Periodista.
Las comunidades mapuche nuevamente tenían razón en sus denuncias por el asesinato de Emilia Milen Herrera Obrecht, de 25 años, en el sector Desagüe Riñihue. Lugar donde el martes recién pasado, fue asesinada por guardias encubiertos o como han señalado las comunidades, sicarios, que prestaban servicios al condominio Riñimapu.
En la audiencia que se desarrolló virtualmente este viernes 19 de febrero, el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli, formalizó a los tres detenidos por homicidio calificado y porte ilegal de arma de fuego y municiones. El magistrado Felipe Muñoz Hermosilla ordenó el ingreso de Francisco Javier Jara Jarpa, Cristian Mauricio Larenas Cisternas y Carlos Alberto López Aguayo al Complejo Penitenciario de Valdivia, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Las primeras indagatorias fueron concluyentes y lograron establecer que aproximadamente a las 22 horas del martes 16 de febrero de 2021, en el sector de Desagüe del lago Riñihue, lugar donde se emplaza el condominio Riñipamu, se produjo una discusión entre una familia que acampaba a orilla del lago y personal del condominio, entre los que se encontraban los imputados.
En dicho contexto, cuatro miembros de la comunidad mapuche Lof Llazcawe, junto a la víctima Emilia Herrera Obretch, se aproximaron a la portería del condominio con el objetivo de conversar y mediar con el jefe de guardia, con quien ya tenían acordada la permanencia de los campistas en el lugar. El imputado López Aguayo habría inducido a Jara Jarpa a dispararles y sin mediar provocación alguna, éste abrió fuego.
Uno de los disparos impactó a Emilia, quien fue socorrida en el lugar y luego trasladada en una camioneta al hospital de Panguipulli y desde allí, por su gravedad, al Hospital base de Valdivia, donde se constató su fallecimiento, luego de haber sido reanimada por 2 paros cardíacos, según el médico que la asistió.
La noche del martes y tras disparar, los asesinos de Emilia huyeron hacia el interior del condominio, desde donde recogieron sus pertenencias e intentaron abandonar el recinto, pero debido a que en el lugar ya se encontraba personal de Carabineros y bomberos combatiendo un incendio posterior a los hechos, que afectaba a un quincho y una casa del condominio, los sujetos fueron fiscalizados por efectivos policiales, quienes se percataron que portaban sin autorización un arma de fuego (escopeta) con dos cartuchos en su interior y otros 18 cartuchos sin percutar, por lo que fueron detenidos.
Quién responde por los jóvenes asesinados
El disparo que mató a Emilia, una joven consciente y sensible a su entorno, (animalista, vegana) se escuchó a menos de 10 días del que percutó un carabinero contra Francisco Martínez (27 años) y que todo Chile observó, porque fue a pleno sol, en una esquina de la ciudad, en la misma comuna de Panguipulli.
Pero esa juventud, segada violentamente, no es lo único que compartían Emilia y Francisco, pues ambos habían llegado desde la capital para abrazar las demandas de justicia de las comunidades mapuche y reivindicaciones territoriales de la zona, particularmente las que el Lof Llaskahue sostiene hace un par de años y específicamente, desde noviembre del 2020, denunciando la invasión de inmobiliarias y el cierre ilegal del acceso a los caminos y al lago, propiedad de los latifundistas Eduardo Matte y Enrique Puga, bajo la custodia o administración de Manuel García.
A la vista de los hechos, en conversación con Página19, Jorge Weke, el vocero werkén del Parlamento autónomo de Coz-Coz de autoridades ancestrales territorial de todo el Wallmapu, cree necesario hacer una revisión histórica de lo que han sido los hechos de despojo de las comunidades mapuche. “Nosotros creemos que por el acto de defensa de un territorio ahí, ocurrió este hecho macabro de parte de quien haya asesinado a la hermana (Emilia) que viene a apoyar a territorio mapuche. Más allá de lo que digan algunos medios de comunicación, son una seguidilla de hechos que ocurren que involucra a gente mapuche”. Y especialmente recuerda al Panchito, como llama cariñosamente al joven malabarista asesinado por un carabinero, “él hacía más que eso, participaba de asambleas y movilizaciones por la Asamblea Plurinacional y Territorial que se había articulado hace un tiempo en la comuna de Panquipulli. El día que lo asesinaron compartí un momento con él, en un pequeño diálogo y conversa. Es bastante dolorosa la forma en cómo son injustamente asesinados”.
El werkén apunta a la ira que según señala, históricamente, ni el Estado ni el empresariado han podido superar contra el pueblo mapuche y afirma que es necesario buscar reparación más allá de un hecho puntual. “El Estado ha sido responsable de toda esta seguidilla de masacres, atentados, autoatentados para inculpar a comunidades mapuche. Y eso por historia ha sido así, por lo tanto, no le vamos a creer ni a Carabineros ni al Estado ni a los medios de comunicación ni mucho menos a los empresarios que han sido amparados bajo la figura estatal.”
Esto último, referido a la adquisición de territorios de forma fraudulenta por parte de familias e inmobiliarias que se han instalado en la zona, desconociendo títulos de merced que, según Jorge Weke, son los verdaderos propietarios ancestrales reconocidos incluso por el propio Estado chileno.
El violento negocio de la tenencia de tierras
Lamentablemente, si revisamos uno de los reportajes más informados realizados en ese territorio, escrito en 1907 por Aurelio Díaz Meza, no es nuevo lo que señala el werkén Jorge Weke. El escrito de Díaz Meza registra el encuentro del parlamento de Coz-Coz, celebrado en Panguipulli el 18 de enero de 1907, apoyados por el misionero capuchino Fray Sigifredo de Franenhands, quien los defendía en el Juzgado de Valdivia por innumerables pleitos, con éxito, porque era doctor en derecho. Las prácticas violentas que da cuenta el reportaje, se repiten hace más de un siglo contra el pueblo mapuche y sus defensores, pues el padre Sigfrido fue amenazado de muerte por Joaquín Mera.
En el texto también pueden leerse testimonios sobrecogedores: “En los dos años que yo estoy en esta selva, se han cometido varios asesinatos de indios, que se han quedado impunes, a pesar de saberse quienes son los autores o instigadores.” “Joaquín Mera hizo asesinar en su ruca a la india Nieves Aiñamco, cerca de Pinco. El sumario arrojó tal cúmulo de culpabilidad contra Mera, que el juez de Valdivia don Manuel Fco. Frías, no pudo dejar de dictar la orden de prisión en su contra, a pesar de la estrecha amistad que los ligaba. Sucedió lo que se presumía. El sumario se extravío, y el sindicado Mera salió en libertad bajo fianza, después de ocho meses de cárcel”. (“El parlamento de Coz-Coz”. Reportaje periodístico de 1907, por Aurelio Díaz Meza).
Frente a los últimos hechos de esta semana, Victorino Antilef, reconocido kimeltuchefe (educador) de la región, habitante del territorio de Antilhue, señaló a Página19 que estaba al tanto desde hace tiempo que había un proceso de reivindicación en la zona, como también hay otros en Lanco y otros territorios que no se difunden sino hasta que ocurren hechos extremos, como el de Riñimapu. “También estaba en antecedentes que turistas y visitantes ocasionales que llegan con el legítimo derecho de pasar días de distención y distracción en las playas de Riñimapu, están siempre siendo hostigadas por gente que resguarda los condominios, que seguramente son contratados por ellos, por los dueños del condominio. Entonces, no fue el primer hecho de hostigamiento que vivieron estas personas el día martes (16 de febrero), esto se estaba produciendo desde antes”.
Según el relato de Victorino Antilef, “una vez más, con el afán de confundir y justificar estos hechos que terminan con la vida de Emilia, tanto los dueños de estos condominios como los medios de comunicación tradicionales, están relacionando directamente con la muerte y las circunstancias de su muerte con el tema del incendio. Seguramente eso se va a investigar. Son cosas que no necesariamente están vinculadas al incendio posterior.”
Para quienes habitan estos lugares, es sabido que las comunidades o enclaves cercanos a los lagos, cuentan con guardias y gente que resguarda las propiedades durante todo el año, porque, según señala el kimeltuchefe Antilef, “no todas las propiedades que allí existen están regularmente instaladas, como debiera ser, han sido manejadas hasta fuera de la ley con respecto a la propiedad mapuche, por ejemplo, también hay un tema de contribuciones, que no son regulares”.
Cada vez que se inicia un proceso de reivindicación territorial, las comunidades se apoyan incluso viajando desde otros territorios y en ese contexto, la presencia de personas que apoyan estas denuncias y recuperaciones no son extrañas.
Tampoco lo son algunos nombres ligados al negocio de las inmobiliarias en la región como Manuel García, Rafael Escaffi y Eduardo Matte, así como los proyectos Puerto Rayenkura y Pilinhue, por los que Andrés Brunner Moreno ha sido denunciado, desde el año 2018, ante las autoridades alcaldicias y Ministerio de Obras Públicas, porque a juicio de las comunidades, ha recibido permisos de construcción e incluso habría hecho recepciones definitivas de viviendas en el sector, vulnerando derechos de propiedad ancestrales.
Declaración del Lof Llazkahue
En una extensa declaración, en el mismo lugar de los hechos, el Lof Llazkahue advierte que “para defender lo que nos dejan de territorio los oligarcas de este país, decidimos levantarnos y defender como protectores de esta ñuke mapu (madre tierra) a este lugar. Iniciamos, el año pasado, con la apertura del acceso a esta playa, a este Lago Riñihue en Panguipulli. Estaba cerrado y luego de conversaciones que tuvimos con los particulares, con Manuel García, que es el vocero del condominio Riñimapu, nos comprometimos en una conversación que ese iba a ser la apertura del acceso, eso no se hizo y cumplimos con hacerlo nosotros”.
Siendo el lago, el cerro y la playa lugares sagrados para dicha comunidad, resolvieron quedarse para resguardar los espacios de lo que llaman “invasión inmobiliaria”, proyectos que han intervenido vastas zonas de bosque nativo, humedales y vertientes, con el evidente deterioro de flora y fauna de esos lugares.
Este proceso de control y defensa territorial es aledaño al condominio en cuestión y es el territorio reivindicado, donde Emilia fue asesinada. ”Junto a su ñuke, vemos con dolor lo que pasó con los sicarios del condominio que nos arrebató la vida de nuestra lagmien (hermana) Emilia. Pudo haber sido cualquiera de nosotros, cualquiera de las personas que esa noche se encontraban en este lugar, le tocó el destino que fuera nuestra lagmien Emilia, una mujer valiente, es una más de nosotros. La consideramos una weichafe de esta lucha”.
Según denuncia uno de los voceros del Lof Llazkahue, Orlando Colipán, este proceso de reivindicación para liberar la playa, que había sido por años de uso exclusivo del condominio, privando a la sociedad en general, alentó la contratación de guardias privados que andaban con perros adiestrados y otros con vestimenta militar. Además, señala que “es una empresa que presta servicios de seguridad, pero teníamos antecedentes que había llegado un segundo grupo de guardias que serían contratados, a pesar de estar recluidos en distintas cárceles, o bajo alguna situación los sacan de la cárcel y llegan acá como una especie de jardineros, pero que cumplen la labor de guardias”. Eso fue lo que dijeron los mismos “jardineros” a las comunidades cuando llegaron a prestar servicios al condominio.
Finalmente, cabe indicar que los condominios, así como cualquier organización o persona pueden solicitar acogerse al régimen de vigilancia privada que establece el Decreto Ley Nº 3.607 De Vigilancia Privada (1981) a través de un procedimiento complejo que muy pocos aprueban. No obstante. Tiene opción legal de contratar a través de alguna empresa autorizada, los servicios de vigilantes privados, los que, entre otras obligaciones, deben portar armas de fuego, aunque sometiéndose a las normas de la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas, cuestión que fue absolutamente vulnerada en el caso que culminó con el asesinato de Emilia.
La voz oficial del Gobierno en la región, el Intendente César Asenjo, solo se limitó días previos a calificar el hecho como delictual. No obstante, esta vez la justicia se pronunció en Tribunales. No hubo fuego cruzado ni hecho delictual por parte de las comunidades ni de la víctima. Los autores serán juzgados por homicidio calificado y porte ilegal de arma. En el caso de Francisco Martínez, el Tribunal acogió la apelación verbal deducida por los querellantes, por lo que dejó detenido en tránsito al imputado y ordenó elevar los antecedentes ante la Corte de Apelaciones de Valdivia para que el tribunal de alzada resuelva, en definitiva, la cautelar que deberá cumplir el suboficial. Además, fijó en cuatro meses el plazo de investigación.
Es de esperar que no tengamos que repetir los relatos que tan claramente recogió a principios del siglo XX, Aurelio Díaz Meza y que esta vez, la justicia en Tribunales ilumine en parte, la verdad de quienes han sido tan duramente castigados, por querer habitar y resguardar un territorio que naturalmente y legalmente les pertenece, porque no hay que olvidar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Originarios, que nuestro país ratificó el año 2008.
El Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, es un tratado internacional adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, el 27 de junio de 1989, siendo ratificado por nuestro país en septiembre del año 2008, entrando en vigencia el 15 de septiembre del año 2009, que básicamente responsabiliza a los Estados de cumplir y proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
En la ceremonia fúnebre o Eluwun, Emilia fue saludada por los peñis con sus güiños (palos de madera) y realizado un Llellipun o rogativa, en presencia de su madre, Denisse Obrecht, comunidades y Lof Llazkahue.
