Siguiendo el hilo de la reflexión plasmada en el texto anterior https://pagina19.cl/destacado/neoliberalismo-y-perspectivas-futuras/ , en este pasaremos a revisar los cambios en la configuración social estas últimas décadas.

Cambios en la estructura social

Nuestra sociedad ha producido un tipo de trabajador altamente especializado en rubros como la minería, la banca, los servicios, pero al mismo tiempo, debido a la naturaleza del modelo económico vigente, ha producido también grandes segmentos de población que se hacen el día en la economía informal y sin la correspondiente  seguridad social. Las cifras más conservadoras señalan que en este categoría se encontraría alrededor del 27% de la fuerza laboral.⁽⁵⁾

Por otra parte, estas últimas dos décadas venimos presenciando una significativa irrupción de la robótica y la automatización de los servicios y procesos productivos, acelerados por la pandemia y consolidados tras ésta, generando reemplazo de trabajadores por máquinas a escala creciente. Bajo el esquema socio-económico imperante en el país, la misma sociedad en su articulación discriminatoria y clasista, profundiza, reproduce y eterniza sus formas excluyentes y las traslapa a otras formas de organización social y productiva, por lo que el avance tecnológico, librado al mercado y sin ninguna consideración de su impacto en las variables sociales, significa más bien amenazas que logros para las y los trabajadores.

Nuevas causas

A la luz de estos cambios, si bien resulta complejo determinar al sujeto de cambio,  sí es posible distinguir ciertas expresiones sociales surgidas estos últimos años. Así, han ganado en  visibilización  otras causas sociales tales como la de los movimientos feministas, los movimientos ecologistas, las diversidades sexuales  y surgido estos últimos años temáticas enteramente nuevas para la sociedad chilena tal el caso del fenómeno de la inmigración y otros temas de arrastre como el de las demandas de los pueblos originarios. En cuanto a la inmigración, a diferencia de épocas pasadas, su presencia la encontramos en prácticamente todos los pliegues de la sociedad chilena y ya no solo en la elite.

Aun así, con todos los cambios ocurridos en la estructura de las clases trabajadoras chilenas, la visibilización y aparición de otras demandas y grupos sociales que las movilizan, no significa que haya desaparecido la contradicción clásica entre capital y trabajo. Antes bien, se ha extendido a todo el trabajo asalariado – convertido bajo el modelo neoliberal hegemónico  -en una mercancía como cualquier otra.

Llegados a este punto, la interrogante que surge es ¿ qué se entiende hoy por sujeto de cambio, – en el contexto de una sociedad extraordinariamente más diversa e infinitamente más plural con respecto al Chile de los últimos 50 años?

¿Sujeto o sujetos de cambio?

Independientemente del juicio de valor que se tenga respecto a la pasada  fracasada Convención Constitucional de 2021, allí quedó  reflejado  el surgimiento de  nuevos movimientos sociales, distintos a aquellos que en el pasado surgían en sintonía con el movimiento obrero y popular y que se expresaron, en un contexto país diferente a este, con distintos niveles de profundidad.

En la Convención, que ciertos sectores querrían hacerla desaparecer incluso desde el análisis,  convergieron  una gran variedad de expresiones sociales consolidadas en torno a demandas específicas y puntuales, no por ello insignificantes, surgidas estos últimos años, además al margen de la política Institucional, que es la segunda característica de estos procesos.

Antecedentes previos

¿Cuándo comenzó esta desafección? Si bien existen elementos históricos e ideológicos que la explican, siendo uno de ellos la política de exterminio de la dictadura hacia militantes de izquierda y la campaña antipolitica y antipública sistemática de la derecha dura durante toda la década de los 90s, que en todo caso nunca ha cesado, la desafección ciudadana hacia la política, tras la dictadura, la situamos tempranamente en la elección parlamentaria de 1997.

Es en ese proceso electoral, en el que más de un millón doscientos mil votos – (para un total cercano a  5.8 millones de votos válidos, algo más de un 20%) –  donde se expresa el primer gran síntoma de disconformidad con el estado de cosas, en un país cuyo crecimiento económico era del 7%, pero seguía consolidándose como uno de los más desiguales del mundo, pese a algunos avances conseguidos por los gobiernos democráticos.

En este periodo se consolidan, en el plano político, las posiciones más conservadoras al interior de la exconcertación, alimentada por la crisis asiática que estalla en julio de ese mismo año 1997. La desconfianza, por otra parte, que con el pasar de los años se convierte en descrédito del sistema político, es lo que precisamente recoge el año 1998 el Informe del PNUD.⁽⁶⁾.

El resto es historia conocida: 2006 Revolución Pingüina; 2011 movilizaciones estudiantiles y universitarias, colusiones empresariales, corrupción y descrédito de la politica hasta desembocar en la revuelta social de 2019. A 18 años de la primera gran movilización social de los pingüinos,  y a solo  5 años de la revuelta social, se han replegado los movimientos sociales de la escena pública; la corrupción parece ser un fenómeno sin control y se ahonda el descrédito de la política, perfilando un escenario de irritación social subterránea, porque las causas que la originan siguen vivas.

Yerros de la Convención y aprendizajes

Situado el escenario social y político aun abierto, reconocer en la Convención el espacio en el que convergieron nuevos actores sociales, lejos está de validar varias conductas reñidas con el más mínimo comportamiento y posiciones políticas rígidas y altas dosis de moralismo que se vivieron durante el periodo en que existió.

Jorge Baradit, exconvencional, ofrece un vívido relato al respecto: “ Los cuchillos independientes resultaron más largos y su capacidad de desconocer acuerdos dejó desconcertados a los propios militantes de partido.” ⁽⁷⁾

A la postre, esas prácticas contribuyeron a debilitar el resultado de un proceso inédito en Chile, frustrado y abortado tanto por la derecha que orquestó una feroz campaña en contra; por el reduccionismo a su propia causa de los movimientos  representados en la convención  y también a que el sector político más experimentado representado en su interior (PS-PC-FA), pero también el de  fuera de ella, no consiguió articular lo especifico y puntual a lo universal o macro, que es lo esperable de la política organizada, en este caso de izquierda. Rescatable de la experiencia, de enorme significado político futuro,  es la formulación del Estado social democrático de derecho.

El dato duro, no obstante los yerros, es la constatación material de otros actores en la realidad social, con lógicas propias, que tampoco son compactas porque también forman parte de lo diverso y plural de la sociedad y son tan porosas como esta. Y tampoco son “puras”.

Esto no es algo enteramente nuevo, porque en otras épocas de nuestra historia se han presentado problemas similares, como por ejemplo, la relación entre el movimiento obrero, el campesinado y los movimientos de pobladores y estudiantiles, que desde el punto de vista político convergieron en el proyecto de Gobierno de la UP liderado por el Presidente Allende. No se trata de buscar replicas o torpes copias del pasado, no solo por los cambios que han transformado a Chile, sino porque también es preferible evitar errores de la izquierda en su relación con los movimientos sociales de antaño, los que básicamente consistían en considerarlos apéndices de los partidos.

Se necesita entonces una sintesis: Ello, porque en la constitución histórica del Estado-nación y el largo camino por conseguir avances sociales, ha generado particularidades o diferencias en grupos específicos de la sociedad, para los cuales si bien las soluciones universales pueden significar un avance (por ejemplo, en salud, educación, pensiones dignas,) que sí es indispensable conquistar, aun así  siguen existiendo diferencias “de orden étnico, religioso y otras formas de particularismo cultural”⁽⁸⁾_, agregamos de género, además de los nuevos movimientos feministas y ecologistas que buscan un espacio para avanzar en sus demandas.

Representar politicamente lo diverso y plural y anudarlo a un proyecto político-país,  en el marco actual, plantea un doble esfuerzo ideológico y político que dé cuenta de la realidad concreta en la que se desarrolla el conflicto político más general y la necesidad que plantea en orden a  tejer acuerdos políticos unitarios y amplios capaces de producir cambios en un sentido democrático, que el neoliberalismo a la chilena no está dispuesto a pactar.

Esta ideología se ha vuelto un freno para avanzar en la solución de los urgentes problemas sociales que se siguen acumulando. Es, a su vez, un impedimento para diversificar la matriz productiva del país; prepararlo de cara a los desafíos inminentes que ya plantea la crisis climática y la necesidad de avanzar en politicas de seguridad alimentaria y nuevas formas de  generar riqueza en sintonía con el medio ambiente y las comunidades locales. La ideología neoliberal no solo niega derechos sociales, sino que también el derecho a tener utopías.

       Referencias

1. Wapshott, Nicholas. Keynes vs Hayek.
2. Garikoitz Gamarra Quintanilla. Locke
3. González Orozco, Ignacio. Hobbes
4. Piketty, Thomas, Capital e Ideología.
5. https://www.df.cl/opinion/cartas/la-formalidad-laboral-un-desafio-para-2024-c8x2y
6. Baradit, Jorge, La Constituyente.
7. Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 1998: Las paradojas de la modernización.
8.  Herrera Lima, María. Pluralidad cultural-diversidad política. Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía.

Quién podría dudar que nos encontramos en un momento crítico en América Latina y el Caribe en lo que respecta a un aumento del crimen organizado y de grandes bandas delictuales, en donde los Estados son cada vez más vulnerables, ya sea por la corrupción interna como por su incapacidad de dar una respuesta certera y democrática, dentro de un contexto que tiene aterrorizados a millones de personas en la región y que demanda respuestas desde la política urgentemente.

De ahí que el nombre de Nayib Bukele sea el más mencionado por los grandes medios de información  concentrados y por sectores de extrema derecha, presentándose como el gran salvador a los problemas de seguridad de la región, luego de revisar las cifras de El Salvador, que muestran una baja sistemática en las tasas de homicidios, convirtiéndolo en el país con las cifras más bajas de América Latina y el Caribe (1).

Es así como se repite y se repite hasta el cansancio la idea del modelo Bukele y la posibilidad de aplicarlo en el resto de los países de la región, como si el actual presidente de El Salvador haya inventado una barita mágica para darle paz a las y los ciudadanos y que solo bastaría con replicar sus políticas de persecución del delito y seguir paso a paso su manual.

No obstante, el problema de aquello es que esa baja sorprendente de los homicidios de Bukele no tiene ninguna relación con algún tipo de política preventiva, fortalecimiento de la inteligencia policial, recuperación de los espacios públicos, fortalecimiento de la organización comunitaria o mejoramiento de la calidad de vida de las y los salvadoreños, sino simplemente por una política brutal de detenciones, encarcelamiento y tortura a cualquiera que sea definido arbitrariamente como sospechoso.

Sus defensores podrán decir que Bukele ha desarticulado a las pandillas, pero a costa de aterrorizar a la población y una violación sistemática de los derechos humanos, en donde muchos de los encarcelados están injustamente privados de libertad, como bien han reportado distintos organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, los cuales han entregado suficiente evidencia para desmitificar el supuesto modelo exitoso de seguridad de El Salvador (2).

Asimismo, está lo suficientemente documentado que esa desarticulación de las maras tienen relación con un corrupto pacto entre Bukele y esas organizaciones criminales, el cual terminó el 2022, año que dejaría a 87 personas muertas, dentro de un régimen de excepción, el cual se llevó la vida de muchas personas que no tenían ninguna relación con las pandillas, siendo asesinadas solamente por ser sospechosas (3).

Por otro lado, Bukele podrá tener una alta votación en las últimas elecciones y que la mayoría de las y los salvadoreños prefieran en la actualidad  renunciar a libertades básicas para caminar más tranquilos, pero es un arma de doble filo, ya que es el comienzo de una nueva dictadura, en donde la corrupción de sus instituciones y la concentración del poder está atentando a mínimos democráticos básicos, en donde leyes mordazas y persecución a la disidencia ha ido cada vez más en aumento (4).

Es lo planteado por el fundador del medio de información de El Salvador El Faro, el periodista Carlos Dada (5), quien señala como Bukele se ha dedicado a violar la constitución una vez tras otra para controlar así la Asamblea Legislativa, el poder judicial y presentarse indefinidamente como candidato a presidente, al más estilo autócrata de Vladimir Putin, Daniel Ortega o Nicolás Maduro.

Pero claro, en El Salvador no le importan las libertades a personajes de extrema derecha como Jair Bolsonaro, Javier Milei o José Antonio Kast, ni que se esté construyendo una dictadura, ya que Bukele pasó a ser parte del club de los conspiranoides, llegando a decir que le es muy sospechosa la Agenda 2030 de la ONU (6) y el rol de George Soros (7), reproduciendo así un discurso anti derechos, y también realizando prácticas discriminatorias concretas, como la eliminación del lenguaje inclusivo en las escuelas, sumándose al coro reaccionario contra la llamada ideología de género (8)..

En consecuencia, los aparentes números positivos en seguridad de Bukele solo encubren un fraude de un dictador que cree que puede decir y hacer lo que quiera en un país hermano como lo es El Salvador, que merece tener autoridades serias, libres de corrupción y que no violen los derechos humanos en nombre de una guerra contra el crimen organizado, que solo empeora las cosas y nos denigra como personas.

1: https://www.abc.es/internacional/ecuador-pais-mayor-indice-homicidios-2023-frente-20240227191953-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Finternacional%2Fecuador-pais-mayor-indice-homicidios-2023-frente-20240227191953-nt.html

2: https://cnnespanol.cnn.com/2024/02/01/crimen-homicidios-bukele-el-salvador-analisis-orix/

3: https://elfaro.net/es/202301/el_salvador/26676/Cronolog%C3%ADa-del-pacto-entre-el-Gobierno-de-Bukele-y-las-pandillas.htm

4: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/el-salvador-peor-momento-transparencia-lucha-corrupcion/1119808/2024/

5: https://aristeguinoticias.com/0502/aristegui-en-vivo/enterate/bukele-camina-hacia-una-dictadura-cargado-en-hombros-por-la-gran-mayoria-de-salvadorenos-dada-enterate/

6: https://www.tiktok.com/@hhistoriasv/video/7320091937069960453

7: https://www.youtube.com/shorts/TY-tyjkcqxk

8: https://www.youtube.com/shorts/ikJhvoMp4sU

La democracia local-regional (en un marco nacional), logra (o debiera lograr) ser entendida como el régimen político que permite a vecina/os con sus familias alcanzar las mejores calidades de vida, vía un gobierno electo transparentemente, con reglas que otorguen una relación genuina de la representación política y social respecto de las esperanzas y proyectos que los motivan.   Ello, asumido como un activo diverso y dinámico traducido en sus propuestas de desarrollo y demandas que van desde la necesidad de extracción de las basuras domiciliarias, hasta los mayores grados de seguridad pública, pasando por los espacios verdes encarnados en plazas, parques u otros, funcionales al esparcimiento o cultivo de la vida familiar, entre otros varios más.

Sabemos que el sistema democrático local-regional tiene una serie de dispositivos legales que lo explican y dinamizan, entre ellos: la ley 18.695 que regula a las municipalidades, la ley 19.175 que regula los gobiernos regionales; la ley 18.700 que regula las elecciones; la ley 19.884 referida a transparencia, límite y control de gasto electoral, la ley 21.238 que regula el número de reelecciones de los representantes, la ley 21.524 que restituyó el voto obligatorio, entre otras. También, por supuesto la ley de partidos político N° 18.603, que junto con los anteriores fundamentan y regulan el quehacer socio-político en los territorios y entre los actores del mismo.

Además, nuestro régimen democrático nacional, regional y local está signado por el presidencialismo, unitarismo-centralismo y un sistema de partidos fragmentado, que como indicaría G Sartori, estaría en condición de atomizado, que, en un marco de polarización, permite un dinamismo partidario nutritivo para la emergencia de populismos dentro y fuera del sistema de partidos.

Así, los partidos políticos para avanzar en sus eficiencias de electividad y acumulación de votos (fuerza político electoral) tienen que concurrir a coaliciones y acuerdos electorales para enfrentar una y otra elección, haciendo que los espacios electorales se transformen en un bien escasísimo, esto es, lograr institucionalmente la formalización de candidaturas a los concejos comunales, regionales, alcaldía, gobernación regional, congreso y presidencia, convirtiéndose en una competencia de no tan fácil resolución (se observan varios movimientos para enfrentar de la mejor forma posible el primer momento electoral local-regional, antesala de las elecciones nacionales).

Nos guiamos en el análisis y la opinión desde la perspectiva de los partidos políticos, en el entendido que las variables de confianza no son el fuerte a la base que la sociedad atribuye a estos, pero que son la vigente expresión de dinamismo y de conciencia social para recuperar la confianza de la sociedad. Hay que consignar que las experiencias con independientes y movimientos sociales, no logró decantar su propósito y terminó siendo referente de caricaturas y eslogan que no lograron convencer a la ciudadanía el 4 de septiembre del 2022, dinamitando un cambio constitucional y su propia inicial expresión. Ello, sin perjuicio de las más de 100 alcaldías que se encuentran en condición de independientes, que a la postre, igualmente terminan decantando en el ninguneado eje Izquierda – derecha del sistema político vigente.

Así la política contingente, en un marco de coalición o acuerdo electoral en un modelo político electoral ultra competitivo, instala la regla del que busca ‘dar continuidad’ permitiendo “mantener” a un/a incumbente (en lo local-regional por estos días). Inicialmente podríamos expresar que es una razonable regla, que de algún modo se matizó con la ley que impidió las (re) elecciones permanentes en un mismo cargo, por más de tres periodos.

Ahora bien, “mantiene”, es una tentación para el/la representante en funciones (incumbente) que habita el cargo en un 1er o 2º periodo de gestión, pues el partido que lo sostiene, en teoría, sentirá que promueve una re-elegibilidad asegurada, con todo lo que ello involucra en reconocimiento a la gestión, transparencia y a lo menos, al cumplimiento de promesas realizadas. Es decir, el partido se hace cargo de lo bueno y de lo malo. La pregunta es ¿hasta dónde se puede estirar esta norma política para mantener la ‘misa en paz’ como se indica popularmente en las coaliciones partidarias o arreglos electorales?

Desde esa pregunta cabría instalar un(os) criterio(s), que vaya(n) más allá del ejercicio práctico de la política para NO morigerar la importancia de la calidad de la gestión pública en la función de gobierno en lo local o regional por parte de vecina/os (en sus subjetivas valoraciones). Sumado a ello, ver que junto con la figura del/la incumbente que encarna liderazgo, trayectoria y experiencia y que busca representar a la comunidad, quede claramente explicitado el sector, partido o movimiento, al que dice adscribir, permitiendo mostrar sin ataduras en qué funda sus valores y principios. Y, además, conocer las propuestas que este/a representante social que adscribe a idearios, compromete a materializar en el ejercicio de sus funciones delegadas por la comunidad.

Entonces desde la perspectiva ideológica – doctrinaria – política, devenida en la concreción del criterio funcional de mantener al incumbente por el solo hecho de estar en el lugar al momento de la decisión, sin mediar la valoración de la gestión,  al grado de liderazgo al que ha llegado en el territorio, su capacidad de concreción de ideas, y la incorporación del ethos partidario en la cultura política territorial-organizacional, tergiversaría la noción de mantener lo bueno y modificar lo que se debe rectificar.

Por ende, “mantener” podría implicar restarse a la posibilidad de mejorar las calidades de vida de una comunidad local-regional, si es que los criterios antes dichos, no se cumpliesen razonablemente, contraviniendo, además, la naturaleza del progresismo que encuentra en el cambio y no en el “mantener o perpetuarse” en un cargo, parte de su ethos organizacional y existencial.  Correspondería a los partidos progresistas promotores del cambio y de los proyectos políticos de desarrollo local-regional transformadores positivos de las calidades de vidas, contener de paso el individualismo u oportunismo, signado por un esquema neoliberalizante, que explicaría en parte, un “mantener” indolente, ante la evidencia de su aplicación.

En esto que se comenta, importa hacer carne adecuadamente la idea de territorio o espacio geográfico con valores e ideas. No sólo para quien quiere mantener merecidamente como resultado de un trabajo político y social; sino que para quien quiere desafiar desde sus propias filas (o más allá inclusive), pues bajo esta mirada se fortalece la democracia no sólo representativa, sino que también participativa.

Así, la norma del “que tiene, mantiene”, inscrita al interior de la institucionalidad (criticada en un periodo y valorada en otro), debiese acompañarse de más criterios, entre ellos: probidad y transparencia en la gestión, equidad de género y cuidado del medio ambiente, planificación y ordenamiento territorial (y otros) que decantan en necesidades presentes, sumando una autocrítica, más que la continuidad por si misma, que permitan sustentar que tiene lo suficiente, para mantenerse.

Estamos observando con preocupación que se han ido acumulando un conjunto importantes de proyectos de ley que ponen en disputa a la derecha y la centroizquierda respecto de qué corresponde hacer en economía para resolver los problemas que vive el país en lo que esta disciplina puede responder. Está presente la teoría neoliberal que promueve un modelo con énfasis en el rol mercado y un estado subsidiario frente a una teoría progresista que impulsa un modelo de un estado emprendedor con regulación del mercado.

La discusión se abre al tratar de definir cuál es el ámbito de la economía desde un punto de vista científico y empírico. El punto central de la controversia es hasta dónde el estado es un componente sistémico clave en la economía de un país. Como también hasta dónde el mercado puede responder por sí solo a las necesidades económicas de los agentes y entidades que conforman la sociedad sin la concurrencia del estado.

Tratando de acotar la controversia anterior, cabe preguntarse, puede un gobierno responder por el 100% de la responsabilidad de lo que ocurre en la economía cuando el estado solo dispone de algo más de un 20% del PIB y el sector privado representa el 80% de la actividad económica que se resuelve en el mercado. Es más, si el gasto permanente del estado lo absorbe la seguridad interna y externa, la estructura de los poderes del estado, los bienes y los servicios públicos, entre lo más importante, será posible exigirle al estado a través del gobierno de turno que responda por todo lo que implica la economía, es decir, la inversión, el empleo, el crecimiento, los salarios, la inflación, desde un punto de vista macroeconómico cuando el sector privado administra el grueso de los recursos para producir bienes y servicios en este país.

Las políticas públicas están sometidas a leyes que deben aprobarse en el Congreso, el gobierno no puede administrar el estado por decreto, el sistema institucional democrático vigente le obliga al gobierno a respetar la constitución y las leyes. Luego, como ha ocurrido en ocasiones, si un gobierno es elegido y dispone de una mayoría en el Congreso podría impulsar determinadas leyes para favorecer ciertos cambios. Asimismo, es posible que gobierno y oposición negocien iniciativas y leyes que logren su aprobación en el Congreso. Lamentablemente, la democracia de los acuerdos no está en sus mejores momentos y simplemente el país se ve obligado a pasar de un gobierno a otro sin que ni uno ni otro pueda cumplir su programa y con ello se ven postergados importantes cambios que demanda la mayoría ciudadana.

Lo público parece estar expuesto a grados crecientes de degradación, especialmente, en el discurso de la derecha que ve al estado un ente esquilmante de recursos de los privados y un mal administrador de los bienes y recursos que le son asignados. Se trata de un enfoque que entra directamente en contradicción con la mirada de la centroizquierda, lo que transforma toda la discusión en un diálogo de sordos.

Es más, es en esta disputa donde se pretende establecer lo que tiene que ver con la economía y lo que tiene que ver con la política. Incluso se habla de lo técnico y de lo político como cuestiones que difícilmente conversan. Así, para quienes postulan el modelo neoliberal en economía, supuestamente un referente técnico por excelencia, el estado y las políticas públicas deben atenerse a las reglas de la economía que, no obstante, según la ideología implícita en ese modelo, el estado debe minimizar su participación en la economía y darle al mercado toda la independencia posible para lograr la eficiencia en la producción y distribución de la riqueza. Toda intervención estatal en la economía perturba y desalienta la acción de los agentes naturales del mercado, en consecuencia, el estado no puede ser sino un ente subsidiario que puede intervenir solo en aquello que no es interés del sector privado.

Este contrapunto ha llevado a algunos economistas y científicos sociales a hablar de postular una nueva economía o de incorporar otras disciplinas al análisis que puedan responder mejor a la cuestión económica, dado el punto muerto que ha creado la disputa si es estado es parte inseparable de la creación y distribución de la riqueza y un agente relevante en la redistribución de los ingresos del país que permitan una mayor equidad y justicia social.

De pronto da la sensación de estar en una isla, donde no existen otras realidades ni otras experiencias exitosas que han logrado precisamente que muchos países con una importante intervención del estado – como el caso de los países nórdicos – hayan logrado no solo instalar un estado de bienestar que les ha brindado paz social sino también capacidades para crecer y ser países desarrollados con los más altos ingresos per cápita.

Es la política lo que hoy tiene congelado el progreso y desarrollo económico al estar atrapada en modelos económicos que no conversan con la realidad y que ignoran la experiencia de otros países. Ha sido el modelo económico vigente el que ha producido desigualdad, exclusión y un estado latente de pobreza e inseguridad ciudadana. Han transcurrido largos períodos en que gobiernos progresistas no han logrado el apoyo del Congreso en la implementación de sus programas de cambios estructurales que intentan revertir los procesos que llevan a las consecuencias mencionadas. El argumento que predomina es que las propuestas progresistas no son técnicas sino políticas, es decir, carecen de valor ni son eficientes porque ponen al estado como un agente activo, especialmente, en la redistribución de la riqueza por la vía tributaria y del gasto público, como en la intervención directa en las inversiones destinadas a un desarrollo integral, inclusivo y sostenible.

La economía es un área de la gobernanza de un país que debe saber convivir con la política y en los modelos económicos se debe incluir al estado como agente activo y representativo de los derechos de todos los integrantes de la sociedad. Así lo muestra la mayoría de los países que hoy están en el primer lugar de las naciones más desarrolladas y con los más altos niveles de calidad de vida de sus habitantes.