Cuando los expertos anuncian que estamos en los inicios de una tercera ola de la pandemia y en la Región Metropolitana siguen al alza los índices de contagios haciendo temer un peak a fines de este mes, las aguas se agitan en el mundo político, con el regreso de sus vacaciones de los parlamentarios. Será el Congreso el escenario de una nueva batalla por otro retiro de un 10 por ciento de las cuentas que tienen chilenos y chilenas en las AFPs, para sobrevivir -una vez más- con sus propios recursos a las consecuencias del virus Covid19 que, según los científicos, seguirá presente todo este año en el país.
Pero no sólo en el tema del 10 por ciento -cuya génesis ya se disputan varios parlamentarios- habrá batalla con el gobierno que, según el Ministro de Hacienda, prepara algunas medidas para ir en ayuda de la clase media. Es lo que asegura. El Secretario de Estado fue tajante en su negativa a la posibilidad de un nuevo retiro y tal vez como una manera de frenarlo, dijo que era viable que el Gobierno repita el bono y el crédito blando que ya entregaron el año pasado.
Aclaró sí que eso lo definirá el Presidente Piñera. «Hay varias opciones, para lo cual estamos tratando de monitorear lo mejor posible la marcha del mercado laboral, de modo de ver qué pasa con el empleo y las remuneraciones de ese segmento, y en función de eso evaluar la decisión. Puede ser algo parecido a lo anterior, puede ser algo un poco distinto, va a depender de cómo esté la situación de esos hogares. Hay que considerar también que el escenario en este momento es diferente a la que vivíamos en junio-julio del año pasado, cuando había muchas más personas en cuarentena. Entonces, uno tiene que pensar en distintos instrumentos y llevar la ayuda a las personas que efectivamente lo necesitan». Adelantó que podría ocurrir que estos créditos no sean tan masivos como el año pasado. «Pero también puede ocurrir que nos demos cuenta de que el mercado laboral no va tan rápido como esperábamos y ahí vayamos con algo un poco más masivo. Es lo que el Presidente debe decidir pronto».
Pantalonazo
También se dará otra batalla en la peregrina y peligrosa idea de enfrentar la violencia que se ha vivido en los últimos meses en La Araucanía con un estado de sitio de triste recuerdo para la población. La posibilidad la han planteado desde Chile Vamos y sus aliados Republicanos, como un gesto -afirma un dirigente socialista- hacia la derecha dura en momentos en que los procesos electorales están a la vuelta de la esquina.
Es que sólo entre enero y febrero se habían contabilizado una treintena de acciones violentas, de dudoso origen.
Por eso es que las presiones al gobierno para que enfrente la situación no se hizo esperar. Más aún cuando los sectores empresariales de la zona en conflicto realizaron una reveladora e insolente manifestación callejera. Se le bautizó como “el pantalonazo”, repitiendo así lo que han dicho con todas sus letras desde el año pasado dirigentes de los dueños de camiones. Baste un ejemplo. Patricio Wunderlich, presidente del gremio en Osorno, señaló: “No sé cómo decirlo en castellano, pero en mi idioma de camionero se dice que faltan pantalones. En las protestas no se sale a disparar, no se sale a matar, y lo que nos pasa a nosotros a diario es que nos salen a matar, y nos salen a disparar”.
Es lo que explica que sectores del oficialismo y del Partido Republicano hayan instado al Gobierno a establecer Estado de Sitio en La Araucanía. Entre otros, los que piden mano dura son Felipe Kast, Diego Paulsen, Diego Schalper, Camila Flores, Cristóbal Urruticoechea, José Antonio Kast y Tere Marinovic. Son solo algunos nombres que respaldan esa iniciativa. Pero hay más.
No se quedó sin pantalla la ex presidenta de la UDI, senadora Jacqueline van Ryssenberghe que fue explícita en su requerimiento. “Le pedimos al Gobierno, a nuestro Gobierno, que pida Estado de Sitio y que sea el parlamento que le diga al país si está dispuesto a dar el apoyo político necesario para combatir el terrorismo que se ha tomado toda una zona de nuestro territorio»(…) Aplicar el Estado de Sitio significaría dar una señal clara a esos grupos terroristas de que se utilizarán todos los recursos del Estado para desarticularlos, y terminar con el prolongado cautiverio bajo amenaza en el que mantienen a los chilenos de la macrozona sur del país”.
Ese era el ambiente que los dirigentes de su conglomerado le expusieron al Presidente Piñera durante una reunión sostenida en la casa del Mandatario, luego de una ola de violencia desatada en las regiones de Biobío y La Araucanía. Si hasta el “renovado” Evópoli alzó su voz solicitando mano más dura. El diputado y presidente de Evópoli, Andrés Molina declaró a la salida del encuentro que se había conversado sobre la posibilidad de declarar Estado de Sitio y Estado de Emergencia. «Le dijimos al Presidente que estamos muy dispuestos y que creíamos muy importante que no podemos seguir haciendo lo mismo frente a un delito que claramente las policías no pueden enfrentar». «Le hemos dado el apoyo al Presidente respecto a la posibilidad de poder llevar al Congreso la aprobación de un Estado de Sitio o un Estado de Emergencia».
La dureza de Molina se explica. Fue intendente y es diputado por la zona. Su cuñada era dueña de una casa patronal incendiada en Lautaro recientemente. Molina había advertido que la región estaba en peligro de una “guerra civil”.
No por ahora
Consultado por lo que le expusieron en la mencionada cita, el Presidente Piñera respondió que “hoy día estamos con un Estado de Catástrofe. La Constitución contempla Estado de Excepción Constitucional entre los cuales hay Estado de Emergencia, Estado de Sitio, Estado de Asamblea. Por supuesto que son instrumentos que están dentro de nuestro Estado de Derecho que analizamos y consideramos de acuerdo al mérito de las circunstancias”.
Trascendió que el gobierno quiere agotar todas las posibilidades que hoy provee el estado de catástrofe antes de pasar al de sitio. En concreto, la idea no ha sido desechada. Trascendió, además, que los militares son reacios a la idea y que, en realidad, no desean un estado de sitio, porque eso implicaría que asumen la primera línea operativa y arriesgarían consecuencias penales. El costo sería demasiado alto. En concreto, estarían dispuestos solo a un apoyo logístico e inteligencia. Por lo pronto comenzó a operar la estrategia de patrullaje mixto entre las Fuerzas Armadas y las policías en la macrozona sur y La Araucanía. Y sobre ello deberá dar cuenta a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados el Ministro de Defensa, Baldo Prokurica.
La idea, sin embargo, encontró detractores no sólo en toda la oposición. También en sectores empresariales que temen una escalada que, por cierto, no le conviene a sus negocios. No por casualidad una editorial del diario de Copesa señaló que “la incapacidad para controlar el orden público en la zona está resultando demasiado cara para el país, pues el nivel de violencia parece estar fuera de control. Si no se actúa cuanto antes en defensa del estado de derecho, no solo habrá sido un fracaso completo del Estado, sino que existe el inminente riesgo de que surja la autotutela de la población o comiencen a campear grupos guerrilleros, con capacidad de ejercer control territorial. Esto, que debería ser un tema de primer orden, por constituir una amenaza directa a la estabilidad del país, inquietantemente sigue encontrando indiferencia en muchos”.
Y mencionó que el Presidente sostuvo reuniones con los altos jefes policiales y el Estado Mayor Conjunto, “sugiriendo con ello que las Fuerzas Armadas podrían jugar un rol más activo en el control del orden público, algo que debe ser evaluado con especial detención, por los inminentes riesgos que algo así implica” y que “todo esto ocurre cuando representantes de Chile Vamos solicitan al Mandatario que decrete el estado de sitio en La Araucanía, idea que no ha sido descartada por el gobierno”.
No fue casualidad, entonces, el desaire que el Mandatario le hizo a la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, cuando expuso en La Moneda -a la salida de un encuentro con los tres poderes del Estado convocado por Piñera-, que “de ninguna manera, en mi opinión y en mi posición, es aceptable una intervención militar y una intervención a través de un Estado de Sitio”. Una situación que fue ampliamente criticada por los opositores. De hecho, la candidata presidencial Paula Narváez señaló que “así no se construyen acuerdos ni unidad nacional”. “La presidenta del Senado con gran altura republicana, declara inaceptable intervención militar en la Araucanía y en respuesta el Presidente y su gabinete la dejan hablando sola”.
Un punto ciego
Sectores de la oposición opinan que el gobierno mantendrá el tema entre tiras y aflojas, para que sea el próximo gobierno el que se haga cargo de la situación. Dicen que existen instrumentos jurídicos suficientes como para enfrentar la violencia en el territorio, mencionando las leyes contra el narcotráfico; la de robos en lugares habitados y no habitados; la ley antiterrorista, la ley contra el robo de maderas, entre otros.
El punto es ubicar a quienes están detrás de esos robos y esos actos. Porque -dice un estudioso del tema que vive en la zona- “hay un punto ciego que nadie quiere ver”. Habría una asociación ilícita que roba y trafica ilegalmente madera. Y aunque reconoce que puede haber mapuches, de lo que se trataría es de la existencia de verdaderas empresas, de esas que pueden usar motosierras para talar 20 o 30 hectáreas y que pueden contratar camiones para trasladarla a los compradores.
La abogada Manuela Royo, defensora en causas mapuche y candidata a la Convención Constituyente, en entrevista con la radio Universidad de Chile dijo: “Creo que hoy estamos ad portas de algo muy fuerte, que tiene que ver con la paramilitarización y el sicariato. Recordemos que la lamngen Emilia fue asesinada en Panguipulli a manos de guardias privados. Semanalmente me llegan fotos, videos e información de comunidades que dicen que las están atacando, que les disparan. Eso pasa porque se han dado muchas facultades para que la derecha se arme en plena impunidad. Vemos a gente de la Multigremial o de APRA, Juan de Dios Fuentes se pasea con pistolas por cualquier lado. Son gente que llama al Estado de Sitio, a la militarización y a la violencia, pero al mismo tiempo también ejercen violencia, están armados y se transforman en una amenaza”.
El escenario es un pastizal ultra seco donde una chispa puede provocar algo que nadie quisiera. Como el hecho que hay comunidades que llevan años esperando su tierra, que están inscritas tal como pide la ley, pero a las que el gobierno no les ha respondido. El año 2020 sólo hubo un 8 por ciento de ejecución del presupuesto para la compra de tierras.
Se explica entonces lo que la Comunidad Renaco-Pastales y la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) -tras realizar un Trawün (asamblea o encuentro) con diversas comunidades mapuches-, anunciaron: la ocupación del fundo “Los Pastales”, lo que implica trabajos productivos al interior del predio, un posicionamiento efectivo del mismo y la decisión de continuar con el proceso de recuperación territorial en la zona.
