Periodista.
No hay que ser adivino para imaginarse qué hay tras una amenazante frase lanzada por el renunciado Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército Guillermo Paiva, luego de conocerse la filtración de miles y miles de correos electrónicos del organismo que dirigía. Un organismo que se suponía libre de toda sospecha de filtraciones e infiltraciones y que fue hackeado por un grupo autodenominado “hacktivistas”, de nombre “Guacamaya”, que nadie sabe de dónde proviene, quiénes lo componen, cómo se financia y, más aún, quiénes lo sostienen económicamente.
Sólo se ha conocido lo que ellos han publicado: “Filtramos sistemas militares y policiales de México, Perú, Salvador, Chile, Colombia y entregamos esto a quienes legítimamente hagan lo que puedan con estas informaciones”. Su operación, que recién está comenzando en los países de la región, la denominaron “Fuerzas Represivas”.
El grupo en cuestión se ha centrado en infiltrarse en empresas mineras y petroleras, la policía y varias agencias reguladoras latinoamericanas desde marzo de 2022. Su objetivo es atacar a entidades que el grupo considera que juegan un papel tanto en la degradación ambiental de la región como en la represión de las poblaciones nativas, según señalan diversos especialistas en la materia.
Hasta ahora, son pocos los que se estarían salvando de esta nueva forma de hacer la guerra. No solamente fue atacado Chile, también el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia; la Policía y las Fuerzas Armadas de El Salvador; la Secretaría de la Defensa Nacional de México y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú. Todos sus datos están en el sitio web Enlace Hacktivista. Según Guacamaya, son atacados en represalia por el papel de las fuerzas mencionadas en la represión de la población indígena y el libertinaje ambiental en la región. “Son fuerzas represivas violentas, criminales, contra los propios pueblos”, afirman en sus comunicados. “Queremos que dejen de una vez por todas explotar, minar, contaminar, ese afán de dominación”.
Poco se ha sabido, o más bien, poca importancia se les ha dado a informaciones previas al ataque que al parecer, deja a Chile mal parado en lo que a ciberseguridad se refiere. En marzo, Guacamaya publicó 4,2 terabytes de material hackeado de subsidiarias mineras de un grupo de inversión suizo que detallaba la aparente contaminación de las empresas en Guatemala. En agosto, publicó más de 2 terabytes de correos electrónicos y archivos de una gran cantidad de empresas mineras en Centro y Sudamérica.
“Por ahora”
Cuando se le peguntó al general si había advertido de la grave filtración ocurrida en el organismo que dirigía a su superior del Ministerio de Defensa -es decir la Ministra Maya Fernández Allende- y del riesgo que ello suponía para las FFAA y para el país, dijo: “no voy a responder a eso…por ahora”. Ese “por ahora” es lo que sonó a amenaza, como si tuviera antecedentes que aún no ha entregado.
La frase de Paiva quedó en el aire. Y cuando se le preguntó si había sentido apoyo de sus jefes, incluyendo a la Ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, se limitó a expresar: “no me voy a referir al respecto”. Y tal como cuenta la Biblia respecto a lo que hizo Pedro al negar tres veces a Jesucristo, el militar de alguna manera hizo algo similar cuando en tres ocasiones negó a sus autoridades al repetir que sólo respondía por sus subalternos, cuyo apoyo -dijo- “siempre lo he tenido”.
El regreso sorpresivo de la Ministra Maya Fernández de Estados Unidos, donde integró la delegación que acompañaba al Presidente Boric a Naciones Unidas, además de participar en un homenaje a los 50 años del discurso del Presidente Salvador Allende, su abuelo, reveló de inmediato la gravedad que el gobierno le confería al tema.
Por supuesto que comenzaron de inmediato las declaraciones que instalaban la duda en la gestión de la Secretaria de Estado. Más aún, y no sorprende, los Republicanos comenzaron a pedir su renuncia. Supuestamente porque el gobierno fue advertido del hackeo masivo de correos de la FFAA.
Los ataques amainaron cuando se supo que las advertencias de vulnerabilidad existían desde el gobierno de Piñera, y que cuando se le informó a la actual Ministra de Defensa, esta reaccionó de inmediato. El Presidente Boric le entregó su respaldo: “Tengo certeza de que la ministra Fernández, cuando recibió la alerta de vulnerabilidad, no de un hackeo, siendo que el hackeo ya se había producido, tomó todas las medidas que estaban a su alcance y destinó los recursos necesarios para fortalecer los sistemas de seguridad”, dijo.
Respecto a la renuncia de Paiva el Mandatario señaló: “Me parece correcto que haya asumido su responsabilidad, fue una renuncia que él la puso sobre la mesa”. Finalmente, al ser requerido sobre si habría más responsabilidades, dijo que “hay una investigación en curso”. “En esto estamos trabajando como Estado con todos los comandantes en Jefe. Tanto la ministra del Interior como la ministra de Defensa están trabajando en conjunto con los comandantes en Jefe para resguardar el interés nacional”.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció que se hará parte de la causa de la masiva filtración de correos electrónicos que afectó al Estado Mayor Conjunto (EMO).La información la dieron a conocer mediante un comunicado, en el que también informaron que analizarán los antecedentes disponibles “para determinar otras posibles acciones a ejercer en el marco de sus atribuciones y competencias legales”.
La acción del CDE responde a un requerimiento de la cartera de Defensa liderada por la ministra Maya Fernández, quien en una grabación había detallado antes una serie de acciones adoptadas con el objetivo de “investigar acuciosamente las circunstancias de estos hechos y establecer las responsabilidades de quienes correspondan”. En esa oportunidad informó que, entre otras cosas, se ofició al Consejo de Defensa del Estado “para que asuma la representación del Ministerio de Defensa en las investigaciones que correspondan”. También, explicó que se instruyó una investigación sumaria administrativa al interior del Estado Mayor Conjunto, se ofició al Ministerio Público Militar para hacerse parte de la investigación y se realizó una denuncia ante el Segundo Juzgado Militar para la indagación de los hechos.
Todo indica que este caso recién está comenzando y por la gravedad del tema, se espera madurez política para tratarlo y no poner aún más en peligro la seguridad de los institutos armados.
