Cuando la sociedad chilena ha transitado por momentos de movilización social, una de las líneas interpretativas de los mismos, está en la incapacidad del sistema político de representar las voces sociales y económicas del momento.

En tiempos recientes la politóloga española Leticia Ruiz Rodríguez^[1], en el marco del análisis sobre representación política, mostraba que hay tres factores que influyen en este ámbito: a.- la falta de sensibilidad que es percibida por la ciudadanía desde las autoridades; b.- Un mal desempeño económico, unido a la corrupción, generando desafección ciudadana y, c.- en tercer lugar, hay partidos sin ideas, pero también ideas sin partidos.

A efectos de esta opinión, interesa sobre todo el tercer factor, donde, desde lo político y la legalidad, en Chile, se exige una declaración de principios para la conformar un partido político. Es decir, en base a una línea de pensamiento, ideología o filosofía, se puedan levantar definiciones y acciones políticas que aporten a mejorar las condiciones de vida que, entre otros componentes, hagan del país un mejor lugar para vivir. Pero la necesidad de optimizar estas condiciones de vida, no siempre pasan por definiciones materiales (bonos, exenciones, impuestos, etc.) que, a nuestro entender, ya fueron advertidas y presentadas a la sociedad en el segundo programa de gobierno, liderado por Michelle Bachelet; al punto de hacerse cargo, en un marco de reformas políticas, entre ellas, la modificación del sistema electoral (del binominal al proporcional ajustado), materializándose el mismo en las elecciones congresales del año 2017, permitiendo la emergencia de partidos políticos nuevos, explicando así, la presencia del Frente Amplio y algunos provenientes desde las derechas como fue EVOPOLI. En el presente, Republicanos, Partido de la Gente, más aquellos que han dado batalla, pero que no han dado el ancho del guarismo electoral para tales propósitos, por lo menos legales.

Pero también inauguró desde la evidencia de los actos, de manera explícita el proceso constitucional, con propuesta de proyecto y mecanismos de participación ciudadana asociados. Podemos discutirlo, pero todo indica que fue la base para avanzar en lo que aún se está buscando resolver. Esa fue en su momento, una idea-acción sustantiva, pero no toda/os sintonizaron con ella. Entonces dado que la historia es cíclica y los hechos de ayer marcan u orientan las acciones del mañana, dicho proyecto, podría desencadenar en que fuera ella, otra vez, quien acompañe la culminación del proceso, dada su validación social-popular. Nada está escrito, nada está resuelto.

Volviendo al punto, no pocos fueron críticos del proceso constitucional en el gobierno de Michelle Bachelet, difuminándose en el segundo mandato de Sebastián Piñera, estallando socialmente una geografía que redibujó el mapa electoral. Eso es un ejemplo, de cómo ‘querer perder’ una idea-acción, en la creencia de que los agotes de la transversalidad social, menguarían gracias a la espuria mayoría electoral lograda en la segunda vuelta de la elección presidencial del año 2017, que le permitió a Sebastián Piñera hacerse de la primera magistratura, por segunda vez.

Tal situación es de una complejidad sustantiva (desarticulación de ideas-acciones con concreción en la realidad), cuestión que se observó en la deliberación constitucional, en el contexto de los movimientos sociales ambientales (entre otros varios casos), los cuales buscaron canalizar las ideas-acciones respectivas, en partidos políticos que defienden estos principios y dibujan soluciones, que pudiendo ser socialmente atendibles, en el primer y segundo proceso constitucional fallidos, no alcanzaron a decantar, llegando al punto que las ideas-acciones expresadas en territorios claros y precisos (contaminación ambiental y escasez de agua), fueron rechazadas por los mismos territorios (plebiscito constitucional del 04 de septiembre 2022). Es decir, una idea-acción por sí sola, expresada en defensa de la sociedad puede ser aceptada y promocionada, pero en un contexto -como el constituyente- donde se sumaron ducha, guitarra, condena por estafa, entre otros, la idea-acción se perdió entre tanto árbol desojado.

Pueden ser varios más los ejemplos a entregar para dar cuenta de la necesidad de revertir las variables que expone la profesora en sus planteamientos aludidos, respecto del caso chileno (entre otros), asociándose con la desconfianza que consigna Pierre Rosanvallon como telón de fondo que explica la distancia entre ejercicio de la política y sus efectos, respecto de una ciudadanía agotada del no cumplimiento de sus expectativas de bienestar razonables (salud, educación, medio ambiente, otros). Así, en este contexto de entropía nacional, que, junto con lograr fragmentación partidaria, polarización en el debate e incertidumbre en lo que va de proceso constitucional, las dificultades de alineación razonables entre ideas-acciones con la realidad concreta, avizora la ‘necesidad-urgencia’ de que se disminuyan al máximo posible. ¿Es la ruta de la gobernabilidad bacheletiana propuesta hace unos años la que se precisaría?

[1] https://www.ucm.es/leticiaruizrodriguez/

Las dos derrotas electorales vividas por las coaliciones de gobierno, una el 4 de septiembre de 2022 y la más reciente el pasado 7 de mayo, han dado nuevas ínfulas a la derecha local para mantener el statu quo y, de ser posible, volverlo irremediablemente conservador.

En lo económico, ello se expresa en la acérrima defensa del ordenamiento económico tal cual existe hoy, regido por la  misma matriz productiva anclada a un modelo básicamente extractivista de materias primas y la agroexportación, con poco valor agregado y escasa generación de nuevo conocimiento.

Un paso estratégico en dirección a sentar bases para empezar a superar dicho modelo, lo constituye, en cambio, la propuesta del gobierno en orden a  desarrollar la industria del litio con preeminencia del Estado en el manejo de este recurso estratégico. Sin embargo, dada la correlación de fuerzas existente tras los procesos electorales, el panorama se ve incierto a menos que sea la sociedad y los trabajadores vinculados a esta riqueza quienes le den el sustento social que una politica de esta naturaleza requiere.

En lo social, siguen  destacando  las pésimas pensiones, las carencias en salud, educación y vivienda, que en lo sustantivo siguen sin solución. Pese a que  el gobierno hace uso de los instrumentos y herramientas de los que dispone, lo claro del caso es que sin nuevos recursos allegados al erario público, se hace difícil aumentar las pensiones y abordar las carencias sociales pendientes.

En el plano político, a la oposición férrea, injustificada y tendenciosa que la derecha le hace a la reforma tributaria y a la de pensiones -reformas clave para poder avanzar en mayor igualdad social-, se le suman las constantes muestras de admiración  de su facción más dura al dictador, acompañado del silencio  cómplice del ala denominada democrática, lo que empieza a dar  las primeras luces respecto a si esta variante capitulará ante la irrupción de su ala más dura o decide finalmente romper con su pasado pinochetista para pasar a convertirse en una derecha democrática en propiedad.

La nula crítica de este sector a expresiones de reconocimiento de líderes republicanos al régimen dictatorial de Pinochet y a él mismo como primer responsable del genocidio ocurrido en Chile a partir de 1973, son señales que van mostrando aceleradamente su involución.

La involución a épocas pretéritas, no es algo solo de Chile. En un escenario global marcado por la incertidumbre provocada por la crisis económica, la inflación  y sus severos impactos internos, la escasez de recursos naturales y alimentos, crisis climática, precarización del empleo, debilitamiento de la institucionalidad global y descrédito de  la política y sus instituciones,  entre otras,  resulta casi evidente que emerjan  “fuerzas del bien y amantes del orden”, representadas politicamente  por fuerzas conservadoras hipernacionalistas, xenófobas y racistas, que encuentran en las tradiciones pasadas el mejor refugio ante lo incierto y amenazante que generan las crisis múltiples por las que atraviesa el mundo. Paradójicamente, son las crisis que ha generado el capitalismo neoliberal tras décadas de hegemonía.

Más y mejor democracia

En ese marco, abundante evidencia existe como para sintetizar en el hecho que mientras en Chile sigamos viviendo al alero del Estado subsidiario, o hagamos lo mismo pero  al amparo de un fetiche de Estado Social, seguirá reproduciéndose la desigualdad y la injusticia, caldo de cultivo para el desarrollo de climas de conflictividad y revueltas sociales. Ningún resultado electoral, por contundente que haya sido o lo sea en el futuro próximo, es una solución per se al clasismo, la discriminación social y la falta de oportunidades que ha seguido siendo la tónica del país, incluso en sus mejores épocas.

En consecuencia, uno de los ejes prioritarios de hoy es contribuir a evitar que la fragmentación política y la dispersión sean los factores que dominen el escenario presente y determinen los del futuro, que siguen siendo el ensanchamiento de la democracia y mayor justicia social.

En efecto,  fragmentación y dispersión  constituyen una fusión poco auspiciosa frente a una derecha hiperempoderada que pretende reescribir la historia y terminar de asentar la idea que el ciclo económico de los 90 y parte de los 2000 se repetiría por arte de magia y, cual gigantesco chorreo, las familias podrían resolver los problemas individualmente sin intervención del Estado, o como diría Hayek y la Thatcher sin ese mito llamado “sociedad”. Ese es pues el “mito” hacia el cual debe volcarse toda acción política y dotarlo de contenido.

A propósito del debate por la unidad

Me inscribo junto con aquellos que valoramos la unidad. Hay sin embargo distintas maneras de concebirla: existe la unidad para fines solamente electorales, de interés particular y específico de quienes suscriben esa manera de unirse, que consideramos agotada y reprobada justamente por su ensimismamiento. Hay también procesos unitarios elitizados, circunscritos a círculos dirigenciales cerrados, que por su naturaleza no conectan con la realidad social y a veces ni siquiera con su propia  base política.

La unidad que entendemos necesaria es aquella que en su esencia se proponga  la reconstitución de una mayoría social y política por los cambios. Ello supone, asumir y alentar, por un lado,  la unidad  de la sociedad civil  entre sus distintas y múltiples expresiones y al mismo tiempo, en una interdependencia recíproca con la primera,  asuma también la unidad política amplia, diversa y plural con aquellas fuerzas que deliberadamente se propongan conectar  con los intereses materiales, anhelos  y percepciones de los sectores populares y las capas medias y  desarrolle una práctica política consistente y acorde con esos objetivos.

Ese espacio ha sido ocupado por el discurso de ultraderecha, porque, como sabemos, los vacíos en política no son eternos. La influencia que ha logrado conseguir el discurso de ese sector  no tiene solo que ver con su habilidad  para conectar con la sociedad o partes importantes de ella, sin embargo. Hay también la necesidad de construir un relato  político que permita, desde el progresismo y la izquierda,  generar el vínculo social que ha estado faltando y que resulta vital reconstruir.

Ese relato, hegemónico, debe otorgarle centralidad a las demandas sociales  hasta ahora insatisfechas, no obstante que debe articularse a un proyecto-país que las englobe.

Desde esta perspectiva, una de las más sólidas conclusiones y sintesis política de las últimas cinco décadas, es el Estado social democrático de derecho que, sin embargo, en la coyuntura actual, corre el serio riesgo de ser banalizado por la derecha, que convierte todo en “bienes de consumo”, restringiendo la libertad a quien pueda pagar por ellos.

Sin un rol preponderante y significativo del Estado como articulador de la sociedad y en la economía, no hay Estado Social, y seguirán siendo los recursos públicos los que continúen  subsidiando  al mercado.

Un segundo elemento, es que no puede entenderse un proyecto político-país  sin que éste se amalgame, sin ningún complejo, con la defensa irrestricta de los derechos humanos, entendidos como derechos universales, inviolables, inalienables e interdependientes. Se trata, por supuesto, de los derechos civiles y políticos, económicos y sociales, culturales y de género,  que le otorgan forma concreta a la democracia y sentido a una comunidad política sana y vigorosa.

La adhesión más o menos intensa a esos derechos,  desde vertientes con orígenes distintos, es lo que   distingue a todo el amplio arco democrático, progresista y de izquierda de la derecha en Chile, que tras 50 años después del golpe de estado y ante toda la evidencia aportada incluso por la CIA a propósito de su propia intervención en nuestros asuntos internos y al daño profundo que ese hecho le provocó al alma de Chile, continúa validando el horror vivido por centenares de miles de chilenas y chilenos bajo el imperio del terror de la dictadura de Pinochet.

Pero es también el respeto o no a esos  derechos, el elemento que nos lleva a rechazar toda forma de opresión despótica y dictatorial, cuando, desde el uso arbitrario del poder del Estado, se priva a sus ciudadanos de sus derechos fundamentales. Es el caso de la dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua y Maduro en Venezuela.

Por último, para terminar, unas breves palabras respecto al caso “Democracia Viva Gate”. La corrupción se ha vuelto en general un fenómeno particularmente tóxico para las relaciones sociales y es uno de los males que mayormente ha aportado al desprestigio crónico de la  actividad política y al descrédito de las instituciones en nuestro país. Pero este caso específico  tiene el desmérito de servir de excusa para que la prensa y sectores interesados de derecha taponeen alevosos actos de corrupción en varios de los municipios controlados por este sector. Buscar el empate permanente es otra arista del mismo problema.

La corrupción en cualquiera de sus formas no es un fenómeno nuevo ni tampoco dejará de estar presente en las relaciones sociales acá en Chile ni en ningún otro lugar del mundo. No es un tema moral sino esencialmente político y en nuestro caso de alto impacto social.

En todas las épocas y aun en los más recónditos lugares, donde haya poder, habrá siempre quien en su ejercicio se corrompa o se deje corromper. Por eso es función de la política acotar las redes de influencia, combatir el amiguismo y el clientelismo en la política y en la gestión del Estado.

Así se trate de actos de corrupción pequeños, medianos o de alto impacto público, o sean éstos en la empresa privada o en los distintos niveles y subniveles del Estado o una combinación entre todos ellos, la corrupción será siempre  altamente nociva para la convivencia democrática y funesta para la sociedad. En política, ética y estética deben ir juntas.