Periodista.
Libertad de expresión, derecho a la información y a la comunicación… Cada cual interpreta estos derechos humanos básicos según la vereda en que esté parado. Por eso es bueno aclarar quiénes son los que últimamente han estado opinando sobre ellos a raíz de los programas o manifiestos que están presentando los candidatos presidenciales.
Son pocos los candidatos que se preocupan de ofrecer en su programa de futuro gobierno una política de medios de comunicación. Poquísimos los políticos que tocan el tema o lo conocen. Bienvenidos sean. Y aquí empiezan las molestias de quienes están por el statu quo en esta materia.
A la derecha y a los propietarios de los grandes medios actuales – que vienen a ser los mismos – les interesa una libertad de expresión que deje todo el sistema de medios como está actualmente. Que puedan seguir emitiendo sus mensajes hegemónicos sobre una audiencia o lectoría que los recibe pasivamente y sólo tiene derecho, de vez en cuando, a expresar su disidencia en una Carta al Director … que podría o no ser publicada. El Director (o propietario o Señor del Medio) se reserva el derecho a publicar a o no la opinión disidente a menos que se cite el derecho a réplica.
Un Ombudsman de Medios
En el programa de Daniel Jadue se llama Defensoría de Audiencias y Públicos, algo parecido a algo que ya se había intentado en gobiernos a inicios de la transición democrática, el Ombudsman o defensor del pueblo, aunque no vinculado a los medios. Chile es de los pocos países hispanoamericanos que no cuentan con un Ombudsman. Se lo reemplazó por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en 2009, para ocuparse de los abusos que la autoridad pueda hacer sobre los ciudadanos, aunque nunca ha abordado los derechos comunicacionales. Por ejemplo, defender al ciudadano de los abusos de los medios de comunicación sobre las audiencias, como es entregarles una información manipulada, sesgada según los intereses de quien la emite.
Los propietarios de los grandes medios actuales tampoco quieren nada con su equivalente, en este caso, los “consejos ciudadanos”, porque les huelen a comunismo (aunque a otros pueda parecernos democráticos) porque estarían vigilando la conducta del Señor del Medio que ningún siervo de la gleba debiera contrariar. Nadie que reclame por los miles de ciudadanos que solo tienen que leer, oir, recibir su mensaje, y guardarse sus dudas, rechazo o comentarios o bien… entregarlos solo al vecino. El poder de la comunicación, o mejor dicho, de la información (porque no alcanza para “comunicación”) no se comparte, parecen decirnos.
Libertad de Expresión limitada
Peor aún, reducen la libertad de expresión a la “carencia de control estatal del contenido del mensaje”. Se quedaron en la guerra fría o en los pocos países del nuestro continente que mantienen ese tipo de prácticas que solo los desprestigian. Mañosamente se olvidan agregar que la libertad de expresión, tal como se ha practicado desde siempre en el Chile liberal, es únicamente la libertad de los poderosos para fundar y manejar sus medios y difundir por ellos su ideología, admitiendo, de vez en cuando, alguna opinión disidente razonable para que puedan proclamarse pluralistas.
Pero es muy distinto que sean los propios sujetos del mensaje, quienes lo reciben, los que tengan derecho a opinar a su vez sobre la idea que se les ofrece, en esos mismos medios o, mejor aún, a través de medios propios. Esto último se ha logrado en parte gracias a la comunicación digital y sus redes sociales, donde cada cual crea su espacio donde opina lo que quiere… hasta que los gigantes del ciberespacio (Google, Amazon, Facebook, Apple) se los permitan.
El Derecho a la Comunicación que los comunicadores venimos propiciando desde el comienzo de la transición a la democracia, y que el Colegio de Periodistas y entidades académicas de la Universidad de Chile y privadas hoy proponen a los constituyentes para que quede establecida en la nueva Carta Magna, trata justamente de que se acabe la dictadura de los dueños de grandes medios sobre los lectores o audiencias. Lo vemos materializarse en parte en el programa del candidato Daniel Jadue.
Pluralismo entre Medios
Pero se requiere más aún. Que con ayuda de fondos estatales, (como sucedió ya en las antiguas socialdemocracias de Europa) o de otro origen, ayuden a emprendedores chilenos con visiones distintas del mundo y del desarrollo para la humanidad a fundar sus propios medios, para que el pluralismo florezca no solo dentro del medio, sino también en el concierto de medios que se ofrecerían en las múltiples plataformas de hoy, desde el papel hasta las ondas electromagnéticas.
Mientras tanto, para defendernos de la dictadura de los grandes, el Derecho a la Comunicación considera también la formación de audiencias instruidas, capacitadas para analizar los mensajes que reciben y debatir las ideas allí propuestas. Este público preparado para no dejarse deslumbrar y paralizar por la palabra impresa o que brilla desde una pantalla, podría organizarse o institucionalizarse en “consejos de audiencias adultas” si no les gusta de “Defensoría de Audiencias y Públicos”. Que entre sus funciones, preparen al televidente, auditor o lector audiovisual a filtrar los mensajes, informándose de dónde vienen (valoración de la fuente), qué intereses protege el emisor, etc.
Muchos lo venimos practicando hace mucho tiempo, porque la concentración de los medios en manos de un emisor hegemónica tiene larga data. Chile es de los países con mayor concentración de medios. Lo que a muchos nos ha hecho expertos en leer entre líneas, o filtrar los mensajes que recibimos a diario de la prensa, televisión, radio o digitales. Con pocas excepciones que confirman la regla.
Lo que la derecha defiende es que continuemos con esta comunicación vertical, en que unos pocos, aquéllos con mayores recursos, son quienes emiten los mensajes, y muchos, millones, los pasivos que lo reciben. Como la comunicación esencialmente es un diálogo, recordemos que todo diálogo es de ida y vuelta, es decir, una comunicación horizontal, con muchas voces distintas. Una comunicación 2.0.
