Periodista.
Incertidumbre. Eso es lo que se respira en todos lados. Particularmente en los pasillos de La Moneda, en los del Congreso, en las sedes empresariales, en las casas de los partidos. Pero también en la calle. Porque, cruzado ya el punto de no retorno y cuando se puede afirmar sin temor a equivocarse que nada volverá a ser como antes del 18 de octubre cuando el país estalló por sus cuatro costados, surge la pregunta que todos se hacen y que aun no tiene respuesta: ¿saldrá Chile de esta situación que ya ha cobrado tantas víctimas y que transita en un área de fragilidad extrema luego de los últimos hechos de violencia?
Cuál más cuál menos tiene una respuesta de acuerdo a su real saber y entender. El gobierno y sus partidos ponen el acento en el orden público a todo evento; los políticos agrupados en la centro izquierda, en la agenda social y en su acuerdo político cuya construcción ha demorado mucho más de lo esperado, sin dejar de lado la necesidad de que el gobierno ordene la casa con las herramientas que ya tiene. Y el movimiento social, en su propia agenda que recién ahora, después de más de 40 días, un sector de esa mesa pudo entregarla personalmente al gobierno.
Pero, aunque es lo que más se desea, nadie está seguro de que la violencia que se ha visto en los últimos días vaya a amainar. Más aún cuando ya hay pruebas concretas sobre algo que se especulaba, pero sin certezas: grupos dominados por el narcotráfico estan detrás de saqueos, robos e incendios. El miércoles pasado, la PDI -que ha trabajado en silencio todo este tiempo-, logró desmantelar una banda ligada a los narcos y recuperó gran cantidad de artículos robados en los saqueos.
De tumbo en tumbo
Y mientras tanto, el Presidente Piñera transita de tumbo en tumbo, sin dar la respuesta que incluso en parte de su sector se espera, y sigue repitiendo las medidas anunciadas hace ya muchas semanas. Con un aditamento esta vez: recupera su lenguaje de guerra para afirmar -durante la ceremonia de graduación de Aspirantes a Detective 2017-2020– que tienen el «derecho y deber» de «defendernos» del poderoso “enemigo» que representan los hechos de violencia que han ocurrido en las últimas semanas en medio de la crisis social que afecta al país.
Fue cuando anunció que “la próxima semana vamos a enviar al Congreso Nacional, un proyecto de ley que va a permitir a nuestras FF.AA., sin necesidad de establecer Estado de Excepción Constitucional, colaborar en la protección de la infraestructura crítica de nuestro país”. El Mandatario añadió que las Fuerzas Armadas podrán proteger el sistema de abastecimiento eléctrico y de agua potable, entre otrosenclaves estratégicos de cualquier país. “De forma tal de garantizar el buen funcionamiento de estos servicios básicos que son vitales para la calidad de vida de las personas”, añadió. “Con esto estamos haciendo lo que muchas democracias desarrolladas hicieron antes que nosotros”.
La respuesta no tardó por parte de la oposición. El presidente del PPD, Heraldo Muñoz lo resumió así: “Me parece desconcertante, y me parece que no es el camino el desplegar a las FF.AA en instalaciones e infraestructura incluso policiales”. Dijo que “el camino es la salida política, el camino es la respuesta a la inmensa mayoría que está protestando pacíficamente para tener mejores pensiones, acceso a remedios, para tener soluciones al endeudamiento… eso no se ha respondido todavía, pese a la agenda parcial acordada entre el Senado y el ministro de Hacienda. Se requiere mucho más”. Y enfatizó en que hay que detener el “espiral de violaciones a los derechos humanos y la violencia anárquica, eso me parece fundamental”.
Otra fue la reacción de la DC. “Creemos que el control del orden público es prioridad, que, si es necesario que personal del Ejército, sin limitar ningún tipo de derecho ni de desplazamiento, puedan resguarda infraestructura crítica, creo que hay que evaluar esa posibilidad de todas maneras para liberar a Carabineros”, se dijo. Sin embargo, precisó que se debe analizar si el mejor instrumento para esto es una ley -como lo dio a conocer el Mandatario- o a través de una reforma constitucional. “Hay que evaluar, pero en principio me parece que no podemos negarnos a la necesidad de fortalecer el resguardo del orden público”.
El diputado DC Matías Walker escribió en su Twitter que “desde ya anuncio todo mi apoyo” a la iniciativa. “Infraestructura crítica entiendo es la que dice relación con servicios esenciales como provisión de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, etc. Lo relevante es que, al no generarse nuevo Estado de Excepción, no se restringen derechos y libertades constitucionales”.
El parlamentario Miguel Ángel Calisto opinó que “cuando las fuerzas de orden y seguridad se ven sobrepasadas por el vandalismo y la delincuencia, la autoridad política debe garantizar el Estado de Derecho. Además, garantiza derechos civiles que quieren desarrollar sus actividades en paz”. El diputado Gabriel Silber, en tanto, manifestó que “con la misma fuerza que pedimos al gobierno urgencia para la agenda social, debemos apoyar todas las medidas que den paz y seguridad a nuestros compatriotas. A no perderse”.
En este ir y venir de declaraciones creyendo tener la respuesta al momento crítico que se vive, el Presidente intentó retomar la agenda, pero -de nuevo- con los peores resultados para su deteriorada imagen. “Quiero invitarlo a la firma del acuerdo por la paz, la democracia y contra la violencia mañana lunes 25 de noviembre, a las 12.00, en el Palacio de La Moneda”. Ese mensaje estaba en la invitación que envió Presidencia a los presidentes del Senado, Jaime Quintana; de la Cámara, Iván Flores; de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y al fiscal nacional, Jorge Abbott.
No resultó. En la reunión en La Moneda -en la que también estuvieron los ministros Gonzalo Blumel (Interior), Hernán Larraín (Justicia), Alberto Espina (Defensa) y Felipe Ward (Segpres)-, Piñera insistió en la idea de una declaración conjunta. Se buscaba con ello un consenso en la tramitación de seis proyectos: modernización de Carabineros; fortalecimiento del sistema de Inteligencia; las iniciativas antiencapuchados, antisaqueos y antibarricadas, y el estatuto de protección a las policías. Y se ponía énfasis en el proyecto que anunció Piñera el domingo, que busca que las Fuerzas Armadas puedan proteger infraestructura crítica sin recurrir a estado de excepción.
Esas intenciones se golpearon contra una pared unánime debido a que los representantes de los otros poderes del Estado advirtieron que el acuerdo necesitaba de mayor representatividad. El presidente del Senado Jaime Quintana señaló que “concordamos respecto de la preocupación sobre el orden público y la seguridad”, pero recalcó que “le hemos planteado al Ejecutivo que tiene que haber una respuesta eficaz, donde se enfrente con decisión y firmeza el orden público sin que eso signifique afectar garantías constitucionales”. Por su parte, el presidente de la Cámara, Iván Flores, coincidió con su par y expresó que no podía arrogarse la representación de todos los diputados.
Desconfianza profunda
En realidad, son pocos los que están conscientes que la anomia que se está viviendo llegó para quedarse por largo tiempo. Y son pocos también en la clase política que se dan cuenta que los depositarios de la rabia y hasta del odio de la mayoría de los ciudadanos, son precisamente los políticos, llámense gobierno, partidos, parlamentarios. De ahí que lo que ha emanado de ellos esté rodeado de una profunda desconfianza hasta ahora.
De acuerdo a las declaraciones de ambos sectores políticos, oficialismo y oposición, pareciera que en Chile conviven mundos paralelos. Por una parte, la oposición que se une y se desune con una facilidad digna de mejor causa, pero con todo, está trabajando por una solución política a la crisis. Y el oficialismo que da y quita, sin poder ocultar que no quiere los cambios que la gente pide en las calles. Son pocos en la derecha que se dan cuenta que el estallido es serio. Que con pocos caramelos no se va a aquietar el pueblo que marcha. Son más los que piden orden y mano dura.
Por ejemplo, la UDI demanda ya acciones concretas y urgentes por parte del gobierno. Una carta para el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señala: “ Vemos con preocupación que el orden público y la paz social en nuestro país está debilitándose de manera peligrosa. La sociedad chilena está llegando a niveles de inseguridad prácticamente intolerables. Ciudades como Arica, Antofagasta, Iquique, Coquimbo, Valparaíso, Concepción, Copiapó, Santiago, Valdivia, La Serena, Rancagua, Osorno y Puerto Montt, entre otras, han sido literalmente arrasadas por turbas de narcos, lumpen y antisociales que se sienten en la más absoluta libertad de saquear, robar y destrozar la propiedad pública y privada, con un desparpajo que tiene asombrado a todo un país”.
Luego de señalar que “no podemos permitir que un grupo de desadaptados ponga de rodillas a todo el país”, los diputados UDI expresan que “llegó el momento de que nuestro ministro del Interior asuma su rol fundamental, que es resguardar y mantener el orden público. Si bien tenemos que seguir avanzando en materia constitucional, en acuerdos por la agenda social, no podemos olvidar el rol fundamental, que es tener mano dura con el lumpen que está destruyendo todo” y llaman a Blumel a resguardar el orden “sin miedo”. De paso, le piden al ministro del Interior abocarse a restaurar el orden, y que “no pierda el tiempo reuniéndose con organizaciones que no quieren la paz, quieren que el Presidente Piñera renuncie y el desorden continúe”, refiriéndose al encuentro con la Mesa de Unidad Social que el Secretario de Estado tuvo hace unos días.
El senador Moreira fue más allá. “Yo le pido al Presidente ahora la zona de estado de emergencia. Yo sé lo que estoy diciendo no es muy popular, porque van a decir ‘este facho apoyó el gobierno militar, está con los milicos, etcétera’. Pero lo que digo, creo interpretar a muchos chilenos”.
Tiras y aflojas en la derecha
Ese es un tipo de presión en la derecha. La más brutal. Otro, es la que encabeza el senador Andrés Allamand, que constantemente ha torpedeado las gestiones del presidente de su partido, Mario Desbordes que ha estado llano no sólo a lograr un acuerdo en puntos estratégicos con la oposición, sino en la tarea de convencer a su propio gobierno de la necesidad de responder al clamor de la gente.
Desbordes ha dicho que es urgente avanzar en un paquete de reformas sociales en salud, pensiones, CAE, sueldo mínimo y en una agenda anti abusos. “Lo que menos tenemos es tiempo y no hagamos ahorros donde no corresponde. Con esa agenda en serio, le vamos a ahorrar plata al Fisco y no con la billetera apretada en la mano”. “Es evidente que los 4 millonesde personas movilizadas exigen una respuesta y si alguien es tan cándido o tan patudo para pensar que esa gente se va a desmovilizar sin respuestas concretas, es que no está entendiendo nada”.
Y así advirtió sobre el futuro inmediato: “Puede que el desgaste sirva, Navidad, Año Nuevo, febrero, y es probable que la gente se vaya de la calle. Pero ¿en marzo? Si no tenemos respuestas, si somos capaces de hacer reformas profundas, en serio, no cosméticas, no parches, esto va a explotar mucho más, no van a ser 4 millones, sino 5 o 6 millones. Es muy difícil que un gobierno se sostenga con 4 millones de personas en las calles en un país de 16 millones, estamos hablando de un 25% de la población”. Para el presidente de RN, la situación es clara y “solo respondiendo a las demandas de la ciudadanía se va a aislar a los violentos”.
Pero, para Andrés Allamand, la gente y sus demandas no existen. Dijo que su sector enfrenta cuatro desafíos: «El primero es saltar la valla del plebiscito de abril…en un plebiscito extraordinariamente importante, vamos a votar legítimamente divididos; por lo tanto, habrá que ser particularmente talentosos políticamente para manejar esa diferencia y que ella no resquebraje la coalición». En segundo lugar, tenemos que movilizar a toda nuestra gente para la elección de convencionales, ya sea en el formato de convención íntegramente elegida, o mixta», añadió el senador. En tercer lugar, para Allamand, la centroderecha tiene que ayudar a la recuperación del Gobierno, «que objetivamente pasa por un momento de debilidad».
Y aquí le lanza el zarpazo a su adversario, Desbordes: «Veo este último aspecto con gran preocupación, porque algunos de nuestros dirigentes están abrazando la retórica de la izquierda, comprando la idea de que los últimos 30 años el país fue un desastre, y que nada hay de rescatable en el proyecto país que se impulsó desde el retorno a la democracia. Veo ahí un peligroso margen de confusión».
Y volvió al corazón del neoliberalismo señalando que “creo que con más fuerza que nunca tenemos que insistir —en un momento en el que nadie habla de ello— en la fuerza y en el valor que tienen el progreso y el crecimiento para resolver en forma permanente los problemas de los países. En la valoración del emprendimiento y de la iniciativa individual, en la necesidad de la retribución del mérito, en la permanencia de la libertad de elegir y de que existan siempre oportunidades para las personas. No es el momento de abandonar los principios de la centroderecha, sino por el contrario, es el momento de defenderlos con más fuerza», sentenció.
En el vendaval de declaraciones, apareció otra por parte de un grupo de senadores de diferentes bancadas. «El país enfrenta una crisis de violencia y vandalismo que amenaza nuestra democracia». Así comienza la declaración que durante la noche de este miércoles salió del Senado, sin la firma de los senadores Francisco Huenchumilla y Yasna Provoste, ambos de la DC, y con la firma de José Miguel Insulza, que sería la única del Partido Socialista (PS) en dicho documento.
«Todos los que suscribimos este documento condenamos la violación de los DDHH, concurrimos a un acuerdo Constitucional, y estamos trabajando en la construcción de una agenda de reformas económicas y sociales que la ciudadanía ha demandado de manera contundente», plantea el comunicado. En la declaración, los parlamentarios hacen un mea culpa al reconocer que se ha llegado tarde y que las medidas para paliar la crisis son «insuficientes». «Todos hemos llegado tarde, hemos fallado, no hemos estado a la altura», sostienen.
Ante este panorama, los senadores plantearon una serie de medidas que permitan «recuperar la paz, garantizar el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, y terminar con la violencia». Proponen al Gobierno «implementar una agenda social profunda con cambios estructurales para enfrentar las desigualdades de nuestro país». Seguidamente, aseguraron que avanzarán «en la agenda legislativa de seguridad que incluye proyectos que permitan reformar las policías, inteligencia y fortalecer las facultades del Estado para enfrentar los saqueos, barricadas y la acción violenta de los delincuentes».
«Aún es tiempo de hacer lo correcto, debemos asumir con coraje nuestra responsabilidad y evitar que el vandalismo quiebre nuestra democracia y la convivencia entre nosotros». Destacan que «Chile es hoy un país profundamente dividido, fracturado por la conmoción interna. Son momentos únicos en nuestra historia que, por lo mismo, requieren de soluciones excepcionales. Chile requiere encaminarse sin violencia a un proceso de reunificación cívica y social. Ello supone por cierto un esfuerzo económico significativo, un compromiso político y social inequívoco con la democracia, y un inmediato fin a la violencia
Caminos paralelos
Y mientras el dólar volaba y obligaba al Banco Central a intervenir, la Mesa de Unidad Social daba cuenta de su encuentro con el Ministro del Interior y se aprobaba en la Cámara de Diputados, la acusación contra el ex ministro Chadwick, que ahora pasará al Senado, la mesa técnica armada a propósito del Acuerdo sobre la nueva Constitución, continuaba lentamente su trabajo, ahora paralizado por la nueva propuesta de Chile Vamos en torno a escaños para el mundo indígena, a la paridad de género y a la forma de participación de los independientes en el plebiscito de abril.
La propuesta oficialista no fue bien recibida. “En rigor,es un portazo a las propuestas que hemos realizado”, señaló el presidente del PS, Álvaro Elizalde. “Lapropuesta de la derecha es una forma elegante de decir no a todo lo que les propusimos. Porque señalan que tienen disposición a abrirse a estos temas, pero sus propuestas no dan cuenta del mínimo que uno podría considerar razonable respecto de la necesidad de establecer escaños reservados para pueblos indígenas, equidad de género”.
La oposición ha insistido en aplicar escaños reservados para los pueblos originarios algo que fue aceptado en su momento por Evopoli y RN, pero rechazado por la UDI. Dicen en la derecha que esta propuesta, que deja en punto muerto las negociaciones, es lo “máximo” que se pudo acordar al interior del oficialismo.
Y curiosamente, todos quienes han participado de las negociaciones, coinciden en señalar que el grupo liberal de la derecha, Evopoli, volvió a su origen: la UDI, con quienes coinciden en todos los puntos en contra de las propuestas opositoras.
