Hay que ser muy frío de ánimo, por no decir psicopático, para rasgar vestiduras frente a una supuesta “violencia” y “vandalismo” de izquierda y nunca haber levantado un dedo frente a los horrendos crímenes cometidos por su propio sector durante los años de la Dictadura Cívico-Militar encabezada por Augusto Pinochet. No existe pudor, decoro ni una decencia mínima al actuar de esa forma. Más bien, existe un cinismo ancestral y desenfadado.

Todos quienes callaron -o peor aún, fueron autores o cómplices de aquellas atrocidades- no tienen derecho a hablar de vandalismo y hacerse los desentendidos de sus conductas desde el 11 de septiembre de 1973 y durante los 17 años que duró esa dictadura.

Todos, menos ellos, tenemos derecho a repudiar el vandalismo a través del cual grupos de delincuentes manchan las masivas movilizaciones ciudadanas que surgieron en octubre de 2019. Ninguno de quienes fuimos víctimas del terrorismo de Estado, las justificamos ni defendemos.

Durante la Dictadura de Pinochet y sus socios se ejerció la violencia política contra una tiranía opresora y despiadada pero nunca se justificó ni el terrorismo ni el vandalismo como forma de lucha. Aquellos fueron siempre triste patrimonio de quienes se hicieron del poder absoluto derrocando a un presidente elegido en forma democrática a través de un golpe de Estado, fraguado entre las fuerzas de derecha y las fuerzas armadas chilenas, en un cóctel fascista aterrador.

Lo anterior  quedó en evidencia a las 11 de la mañana del mismo 11 de septiembre de hace 48 años cuando aviones de guerra de la Fuera Aérea bombardearon el Palacio de Gobierno, un lugar emblemático y patrimonial, hasta dejarlo consumido por las llamas y a su principal ocupante fallecido tras suicidarse en lugar de entregarse, mientras su equipo de colaboradores era encarcelado y, más tarde, muchos de sus integrantes fusilados, relegados a una isla en el confín del mundo, o hechos desparecer.

Así partió el vandalismo ejercido durante las casi dos décadas de dictadura. Y así continuó, sin tregua, día tras día, año tras año. Incuso, después de perder el Plebiscito de 1988, cuando un comando de la CNI asesinó a sangre fría al dirigente social Jécar Neghme mientras caminaba por una céntrica calle de la capital.

Fue su sello. El terrorismo de Estado fue su modus operandi. Ellos no prendieron barricadas con neumáticos. Lo hicieron con seres humanos, rociándolos de bencina y lanzándoles un encendedor. Del par de jóvenes veinteañeros que fueron víctimas de ese horrendo acto vandálico en 1986, sobrevivió uno de ellos, Carmen Gloria Quintana, para atestiguar el horror de lo vivido a través de todo el planeta. El capitán que prendió el fuego no pasó un día en la cárcel.

Brigadas de exterminio

Quienes hoy rasgan vestiduras contra el “vandalismo de izquierda” no escatimaron en castigos contra quienes prendieron barricadas en esos años negros: les cortaban el cuello  cabelludo con yataganes, una feroz arma blanca cortante. Y a quienes les podían armar problemas por ser  valientes sindicalistas, les cortaron el cuello con un cuchillo en un  camino abandonado en Quilicura, como al dirigente Tucapel Jiménez. Como también lo hicieron con tres dirigentes comunistas históricos –Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino-, después de raptarlos a cada uno por separado. Esos vándalos no eran ni “delicados” ni discretos en su proceder. Al profesor Guerrero lo secuestraron desde el colegio donde hacía clases, en la comuna de Providencia, apoyados por helicópteros de Carabineros. Mismo cuerpo al que pertenecían quienes los degollaron algunas horas después con corvos y dejarlos abandonados en un camino rural.

Se organizaron de verdad para sus actos vandálicos. Una de las agrupaciones que operó en esos años fue el denominado Comando Conjunto, que actuó entre fines de 1975 y el término de 1976, y cuyo objetivo principal fue la represión al Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas (otras fuentes hablan de más de 70). Desde luego, también operaron “brigadas de exterminio” de militantes del MIR, del Partido Socialista, y de todas las agrupaciones políticas que la Dictadura dejo fuera de la ley desde 1973.

No dejaron nada al azar. Hasta se aliaron con los Alemanes de Colonia Dignidad para concretar la tortura y desaparición de detenidos en forma “limpia” y “anónima”. Total, para eso tenían a políticos como el actual Ministro de Justicia, Hernán Larraín, de cómplice y encubridor en los años 60…

También lo hicieron en alianza con otros vándalos de la CIA y de grupos terroristas italianos. Y pusieron bombas hasta en el centro de Washington DC para asesinar o dejar inválidos a opositores “molestosos” como Orlando Letelier, el General Prats o Bernardo Leighton.

Un trabajo de joyería. Lejos de los que realizan hoy quienes están en las calles después de cada marcha para “dejar la cagada”. Lo que ellos hacen sería un juego de niños si uno mira en retrospectiva y enumera las barbaridades que hicieron en la época de la Dictadura quienes hoy claman por “paz” y “convivencia democrática”.

Ellos inventaron “enfrentamientos”, donde los supuestos enfrentadores quedaron acribillados en las calles luego que comandos de la CNI los colocaran allí para matarlos, como en los operativos de la Operación Albania, liderada por Álvaro Corbalán, encarcelado desde enero de 1991 y condenado por decenas de crímenes relacionados con la violación de derechos humanos, entre otros los de los cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) —Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola—, que fueron lanzados al mar en septiembre de 1987 tras ser detenidos en forma secreta. Corbalán está condenado a cadena perpetua, más otras penas, lo que suma 100 años de cárcel.

Estos vándalos de antaño también adujeron supuestas “fugas” para acribillar a presos políticos durante trayectos de traslado. Como en la siniestra “Caravana de la Muerte”, comandada por el General Sergio Arellano Stark quien, como delegado de Pinochet, asesinó o hizo desaparecer a 97 prisioneros en distintas ciudades del país, las que visito para “supervisar” los supuestos juicios a los detenidos. Por ejemplo, el del periodista Carlos Berger, quien fue fusilado a pesar de tener una condena de 60 días de cárcel…

No se trata solo del vandalismo perpetrado durante la Dictadura de Pinochet. Estamos hablando de una conducta histórica y recurrente –ancestral- entre los poderosos no solo de Chile sino del globo entero, que siempre parecen escandalizarse de la violencia que ven entre quienes han explotado, esquilmado, humillado, asesinado o exterminado. Sino baste pensar en las reacciones que siempre tienen los dueños históricos del poder frente a los desheredados  de la tierra. Como los supremacistas blancos de Estados Unidos cuando los negros salen a las calles a gritar su “basta” después que la policía en plena calle.

El dirigente estudiantil Víctor Chanfreau lo puso de esta forma el lunes 18 de octubre: “Quieren paz pero declaran la guerra cuando el pueblo sale a la calle; quieren paz pero militarizan el wallmapu; quieren paz pero saquean y roban al pueblo. Nos violentan cada día y quieren que bajemos la cabeza”.

Siembra vientos y cosecha tempestades. Se han sembrado verdaderos huracanes a lo largo de la historia de los pueblos. Y, en comparación y perspectiva, se podría decir que las tempestades han sido suaves. Aun. No sabemos qué puede ocurrir si las provocaciones continúan. Y si quienes las ejercen insisten en olvidar quién golpeó primero.

Conmemoramos 2 años del 18 de octubre de 2019, momento en que miles de personas exigieron dignidad e igualdad, rompieron el silencio y se manifestaron por cambios profundos en nuestra convivencia.

La reacción de las autoridades fue la represión violenta y la criminalización de las protestas, generando las más graves violaciones a los Derechos Humanos desde el retorno a la democracia. Se contabilizan más de 8.500 víctimas de violencia institucional, 460 personas con daño ocular, cientos de testimonios de torturas y vejámenes sexuales y miles de personas privadas de libertad por ejercer el derecho a la protesta. A la fecha, menos de un 1% de las denuncias que pudieron entrar al sistema penal tienen una formalización. De las 3.000 querellas emitidas por el INDH, sólo cuatro derivaron en sentencias definitivas condenatorias.

No podemos olvidar los enormes daños causados para muchos/as integrantes de nuestra comunidad. No han sido pocos los y las estudiantes de nuestra institución que fueron vulnerados por el legítimo derecho a la manifestación, con casos emblemáticos como los de Gustavo Gatica y recientemente, de Denisse Cortés, que perdió la vida como defensora de los Derechos Humanos, en medio de la indolencia y desprotección del Estado.

Es inaceptable que se imponga la impunidad, alentada por la inacción del Estado, la estigmatización de las víctimas y la prescripción de las causas. Ante esto, insistimos con la urgencia de crear una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del estallido, que busque dar garantías de no repetición. Esta debe ser una política pública integral, que incluya la identificación y sanción de las responsabilidades de las autoridades y los altos mandos en estos hechos, y el apoyo a la persecución internacional de eventuales delitos de lesa humanidad.

Pedimos a la Convención Constitucional que la Nueva Constitución se fundamente en la inviolabilidad e inalienabilidad de los Derechos Humanos, como base de toda comunidad. Este debe ser un enfoque transversal e integrador de su articulado, garantizando el carácter intangible de la dignidad humana, cuyo respeto y protección debe ser una obligación efectiva de todo poder público. La nueva Constitución deberá reconocer también los derechos específicos de los defensores y defensoras de los Derechos Humanos, como actores esenciales en este proceso, y sujetos de especial protección por parte del Estado.

Reiteramos el apoyo a la Ley de Indulto General para los y las presos de la revuelta. El daño causado por el uso discriminatorio y desproporcionado de la ley de seguridad interior del Estado y de la prisión preventiva ha causado daños irreparables en ellos y sus familias, perturba gravemente la convivencia nacional, y no nos permite avanzar hacia una justicia que resuelva la raíz de los conflictos que enfrentamos.

Como Universidad esperamos que esta fecha sea una oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad democrática y avanzar en la promoción de una cultura de los Derechos Humanos. Renovamos nuestro compromiso con la dignidad de todos y todas.

Este sábado 16 de octubre, por la mañana, la Plaza Ñuñoa hervía de voces, gente, banderines y sol, en el frontis del edificio consistorial. Más de cien vecinos, sentados en sillas bajo toldos especialmente dispuestos por el municipio, en los bancos aledaños, sobre el pasto o simplemente de pie, daban vida a uno de los numerosos actos de participación ciudadana de esta semana territorial de la Convención Constitucional.

Un pequeño podio, buenos micrófonos para la testera y para los participantes, y varios altoparlantes ayudaban al diálogo entre los ñuñoínos y los 5 o más constitucionalistas que los visitaron esa mañana. Entre ellos, el abogado constitucionalista Fernando Atria, el escritor Jorge Baradit, la periodista Patricia Politzer. Frente al escenario, se exhibía una muestra de fotos del Estallido Social, como un homenaje al movimiento social de hace dos años, que permitió llegar al cambio constitucional y que aún mantiene privados de libertad a sus protagonistas.

Escuchamos a Atria explicando paso a paso cómo habían sido estos tres meses de trabajo de la Convención Constitucional. Desde aquel primer día de julio, cuando los 155 convencionales elegidos por los chilenos en una elección democrática, representantes legítimos de la soberanía popular, llegaron a la sede del ex Congreso Nacional de Morandé con Catedral, y se encontraron con una desagradable sorpresa: no tenían dónde sentarse a trabajar, ni los mínimos elementos tecnológicos para comunicarse entre unos y otros. Se notó de inmediato el poco interés de un gobierno en caída libre, en el éxito de este gran evento que está bajo el foco mundial.

Primeros tropiezos

Ese día no pudieron sesionar y de inmediato corrieron los chismes preanunciando el fracaso de la Convención: si no podían ni empezar, ¿cómo iban a conseguir en 9 meses parir una Nueva Constitución?  Con paciencia y tenacidad, fortalecidos por la conciencia de la gran tarea que tienen en sus manos, los diversos representantes de la sociedad chilena elegidos por ella, comenzaron a conocerse y a organizarse para exigir, como una sola voz, una infraestructura adecuada.

Bajo la presidencia de la académica mapuche Elisa Loncón subrogada por el abogado constitucionalista Jaime Bassa, en los primeros días se abocaron a diseñar el Reglamento indispensable para el buen desempeño de sus funciones. Y luego de discusiones diversas y los consiguientes infundios emitidos por la prensa hegemónica (ej: que se preocupaban más de los temas materiales que de su labor; de haber perdido un constituyente que causó graves trastornos con su comportamiento antiético), acordaron un Reglamento que todavía tiene capítulos en suspenso, pero que les permite hoy hincar el diente a lo fundamental: los contenidos de la nueva Carta Magna.

Tarea que comienza en una fecha simbólica: 18 de octubre, cuando se cumplen dos años de la revuelta popular que dio origen a la erradicación de la “Constitución tramposa” en que nos esclavizó la dictadura pinochetista por 41 años.

La Presidenta Loncón este lunes da el vamos para que las 7 comisiones de trabajo comiencen a presentar, conocer y debatir los contenidos de la Nueva Carta Magna. Ellas son:  1) Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral; 2) Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía; 3) Forma de Estado, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales; 4 )Derechos Fundamentales; 5) Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico; 6) Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional; y 7) Sistemas de Conocimiento, Ciencia y Tecnología, Cultura, Artes y Patrimonios, Comunicaciones, Información y Transparencia.

Diálogos con vecinos

Justamente por eso los convencionales decidieron bajar de lo alto de sus funciones y en sus semanas territoriales escuchar a la gente, la misma que los escogió para representarlos, pronunciándose sobre esos temas.

El sábado en la plaza comunal, una representante del grupo Mujeres de Plaza Ñuñoa, pidió el micrófono para reclamar cómo era posible que entre las comisiones no hubiera una dedicada al tema de los derechos de la mujer. De inmediato le respondió la constituyente especialista: en lugar de permanecer en una comisión, como isla, las feministas prefirieron estar presentes en todas las comisiones, ya que la mirada de género cruza todos los temas de la nueva Carta Magna.

A continuación, otra mujer pidió la palabra para contradecirla: que la paridad de la Convención no servía para nada, el feminismo había que abolirlo, etc … Surgieron abucheos y gritos, situación que el moderador paró de inmediato. Explicó que en este espacio democrático, voces como las de la persona que acababa de expresarse también tenían su lugar, como de hecho la tienen entre los 154 constituyentes. Se hizo el silencio, continuaron las preguntas de los asistentes y la mujer en cuestión permaneció el resto de la reunión exhibiendo su lienzo anti-feminismo.

Una persona se paseaba en el mítin como “hombre sándwich” con carteles colgados a su cuerpo llamando a re-nacionalizar el cobre. Pidió la palabra y denunció la situación del cobre chileno, nacionalizado hace ya medio siglo, pero hoy concesionado a empresas extranjeras que ni siquiera pagan el royalty debido. Pidió que la nueva Carta garantice que los chilenos podamos disfrutar del “sueldo de Chile”.

Una vecina de pelo entrecano, pidió a los convencionales hacer algo por devolver la dignidad a las personas mayores. “Que dejen de infantilizarnos e invisibilizarnos, porque los “abuelitos y abuelitas”, como nos llaman en la calle, deben tomarse más en serio ya que con nuestra experiencia podemos hacer grandes aportes a la Nueva Constitución”. La apoyó la periodista y constituyente Patricia Politzer, exigiendo un trato digno para los adultos mayores. Terminó diciendo: “solo soy abuela de mis nietos”.

Tras esas y otras intervenciones del público y ya cerrando la reunión, Fernando Atria pidió a los participantes que pongan esas peticiones por escrito y las firmen muchas personas, y ojalá las organizaciones afines a los distintos temas, para luego hacerlas llegar a la Convención. Señaló que es el camino para que la entidad las conozca y considere en sus deliberaciones.