Periodista.
Quienes creían que con el cambio de gabinete y la superación de la crisis de liderazgos al interior de Chile Vamos las aguas se calmarían en ese sector y podrían respirar tranquilos, se equivocaron, provocando nerviosismo en los pasillos de La Moneda. Habían pasado pocos días y los ingentes esfuerzos del Presidente Piñera y su segundo piso por dar por superados la desalineación de sus parlamentarios, a propósito de la aprobación del retiro del 10 por ciento de las AFP’s, volvieron a sufrir un tropiezo que puede ser toda una señal de lo que les puede esperar en el futuro inmediato.
El Ejecutivo se jugó el todo por el todo para que se aprobara su candidato a la Corte Suprema, Raúl Mera, un magistrado resistido por la oposición y organizaciones de derechos humanos. Es que en su hoja de vida quedó a fuego el fallo absolutorio que dictó en el emblemático caso de derechos humanos de Los Queñes. Absolvió a cuatro ex carabineros que fueron acusados de violar, torturar y asesinar a Cecilia Magni y Raúl Pellegrin, ocurrido en 1988, durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Faltó solo un voto y ese fue el del senador Manuel José Ossandón, que no fue habido en parte alguna el día de la votación.
Se sumó después el voto en contra anunciado por el senador de Renovación Nacional, Juan Castro del proyecto de reactivación económica que impulsa Hacienda. Ambos episodios reflejan la dificultad del Ejecutivo de alinear a sus parlamentarios evitando descuelgues que podrían ser fatales a la hora de la aprobación de proyectos que, para el gobierno, son de vital importancia en lo poco que queda de administración.
De ahí que el Presidente Piñera se haya reunido en más de una oportunidad con dirigentes y parlamentarios del oficialismo ofreciendo un nuevo trato. La tarea de reordenar las filas era un imperativo y tal parece que se camina en terreno pantanoso. Por eso es que la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe repite cada vez que tiene ocasión: “Acá hay que tener cierta disciplina interna (…). No puede haber derechos sin deberes”. Distinta a la solución que propone el jefe de los diputados de RN, Sebastián Torrealba: “Esto se soluciona construyendo las agendas juntos”.
Advertencias y amenazas
No son sólo sus parlamentarios a los que tiene que alinear el gobierno. También a sus seguidores hasta ayer incondicionales que, a estas alturas, lo advierten y hasta lo amenazan.
Todo ello a raíz de lo que está sucediendo en La Araucanía donde declaraciones del ministro del Interior fueron consideradas como combustible para esa hoguera encendida desde hace decenas de años. No sólo dijo que no había presos políticos, en circunstancia que los mapuches así consideran a sus líderes detenidos y en huelga de hambre hace más de 90 días, sino que, además, afirmó que en la región operan grupos “con capacidad militar, con financiamiento, con capacidad operativa y logística que están decididos a que no exista paz ni tranquilidad”…
Agregó que era muy difícil construir una mesa de diálogo “mientras exista una violencia tan desatada, que genera miedo o temor a las personas”…Para avanzar en esa posibilidad puso como requisito que “todos los sectores aíslen a quienes generan violencia. Sé y me consta que la gran mayoría de las comunidades son pacíficas, pero que hoy día están atemorizadas por la violencia, el Gobierno tiene una tarea y la vamos a realizar”.
Y lo que más incendió la pradera fue cuando instó a los alcaldes de municipalidades tomadas por comuneros mapuches a “solicitar el desalojo”. Y ocurrió que civiles armados “con lo que pudieran” –como arengó una dirigente empresarial de la zona– desalojaron, comenzando con ello una espiral de mayor violencia que aún no se detiene.
La situación en la zona es más que preocupante. A las dudas que existen en el ambiente respecto al presunto suicidio de dos activistas mapuches, madre e hija, se suman declaraciones incendiarias de dirigentes de laMultigremial Nacional que agrupa a 165 gremios, entre ellos cámaras de comercio, dueños de camiones,asociaciones de turismo y agricultores.
La Asociación se manifestó categóricamente en contra del “terrorismo existente” en la zona, el cual “no permite trabajar ni vivir en paz, atenta contra derechos humanos de ciudadanos indefensos y destruye progresivamente la democracia”.
De inmediato, lanzaron un ultimátum: “Exigimos por última vez a todos los poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- actuar en el menor plazo para recuperar la paz social y hacer prevalecer el imperio de la ley en todo el territorio nacional. De lo contrario, nos declaramos en libertad para tomar otro tipo de acciones de manifestación con el objetivo de exigir a los poderes del Estado solucionar el problema”. Y sentenciaron: “Los gremios, emprendedores y trabajadores somos abrumadoramente más que los terroristas y violentistas que hoy destruyen, amedrentan, saquean, queman, asesinan, trafican drogas y matonean. El silencio temeroso de las mayorías alimenta a los violentos. Por eso, hemos decidido dejar de ser una gran mayoría silenciosa“.
Si hasta un diputado de la UDI se sumó a la campaña del terror ya desatada en la zona. Cristobal Urruticoeche puso una foto sacada, al parecer, de un banco de datos, en un twitter señalando que era “una trampa vietnamita instalada en la casa de miembros de la CAM, cubierta de ramas. Carabineros heridos gravemente al asistir al procedimiento. Gobierno de Chile, actuemos. No más querellas. Actuemos como toda una nación espera que lo hagamos”. En otro twitter trata de delincuentes a las weichafes. Luego, lo borró. Y sin consecuencias, por cierto.
No muy distinto a lo que le fueron a decir al gobierno en La Moneda los dueños de camiones. El titular del Interior, Víctor Pérez y el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli, recibieron a los dirigentes de la Federación Dueños de Camiones del Sur (Fedesur). Llegaron con hacha de guerra, porque hacía ya días que amenazaban con tomar represalias por la quema de sus camiones.
Tras el encuentro manifestaron su descontento con el manejo de la seguridad realizado por el Gobierno y se declararon en «estado de alerta» ante las acciones que realice La Moneda para asegurar esta tarea. El presidente de la Fedesur, José Villagrán, comentó que Pérez “se comprometió de una vez por todas, otorgar, respaldo y entregar la autoridad a Carabineros y a la PDI para que actúen como corresponde en todo Chile, no solamente en la Región de La Araucanía, porque hoy la delincuencia, los robos, la quema de camiones no solamente existe en la Región de La Araucanía está a través de todo Chile. Por eso, que le hemos venido a exigir al señor ministro del Interior que él cumpla con su función como ministro, porque cuando asumió juró hacer cumplir la Constitución».
La derecha no aprende
Una denuncia que, en medio de toda la crisis sanitaria y económica, puede pasar sin mayores escándalos, y que involucra a parlamentarios oficialistas y ¿sorpresa? de oposición, fue la que hizo el diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. Dijo que “nuevamente hay una arremetida de parlamentarios oficialistas y de oposición para postergar, y apenas se sientan seguros, definitivamente suspender la elección de gobernadores”.
El parlamentario señaló que «claramente hay un paquetazo empujado por algunos miembros del ‘partido del orden’ que implica retroceso al proceso democrático y descentralizador. Pretenden postergar – y apenas puedan y se sientan seguros propondrán su supresión – las elecciones de gobernadores; terminar con las inhabilidades en las elecciones y con ello revivir a algunos de sus miembros que quedarán sin cargos públicos y rebinominalizar el Congreso”.
A juicio de Mulet, se están juntando algunos votos de parlamentarios y parlamentarias que pretenden postergar la elección de gobernadores, mientras otros pretenden levantar las inhabilidades para ser diputado, para ser senador, para ser alcalde, para ser gobernador, de manera que un senador que no pueda ir a la reelección sí pueda ir a gobernador o alcalde, o que un alcalde que no pueda ir a la reelección sípueda ir a gobernador, por ejemplo. «Quieren terminar con las inhabilidades e instaurar el sistema de las sillitas musicales para siempre, y por otro lado además hay otros que pretenden disminuir el Congreso».
No sería extraño. En reunión con Chile Vamos el Presidente Sebastián Piñera planteó la idea de mover la fecha de elecciones de gobernadores regionales. Se trataría de mover las elecciones fijadas para abril del 2021 y juntarlas con las parlamentarias y presidenciales. Una de las razones, sería tener más tiempo para modificar las atribuciones del nuevo cargo de gobernador. ¿La excusa? La sobrecarga electoral, porque se avecinan al menos siete procesos electorales de aquí a 2021.
Desde la oposición se mostraron contrarios a esta idea. El diputado y jefe de bancada Socialista, Luis Rocafull, la calificó de “poco seria” y dijo que el Gobierno debe asegurarle a la ciudadanía el derecho a votar. El jefe de bancada de la DC, el diputado Daniel Verdessi también se mostró contrario a esta propuesta. Dijo que ya no se necesitan más excusas y que se necesita avanzar en la descentralización.
Pero, posponer la elección de gobernadores regionales y resolver las inhabilidades de autoridades para postular a elecciones del año 2021, son las monedas de cambio particularmente del gobierno para la UDI. En realidad, Chile Vamos -y también algunos opositores- salieron perjudicados con la ley que pone límite a la reelección. Una modificación como la señalada podría favorecer a quienes no pudieron renunciar a tiempo a sus cargos de gobierno en Octubre del año pasado a raíz del estallido social.
Como en el pedir no hay engaños, y aduciendo la necesidad de “ahorrar gastos”, la UDI decidió presentar también un proyecto de ley para cambiar la Convención Constituyente. Dicen que por la crisis económica derivada de la pandemia “se hace “injustificable” que en 2022 haya una suerte de “dos congresos” paralelos generando gastos públicos”.
“La Convención Constituyente será conformada por 155 personas, los mismos del Congreso actual, entonces, la pregunta es: por qué no dejamos que el próximo Congreso sea el Constituyente en caso de que el Apruebo gane la elección. Nos parece que la ciudadanía no va a compartir que existan dos congresos funcionando en paralelo, con financiamiento propio, con contratación de asesores, con dietas parlamentarias. Si gana el Apruebo, somos partidarios de que la gente elija entre una Convención mixta y un Congreso Constituyente, sobre todo porque las formas de elección de ambos son iguales: mismo número, mismo sistema electoral, mismas listas partidarias”, dijo el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma, miembro de la comisión de Constitución de la Cámara Baja.
Lo apoyó el vicepresidente de la UDI, diputado Juan Manuel Fuenzalida, quien aprovechó justamente la sensibilidad que provocan las crisis sanitarias y económicas para argumentar a favor del cambio. Dijo que “el costo del proceso constituyente equivale a más de 1.600 respiradores; a más de 600 mil puestos de trabajo por seis meses, de empleo permanente. Además, se adiciona un costo altísimo de casi 4.500 millones de pesos mensuales en un año, en medio de las consecuencias de la pandemia”. No se sabe qué apoyo tendrá la idea en RN y Evopoli. Pero lo que si se sospecha es que las intentonas de la derecha por cambiar todo para que nada cambie, seguirán hasta el mismísimo 25 de octubre, día del plebiscito.
