estudio, de la academia y el mundo científico . Pero también las hay de tipo Institucional como las Cuentas Públicas, que de igual modo pueden servir al propósito de incrementar la participación ciudadana en este proceso y conectar a los convencionales con sus “electores”.
Existe por otro lado un amplio campo de participación posible por medios digitales, que puede ser promovido y normado por los futuros convencionales a través de su reglamento, lo que, en complemento con reuniones presenciales, puede llevar el proceso deliberativo al conjunto social vía TV abierta, por streaming o la habilitación de plataformas digitales que también son idóneas para informar respecto a la marcha del proceso y efectivas para canalizar la toma de opinión ya sea genérica (foros) o específica, mediante comunidades temáticas.
La experiencia y los medios existen y son convergentes. Ahora faltan la amplitud y los contenidos.
