Periodista y Psicóloga.
Hay que ser muy frío de ánimo, por no decir psicopático, para rasgar vestiduras frente a una supuesta “violencia” y “vandalismo” de izquierda y nunca haber levantado un dedo frente a los horrendos crímenes cometidos por su propio sector durante los años de la Dictadura Cívico-Militar encabezada por Augusto Pinochet. No existe pudor, decoro ni una decencia mínima al actuar de esa forma. Más bien, existe un cinismo ancestral y desenfadado.
Todos quienes callaron -o peor aún, fueron autores o cómplices de aquellas atrocidades- no tienen derecho a hablar de vandalismo y hacerse los desentendidos de sus conductas desde el 11 de septiembre de 1973 y durante los 17 años que duró esa dictadura.
Todos, menos ellos, tenemos derecho a repudiar el vandalismo a través del cual grupos de delincuentes manchan las masivas movilizaciones ciudadanas que surgieron en octubre de 2019. Ninguno de quienes fuimos víctimas del terrorismo de Estado, las justificamos ni defendemos.
Durante la Dictadura de Pinochet y sus socios se ejerció la violencia política contra una tiranía opresora y despiadada pero nunca se justificó ni el terrorismo ni el vandalismo como forma de lucha. Aquellos fueron siempre triste patrimonio de quienes se hicieron del poder absoluto derrocando a un presidente elegido en forma democrática a través de un golpe de Estado, fraguado entre las fuerzas de derecha y las fuerzas armadas chilenas, en un cóctel fascista aterrador.
Lo anterior quedó en evidencia a las 11 de la mañana del mismo 11 de septiembre de hace 48 años cuando aviones de guerra de la Fuera Aérea bombardearon el Palacio de Gobierno, un lugar emblemático y patrimonial, hasta dejarlo consumido por las llamas y a su principal ocupante fallecido tras suicidarse en lugar de entregarse, mientras su equipo de colaboradores era encarcelado y, más tarde, muchos de sus integrantes fusilados, relegados a una isla en el confín del mundo, o hechos desparecer.
Así partió el vandalismo ejercido durante las casi dos décadas de dictadura. Y así continuó, sin tregua, día tras día, año tras año. Incuso, después de perder el Plebiscito de 1988, cuando un comando de la CNI asesinó a sangre fría al dirigente social Jécar Neghme mientras caminaba por una céntrica calle de la capital.
Fue su sello. El terrorismo de Estado fue su modus operandi. Ellos no prendieron barricadas con neumáticos. Lo hicieron con seres humanos, rociándolos de bencina y lanzándoles un encendedor. Del par de jóvenes veinteañeros que fueron víctimas de ese horrendo acto vandálico en 1986, sobrevivió uno de ellos, Carmen Gloria Quintana, para atestiguar el horror de lo vivido a través de todo el planeta. El capitán que prendió el fuego no pasó un día en la cárcel.
Brigadas de exterminio
Quienes hoy rasgan vestiduras contra el “vandalismo de izquierda” no escatimaron en castigos contra quienes prendieron barricadas en esos años negros: les cortaban el cuello cabelludo con yataganes, una feroz arma blanca cortante. Y a quienes les podían armar problemas por ser valientes sindicalistas, les cortaron el cuello con un cuchillo en un camino abandonado en Quilicura, como al dirigente Tucapel Jiménez. Como también lo hicieron con tres dirigentes comunistas históricos –Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino-, después de raptarlos a cada uno por separado. Esos vándalos no eran ni “delicados” ni discretos en su proceder. Al profesor Guerrero lo secuestraron desde el colegio donde hacía clases, en la comuna de Providencia, apoyados por helicópteros de Carabineros. Mismo cuerpo al que pertenecían quienes los degollaron algunas horas después con corvos y dejarlos abandonados en un camino rural.
Se organizaron de verdad para sus actos vandálicos. Una de las agrupaciones que operó en esos años fue el denominado Comando Conjunto, que actuó entre fines de 1975 y el término de 1976, y cuyo objetivo principal fue la represión al Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas (otras fuentes hablan de más de 70). Desde luego, también operaron “brigadas de exterminio” de militantes del MIR, del Partido Socialista, y de todas las agrupaciones políticas que la Dictadura dejo fuera de la ley desde 1973.
No dejaron nada al azar. Hasta se aliaron con los Alemanes de Colonia Dignidad para concretar la tortura y desaparición de detenidos en forma “limpia” y “anónima”. Total, para eso tenían a políticos como el actual Ministro de Justicia, Hernán Larraín, de cómplice y encubridor en los años 60…
También lo hicieron en alianza con otros vándalos de la CIA y de grupos terroristas italianos. Y pusieron bombas hasta en el centro de Washington DC para asesinar o dejar inválidos a opositores “molestosos” como Orlando Letelier, el General Prats o Bernardo Leighton.
Un trabajo de joyería. Lejos de los que realizan hoy quienes están en las calles después de cada marcha para “dejar la cagada”. Lo que ellos hacen sería un juego de niños si uno mira en retrospectiva y enumera las barbaridades que hicieron en la época de la Dictadura quienes hoy claman por “paz” y “convivencia democrática”.
Ellos inventaron “enfrentamientos”, donde los supuestos enfrentadores quedaron acribillados en las calles luego que comandos de la CNI los colocaran allí para matarlos, como en los operativos de la Operación Albania, liderada por Álvaro Corbalán, encarcelado desde enero de 1991 y condenado por decenas de crímenes relacionados con la violación de derechos humanos, entre otros los de los cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) —Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola—, que fueron lanzados al mar en septiembre de 1987 tras ser detenidos en forma secreta. Corbalán está condenado a cadena perpetua, más otras penas, lo que suma 100 años de cárcel.
Estos vándalos de antaño también adujeron supuestas “fugas” para acribillar a presos políticos durante trayectos de traslado. Como en la siniestra “Caravana de la Muerte”, comandada por el General Sergio Arellano Stark quien, como delegado de Pinochet, asesinó o hizo desaparecer a 97 prisioneros en distintas ciudades del país, las que visito para “supervisar” los supuestos juicios a los detenidos. Por ejemplo, el del periodista Carlos Berger, quien fue fusilado a pesar de tener una condena de 60 días de cárcel…
No se trata solo del vandalismo perpetrado durante la Dictadura de Pinochet. Estamos hablando de una conducta histórica y recurrente –ancestral- entre los poderosos no solo de Chile sino del globo entero, que siempre parecen escandalizarse de la violencia que ven entre quienes han explotado, esquilmado, humillado, asesinado o exterminado. Sino baste pensar en las reacciones que siempre tienen los dueños históricos del poder frente a los desheredados de la tierra. Como los supremacistas blancos de Estados Unidos cuando los negros salen a las calles a gritar su “basta” después que la policía en plena calle.
El dirigente estudiantil Víctor Chanfreau lo puso de esta forma el lunes 18 de octubre: “Quieren paz pero declaran la guerra cuando el pueblo sale a la calle; quieren paz pero militarizan el wallmapu; quieren paz pero saquean y roban al pueblo. Nos violentan cada día y quieren que bajemos la cabeza”.
Siembra vientos y cosecha tempestades. Se han sembrado verdaderos huracanes a lo largo de la historia de los pueblos. Y, en comparación y perspectiva, se podría decir que las tempestades han sido suaves. Aun. No sabemos qué puede ocurrir si las provocaciones continúan. Y si quienes las ejercen insisten en olvidar quién golpeó primero.
