Guillermo Williamson Castro, Doctor en Educación y Académico Universidad de La Frontera.
En estos días hemos vivido dos procesos sociales relevantes, masivos, legítimos y justos: el rechazo indígena a la Consulta por la modificación de la Ley Indígena y la movilización de los profesores y profesoras que demandan una serie de derechos justos. ¿Qué tienen de común?
Una primera cuestión es la movilización ante demandas históricas al estado que no han sido cumplidas y cuyas respuestas se han extendido temporalmente más allá de lo que un sentido de responsabilidad política y de dignidad colectiva puede soportar. Una segunda es la emergencia activa de la sociedad civil como actor político demandante de derechos consagrados legalmente a través de movilizaciones sociales que colocan a los representantes partidarios en el gobierno o parlamento como un otro al que se les exige coherencia desde la presión social consciente.
Pero ¿qué más une a la movilización indígena y a la docente? Su origen en el periodo post-dictatorial: la claridad de mantener su organización para conquistar leyes anticapitalistas.
A la salida de la dictadura y ante el temor a que las fuerzas armadas y sus aliados civiles dieran un nuevo golpe de estado si el pueblo se movilizaba, el movimiento social emergente de la dictadura pese a su fuerza política, moral ideológica, organización social de base, se desarticuló, por razones políticas internas y externas a él.
Por ello –desde la Concertación de Partidos por la Democracia que asumió el poder en 1990- se restringió la demanda popular, se frenó el movimiento social, muchos dirigentes y profesionales se trasladaron al gobierno entregando las direcciones a cuadros sin suficiente experiencia o formación política. Pero hubo dos sectores que no siguieron esa ruta y mantuvieron su capacidad de organización, sus demandas, su identidad: los indígenas y los docentes que consiguieron las únicas leyes anticapitalistas desde 1973.
Los primeros habían firmado el Acuerdo de Nueva Imperial en 1989 con la Concertación y luego exigieron al nuevo gobierno, el cumplimiento de dicho Acuerdo, lo que se tradujo en la Ley 19.253 (1993) que protege la propiedad de la tierra indígena, al impedir su venta, arriendo, comodato a personas o empresas no indígenas. Con ella se extraen del mercado de tierras capitalistas miles de hectáreas de uso potencial agrícola, forestal, turístico, minero, silvícola, pesquero, ganadero. Es cierto, no se han reconstruido ni cercanamente las casi 5 millones de hectáreas originales de los pueblos, en particular mapuche, pero si se consideran 400 o 500 mil hectáreas en su propiedad (aprox.), puede imaginarse lo que para las grandes empresas capitalistas significa que esa cantidad de tierra productiva no esté disponible para ellas. El freno es la Ley Indígena, criticada desde la izquierda, el movimiento indígena, los académicos, la derecha y los empresarios: que no reconoce a los pueblos como nación, es campesinista, culturalista, no promueve la participación, dicen unos, los otros señalan que no permite que se den en garantías los predios al financiamiento bancario, que no pueden acceder a créditos para hacerse productivos, que no permite economías de escala.
El modelo en cuestión
Sin embargo, es el único freno a la codicia por la tierra en tiempos de commodities y capitalismo neoliberal globalizador que sigue sosteniéndose en las materias primas; a ello se suma el interés por reconvertir el sector rural de economía familiar de La Araucanía a la agroindustria frutícola de exportación, aprovechando las ventajas locales del cambio climático. En consecuencia, desde el poder empresarial dominante se ha presionado, desde hace décadas, por cambiar la ley indígena para integrar, de cualquier modo, esas propiedades familiares y comunitarias al mercado de tierras y de producción capitalista extensiva. Y la Consulta Indígena en su trasfondo y horizonte tiene ese objetivo. Oponerse a la consulta y cambio de la ley es proteger –para todos- no sólo la tierra como base territorial para la existencia de los pueblos, sino la posibilidad de una ley anticapitalista en el corazón del modelo neoliberal, probablemente más radical del planeta.
Al salir de la dictadura los profesores municipales tampoco se disolvieron ni bajaron la guardia. El Colegio de Profesores se mantuvo activo, movilizado y negociando con el Gobierno de la Concertación por la Democracia, conquistaron la Ley Nº 19.070 (1996) que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación que otorga estabilidad laboral a los docentes del sector público. El capitalismo neoliberal promueve la flexibilidad laboral. La fuerza de trabajo debe considerarse un factor más del proceso productivo sometido a los flujos y condiciones del mercado de empleo. La estabilidad laboral atenta a ese principio tan caro para los empresarios de modo a que se regule el valor global de los salarios a partir de la libre oferta y demanda de los trabajadores, en este caso de la educación. También ha sido criticada desde muchos polos políticos, por razones diversas, pero es lo que ha frenado la precarización laboral docente del sistema. Por eso han presionado por cambiar el Estatuto Docente, sin éxito hasta hoy, gracias a la organización y movilización. El gremio obtuvo esta conquista anticapitalista generando la base institucional que ha permitido que los profesores municipales se constituyan en la principal fuerza de cambio y mejoramiento de sus propias condiciones laborales y también de los particulares subvencionados. Las movilizaciones de hoy se levantan a partir de esta base institucional en la búsqueda de ampliar las conquistas ya logradas y otras adeudadas y por ello es que deben ser fortalecidas y apoyadas.
Ambas leyes permiten demostrar que es posible, en el capitalismo, avanzar en democracia y transformación social a través de leyes anticapitalistas que vayan no sólo asegurando derechos, sino estableciendo territorios de seguridad, de protección y de soporte institucional y físico para las movilizaciones por la ampliación de derechos propios y de otros. Ello supone organizaciones y movimientos orgánicos, con direcciones vinculadas al trabajo directo en la tierra y escuela, con carácter político y debate en organizaciones de base, con conciencia de identidad y compromiso con el colectivo docente y la sociedad en general.
Las movilizaciones y luchas sociales de indígenas (en especial mapuche) y profesores (en especial municipales) se unifican en estas conquistas de derechos anticapitalistas en contexto neoliberal. Se unifican en los territorios donde se aprende en la comunidad y la escuela, donde enseñan profesores y educadoras parvularias, educadores tradicionales y ELCIs, kimche, machis, yatiri y trabajadores, especialistas y emprendedores locales. Desde la lucha indígena y docente surgen esperanzas de cambio social para una sociedad libre, desarrollada, democrática, justa: tierra, agua, naturaleza, cultura, educación, escuela, todos juntos por una mejor sociedad en los territorios.
