Médico-cirujano. Miembro del Departamento de Medio Ambiente, Colegio Médico de Chile. Estudios en Neurobiología y Ciencias de la Conducta, Magister (c) en Salud Pública, Máster en Medicina y Fisiología del Sueño.
Cuando los seguidores de Jair Bolsonaro irrumpieron en el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial, de Planalto en Brasilia el 8 de enero de 2023, las cámaras registraron un detalle que muchos pasaron por alto: buena parte de los asaltantes no había llegado allí por convicción forjada en mítines ni en periódicos. Habían llegado por WhatsApp, por videos generados o amplificados en el ecosistema digital que durante años los había alimentado con una dieta de falsedades, conspiraciones y rabia manufacturada. Brasil aprendió esa lección a un costo muy alto. Y, sin embargo, en octubre de 2026, tuvo que aprenderla de nuevo.
Las elecciones presidenciales de este año pusieron en el centro del debate algo que ya no admite eufemismos: las grandes plataformas tecnológicas no son neutrales. No lo son por diseño, y tampoco por accidente. Son empresas que maximizan el tiempo de atención de sus usuarios, y el contenido que mejor cumple ese objetivo —el alarmista, el simplista, el cargado de rabia— tiende a favorecer estructuralmente al populismo de derecha. Eso no es una teoría conspirativa: es lo que documentan los investigadores del NetLab de la Universidad Federal de Río de Janeiro, los datos de la coalición Eko y los reportes del grupo CTRL+Z, que este año registró más de 1.100 casos de cuentas y publicaciones restringidas en plataformas de Meta, «principalmente relacionadas con perfiles que apoyan a Lula».
La batalla entre la campaña del presidente Lula y Meta fue, en muchos sentidos, el segundo frente de estas elecciones. El equipo de campaña denunció ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) que Meta suprimía su contenido «de forma reiterada y sistemática»: la cuenta publicitaria del presidente fue suspendida temporalmente, publicaciones en Instagram fueron restringidas sin explicación, y coordinadores de campaña reportaron tener que gastar más del 70% de su presupuesto digital simplemente para «impulsar» publicaciones que antes llegaban orgánicamente a sus seguidores. La herramienta Meta AI, para agravar el cuadro, rechazaba generar imágenes relacionadas con Lula mientras producía sin problema material favorable a su rival. El TSE ordenó a Meta abstenerse de interferir en la distribución de contenido electoral. Senadores estadounidenses encabezados por Bernie Sanders escribieron a Mark Zuckerberg expresando «profunda preocupación». Frente a la sede de Meta en São Paulo, simpatizantes del gobierno se manifestaron con carteles que cruzaban la foto del CEO con una X roja.
Meta respondió con su fórmula habitual: «errores técnicos», «tratamos a todos los candidatos por igual», «nuestra muestra es demasiado pequeña para ser representativa». Es la misma gramática corporativa que se repite en cada escándalo, en cada país, en cada ciclo electoral. El problema es que los números cuentan otra historia. El gasto en publicidad política en plataformas Meta se duplicó en Brasil entre 2022 y 2026, alcanzando 288 millones de reales —unos 57 millones de dólares—. La empresa tiene, por tanto, un interés económico estructural en mantener el flujo de esa inversión. Y quien más gasta, ya se sabe, espera resultados.
El caso de los anuncios con inteligencia artificial añade una capa de gravedad adicional. Brasil tiene algunas de las legislaciones más avanzadas del mundo en esta materia: prohíbe representar candidatos mediante IA generativa, exige avisos de disclaimer en publicidad política que use IA y penaliza el discurso de odio y la discriminación. Leyes admirables sobre el papel. Pero cuando la coalición Eko sometió a Meta quince anuncios que violaban todas esas normas —incluyendo llamados a golpes electorales y amenazas de ejecución contra legisladores—, trece de los quince fueron aprobados por la plataforma. Esos anuncios ya habían sido vistos por millones de brasileños cuando, eventualmente, fueron retirados. El daño, como señaló la investigadora Debora Gomes Salles, «ya estaba hecho». Y Meta aun así cobró por ellos.
Hay una dimensión geopolítica que tampoco puede ignorarse. El giro de Zuckerberg hacia el trumpismo —la eliminación del fact-checking independiente en enero de 2025, la adopción del sistema de «notas de comunidad» copiado de Elon Musk, la asistencia al almuerzo en la Casa Blanca— no ocurrió en el vacío. Ocurrió en un momento en que Donald Trump tiene relaciones documentadas con la familia Bolsonaro, en que Flávio Bolsonaro fue recibido en el Despacho Oval, y en que Washington promueve lo que el gobierno de Lula denomina «la Doctrina Donroe» para América Latina. Las plataformas digitales no son apéndices neutrales de la infraestructura democrática global: son actores políticos con intereses, alianzas y posiciones que afectan el resultado de las elecciones en países, como Brasil,donde más del 76% de la ciudadanía se informa a través de sus pantallas.
Lula ganó. Eso importa, y mucho. Pero su victoria se produjo a pesar de un ecosistema digital que operó en su contra, no gracias a él. El «Ejército de Lula» en WhatsApp — más de diez millones de seguidores convocados en los días previos a la segunda vuelta— es la respuesta táctica a un problema estratégico que ningún movimiento progresista en el mundo ha resuelto todavía: cómo ganar en un terreno diseñado para favorecer al adversario.
La pregunta que queda suspendida sobre la democracia brasileña —y sobre todas las democracias— es si la regulación puede ir más rápido que el algoritmo. El TSE ha demostrado que tiene voluntad política y dientes legales. Pero mientras Meta siga siendo más rentable cuanto más rabia distribuye, y mientras los estados nacionales negocien de forma fragmentada con gigantes que operan globalmente, la respuesta honesta es que el campo de juego seguirá inclinado. Y que, en la próxima elección, el algoritmo también estará en la papeleta.
